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Líderes
indígenas rechazan gasoducto
miércoles, 08 marzo 2006
Nuevamente
el futuro de la Gran Sabana está en juego por un proyecto de inversión
multinacional
Rechazo total... esa ha sido la respuesta de dos líderes indígenas
del estado Bolívar, que están convencidos que el proyecto de
construcción del Gran Gasoducto del Sur -como lo ha definido el presidente
Chávez- impactará negativamente el hábitat y la calidad
de vida de todos los asentamientos autóctonos que hay en el Parque
Nacional Gran Sabana. Aunque oficialmente no se han emitido detalles sobre
la ruta que seguirá el ducto, voceros que pidieron el anonimato por
temor a represalias, informaron que ya está lista toda la ruta de este
proyecto que partirá desde el Complejo Criogénico de Jose, seguirá
hasta Puerto Ordaz y de allí seguirá hacia Brasil por la misma
ruta del Sistema de Interconexión Eléctrica a Brasil, también
conocido como el Tendido Eléctrico.
Ivonne M. Rincón Moreno
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irincon@correodelcaroni.com Esta dirección de correo electrónico
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Representantes indígenas aseguran que la planificación de un
gasoducto sin consultar a las comunidades indígenas asentadas en el
sector oriental del Parque Nacional Gran Sabana repercutirá negativamente
tanto en el equilibrio ambiental de la zona, como en la calidad de vida de
las comunidades que se ubican a la largo de la troncal 10.
La semana pasada se reunieron a puerta cerrada en Caracas, los ministros de
Energía de Venezuela, Rafael Ramírez; de Brasil, Silas Rondeau
Cavalcante y de Planificación de Argentina, Julio De Vido; junto a
una delegación total de 70 personas, para realizar los estudios iniciales
del proyecto que el presidente Chávez ha denominado: el Gran Gasoducto
del Sur.
Aunque oficialmente no se han emitido detalles sobre la ruta que seguirá
el ducto, voceros que solicitaron el anonimato por temor a represalías,
aseguraron que ya está lista toda la traza y que la ruta partirá
desde el Complejo Criogénico de Jose, seguirá hasta Puerto Ordaz
y de esta ciudad seguirá hacia Brasil por la misma ruta que siguió
el Sistema de Interconexión Eléctrica a Brasil, también
conocido como el tendido eléctrico, “para aprovechar el informe
de impacto ambiental” de ese proyecto de interconexión que se
inició en la época del presidente Rafael Caldera. Al salir de
la Gran Sabana el gasoducto continuará su ruta impactando la Amazonia
brasileña y de allí continuará el recorrido hasta llegar
a Argentina.
Este proyecto impulsado por los gobiernos de Venezuela, Argentina y Brasil
impactará negativamente el Parque Nacional Gran Sabana y también
los extensos bosques de selva nublada que se extienden hasta la parte baja
de América del Sur.
Se estima que el proyecto del Gran Gasoducto del Sur tendrá una extensión
de 8 mil kilómetros y proveerá de gas a gran parte de la región,
cruzando todo el Amazonas. Su costo se estima en 20 mil millones de dólares,
pero los costos ambientales, sociales y económicos del proyecto aún
no han sido cuantificados.
Hasta ahora el Gobierno no ha propiciado con las comunidades indígenas
asentadas en el Parque Nacional Canaima un debate en el que se les explique
cuáles serán los riesgos, consecuencias y beneficios de esa
nueva vulneración a una zona protegida bajo la figura de parque nacional
y que fue declarado por la Unesco Patrimonio Natural de la Humanidad, en 1994.
Sin diálogo
Ítalo Pizarro, presidente de la Federación Indígena del
estado Bolívar, lamenta que siempre que Venezuela va a suscribir convenios
internacionales que afectan a las comunidades indígenas de Bolívar,
sean precisamente los habitantes naturales de esta región los últimos
que se enteren de los detalles del proyecto, así como sucedió
con el Sistema de Interconexión Eléctrica hacia Brasil.
Pizarro explicó que las comunidades indígenas no tienen una
información precisa sobre el proyecto de Gasoducto del Sur, porque
“no hemos sido consultados y eso ha estado como un plan. Y ahora estamos
viendo que aparentemente el gasoducto pasará por la troncal 10, por
el área donde está el tendido eléctrico y se ha dicho
que también pasará por allí la red de Telecom, pero han
sido comentarios y no tenemos información oficial”.
El presidente de la Federación Indígena del estado Bolívar
apuntó que la mayoría de las comunidades indígenas asentadas
en la Reserva Forestal Imataca y en la Gran Sabana se verán afectados,
“por supuesto que de alguna manera, y si es por la misma vía
del tendido, será distante en algunas zonas pero en otras no pasa a
más de 1 kilómetro, por lo que es muy cerca, y eso afectará
a las comunidades”.
“No nos han informado nada de ese proyecto ni las empresas, ni las personas
responsables, por lo que tememos que vamos a caer en lo mismo que representó
el tendido eléctrico. Hay muchas comunidades que están preocupadas
porque el impacto será grande, primero fue el tendido eléctrico
y ahora un gasoducto. Además se tendrán que construir carreteras
de acceso a las tuberías y se habla también de una vía
férrea, por lo que las comunidades deberían ser consultadas”.
Violando las leyes
Nuevamente los derechos indígenas se quedan en letra muerta, a pesar
de que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
se le reconoce a los pueblos indígenas su derecho a las tierras y el
respeto a su cultura, con este proyecto de inversión internacional
nuevamente se pasa por alto la “participación de las comunidades”
en la toma de decisiones.
“Ese proyecto debía ser consultado e informado a las comunidades,
y si vemos el marco legal tenía que informarse a las comunidades sobre
las ventajas y las desventajas de ese proyecto que, aunque es un desarrollo
del Gobierno y del Estado, pero el Estado debe consultar a las comunidades
indígenas porque así está establecido en la Constitución,
en la Ley de Pueblos Indígenas y en la Ley de Demarcación y
Hábitat de los Pueblos Indígenas”, dijo Pizarro.
Otro elemento que genera malestar entre los pueblos indígenas es que
son muchos los puntos del memorando de entendimiento para la construcción
del tendido eléctrico hacia Brasil que luego de seis años aún
no se han cumplido, uno de ellos es la demarcación de las tierras indígenas.
“La interrogante que nosotros tenemos es que el 95% de los puntos de
entendimiento no se han cumplido, empezando por la demarcación y titularidad
de las tierras, que se ha alargado. Y vemos con bastante preocupación
que en vez de concretar lo que se firmó con el Ejecutivo nacional,
más bien se están creando nuevos proyectos sin haber cumplido
con la ley”.
Pizarro está convencido de que el Ejecutivo nacional debería
sentarse con las mismas comunidades indígenas para atender esas viejas
deudas, como por ejemplo la demarcación de tierras. “Siempre
ha habido un peloteo en las instituciones, el Ministerio del Ambiente y después
se creó la Misión Guaicaipuro… en fin no hay una política
concreta del Estado venezolano de atención a los problemas indígenas.
Vemos este nuevo acuerdo internacional con muchas dudas y nos preocupa que
hay deudas pendientes”.
“El Estado como responsable de este proyecto debería tomar cartas
en el asunto y presentarse ante las comunidades para buscar alternativas,
porque de lo contrario vamos a caer en lo mismo que con el proyecto eléctrico”,
dijo.
Sin consultas
El presidente de la Federación Indígena del estado Bolívar
explicó que por la misma falta de información que existe la
representación indígena no se ha sentado a discutir este punto
con los diputados indígenas ante el Consejo Legislativo del estado,
ni con los parlamentarios ante la Asamblea Nacional.
“No nos hemos sentado a estudiar esto, porque se ha hablado mucho del
proyecto, pero estamos pendientes de reunirnos y ver lo que se plantea, sobre
todo evaluar la información que tenemos aunque no la hemos recibido
directamente de los responsables del proyecto, continuó. Tanto en la
Asamblea Nacional como en el Consejo Legislativo del estado Bolívar
tenemos que concretar la discusión, pero también estamos muy
pendientes del proceso de demarcación que ha sido la demanda porque
han inventado tantos programas y tantas misiones como para intimidar o entretener
a las comunidades indígenas. No es que estamos en contra de las misiones,
pero nuestra demanda principal ha sido la demarcación de tierras, que
siempre ha estado pendiente y nunca se ha hecho”.
Advierte que según la Ley de Pueblos Indígenas, la demarcación
de tierras de pueblos indígenas tenía que haberse hecho dos
años después de aprobar el marco legal, y ya han pasado casi
6 años y no se ha avanzado en ese tema. “La demarcación
de hábitat y tierras indígenas son algunas fallas que vemos
que no está bien, porque la ley tiene que aplicarse como debe ser”.
Cuestionando programas
- ¿La Misión Guaicaipuro le ha generado beneficios a la comunidad
indígena?
- No, esos son programas del Gobierno que no han llegado a todas las comunidades
indígenas, o puede ser que las personas responsables muchas veces no
cubren las expectativas con la creación de esas misiones. Y eso también
lo vemos porque hay una descoordinación institucional que muchas veces
se politiza mucho, igual ha pasado con la Misión Ribas, Robinson…
aunque algunas sí han funcionado. Son programas buenos, no podemos
decir que son malos, pero no cubren las necesidades de la población
porque hay una descoordinación institucional que ha fallado mucho.
La Federación Indígena del estado Bolívar está
programando para los próximos días una serie de encuentros con
las diferentes comunidades del estado para discutir el tema del gasoducto
y otros que también son prioritarios. “Tenemos que hablar y discutir
de muchos temas, entre ellos el gasoducto, para determinar qué cartas
vamos a tomar en el asunto, conversar, dialogar. tenemos que buscar una alternativa
y sentarnos a discutir de todos estos temas, e incluso del tema de la minería,
porque la situación se ha complicado bastante y no sabemos dónde
va a parar la situación de la minería, porque se aprueban programas
y proyectos que no sabemos en qué van a ser beneficiosos para las comunidades”,
aseveró.
Pizarro concluyó señalando que a pesar de que este gobierno
aprobó una serie de leyes que reconocen los derechos de los pueblos
indígenas, “lo importante es que esas letras de las leyes se
lleven a la práctica, porque de repente todo puede estar bien ahí,
pero es como si no pasara nada, porque nadie las cumple. Incluso si las mismas
instituciones no manejan bien esos términos, no sirve de nada. Pero
ese reconocimiento se dio no sólo porque el Presidente quiso, sino
porque hubo una lucha perenne de las mismas comunidades que pedían
ser incluida en la Constitución… pero hay que llevarlo a la práctica”.
Contra la ley
Por su parte, el ex alcalde del municipio Gran Sabana y líder indígena
de Bolívar, Ricardo Delgado, alerta que ahora el “delito”
que se quiere cometer en el Parque Nacional con la construcción de
un gasoducto es más grave, por cuanto antes de negociar internacionalmente
ese proyecto tenía que haberse consultado con la población indígena,
tal y como lo establece la Constitución.
“La gran preocupación es que se hacen anuncios y compromisos
internacionales, y no solamente en el caso del gasoducto, sino también
de otras negociaciones como el subsidio a una compañía bancaria
que está quebrada. La Constitución establece que debe realizarse
un referéndum consultivo para que la gente participe y decida. Y en
el caso del gasoducto por este territorio, ya Rafael Caldera lo hizo con el
tendido, y él no estaba obligado por la Constitución, pero con
esta nueva Constitución y con la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas
el Estado está obligado a consultar y a informar antes de hacer el
gasoducto que piensa atravesar”.
Delgado considera que lo que se está haciendo con el anuncio del gasoducto
es un “delito público”. Acotó que “es igual
como si estuvieran expropiando una propiedad sin consultar a nadie. En las
comunidades del sector oriental hay una gran preocupación, más
aún después del trauma del tendido eléctrico”.
Apuntó que entre las comunidades no hay mucho optimismo con respecto
a esta obra y a un posible diálogo con el Gobierno, pues si “el
entendimiento para el caso del tendido eléctrico no se ha cumplido
a cabalidad y cualquier entendimiento para el nuevo proyecto pasa por el cumplimiento
de los compromisos anteriores… incluso antes de que se pueda llegar
a cualquier entendimiento. El diálogo será muy cerrado: que
no hagan más nada hasta que me cumplas lo primero que me prometiste”.
Delgado considera que en todas las comunidades del sector oriental del Parque
Nacional Gran Sabana están preocupadas por el impacto que tendrá
una tubería por este reservorio natural, que además es hábitat
de muchas comunidades indígenas. “Nos preocupan las consecuencias
que tiene que ver con el hábitat de las comunidades y pueblos indígenas,
porque el tendido eléctrico ya se sabe que en cualquier momento una
torre puede caer, pero un gasoducto es peligrosísimo y ya hemos visto
casos cuando en la Autopista Regional del Centro explotó un gasoducto
y arrojó daños considerables, imagínese que eso pueda
ocurrir en el parque nacional cerca de una comunidad indígena o que
se puedan dañar los ecosistemas frágiles que hay en el parque…
ese proyecto atenta contra la propia vida de las comunidades”.
Recalcó que si no se abre un debate a las comunidades indígenas,
la alternativa que quedaría es acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia,
tal y como se hizo con el tendido eléctrico.
Mirándonos en un espejo
La selva de Yungas es uno de los últimos y más importantes refugios
vegetales de Argentina, constituida básicamente por bosques de selva
nublada, allí cohabitan poblaciones de aborígenes y campesinos.
Es una zona en la que desde 1995 impulsó el desarrollo de represas
hidráulicas y en 1997 se empezó a hablar del inicio de las obras
del Gasoducto Norgas, un ducto de 1.062 km de longitud que vincula los yacimientos
gasíferos del departamento de San Martín con el norte chileno.
Esta obra atraviesa áreas de Yungas entre las localidades de Orán
y San Andrés y comprende el tendido de una tubería de 20"
de diámetro, con capacidad inicial de 2.1 millones de m3/día
y una máxima de 7.6 millones de m3/día, suponiendo una inversión
de U$S 500.000.000.
Sin embargo ese ducto no representó desarrollo para esta reserva natural
argentina sino todo lo contrario, pues el 8 de marzo del 2001 y el 27 de enero
del 2002 se registraron dos fuertes explosiones en el gasoducto que generaron
2 fuertes incendios en la reserva y la última explosión generó
un “cráter” de 70 metros de diámetro.
Cuando se construyó se había prometido proveer de gas a las
poblaciones cercanas, sin embargo, los habitantes de la zona nunca recibieron
los beneficios de esta intervención. Esas promesas sólo se utilizaron
como excusas para admitir su traza y generar la menor oposición posible
al proyecto.
Usualmente en los proyectos de construcción de un gasoducto se contempla
también un camino para mantenimiento, estaciones intermedias y un mayor
tránsito por la zona.
Los riesgos que se corren con este tipo de obra en un área protegida
van desde derrames y pérdidas, explosiones y la contaminación
de aire, suelo y agua,
Fuentes: http://www.jaguares.com.ar/yungas/problemas.htm