"Para Tod@s, Todo. Para Nosotr@s NADA" web de solidari@s con la insurgencia chiapaneca y las luchas indigenas en Venezuela y otras partes

30 sep. 2016

¡Basta ya de agresiones a comunicador indígena en Cajamarca!

César Estrada es beneficiario de medida cautelar de la CIDH y ganador del Premio Marine Anstett 2016, un reconocimiento internacional para quienes luchan contra la injusticia. Foto: Diario Perú.César Estrada es beneficiario de medida cautelar de la CIDH y ganador del Premio Marine Anstett 2016, un reconocimiento internacional para quienes luchan contra la injusticia. Foto: Diario Perú.
Por Servindi
Cajamarca es desde hace años un lugar inseguro para los comunicadores independientes, los defensores de derechos humanos y para quién ose enfrentar el poder corporativo que controla la región. La nueva agresión sufrida el martes 27 por César Estrada Chuquilín así lo confirma.
"Otra vez estás aquí concha de tu madre" fueron las soeces palabras de un sujeto desconocido y vulgar —quién sabe al servicio de qué intereses— que de manera sorpresiva, cómo atacan los cobardes, propinó un duro golpe en la nariz al comunicador, para luego escabullirse raudamente.
César Estrada, quién ha sido varias veces agredido físicamente y hasta con arma de fuego,  había salido poco antes de una dependencia pública de Seguridad del Estado adonde acudió a presentar un documento relacionado a una citación recibida.
Lo más grave del asunto es que la forma cómo actúa la policía de Cajamarca deja mucho que desear y confirma que se encuentra practicamente coludida y es cómplice de la situación de indefensión y vulnerabilidad del comunicador indígena.
Estrada, junto a Máxima Acuña y otros ronderos, son beneficiarios de una medida cautelar de protección expedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por esta razón, el Estado peruano está en la obligación de disponer medidas especiales de protección para las personas a quienes la CIDH considera deben ser protegidas luego de verificar que existen condiciones que ponen en riesgo su vida e integridad.
Sin embargo, no es la primera vez que la policía de Cajamarca rehusa siquiera registrar las denuncias que formula Estrada cada vez que es agredido.
De otra manera no se explica que los efectivos que acudieron al llamado del comunicador hayan rehusado levantar un acta en el lugar de los hechos y lo hayan practicamente abandonado a su suerte para que vaya a sentar la denuncia en la Comisaría.
Estrada, aún preso de los nervios y de la situación de inseguridad, debió tomar por sí solo un mototaxi que lo conduza a la delegación policial donde primero no quisieron recibir su denuncia con el argumento de que pida garantías. Luego, le dijeron que regrese a las 5 pm para que converse con el comisario. Tras mucha insistencia recién a las 8 de la noche le tomaron su manifestación y registraron la denuncia.
El drama de César Estrada se prolongó luego de que se dispusiera que pase al médico legista pero que según el personal de seguridad esa noche no podría hacerse el examen médico por que no había médico legista disponible.
La situación de Estrada no es para tomarse a la ligera. Hace pocos meses, en noviembre de 2015, dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra él cuando se encontraba en una empresa de transportes en Cajamarca. En ese instante, la rápida reacción de las personas que lo acompañaban evitó que los agresores impactaran contra él. Sin embargo, los sujetos al ver que fallaron, se retiraron profiriéndole amenazas.
¿Hasta cuándo el Estado peruano continuará incumpliendo con brindar medidas especiales de protección para los beneficiarios de medidas cautelares?
¿Hasta cuándo las dependencias policiales, en particular las de Cajamarca, dejarán de actuar con desidia y desinterés cada vez que se denuncien agresiones?
¿Hasta cuando quienes se opongan a los intereses del poder corporativo que promueven megaproyectos cuestionados por la sociedad deben sufrir constantes agresiones y amenazas por matones y sicarios?
Desde Servindi manifestamos ¡basta ya de agresiones cobardes contra César Estrada Chuquilín, comunicador indígena de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú (REDCIP) y colaborador nuestro!.
Servicios en Comunicación Intercultural Servindi 
---
Acceda a los siguientes documentos y referencias:
- Denuncia policial de César Estrada Chuquilín (PDF, 4 páginas)
- Reporte del informativo Diario Perú
Criminalizan a periodista por denunciar abusos de minera en Cajamarca

Panamá: El conflicto histórico de Barro Blanco

Imagen: Portal 20 minutos.Imagen: Portal 20 minutos.
Servindi.- Después de 10 años del inicio de la construcción de la hidroeléctrica Barro Blanco en el oeste de Panamá, los integrantes de la comarca NgäbeBuglé siguen manifestando su rechazo.
Los pobladores afirman que el acuerdo del proyecto es inválido porque su representante, Silvia Carrera, no les consultó tal medida.
“Nosotros le decimos alto y claro al gobierno panameño que el acuerdo Varela Carrera es un acuerdo inconsulto. Un acuerdo que no valida ningún pueblo de la comunidad NgäbeBuglé (…) El proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco se tiene que cancelar”, aseveró Toribio García, cacique regional tradicional de la comunidad NgäbeBuglé, en una entrevista para Telesur.
En respuesta a esta acusación, la cacica general de la Comarca NgabeBuglé, Silvia Carrera, aseguró que no ha cometido ninguna falla y que siempre ha trabajado para su pueblo. Asimismo dijo que el acuerdo firmado solo trae beneficios para su comunidad.
Mientras que el gobierno panameño asegura que este proyecto traerá el desarrollo de la comunidad, los integrantes de la comarca sostienen que esta hidroeléctrica es un agente de contaminación ambiental. Indican que afecta a cinco mil personas.
Vale recordar que a inicios de este año, la muerte de un bebé de 10 meses causó repercusión en dicha localidad. La presunta causa del deceso fue el consumo de agua contaminada del río Tabasará, donde se levanta la hidroeléctrica.
Sin embargo, las autoridades aseguraron que el río no estuvo contaminado y que el niño murió a causa de una neuroinfección por tuberculosis.

Un enfoque territorial es mas idóneo para compensar a los pueblos

Guardia de parques indígenas patrullando el bosque en Surinam. Foto por Rhett ButlerGuardia de parques indígenas patrullando el bosque en Surinam. Foto por Rhett Butler
Servindi.- El enfoque jurisdiccional o territorial es más idóneo para compensar a los pueblos indígenas por su importante contribución por la conservación de los bosques que un enfgoque de REDD+ basado en proyectos.
Así se desprende de un artpiculo de Mike Gaworecki publicado en el portal Mongabay donde explica las limitaciones del enfoque tradicional de los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los suelos (REDD+).
El artículo publicado originalmente en inglés y traducido por Servindi puntualiza que el enfoque de proyectos de REDD+ no siempre beneficia y potencia a los guardianes de los bosques.
En tal sentido, son los propios pueblos indígenas los que utilizan cada vez más el creciente reconocimiento de su papel como administradores superiores del bosque como palanca para desarrollar y presentar sus propias propuestas.
La finalidad es recibir más beneficios por su papel en la mitigación del cambio climático, y tener más control sobre esos beneficios para satisfacer sus propias necesidades y aspiraciones.
El infoirme menciona el Fondo Territorial Mesoamericano y el programa REDD+ Indígena Amazónico (RIA) como propuestas que "reducen la dependencia del pago a nivel de proyecto y maximiza la autonomía, beneficiando y recompensando los esfuerzos de mitigación del clima.
Para revisar el el artículo original ingresar a la web de Mongabay:
https://news.mongabay.com/2016/09/how-to-increase-redd-benefits-to-indigenous-peoples-and-other-traditional-forest-communities/  

Cómo aumentar los beneficios de REDD+ para los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales de los bosques

Por Mike Gaworecki
Mongabay.- Para cumplir con el objetivo establecido en el Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 2 grados Celsius, es crucial detener la deforestación tropical y fomentar la reforestación de los bosques tropicales que ya han sido talados. No sólo es la deforestación tropical y la degradación forestal la fuente del 10 al 15 por ciento de las emisiones globales de dióxido de carbono, sino que los bosques tropicales son un sumidero de carbono de gran valor que juega un papel muy importante en la regulación del clima global.
Se ha observado muchas veces antes que los pueblos indígenas y otras comunidades forestales que actúan como guardianes del bosque son importantes socios y aliados en los esfuerzos mundiales para frenar el cambio climático. Capacitar a las comunidades indígenas y forestales como administradores oficiales de sus territorios tiene un gran potencial climático: los pueblos indígenas y comunidades tradicionales poseen o han designado los derechos de uso de aproximadamente 18 por ciento de los bosques tropicales del mundo, lo que comprende más de 350 millones de hectáreas (alrededor de 865 millones de acres) en 30 países tropicales. Los territorios indígenas representan más del 20 por ciento de las reservas de carbono de los bosques tropicales.
Cerca de 200 países firmaron el Acuerdo de París  sobre el clima en diciembre, lo que consagró al programa de la ONU para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques, más comúnmente conocido como REDD+, como un artículo independiente. Sin embargo, de acuerdo con un nuevo informe y a pesar de las esperanzas de que REDD+ pudiera ser una fuente de financiación directa para reconocer y premiar la administración forestal practicada por las comunidades indígenas y tradicionales, sigue siendo difícil que reciban pagos directos bajo el sistema actual.
El informe es el resultado de dos años de investigación del Earth Innovation Institute y varias organizaciones asociadas, entre ellas Instituto del Bien Común, Inobu, Prisma, y Pronatura Sur. Los autores señalan que "las comunidades indígenas y otras dependientes de los bosques en muchas regiones han inhibido con éxito la deforestación a través de usos de suelo de una intensidad relativamente baja o mediante la protección activa de los límites y otras restricciones legales sobre la explotación de recursos naturales por forasteros".
Sin embargo, las comunidades indígenas y tradicionales muy rara vez disfrutan de los derechos sobre su propiedad territorial, lo que dificulta su capacidad para contribuir al programa de mitigación del cambio climático: "la claridad insuficiente sobre tenencia de la tierra, la superposición de reclamaciones, conflictos violentos y las desigualdades históricas constituyen obstáculos en el reconocimiento del papel de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales en la conservación de los bosques ", indica el informe.

REDD+ Jurisdiccional

El informe se esfuerza por responder la pregunta: "¿Cómo pueden los pueblos indígenas y comunidades tradicionales integrarse mejor en las estrategias de mitigación del cambio climático, recibir más beneficios por su papel en la mitigación del cambio climático, y tener más control sobre esos beneficios para satisfacer sus necesidades y aspiraciones?”
La respuesta es el enfoque jurisdiccional, o en todo el territorio, de REDD+ y del desarrollo rural de baja emisión (LED-R en inglés), según el informe. En un enfoque jurisdiccional para REDD + y LED-R, en contraposición a un enfoque basado en proyectos, todos los interesados en una región - incluyendo los gobiernos municipales, estatales y provinciales, así como los pueblos indígenas y comunidades tradicionales - se unen para crear planes de sostenibilidad para la gestión de las tierras bajo su control. Esto ayuda a garantizar que las prestaciones económicas de gobiernos extranjeros o de venta de créditos de carbono se distribuyen equitativamente entre todos los actores.
"REDD+ jurisdiccional ofrece una oportunidad para hacer frente a los retos sistémicos que a los que se enfrentan los pueblos indígenas y tradicionales, al estar sus casas en el bosque ante una amenaza creciente", dijo en un comunicado el director ejecutivo del Earth Innovation Institute, Dan Nepstad.
En algunos casos, REDD + ya ha beneficiado a los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales, según señala el informe. Por ejemplo está el proyecto Pater-Suruí REDD+ en Rondônia, Brasil estableció el primer fondo indígena de carbono, que a su vez ha ayudado a apoyar proyectos de infraestructura comunitaria como nuevas escuelas y clínicas, además de otros beneficios para la comunidad.
En términos más generales, los diálogos de REDD+ han ayudado a aumentar la conciencia de los derechos territoriales y los problemas de tenencia. En Panamá, por ejemplo, "la llegada de ONU-REDD dio lugar a un diálogo nacional y la eventual delimitación de los derechos territoriales", indica el informe. Y a medida que las naciones y jurisdicciones sub-nacionales desarrollen sus propias estrategias REDD+, las salvaguardias ambientales y sociales se convierten cada vez más en características prominentes de los programas de conservación.
Sin embargo, estas historias de éxito son relativamente pocas en comparación con el número de programas de REDD+ que se están creando. Los beneficios repartidos por muchos programas de REDD+ están vinculados a las métricas de rendimiento bajo los llamados "pagos por servicios ambientales" o modelos de "pago por desempeño" que sólo compensan a las comunidades con reducción de emisiones verificables. Debido a que estos parámetros de rendimiento a menudo están vinculados a las tasas históricas de deforestación, a muchas comunidades indígenas y tradicionales se les penaliza como de "bajo rendimiento" en términos de reducción de emisiones.
muchos proyectos REDD+ no han respetado los derechos de las comunidades forestales indígenas y locales, no han implementado el Consentimiento Libre Previo e Informado (CLPI), o no se han establecido las salvaguardias ambientales y sociales.
Mientras tanto, muchos proyectos REDD+ no han respetado los derechos de las comunidades forestales indígenas y locales, no han implementado el Consentimiento Libre Previo e Informado (CLPI), o no se han establecido las salvaguardias ambientales y sociales. Algunos incluso no abordan las causas fundamentales de la deforestación, que a menudo se entrelazan con las amenazas a las comunidades indígenas y tradicionales, como la minería, la colonización y el desarrollo agrícola.
Hay una serie de otras razones por las cuales los programas de REDD+ no han logrado beneficiar a las comunidades indígenas y tradicionales, como los desacuerdos fundamentales acerca de la mercantilización de la naturaleza, el idioma y otras barreras logísticas y expectativas que no se alcanzan en cuanto a los beneficios financieros estimados al comienzo de un REDD+.
No obstante, los grupos indígenas están utilizando cada vez más el creciente reconocimiento de su papel como administradores superiores del bosque como palanca para desarrollar y presentar sus propias propuestas. El Fondo Territorial Mesoamericano, por ejemplo, quiere aprovechar una variedad de fuentes públicas y privadas para financiar los esfuerzos de conservación dentro de los territorios indígenas que han sido diseñados e implementados a través de alianzas territoriales. Por su parte, el programa REDD+ Indígena Amazónico (RIA) se encuentra actualmente en fase piloto después de haber sido desarrollado por la COICA, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica.
"Estas propuestas reducen la dependencia del pago a nivel de proyecto para los modelos de rendimiento, maximiza la autonomía, sin embargo, permiten que [los pueblos indígenas] se beneficien de, y sean recompensados por los esfuerzos de mitigación del clima", según el informe.
"Para que las iniciativas de conservación forestal que sean sostenibles en el tiempo tienen que establecer relaciones directas con los que protegen los bosques ”, dijo Cándido Mezua, Secretario de Relaciones Internacionales de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, en un comunicado.
"Esto puede ayudar a tener un mayor impacto y más beneficios, no sólo para los bosques, sino también para las personas. Son los pueblos indígenas y las comunidades locales quienes han luchado para proteger los bosques tropicales de Mesoamérica, el Amazonas y otras regiones del mundo y por lo tanto tiene que haber una integración formal de nuestras propuestas en diversas iniciativas de conservación forestal”.
---
Traducción de Natalia León

28 sep. 2016

Indígenas Parakanã cortan la carretera Transamazónica al norte de Brasil

Índios Parakanãs. Foto: Reprodução/TV Liberal. Fuente: G1globo.comÍndios Parakanãs. Foto: Reprodução/TV Liberal. Fuente: G1globo.com
Sputnik.- Un grupo de alrededor de 150 indígenas de la tribu Parakanã mantiene por cuarto día consecutivo su protesta cortando la carretera Transamazónica a su paso por el estado de Pará, al norte de Brasil.
El corte tiene lugar en el puente Bacuri, que une los municipios de Marabá y Novo Repartimento, y pretende exigir mejores condiciones sanitarias, pavimentación y energía eléctrica, según recoge la prensa local.
Según el cacique Kwatine Parakanã las condiciones de vida de los casi 500 indígenas que viven en la reserva Parakanã empeoraron después de la construcción de la presa hidroeléctrica de Tucuruí.
Acusan a la empresa Eletronorte de haberles desalojado del área en que vivían sin ofrecerles una alternativa digna, por lo que piden instalación de pozos, energía eléctrica, una escuela y un puesto de salud.
Los indígenas alegan que no abrirán el paso al tráfico de la Transamazónica hasta que no consigan reunirse con un representante de la Fundación Nacional del Indio (Funai), el organismo público encargada de las cuestiones indígenas, que aún no se manifestó al respecto.
La Transamazónica, con sus más de 4.200 kilómetros, fue inaugurada en 1974 por el régimen militar pero desde entonces apenas se ha renovado; la mayoría de sus tramos está sin asfaltar, lo que la hace impracticable durante la época de lluvias.
----
Fuente: Sputnik: https://mundo.sputniknews.com/americalatina/20160926/1063699884/brasil-parakana-protesta.html

México: Restituyen tierras a indígenas huicholes en Nayarit

Foto: Arturo CamposFoto: Arturo Campos
Por Juan Carlos G. Partida
La Jornada.- Indígenas wixaritari (huicholes) descendieron los casi mil metros de la cordillera de Pajaritos que va desde San Isidro, Jalisco hasta Huajimic, Nayarit, para tomar posesión de 184 hectáreas y hacer válida la primera ejecución por 47 juicios agrarios que llevan desde hace una década contra pequeños propietarios para recuperar 10 mil hectáreas que reclaman como parte de su territorio.
Avalados por tribunales agrarios que tienen otras 12 sentencias listas para ejecución luego de 10 años de juicios, al menos mil wixaritari tardaron menos de tres horas en el abrupto descenso realizado desde el jueves por la mañana, llegaron al predio ubicado a las faldas de la cordillera y recibieron el terreno en el que de inmediato comenzaron a instalar un campamento provisional.
“Es un hecho histórico, es la primera restitución de tierras, toda la comunidad está feliz”, dijo Miguel Vázquez, presidente del comisariado de Bienes Comunales de San Sebastián y Tuxpan, uno de los líderes de los indígenas que desde ayer han seguido bajando la sierra para defender la tierra que les fue entregada.
Aunque no hubo resistencia para entregar el predio por parte de los propietarios de las 184 hectáreas a nombre de Enriqueta Montoya Contreras, pobladores de Huajimic por la tarde del jueves impidieron la salida de funcionarios del tribunal agrario 56 de Tepic que encabezaron la ejecución de la sentencia, colocando vehículos en el camino de terracería para evitar el paso de los demás automotores.
 
----
Fuente:Publicado en La Jornada el 26 de setiembre de 2016: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/23/restituyen-tierras-a-indigenas-huicholes-en-nayarit

¿Cómo afecta el cambio climático a los indígenas del Parque Xingu?



https://vimeo.com/179228552

Servindi.- Cerca de 6500 indígenas de 16 pueblos distintos que viven hoy en el Parque Indígena de Xingu, en el estado de Mato Grosso, ya sienten las consecuencias del cambio climático exacerbada por la deforestación y los monocultivos de soya, maíz y pasto
Así lo muestra el documental "A dónde fueron las golondrinas" producido como sociedad entre el Instituto Socioambiental (ISA) y el Instituto Catitu para ser exhibido durante la Conferencia del Clima de París (COP21).
Si bien los pueblos indígenas garantizan la preservación de los bosques con su sistema tradicional de manejo territorial en el entorno del Parque la realidad es dramática: 86 por ciento de los bosques fueron convertidos en soya, maíz y pasto en los últimos 30 años.
En el cortometraje se muestra cómo los pueblos perciben a diario los impactos de los cambios del clima, ya sea en su alimentación, en sus sistemas de orientación en el tiempo, en su cultura o en sus rituales.
El film fue premiado en el Festival de Cine Ambiental de las Islas Canarias y en el Festival Entretodos de Derechos Humanos. Ahora, también está disponible en internet.
El guión corresponde a Paulo Junqueira, del ISA, y Mari Corrêa, del Instituto Catitu, quien también es la directora,

Las cigarras ya no cantan. Las mariposas y golondrinas desaparecerán

Los signos están por todas partes. Las cigarras ya no cantan anunciando que la lluvia está por venir. También desaparecerán las golondrinas que volaban en bandos para anunciar el inicio de las lluvias. Las mariposas, que visitaban las aldeas avisando que el rio iba a comenzar a secarse, desaparecerán. Antiguamente no era así, dicen ellos.
Pero con el aumento del calor, la falta de lluvias y la deforestación en el entorno del Parque y hasta la construcción de represas son señaladas como causas de esos cambios.
El fuego, antes restringido al campo, hoy se esparce con mucha facilidad, alcanzando a grandes áreas del Parque, forzando a que los indígenas se movilicen y adopten nuevas técnicas y equipos para controlar el fuego.
El calor intenso también está matando a las frutas y alimentos que son parte de la gastronomía de los pueblos xinguanos y que están desapareciendo, como es el caso de algunas especies de yuca y papa.
Hasta los peces de pequi, fuente de alimento y fundamental en el ritual de la perforación a orillas de los Waurá, están siendo atacados por plagas que los xinguanos no conocían.
Preocupados, creen que van a pasar hambre en el futuro, porque las plantaciones no van a resistir. Y temen que las futuras generaciones tengan que depender de la comida de los blancos.
---
Fuente: ISA. Traducido por Vanessa Peirano, En GlobalVoices: https://es.globalvoices.org/2016/09/26/documental-aborda-los-efectos-de-los-cambios-climaticos-en-el-modo-de-vida-de-los-indigenas-de-xingu-vea/
----

Cumbre Amazónica tratará catástrofe climática y alternativas indígenas

Servindi.- La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) hace extensiva la invitación a la III Cumbre Amazónica, a realizarse en Lima, Perú, los días 27 y 28 de octubre de 2016.
El certamen será un espacio de diálogo político de alto nivel entre pueblos indígenas, estados y organismos Internacionales para formular y analizar propuestas de mitigación y adaptación ante el cambio climático y la conservación de los bosques.
A través de estas actividades se busca garantizar un clima de paz y sostenibilidad para la continuidad de las presentes y futuras generaciones.
La cumbre discutirá y analizará la catástrofe climática en curso y otros temas ambientales. Asimismo, evaluará alternativas y ampliarán alianzas que fortalezcan las propuestas climáticas desde los pueblos indígenas con el fin de otorgar sostenimiento a una Amazonia viva que supere los impactos del extractivismo..

Ejes temáticos de la Cumbre Amazónica:

- Transición post extractivista, libre determinación y reducción de emisiones.

- Economía Indígena de Vida Plena y Clima.

- REDD+ Indígena Amazónico (RIA)

- Procesos ONU, Acuerdos Cop21 y Acciones Indígenas.

- Financiamiento Climático y Pueblos Indígenas.

Los debates girarán en torno a cinco ejes temáticos que permitirán que la Cumbre establezca propuestas alternativas y estrategias de acción en especial sobre procesos globales, regionales y nacionales para los bosques y los pueblos indígenas.
Ello incluye, entre otros, al Sistema de las Naciones Unidfas, el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), la COP22, el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), el Programa de Inversión Forestal (FIP), el Mecanismo de Donaciones Específicas (MDE/GDM), la banca multilateral y el financiamiento climático global.

Eventos internos de la COICA

Previo a la Cumbre Amazónica se desarrollarán dos actividades de suma importancia para la vida institucional de la COICA:
Se trata de la Reunión del Consejo Directivo y el Consejo Consultivo a realizarse el día 25 de octubre. Asimismo el Congreso Estatutario que se llevará acabo el 26 de octubre.

Antecedentes

La I Cumbre Amazónica se desarrolló en Manaus, Brasil, en agosto de 2011. Esta I Cumbre significó el fortalecimiento de la unidad y organización de los pueblos amazónicos en relación a la defensa territorial y los bosques frente a la crisis climática.
Otra de sus virtudes fue impulsar alternativas como los “Territorios Indígenas como espacios de conservación productiva” y la de “Manejo Holístico de Territorios de Vida plena” o “REDD+ Indígena Amazónico” (RIA) que han tenido impacto global.
En la II Cumbre realizada en Villavicencio, Colombia, el 2013 se impulsaron alternativas y acciones frente al desarrollismo amazónico.
Esto incluyó a las industrias extractivas y que amplió su acción sobre los impactos de la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA) y otros megaproyectos.
Otra de las iniciativas que surgieron en esta II Cumbre fue el camino que logró instalar el Pabellón Indígena en la CMNUCC, como aporte global de COICA y AIDESEP.
Acceda al programa haciendo clic en el siguiente enlace:
- Programa_III_Cumbre_Amazonica  (versión PDF)

Colombia: Pueblos originarios en acuerdo de paz


El histórico documento que firmaron las FARC y el Estado de Colombia incluye una serie de medidas que tomará el aparato estatal colombiano y que van desde el ordenamiento territorial y ambiental hasta el respeto de las costumbres ancestrales de los pueblos originarios. ¿Cumplirá el país sudamericano con todas sus metas de inserción social?
Por José Carlos Díaz Zanelli
Servindi.- El acuerdo de paz firmado esta semana por el Estado de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), representa una verdadera lección de reconciliación en Latinoamérica. Un claro ejemplo, son las implicancias del propio documentos firmado el lunes 26 de setiembre en una ceremonia celebrada en Cartagena.
Uno de los puntos claves del documento firmado por el Presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño (alias Timochenko), es sin duda alguna los objetivos trazados para la inserción social, principalmente para con la población rural y los pueblos originarios.
El objetivo final es la erradicación de la pobreza y la satisfacción plena de las necesidades de la ciudadanía de las zonas rurales, de manera que se logre en el menor plazo posible que los campesinos, las campesinas y las comunidades, incluidas las afro descendientes e indígenas, ejerzan plenamente sus derechos”, reza el histórico documento.

Respeto a pueblos nativos

Otro punto importante, alcanzado por el acuerdo de paz es sin duda alguna el respeto y el mantenimiento de las costumbres ancestrales.
Como se sabe, durante décadas las FARC convivieron en la selva colombiana con los pueblos indígenas, razón por la cual estos pasaron a formar parte de las mesas de negociación que se instalaron en La Habana.
En ese sentido, el acuerdo señala “que la política debe mantener el reconocimiento de los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de coca, como parte de la identidad cultural de la comunidad indígena”.
Por último, demandas como la inclusión de los pueblos originarios en los programas sociales del Gobierno de Colombia, así como el establecimiento de leyes de ordenamiento territorial y social para con las comunidades campesinas y los pueblos nativos, son solo algunos de los logros del acuerdo de paz en materia social.

Detienen a Washington Bolívar

Washington detenido. Foto: IDL-Litigio constitucionalWashington detenido. Foto: IDL-Litigio constitucional
Servindi.- El dirigente indígena Washington Bolívar Díaz fue detenido hoy a su salida del Congreso de la República y llevado a la división de Requisitorias. A las 5 de la tarde fue trasladado a la ciudad de Pucallpa.
Según reportó el Instituto de Defensa Legal (IDL) Washington Bolívar debe rendir su manifestación el día jueves por la mañana en la localidad de Aguaytía donde tiene una acusación por el delito de falsedad genérica.
Se desconoce aún quienes estarían detrás de la acusación pero no se descarta que exista un interés de judicializar en aras de criminalizar la actuación que ha venido desarrollando Washington Bolívar en los últimos tiempos.
Como es sabido, el lider de la étnica Cacataibo, ha desarrollado un visible protagonismo en aras de la defensa de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya, perteneciente al pueblo Shipibo-Conibo, frente a una de las empresas de palma aceitera del grupo Melka.
Robert Guimaraes, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali (FECONAU) demandó a las autoridades competentes brindar seguridad y garantía física y legal por el dirigente.
Asimismo, alertó a la opinión publica nacional e internacional a estar atenta para evitar que se cometa alguna injusticia o se le criminalice de manera injusta e intencional a una persona que lo única que ha venido haciendo es defender los derechos de las comunidades.
A continuación compartimos un vídeo elaborado por la REDCIP Ucayali y Servindi sobre la lucha de Santa Clara de Uchunya:


Programación festival RUKAPILLAN

Desde el 6 al 9 de octubre se realizará en Villarrica y Pucón la primera versión del Festival de Cine+Cultura Rukapillan.
rsz_h531_1_32_2
PROGRAMACIÓN FESTIVAL RUKAPILLAN 2016
9_programacion-largometrajes-web
10_programacion-cortometrajes-web
Más información en festivalrukapillan.cl

26 sep. 2016

Historia de un secuestro: ¿Volverá la piedra Kueka a su hogar pemón?

Historia de un secuestro: ¿Volverá la piedra Kueka a su hogar pemón?
18 años han pasado desde que una piedra de 32 toneladas fue sacada del sector oriental del Parque Nacional Canaima, al sureste de Venezuela, y llevada a Alemania para que fuese parte de la obra del escultor alemán Wolfgang Kraker von Schwarzenfeld. La extracción de lo atribuyen es un jaspe fue autorizado por Héctor Hernández Mujica, titular del Instituto Nacional de Parques (Inparques), en 1998, durante la presidencia de Rafael Caldera.
Escultor alemán protagonista del polémico caso de la piedra kueka
Escultor alemán protagonista del polémico caso de la piedra kueka
Polémica. Desde entonces, “la piedra sagrada” ha estado rodeada por la polémica. El pueblo pemón, activistas y grupos ambientalistas organizados han pedido su repatriación alegando que es “la piedra kueka-abuela” y han protestado por el maltrato a su color natural luego de ser lijada y tallada. Mientras que el artista ha señalado que todo fue un engaño, que se trata de una roca arenisca roja sin valor, sobre la cual se inventó un mito. Cree que “el presidente venezolano Hugo Chávez creó la controversia con el fin de obtener el apoyo de la comunidad pemón para ganar las elecciones (octubre 2012)”, según reseña The Guardian.
Los hechos. Wolfgang Kraker sostiene que realizó todos los trámites respectivos ante las autoridades del gobierno venezolano, primero solicitando la pieza que fue otorgada como “donación” y luego, gestionó su traslado desde Santa Cruz de Mapaurí, en el estado Bolívar, hasta Alemania. Coincidió con una protesta por parte de la comunidad pemón debido a la construcción de un tendido eléctrico de alta tensión que atravesaba su territorio, en la Gran Sabana, y eso demoró la salida de la piedra kueka; la Guardia Nacional intervino y estuvo custodiada en el km 88 de la carretera internacional hacia Brasil hasta que se mostró la documentación pertinente y continuó su viaje. El escultor, también contó con el apoyo del encargado de negocios de la embajada de la República Federal de Alemania, Hans Peter Pliska. El 24 de febrero de 1999, fue colocada en un acto solemne en la Puerta de Brandengurgo, en la capital alemana.
Traslado, tallado y lijado del símbolo pemón
Traslado, tallado y lijado del símbolo pemón
Los aspectos legales. Uno de los aspectos que se toman en consideración en este caso es que la extracción de la roca viola el ordenamiento jurídico que regula las actividades en las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial por encontrarse dentro de los límites del parque nacional. Otro elemento que se debe mencionar, es que la presidenta de la Comisión de Ambiente y Ordenación del Territorio del extinto Senado, envió una carta a la embajada alemana notificándole el análisis jurídico hecho por dicha comisión, donde señalaban que la extracción y movilización de la piedra fueron ilegales. Infringió el artículo 12 de la Ley Forestal de Suelos y Aguas, de 1966, y los artículos 4 y 12 del Decreto 1.640, del 5 de junio de 1991, sobre el Plan de Ordenamiento y Reglamento del Sector Oriental del Parque Nacional Canaima, al mismo tiempo que se trataba de actividades no permitidas por el mencionado Decreto (artículos 22 y 24)”.

Del derecho indígena. Para el pueblo pemón, esta piedra representa sus creencias y forma parte de su cosmogonía, según Raúl Grioni, expresidente del Instituto de Patrimonio Cultural. Además señala, que la piedra es considerada una persona convertida, una abuela, llena de sabiduría y orientadora de su pueblo, que se encontraba acompañando al “abuelo”, una piedra similar ubicada en el mismo lugar donde estaba la piedra kueka. Actualmente, es considerada una reliquia ancestral. El 09 de agosto de 2006 fue declarada patrimonio cultural de la Nación.
kueka3 abrebrecha
Permanencia actual. Se encuentra en el parque Tiergarten, en Berlín, frente al Memorial del Holocausto. El proyecto lleva por nombre Global Stone y es una iniciativa autofinanciada por el artista alemán que tiene como fin activar las energías para la paz del mundo.Según reseña la página oficial del proyecto, el autor tiene como misión “encontrar en cada continente dos piedras para el proyecto que respondan a una particularidad única y cuya composición mineral, forma y origen sean características de cada uno de los cinco continentes”. Cada par de piedras provenientes está representando los cinco pasos hacia la paz: Europa (el Despertar), -África (la Esperanza), Asia (el Perdón), América (el Amor) y Australia (la Paz). La piedra kueka fue tallada, lustrada y lleva la inscripción de la palabra Amor en siete idiomas. En enero de 2000 se dio apertura a la exposición Global Stone.

Solicitud venezolana. El presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, Omar Vielma, señaló este 20 de septiembre de 2016 que será reactivado el caso de retorno al país de la piedra Kueka y que se tiene previsto la colocación de una fragata nacional en puerto alemán para el traslado según reseña Alba Ciudad. El Ministerio Público inició en julio de 2014 las diligencias necesarias para traer al país la piedra Kueka, según informó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en el programa radial Justicia y Valores, según indica la página web de la institución. El 15 de mayo del 2000, la Procuraduría del estado Bolívar exigió la devolución de la piedra kueka.
Compromiso alemán. El 27 de mayo de 2000, la Embajada de Alemania se comprometió públicamente el a la devolución de la piedra, información que fue dada a conocer públicamente a través de un comunicado publicado en el diario El Nacional.

Reportan nuevo derrame de petróleo en Loreto

Servindi.- Pastor Dahua, Apu de la comunidad nativa de Monterrico, ubicada en el distrito de Urarinas, provincia y región Loreto, reportó un derrame de petróleo en el kilómetro 66 del Oleoducto Norperuano.
Esta vez el derrame ocurrió a dos horas de la comunidad Nueva Alianza y pone en riesgo al río Marañón pues la comunidad se encuentra en una de las quebradas del río, detalló Pastor Dahua.
La comunidad reporta que el derrame ha alcanzado 1 kilómetro de longitud y 1.50 m de profundidad aproximadamente. Esto ha ocasionado la muerte de peces y la preocupación por el gran riesgo ambiental que significa para otras comunidades.
El derrame es sobre tierra y el diámetro de la fisura en la tubería no ha podido observarse por la gran cantidad de crudo que hay en la zona afectada.
El Apu Pastor Dahua indica que el aviso se produjo mediante una llamada telefónica durante la tarde del 24 de septiembre, después de avistar a un helicóptero sobrevolando la zona dos veces.
Un grupo de alrededor de cincuenta comuneros, incluidos dirigentes, inspeccionaron el lugar por la mañana del domingo y constataron el siniestro.
La distancia entre la comunidad y el derrame es dos horas de camino a pie y a media hora en bote a motor.
Cabe resaltar que la posta de salud más próxima se encuentra a cinco horas de viaje en motor.
Hasta el momento, la empresa no se ha comunicado formalmente con la comunidad ni ha enviado una comisión de inspección a la zona.


Foto del derrame en Monterrico tomadas con el celular del comunero Eduardo Paredes.

25 sep. 2016

Bagua: Conozca la sentencia completa del caso Curva del Diablo

Los 53 nativos acusados fueron absueltos por el Poder Judicial.Los 53 nativos acusados fueron absueltos por el Poder Judicial.
Servindi.- En un fallo casi sin precedentes en la historia del Perú, la Corte Superior de Justicia de Amazonas decidió absolver a los 53 nativos acusados —uno fallecido— por uns serie de delitos como homicidio calificado e instigación por lo ocurrido en la Curva del Diablo (Bagua) en 2009.
La sala, conformada por Gonzalo Zabarburú Saavedra, presidente y director de debates: Norberto Cabrera Barrantes, segundo vocal y Enrique Montenegro Guimaraes, tercer vocal; sentenciaron que la acusación fiscal no comprobó que los nativos procesados hayan manipulado armas de fuego que ultimaran a los policías acaecidos en el fallido operativo.
De esta manera, todas las personas imputadas en las acusaciones del Ministerio Público, entre quienes se encuentran los dirigentes Alberto Pizango, expresidente de la organización AIDESEP, y Santigo Manuin Valera, quedan libres de toda acusación.
El fallo se obtiene tras siete años de un tortuoso y penoso proceso para los encausados que responde puntualmente a la muerte de doce policías durante los enfrentamientos ocurridos en 5 junio de 2009 en la carrtera Fernando Belaúnde Terry.
La sentencia exculpa a diversos los acusados de siete delitos: homicio calificado, instigación, entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, motín y disturbios, arrebato de armamento y municiones, tenencia ilegal de armas de fuego y daños agravados, .
Para los acusados se pedía penas diversas que iban desde los 6 años de prisión hasta la cadena perpetua.
Cabe agregar que al terminar la lectura de sentencia el Ministerio Público solicitó la nulidad del fallo exculpatorio y pidió 10 días para estudiar la extensa sentencia de 392 páginas y fundamentar su apelación.
Esto significa que el proceso aún no culmina y continuará su curso en la Corte Suprema del Perú, con sede en Lima.
Accede al fallo completo con un clic en el siguiente enlace:
- Corte Superior de Justicia de Amazonas: Fallo judicial Caso; Curva del Diablo (PDF, 392 páginas):

Venezuela: 38 films en III Muestra Internacional de Cine Indígena



Por Róger Tunque
Servindi.- La III edición de la Muestra Internacional de Cine Indígena de Venezuela (MICIV) presentará 38 películas, entre ellas 17 del género ficción, 18 documentales y tres cortometrajes animados.
Entre las producciones audiovisuales destacan “Antes o tempo não acabava” de Sérgio Andrade y Fábio Baldo (Brasil/Alemania) y “Avant les rues” de Chloé Leriche de Canadá que se harán presentes luego de estrenarse en el Festival Internacional de Cine en Berlín de 2016.
El evento a realizarse en la ciudad de Maracaibo iniciará el viernes 29 de setiembre con la presentación de “DAUNA lo que leva el río” del venezolano Mario Crespo.
Además, habrá un recuerdo de diez trabajos realizados por el director indígena canadiense Kevin Papatie, miembro de Wapikoni Mobile, y la Escuela de Comunicaciones Wayuu presentará sus trabajos audiovisuales por los miembros de su escuela de Colombia y Venezuela.
Asimismo, se expondrá la serie noruega “7 historias Sápmi” que contempla a siete películas que incluyó al pueblo sápmi en su realización y abordaje, y “El sueño de Sonia” del peruano Diego Sarmiento que fue seleccionado en Berlinale Culinary Cinema 2015 y en Culinary Cinema 2015.
Para la elaboración del programa entero, se requirió de la participación de diversos pueblos indígenas como Añú, Sápmi, Misak, Telangana, Algonquin, Heiltsuk, Mohawk, Blackfoot, Anishinaabe, Inuit, Māori, Atikamekw, Samoa, Kuna – Dule, Goolarabooloo, Quillasinga, Miriwoong, Salasaka, Kichwa Otavalo, Mixteco, Quechua, Maguana, Baka, Balti, Saharaui, Nayeri, Wixarika, Mingunburri, Shipibo, Taíno, Mapuche y Wayuu.
La MICIV celebrada desde el 2008, presenta películas provenientes de todas partes del mundo donde celebran diversos foros y talleres de formación.
Sirve además como punto de encuentro entre la colectividad indígena y no indígena y profesionales del mundo audiovisual dispuestos a intercambiar conocimientos.
En la última edición se presentaron materiales provenienes de 142 naciones indígenas y 30 paises alrededor del mundo, realizados por indígenas y no indígenas quienes contaron historias y realidades de sus pueblos y que fueron proyectadas en seis municipios de estado de Zulia, Mérida y Caracas.

23 sep. 2016

Califican Arco Minero de crimen ecológico y crimen de Estado

Servindi.- “El decreto sobre la explotación del Arco Minero del Orinoco constituye un gigantesco crimen ecológico, que significaría la liquidación de Guayana, Amazonas y el Delta”.

Así lo denunció Alexander Luzardo, ex Presidente de la Comisión de Ambiente de Venezuela, en una conferencia realizada en el Colegio de Ingenieros de Venezuela el 19 de setiembre.
Luzardo aseveró que la contaminación con el mercurio y sus derivados ocasionarían daños irreversibles, afectando a los pueblos indígenas y locales del sur de Venezuela.
Luzardo asegura que las zonas que serían más afectadas por el emprendimientom minero se debe a que son zonas ecológicas extremadamente frágiles y sensibles; y donde se encuentran las últimas reservas de agua dulce no contaminada del país”.
El proyecto se activó en febrero de este año por el presidente Nicolás Maduro. El Arco Minero del Orinoco contempla una zona de 111.800 kilómetros cuadrados, ubicada al sureste de Venezuela.
Para Luzardo “el mal llamado arco minero (...) pretende destinar el 12 por ciento del territorio nacional a la actividad minera, es decir, 12 millones de hectáreas,  extensión comparable con Cuba,  más grande que Panamá y  varios países europeos”.
De prosperar dicha iniciativa se vería afectada la reserva forestal de Imataca,  que tiene 3 millones 800 mil hectáreas, asimismo la reserva forestal del Caura, con  más de 5 millones de hectáreas.
Otra de las áreas protegidas en riesgo es el monumento natural Wanai, decretado por la UNESCO  como Patrimonio de la Humanidad.
También se afectaría  la cuenca estratégica del Caroní, que surte de hidroelectricidad a más del 65 por ciento del territorio nacional.
“Como país nosotros necesitamos inversiones rentables, ecológicamente sustentables, como lo están planteando diversos países del mundo, como lo ha manifestado el Papa en su Encíclica" dijo Luzardo.
Pero este proyecto del llamado “arco minero”,  significaría la liquidación de la Guayana, el Amazonas y el Delta, sentenció.
"Solicitamos que ese decreto sea derogado, tal como lo  hizo la Asamblea Nacional el pasado 14 de junio que tomó la decisión de desconocerlo y declarar su nulidad, porque afecta las últimas reservas de agua limpia no contaminada del país , lo cual es mucho más valioso que cualquier otro recurso" concluyó el ex Senador.
Dato:
Alexander Luzardo fue Senador del anterior Congreso de la República, ex Presidente de la Comisión de Ambiente, y autor de las Normas Ambientales de la Constitución Nacional. Asimismo, es Profesor Titular de la Universidad Central de Venezuela en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable.

Imagen: El Nacional

Organizaciones indígenas piden justicia y respeto de los derechos humanos

Foto tomada de: http://ojo-publico.com/sites/default/files/editor/u11/bagua_1.jpgFoto tomada de: http://ojo-publico.com/sites/default/files/editor/u11/bagua_1.jpg
Servindi.- Organizaciones indígenas de la Amazonía norte peruana anunciaron declararse en alerta en todo el territorio de la naciíon Awajún y Wampis hasta la lectura de la sentencia por el caso Curva del Diablo, prevista para el jueves 22 de setiembre.
Mediante un pronunciamiento diversas federaciones indígenas piden incluir y declarar como verdaderos y únicos responsables del denominado Baguazo al ex Presidente Alan García Pérez y a los exministros Yehude Simons, Mercedes Cabanillas y Ántero Flores-Aráoz.
Como es sabido hoy día se lleva a cabo la lectura de sentencia por el caso “Curva del Diablo” en la ciudad de Bagua, región Amazonas, donde se procesan a 53 personas, en su mayoría indígenas.
En Bagua se vive un clima de tensión debido a la movilización indígena y a la vigilia convocada por la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (ORPIAN) y el temor de muchas familias indígenas que temen sentencias condenatorias a los procesados.
A continuación la lectura del documento.

Pronunciamiento

La Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonia Norte del Perú (ORPIAN), LA Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas de El Cenepa (ODECOFROC), la Federación Indígenas Awajún de Alto Comainas y Sawientsa, (FIACSA), la Federación Indígenas Sector Shawit (FISH), la Organización Regional Aguaruna de San Ignacio (Cajamarca) (ORASI), el Consejo Indígena Amazónico del Perú (CIAP), la Organización Central de las Comunidades Aguaruna del Alto Marañón (OCAAM), la Federación de las Mujeres Aguaruna del Alto Marañón (FEMAAM) y la Institución Evangélica Nazarena; hacemos público lo siguiente:
Exhortamos al Poder Judicial, la inclusión del ExPresidente Alan Gabriel Ludwig García Pérez, los Ex – Ministros Yehude Simons Munaro, Mercedes Cabanillas Bustamante y Antero Flores-Aráoz Esparza como únicos responsables de la muerte de 21 efectivos policiales y 10 civiles en el conflicto del 5 de junio del 2009, conocido como “El Baguazo”.
Solicitamos al Poder Judicial, declare la inocencia de los hermanos indígenas investigados injustamente en los procesos judiciales denominados “Curva del Diablo” y “Estación 6”; quienes actuaron en defensa de su territorio frente a la violencia política desatada por la aprobación de normas jurídicas que ponían en riesgo su superviviencia, así como la violencia psicológica y física sufrida el 5 de junio de 2009 al ser atacados con armamento de guerra al pretender normalizar el tránsito en el área ocupada por los hermanos indígenas.
Declarar estado de alerta en todo el territorio de la nación Awajún-Wampis hasta la lectura de sentencia el próximo 22 de setiembre de 2016, en la ciudad de Bagua respecto del caso “Curva del Diablo”.
Exhortamos al pueblo peruano, a luchar por el camino de la justicia y respeto de los derechos humanos sin distinciones. Hemos sido testigos de la torpeza y desidia, de la indiferencia a la justicia y a los derechos; situación que el pueblo ya no puede ignorar, pues la magnitud de la violencia y la impunidad en nuestro país tiene dimensiones alarmantes a las que ya no podemos ser indiferentes.
“El Justo se preocupa por la causa de los pobres, pero el impío no entiende tal preocupación” Proverbios 29:7

Bagua: Absuelven a nativos por el caso “Curva del diablo”

Servindi.- Tras siete años y cuatro meses de proceso, la Sala Penal liquidadora y transitoria de Bagua absolvió de ocho delitos a los 52 procesados —inicialmente 53, uno fallecido— por los sucesos de la Curva del Diablo, en Bagua, incidente ocurrido el 5 de junio de 2009, el cual dejó como saldo doce efectivos policiales fallecidos.
La sala, conformada por Gonzalo Zabarburú Saavedra (presidente y director de debates), Norberto Cabrera Barrantes (segundo vocal) y Enrique Montenegro Guimaraes (3er vocal); sentenció que no se comprobó que los nativos hayan manipulado armas de fuego que ultimaran a los policías acaecidos en aquel fallido operativo.
Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL) y uno de los defensores de las víctimas, saludó esta decisión y reiteró a través de su red social facebook esta tarde que no se contaba con suficientes pruebas para inculpar a los procesados.
“No está probado que hayan arrebatado las armas a los policías y con ellas los asesinaron porque las declaraciones auto inculpatorias iniciales fueron obtenidas sin las garantías de ley porque no tenían abogados, lo hicieron sin intérpretes y bajo apremios ilegales de golpes" indicó.
"además porque en juicio oral con las garantías del debido proceso aclararon rectificar estas declaraciones. Finalmente sobre el delito de daños, la Fiscalía no probó quienes cometieron los hechos”, sostuvo el defensor.
El tribunal no llegó a comprobar la responsabilidad penal por el delito de homicidio calificado.
Asimismo, a los procesados se les imputó la comisión de otros siete delitos, tales como lesiones graves, disturbios, obstaculización de los servicios públicos, daños agravados, motín, tenencia ilegal de armas de fuego y arrebato de armas de uso oficial en su modalidad agravada.
“Está demostrado el delito pero no se ha identificado a los autores”, sostuvo Juan José Quispe.
La lectura de la resolución se hizo en lengua española, awajun y wampis. Un aspecto gravitante en esta sentencia ha sido al aspecto intercultural al ponderar los hechos.
“El tribunal reconoce el pluralismo cultural y jurídico, la importancia de los peritajes antropológicos para una mejor comprensión de la cultura indígena, reconoce la supremacía de los tratados internacionales así como el respeto de las disposiciones contenidas en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Convenio 169 y el control de convencionalidad”, indicó el abogado de IDL.

¿Y dónde están los responsables?

Una de las responsabilidades políticas más determinantes fue la de la entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, a quien la Comisión Lombardi responsabiliza por el fracaso del operativo policial llevado a cabo, precisamente, en la Curva del Diablo, hechos que motivaron este proceso.
Otra figura política que no asumió sus responsabilidades fue el entonces primer ministro, Yehude Simon, a quien se responsabilizó de no ofrecer una solución política a los hechos de violencia que se venían dando durante tu gestión en el premierato.
También se encuentra el ministro de Defensa Ánterp Flores-Araoz y por último, la actual segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, por entonces ministra de Comercio Exterior y quien jugó un papel importante en los hechos al ejercer presión sobre la opinión pública para la aprobación del TLC con los Estados Unidos.
Ella, según el informe de la Comisión Lombardi, también se encuentra dentro de los responsables políticos por los muertos de lo sucedido en Bagua.
Accede al fallo completo con un clic en el siguiente enlace:
Corte Superior de Justicia de Amazonas: Fallo judicial Caso; Curva del Diablo (PDF, 392 páginas):

Parte de guerra y de resistencia # 44

A los pueblos del mundo
A los medios de comunicación alternativos, libres, autónomos o como se llamen
A la Sexta Nacional e Internacional
Parte de guerra y de resistencia # 44
  ¿Y los otros 43?  ¿Y los que le siguen?
Sucede que este país no es el mismo desde hace dos años en que el mal gobierno cometió uno de sus peores crímenes al desaparecer a 43 jóvenes indígenas estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.  Este hecho nos hizo darnos cuenta de la profunda oscuridad en la que nos encontramos, y agitó el corazón y el espíritu individual y colectivo haciendo que se iluminara la noche con la rabia, con el dolor y con la esperanza que encarnan ahora los familiares y compañeros de los 43, y que brilla en el rostro de millones de personas en todas las geografías del México y del mundo de abajo, y de la sociedad civil internacional solidaria y consciente.
Como barrios, tribus, naciones y pueblos originarios que somos, miramos y hacemos palabra nuestra mirada, ahora como antes, desde el corazón colectivo que somos.
Desde las geografías y calendarios de abajo, donde se dibujan los espejos de los que somos el Congreso Nacional Indígena con nuestras resistencias, rebeldías y autonomías; desde los confines y rumbos donde somos y entendemos el mundo los pueblos originarios, es decir, las geografías antiguas desde donde no dejamos de ver, entender y resistir a esa misma violenta guerra que los poderosos implementan en contra de todos y todas, quienes sufrimos y resistimos desde lo que somos con un rostro individual o colectivo, miramos y hacemos palabra nuestra el rostro de los 43 ausentes recorriendo los rincones de este país en busca de verdad y de justicia, el rostro que se dibuja con otros millones de rostros y que nos muestra en medio de la noche los rumbos sagrados, porque sagrados son el dolor y la esperanza.  Ese rostro colectivo que se multiplica y mira las geografías de resistencia y rebeldía.
Desde las geografías de abajo
La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sigue en la impunidad, y buscar la verdad en medio de la pudrición del poder es esculcar en lo peor de este país, en el cinismo y perversión de la clase política, que no sólo sigue simulando buscar a los compañeros desaparecidos, sino que ante las crecientes evidencias que demuestran la culpabilidad del narco-estado terrorista, se premia a los responsables de mentir y tratar de deformar aún más la verdad ‒como es el cambio de Tomás Zerón, responsable de sembrar supuestas pruebas de su mentira histórica en el basurero de Cocula, a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad‒ dando una vez más cuenta de la naturaleza criminal del mal gobierno.
A la mentira, la simulación y la impunidad, el mal gobierno suma los atropellos e injusticias contra quienes se han solidarizado y manifestado en apoyo a la lucha de los familiares y compañeros de los 43, como el joven Luis Fernando Sotelo Zambrano, solidario siempre con las luchas de los pueblos originarios –como las de Cherán, la tribu Yaqui, los indígenas presos, las comunidades zapatistas-, a quien un juez ha condenado a 33 años y 5 meses por el séxtuple delito de ser joven, ser estudiante, ser pobre, ser solidario, ser rebelde y ser consecuente.
Esto miramos cuando miramos hacia quien arriba es Poder: para quien asesina, encubre y miente, premios y protección; para quien se indigna y protesta contra la injusticia, golpes y cárcel.
-*-
Y cuando nos miramos:
En el sur, la lucha de los pueblos en defensa de sus territorios en contra de caciques y empresas, se disuelve con la lucha por la seguridad y la justicia en contra de las bandas de la delincuencia organizada, cuya íntima relación con toda la clase política es la única certeza que, como pueblo, tenemos hacia cualquier órgano del estado.
La formación de grupos de choque que actúan contra las movilizaciones permean los pueblos y el gobierno juega a generar conflictos que incendien los tejidos internos. Es decir, trata de hacer espejos de su guerra sembrando discordia en las comunidades y apostando a la destrucción en las fibras más sensibles.  Nada más explosivo y peligroso para esta nación.
En el occidente, las luchas por la tierra, la seguridad y la justicia se dan en medio de la administración de los cárteles de la droga, que el estado disfraza de combate a la delincuencia o de políticas de desarrollo. En cambio, los pueblos que han resistido e incluso abatido la delincuencia mediante la organización desde abajo, deben luchar por los intentos permanentes de los malos gobiernos para lograr que el crimen organizado, y los partidos políticos de su preferencia, se adueñen nuevamente de los territorios mediante formas diversas.
La organización autónoma de las comunidades, sus luchas irrenunciables por los lugares sagrados y tierras ancestrales no cesan.  La defensa de nuestra madre no se negocia.  Estamos atentos a la lucha de la comunidad Wixárika de Wauta- San Sebastián Teponahuaxtlán por la recuperación de cerca de 10 mil hectáreas aledañas al poblado de Huajimic, Nayarit, donde, pese a demostrar su derecho en tribunales agrarios, las autoridades judiciales han sido omisas; y los malos gobiernos hacen de las falsas geografías oficiales que dividen los estados, un pretexto para incentivar el despojo a los pueblos originarios.  Al pueblo Wixárika, en su rebeldía y autonomía le decimos: estamos con ustedes.
En el norte, donde persisten luchas por el reconocimiento de los territorios, las amenazas mineras, los despojos agrarios, el robo de recursos naturales y el sometimiento de las resistencias por narco paramilitares, los pueblos originarios siguen construyéndose a diario.
Los pueblos originarios de las tribus del norte, donde la nación Siux teje sus propias geografías que van más allá que las falsas geografías oficiales que los sitúan en otro país ‒pero que para nosotros somos hijos de la misma madre‒, están resistiendo a la invasión de sus tierras sagradas, cementerios y centros de oración para la construcción de oleoductos por parte de la empresa Energy Transfer Partners, que pretende transportar por sus territorios el petróleo obtenido mediante el fracking de la región Bakken, en Dakota del Norte, lo que ha motivado la solidaridad y unión de los pueblos originarios del norte. A ellos les decimos que su rabia es la nuestra y como Congreso Nacional Indígena alzamos y alzaremos la voz junto con ustedes. Su digna lucha es nuestra también.

En la península, los pueblos mayas se resisten a desaparecer por decreto, defendiendo sus tierras del ataque de empresarios turísticos e inmobiliarios, donde la proliferación de guardias blancas opera con impunidad para despojar a los pueblos, la invasión por la agroindustria transgénica amenaza la existencia de los pueblos mayas y la inmundicia de los magnates que se adueñan de los territorios agrarios, vestigios culturales arqueológicos e incluso la identidad indígena, pretende convertir a un pueblo tan vivo como la extensión de su lengua, en fetiches comerciales. Los pueblos que luchan contra las altas tarifas de luz son perseguidos y criminalizados.
En el centro, los proyectos de infraestructura, autopistas, gaseoductos, acueductos, fraccionamientos, se están imponiendo de forma violenta y los derechos humanos se ven cada vez más difusos y lejanos en las leyes impuestas. La criminalización, cooptación y división dibuja la estrategia de los grupos poderosos, cercanos todos de manera corrupta y obscena al criminal que cree gobernar este país, Enrique Peña Nieto.
En el oriente del país, la violencia, el fracking, las mineras, el tráfico de migrantes, la corrupción y demencia gubernamental son la corriente contra la lucha de los pueblos, en medio de regiones enteras tomadas por violentos grupos delincuenciales orquestados desde altos niveles de gobierno.

Desde el diálogo y la traición
Al igual como lo ha hecho el magisterio en lucha, los pueblos originarios hemos buscado diálogos con el mal gobierno en nuestras demandas urgentes de respeto a los territorios, de presentación de los desaparecidos, de liberación de los presos, de justicia para los asesinados, de que salga la policía o los militares de nuestras tierras o de nuestras exigencias de seguridad y justicia, pero siempre el gobierno se niega hasta que detienen a nuestros voceros en todo el país, el ejército dispara contra los niños en Ostula, las máquinas destruyen las casas de quienes resisten en Xochicuautla, los federales disparan contra el pueblo digno que acompaña a los maestros en Nochixtlán.  Los malos gobiernos hacen como que dialogan y simulan durante años acuerdos con el pueblo Wixárika para lograr la restitución pacífica de su territorio, mientras configuran un reordenamiento violento de la región.
Y el gobierno platica como si no hubiera pasado nada y ofrece voluntad de ceder, siempre que ambas partes acuerden.  El gobierno cede una parte de lo que acaba de destruir, libera a un preso, indemniza a la familia del asesinado, finge estar buscando a los desaparecidos. Y a cambio pide a los pueblos ceder su patrimonio colectivo, que es su dignidad, su organización autónoma y su territorio.
En varias geografías de nuestro país estamos recurriendo a las consultas cuando decimos que no queremos sus minas, sus eólicos, sus transgénicos, sus presas y exigimos que debería preguntarse a los pueblos, pero el mal gobierno siempre responde fingiendo que “consulta cómo consultar si consulta o no la forma de la consulta” (o algo así), que está llena de simulación, suplantación de nuestra palabra, manipulación y cooptación de nuestra gente, de amenazas y represión. Y así hasta que dice que ya estuvo y que ya dijimos que sí queremos sus proyectos de muerte, o que estamos divididos y debe atender a todas las posiciones.
Y mientras pretenden mantenernos quietos en su agenda mentirosa y las ongs “expertas” en “consultas” engrosan sus bolsillos, avanzan más rápido para concretar ‒antes de siquiera empezar la supuesta consulta‒ el robo del agua del río yaqui, que las mineras y sus desechos destruyan Wirikuta, que los eólicos invadan todo el Istmo y que los transgénicos se impongan en la Riviera Maya.
Los rumbos del mundo son nuestras geografías y en ellos nos encontramos y reconocemos, porque sabemos que la lucha no es de hoy ni para hoy, no luchamos por poder ni folclor que ofrecen campañas mentirosas, sino por tejer y retejer lo que somos, fuimos y seremos como pueblos originarios.
Los rostros de los 43 ausentes y la tenacidad de sus familiares y compañeros, son los otros 43 partes de guerra y resistencia.  A ellas y ellos se suman los dolores, las rabias, las resistencias de los pueblos originarios y las rebeldías de millones en todo México y el mundo.
Y le siguen los partes de guerra y resistencia de lo otro perseguido y estigmatizado, de las mujeres violentadas, desaparecidas y asesinadas, de la infancia convertida en mercancía, de la juventud criminalizada, del trabajo explotado, de la rebeldía perseguida, de la naturaleza mancillada, de la humanidad adolorida.
Con toda esa humanidad, con esta tierra que somos, hoy reiteramos que la verdad y la justicia son una demanda irrenunciable y que el castigo a los culpables, a todos los culpables, nacerá de la lucha de abajo, donde, ahora más que nunca y como pueblos originarios del Congreso Nacional Indígena, sabemos que no cabe rendirse, ni venderse, ni claudicar.
¡Verdad y Justicia para Ayotzinapa!
¡Libertad para Luis Fernando Sotelo Zambrano!
¡Libertad a tod@s l@s pres@s polític@s!

Por la reconstitución integral de nuestros pueblos
Nunca Más Un México Sin Nosotros.

Congreso Nacional Indígena.
Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
México, septiembre del 2016.

22 sep. 2016

Caso Bagua: 10 razones por las que no deben ser condenados

Imagen: Justicia Viva, de IDLImagen: Justicia Viva, de IDL
Servindi.- A pocos días de la fecha en que se dará sentencia en el Caso Curva del Diablo referido a los sucesos de Bagua en 2009 compartimos una excelente síntesis de las razones por las que los 53 procesados no deben ser condenados. El texto corresponde a Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL):

Caso "Curva del Diablo": 10 razones por las que no se les debe condenar

1.- Sobre la muerte de los PNP: Según la Necropsia Médico Legal, los efectivos policiales fueron ultimados por disparos de Proyectiles de Armas de Fuego (PAF). Los acusados imputados como autores directos tienen una Pericia de Absorción Atómica negativa. Conclusión: No los asesinaron.
2.- Los indígenas no fueron armados a la protesta: Todas las armas incautadas durante el operativo “desalojo” fueron de los propios efectivos policiales. De otro lado, las lanzas que portaban los indígenas eran parte de su indumentaria propia de su pueblo y no de lucha, conforme lo ha señalado la antropóloga Frederica Barclay Rey de Castro.
3.- Se han determinado a los verdaderos autores materiales de los crímenes: Conforme lo han señalado en el juicio oral los policías sobrevivientes, las personas que disparaban contra ellos y sus compañeros estaban encapuchadas y pintadas el rostro; con un polo negro y/o  un trapo en la cabeza. No reconocieron ni identificaron a los 53 acusados como los co-partícipes de los homicidios.
4.- Las declaraciones autoinculpatorias se realizaron sin las garantías mínimas: Todas las declaraciones brindadas por los detenidos indígenas fueron recepcionadas sin contar con la presencia de un intérprete y un abogado de su libre elección. Incluso, se recibieron declaraciones de menores de edad sin la presencia de un familiar.
5.- Los indígenas fueron maltratados para sindicar a otros: Además de no contar con un intérprete ni abogado defensor, el detenido indígena con la finalidad de sindicar a los líderes de la protesta, fue  objeto de maltrato físico, conforme se demuestra con los certificados médicos legales que determinan lesiones en diferentes partes del cuerpo.
6.- Sobre los daños ocasionados a los bienes del Estado: Los choferes de las camionetas siniestradas pertenecientes al Ministerio Público y la Compañía de Bomberos y sus respectivos tripulantes han señalado enfáticamente en juicio oral que ninguno de los acusados fueron los causantes de los daños a sus unidades.
7.- Los indígenas no fueron a una guerra, sino a protestar pacíficamente: Conforme lo han señalado los peritos antropólogos que acudieron al juicio oral, es imposible sostener la tesis de que estuvieron en guerra durante la protesta fundamentalmente porque nunca se va a pelear con hijos, personas adultas, mujeres y llevando sus víveres. Es un hecho incontrovertible que hasta antes del desalojo y durante todo el “paro amazónico” no hubo ningún muerto, herido ni daños contra la propiedad pública.
8.- No existió una coalición entre indígenas y mestizos destinadas a delinquir: En el juicio se ha pretendido establecer que los indígenas solicitaron apoyo de militantes del SUTEP y otros gremios para causar destrozos y asesinar a los policías. Es una aseveración inconsistente porque los mestizos procesados – muchos de ellos agricultores y mototaxistas-, no son agremiados y fueron detenidos porque circunstancialmente pasaban por el lugar de protesta.
9- Los líderes indígenas no dieron órdenes para asesinar policías ni causar destrozos: El único acuerdo a que arribó la “Asamblea Comunal”, único ente de toma de decisiones de la población indígena conforme lo han reiterado los peritos antropológicos, fue la de participar de manera pacífica en la protesta a realizarse en Bagua en defensa de sus tierras, territorios y ecosistema.
10.- La protesta indígena fue la única posibilidad de ser escuchados: Estimamos que el tribunal debe establecer la primacía de los derechos constitucionales de la libertad de expresión, de asociación, de reunión, de peticionar a las autoridades constituidas, de participación, etc. que ejercieron los manifestantes indígenas durante su protesta frente al derecho a transitar y a comerciar libremente; más aún si las autoridades no respondían a sus justos reclamos. Sin duda, constituyó el empleo menos ofensivo para llamar la atención sobre sus necesidades en situación límite.

Transnacionales violan derechos humanos en México

Foto: Rubén Espinosa / cuartoscuro.comFoto: Rubén Espinosa / cuartoscuro.com
Un centenar de empresas violan derechos humanos en el país: afectan pueblos indígenas, comunidades y ejidos. Entre las compañías invasivas están Grupo Higa, Bimbo, Cargill, Monsanto, Grupo Carso, Grupo Bal, Grupo México, Minera Excellon y Petróleos Mexicanos
Por Érika Ramírez
Contralínea.- Empresas trasnacionales y nacionales han quedado evidenciadas ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por violación a los derechos humanos. El listado de más de 60 casos de violaciones a derechos humanos fue presentado por organizaciones no gubernamentales ante un equipo de trabajo del organismo internacional.
Las compañías denunciadas son 99: 41 nacionales, 50 extranjeras y 8 del Estado. Entre las involucradas destacan Grupo Higa, Tradeco, Bimbo, Cargill, Monsanto, Grupo Carso y Grupo Bal, Grupo México, Minera Excellon, Petróleos Mexicanos.
En el informe México: empresas y derechos humanos se indica que los principales abusos cometidos son la falta de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, de debida diligencia y la proliferación de megaproyectos. Así también las llamadas reformas estructurales llevadas a cabo durante el primer trienio de la administración de Enrique Peña Nieto.
El documento, elaborado por más de 100 organizaciones defensoras de derechos humanos (entre ellas Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Greenpeace México, Oxfam México, Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), precisa los casos de abuso a derechos humanos relacionados con actividades empresariales como minería (11), cementeras (5), hidrocarburos (9);  producción de energía mediante hidroeléctricas y parques eólicos y abusos relacionados con los consumidores (8); construcción de infraestructura (9);  agroindustria y forestal (6); maquilas y corredores industriales (4), y otras ramas productivas (8), además de empresas de seguridad privada, exportación ilegal de arma a zonas de conflicto y turismo.
Karen Hudlet, del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, comenta que las violaciones más comunes están relacionadas con la tierra y el territorio, en donde hay 32 casos, y después con la falta de acceso a la información, 28 casos. “Con estas cifras podemos ver que hay una falta de participación, consulta y conocimiento previo libre e informado en las comunidades indígenas o de la ciudadanía, en general, de saber lo que está pasando con los megaproyectos de cualquier índole. Esto lo vemos como algo particularmente grave. Además, en otros 17 casos se vulneran otros derechos indígenas, como al modelo de desarrollo o a su autonomía”, dice.
Foto: Fernando Carranza García
Foto: Fernando Carranza García

Minería, la más agresiva

La entrega de esta información al equipo de trabajo de la ONU tiene documentados casos como el derrame de solución de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, por parte de Grupo México.
Fernanda Hopenhaym, del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), dice que lo ocurrido en el río Sonora es realmente un caso paradigmático. “Es el derrame minero más importante en la industria minera en México, 40 millones de litros de solución acidulada de cobre derramados afectaron toda la cuenca del río. Estamos hablando de 7 municipios y 22 mil personas, este río da suministro a la ciudad de Hermosillo, que tiene 750 mil habitantes, por lo que se afectó directa e indirectamente a una población”.
El documento también involucra a las filiales Southern Copper Corporation, Buenavista del Cobre y  OMIMSA. Los abusos a derechos humanos por problemas de abasto del agua, salud y a la vida digna (impactos negativos a la agricultura y ganadería) y al medio ambiente sano”.
Otro de los casos que es revisado por el equipo de expertos de la ONU, es el de los habitantes del ejido La Sierrita, con la empresa canadiense Excellon Resources, por incumplimientos contractuales de la minera y los abusos respecto del uso de la tierra y el territorio, al trabajo; así como la generación de un ambiente de intimidación y amenazas para los pobladores de la región.
En este rubro también aparecen los nombres de las compañías Fortuna Silver Mines, Odyssey Marine Exploration, Minera Peña Colorada, ArcelorMittal, Ternium, Minera Cascabel, Mag Silver Corp, Grupo México, Southern Copper Corporation, Buenavista del Cobre, OMIMSA, Goldcorp, Corazón de Tinieblas, Excellon Resources, Holcim Apasco, Ecoltec, Minera Gorrión, Almaden Minerals, Minera Autlán, Las Encinas, Plata Real, Blackfire Exploration, Gabfer.
La oposición de algunas comunidades a la presencia de proyectos mineros en sus regiones han dejado víctimas, tal es el caso del asesinato de Bernardo Vázquez en San José del Progreso, Oaxaca, en 2013, donde opera la minera Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines (Contralínea, 327).

Foto: Saúl LópezFoto: Saúl López

Proyectos eólicos e hidrocarburos

Elena Villafuerte Mata, integrante del Área de Justicia Transnacional en Prodesc, comenta que como organizaciones pretenden abordar el análisis de cuál es el impacto de las empresas trasnacionales en las comunidades y en los colectivos de trabajadores; desde ese escenario, el caso de La Sierrita resulta emblemático por los años de acompañamiento que ha implicado para Prodesc como organización, pero también por la defensa.
Otros de los casos que lleva Prodesc están relacionados con la defensa de comunidades agrarias e indígenas en contra de proyectos de energía eólica; uno en la comunidad Miguel Hidalgo, donde llegó la empresa Desarrollos Eólicos de México, filial de la empresa Renova Energy, a firmar contratos de arrendamiento con los comuneros.
Sin embargo, explica Villafuerte, estos fueron hechos por la vía civil sin reconocer que tenían un título de propiedad comunal; entonces, estos contratos son nulos. Además, han documentado las implicaciones causadas por el derramamiento de aceite de los generadores de energía eólica, que impactan directamente en sus tierras y, por ende, en el desarrollo económico de la comunidad.
En el tema de los hidrocarburos, mencionan el caso de la explosión de la Planta Petroquímica Mexicana de Vinil SA de CV, involucradas las compañías Mexichem y Petróleos Mexicanos. Ésta se encuentra ubicada en Veracruz.
Foto: Isaac Esquivel
Foto: Isaac Esquivel

El Aeropuerto con Peña

De los proyectos impulsados por Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México, destaca la ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Éste es uno de los nueve casos (relacionados con infraestructura) documentados por las organizaciones defensoras de derechos humanos y que, en sus dos momentos de impulso ha tenido efectos sociales violentos: muerte, criminalización y judicialización de los actores sociales involucrados.
Las empresas involucradas en este proyecto son: Arquitectos: Norman Foster, firma Foster + Partners; Fernando Romero, despacho de arquitectura FREE (yerno de Carlos Slim). Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, SA de CV, que trabaja con aproximadamente 128 proveedores y la Constructora Cypsa Vise.
En el primer impulso de esta obra, con Vicente Fox al frente del gobierno federal y Peña Nieto como gobernador mexiquense, “el 3 y 4 de mayo de 2006 se llevó un operativo policiaco en San Salvador Atenco, que dejó dos muertos, Javier Cortés y Alexis Benhumea, de 14 y 20 años respectivamente; 209 detenidos, entre los que se encontraban menores y mujeres, varias de las cuales fueron agredidas física y sexualmente. Conjuntamente con otras 11 personas, Ignacio del Valle fue condenado a 112 años de prisión, quedando libre el 30 de junio de 2010, gracias a la presión nacional e internacional que significó la Campaña Libertad y Justicia para Atenco, convocada por Serapaz”, indica el informe.
 “En 2013, el gobierno federal con Enrique Peña Nieto reactiva el proyecto para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en el mismo territorio que el gobierno de Fox intentó despojar, pero ahora, con estrategias y farsas distintas: el Parque Ecológico Lago de Texcoco y México Ciudad Futura que, bajo el argumento de rescatar el antiguo lago de Texcoco, traen aparejada una serie de proyectos de megainfraestructura y urbanización: construcción de vías rápidas, tren ligero, nuevas urbanizaciones, corredor industrial, centros comerciales, centros de convenciones, entre otros desarrollos…”, incluye la compilación entregada a la ONU.
Los abusos: a la tierra y el territorio, al acceso a la información, a la alimentación; intimidación y amenazas, muertes, lesiones, detenciones arbitrarias, violencia sexual y conflicto, indica el grupo de organizaciones.
Foto: Saúl López
Foto: Saúl López
Entre las compañías se menciona a Fomento de Construcciones, Contratas, Abengoa, La Peninsular, Grupo Hermes, Grupo Higa, Autovan (filial de Grupo Higa, y empresa Zimbra), la Administración Portuaria Integral de Veracruz, Grupo Desarrollador Caseoli; Ingeniería Gestoría y Supervisión; Consultora Mexicana de Ingeniería y la Controladora Vía Rápida Poetas.
A la documentación de violaciones en el ramo de la construcción se encuentra la realización del Acueducto Independencia, por la empresa Mineras del Desierto. Las violaciones recaen “a un medio ambiente sano, a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, a la información, al agua, a la tierra y el territorio; detenciones arbitrarias e intimidación y amenazas”.
De este proyecto se informó que “Opositores a la operación del Acueducto Independencia –impulsado por los gobiernos de Felipe Calderón y Guillermo Padrés–, “que trasvasa agua del Río Yaqui a la ciudad de Hermosillo, Fernando Jiménez, Mario Luna y Tomás Rojo (los líderes visibles de esta comunidad) fueron perseguidos por la justicia estatal; la misma que no se aplicó para detener el megaproyecto hidráulico aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la suspensión en tanto no fuera consultada la comunidad indígena de más de 32 mil habitantes” (Contralínea 458).
Astrid Puentes, codirectora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), comenta que el Estado está “capturado” por los intereses de las grandes empresas.
La defensora de derechos humanos comenta: “Hay temas que nos preocupan mucho; tienen que ver con la falta de independencia del Estado, hay una captura del Estado por parte de intereses empresariales, y en este sentido vemos complicidad, corrupción e impunidad. Vemos un desbalance de poder brutal, no se puede competir contra los poderes grandes y las decisiones que se están tomando en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.
En diciembre de 2013 se llevó a cabo la aprobación de una reforma constitucional en materia energética, con la finalidad de eliminar la exclusividad del Estado mexicano en la exploración y explotación del petróleo y demás hidrocarburos e incorporar al sector privado nacional y trasnacional a estas actividades, así como a otras del sector eléctrico.
 “Este proceso de aprobación de la reforma constitucional y legal en materia energética se realizó violando diversos derechos de la población mexicana. En primer lugar, la información puesta a disposición por el gobierno federal para la promoción y justificación de la reforma fue claramente insuficiente y deficiente en cuanto a su disponibilidad, calidad y accesibilidad para la población. En segundo lugar, no se permitió que la ciudadanía participará para decidir sobre esta reforma que tendría consecuencias para todos los mexicanos. De esta manera, desde el principio se violó el derecho de acceso a la información, consustancial a otros derechos humanos, así como esencial para llevar a cabo un verdadero y profundo debate nacional sobre el tema previo a la toma de decisiones al respecto”, menciona México: Empresas y Derechos Humanos.
Hudlet, compiladora del informe, comenta que la violación de derechos humanos es consecuencia de que hay una legislación permisiva que, en algunos casos, ha favorecido a las empresas como lo hace la Ley Minera o la reforma energética, que van debilitando ciertos derechos de los pueblos y favorecen cierto tipo de uso de suelos sobre otros. También podemos ver la falta de transparencia y el acceso a la justicia, se documentaron muchos casos, cuando una comunidad demanda a una empresa y al Estado, se encuentra con múltiples obstáculos, arguye la defensora de derechos humanos.

Transgénicos devastadores

El derecho a la alimentación también ha sido violentado por las compañías trasnacionales, que con la siembra de organismos genéticamente modificados han vulnerado la economía de comunidades enteras en la península de Yucatán. También, por el uso de plaguicidas altamente tóxicos.
Las empresas involucradas: Grupo Bimbo, Cargill, Ingredion, Almex, Bunge, Syngenta Agro, Dow Agrosciences de México, PHI México (filial de PioneerDupont), Monsanto, Maseca.
El informe presentado ante integrantes de la ONU dice: “Para fabricar los productos de sus más de 20 marcas y llegar al 99 por ciento de los hogares mexicanos, Grupo Bimbo se abastece en estados como Sinaloa, que producen bajo un modelo de agricultura industrial que pone en riesgo la salud con el uso de 30 plaguicidas altamente tóxicos que han sido prohibidos en otros países por sus impactos a la salud y el medio ambiente. Algunos de los impactos de este modelo han sido documentados en un estudio que Greenpeace hizo con investigadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Red Temática de Florecimientos Algales Nocivos, con el cual se encontraron sustancias como glifosato, endrín, lindano, DDT (entre otros), en ríos, drenes, lagunas y el mar en la costa de dicho estado. Lo anterior muestra cómo estas sustancias son aplicadas de forma indiscriminada, y no se quedan en la zona de aplicación, sino que se filtran a cuerpos de agua aledaños afectando recursos naturales esenciales como el agua y las comunidades aledañas”.
Indica que en años recientes, se ha impulsado en la península de Yucatán una política agroindustrial, en las que se ha introducido soya genéticamente modificada, cuya siembra se realiza principalmente por comunidades menonitas y empresarios nacionales.
En 2012, el gobierno federal autorizó a Monsanto la siembra comercial de soya transgénica sobre 253 mil hectáreas. “En el territorio liberado habitan 41 mil familias, en su mayoría, indígenas y campesinas que sobreviven de la miel que cosechan. México es el tercer exportador y sexto productor de miel de abeja. La autorización es apenas la última de 15 autorizaciones de siembra de cultivo en las regiones. Los resultados: miel contaminada con polen de organismos genéticamente modificados y el rechazo por parte de su principal mercado, los consumidores de la Unión Europea” (Contralínea 326)
El compendio de información que presentan la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU indica: “si bien las empresas deben aplicar los más altos estándares en materia de derechos humanos y tomar medidas especiales en situaciones de conflicto, en algunos casos, el sector empresarial se ha beneficiado de la impunidad, la corrupción y la falta de transparencia y rendición de cuentas por parte del Estado”.
----
Fuente: CONTRALÍNEA: http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/09/20/trasnacionales-violan-derechos-humanos-en-mexico/