"Para Tod@s, Todo. Para Nosotr@s NADA" web de solidari@s con la insurgencia chiapaneca y las luchas indigenas en Venezuela y otras partes

26 jun. 2016

Comunidades mayas suspenderán consulta si se está sembrando soya transgénica

En las zonas de mayor riesgo en Campeche realizará un “monitoreo ciudadano”
Ciudad de México, 16 de junio de 2016. Apicultores, comunidades mayas y ambientalistas alertaron de la gravedad de la posible siembra de soya transgénica en Campeche a pesar de la suspensión dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); exigieron a las autoridades cumplir la ley y vigilar que las empresas y productores privados la cumplan.
Las comunidades adelantaron que realizarán un monitoreo ciudadano en las zonas de mayor riesgo en Campeche realizarán y denunciarán los casos encontrados; en caso de confirmarse que se está sembrando la soya transgénica, la Consulta Indígena -que debe ser previa, libre e informada- será suspendida.
Exigimos a las autoridades que establezcan todas las medidas de bioseguridad necesarias para garantizar que la sentencia será obedecida, y que el proceso de consulta a las comunidades mayas ordenado por la SCJN y por la Recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no sea una simulación”, llamaron en un comunicado público.
Las organizaciones Greenpeace e Indignación demandaron la semana anterior a la empresa Monsanto y a quien resulte responsable por la posible siembra de soya genéticamente modificada en el estado de Campeche, donde la trasnacional ha expresado su intención de comercializar semillas transgénicas para el ciclo agrícola que inicia el próximo 15 de junio.
En 2012, Monsanto pidió autorizaciones para la siembra de soya transgénica resistente al herbicida glifosato en los municipios campechanos de Champotón, Hecelchakán, Hopelchén, Tenabo, Calkiní, Escárcega, Carmen y Palizada, a lo que se opusieron las comunidades indígenas y apicultores. El 4 de noviembre de 2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de comunidades mayas de Yucatán y Campeche al suspender el permiso otorgado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a la empresa para la siembra comercial de 253 500 hectáreas de soya genéticamente modificada en siete entidades del país, incluyendo a las tres que integran la Península de Yucatán. De acuerdo con la sentencia de la SCJN, las autoridades federales violaron el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a las comunidades mayas de Yucatán y Campeche, por lo que el permiso de siembra de soya genéticamente modificada fue suspendido hasta que se realice la consulta.
Representantes de las comunidades quejosas en los Juicios de Amparo 753/2012 y 762/212 reiteraron que la resolución de la Suprema Corte es clara al determinar que se prohíbe la siembra de soya en los ocho municipios para los que se solicitó el permiso: Champotón, Helcechakán, Hopelchén, Tenabo, Calkiní, Escárcega, Carmen y Palizada, del estado de Campeche. Recordaron que en el caso del municipio de Campeche no existe autorización para la siembra pues dicho municipio no fue incluido como parte del permiso solicitado.
En consecuencia, la siembra de soya transgénica en cualquiera de los municipios señalados (los 8 protegidos por la sentencia de la SCJN y el de Campeche) constituye, además de la violación de un mandato judicial, posibles delitos de carácter federal que ameritarían una investigación por parte de la Procuraduría General de la República”, advirtieron.
Las comunidades señalaron que es preocupantes que las autoridades responsables de garantizar que no se efectúe la siembra y las responsables de la consulta (Sagarpa, Senasica, CIBIOGEM y CDI), no hayan aclarado los efectos de la resolución, ni establecido una postura clara para generar certidumbre a las comunidades.
Las organizaciones y los afectados pidieron que las autoridades encargadas de ejecutar la consulta se apeguen a los estándares internacionales en la materia y los lineamientos establecidos por la SCJN, incorporando las observaciones y recomendaciones que, a partir de dos informes documentados, les ha hecho llegar la “Misión de Observación” constituida para darle seguimiento al proceso de consulta. “También insistimos en que es obligación del Poder Judicial Federal garantizar que los términos de la sentencia sean cumplidos a cabalidad por las autoridades responsables. En ese sentido ya se ha solicitado al Juez Segundo de Distrito en el estado de Campeche, que garantice la adecuada ejecución de la sentencia y tome las medidas adecuadas para verificar que el mandato judicial será debidamente cumplido”, informaron.
Las comunidades reiteraron que si se está violando la suspensión de la siembra detendrán la consulta, pues ésta “no puede ser una simulación, ni tampoco es un requisito administrativo más que cumplir; es un proceso de diálogo intercultural en donde la opinión de las comunidades debe ser fundamental para determinar la continuidad o implementación de cualquier política pública que pueda afectar a los pueblos indígenas”.

Una hidroeléctrica construida por ACS que amenaza a un pueblo indígena

Imagen de la presa Renace sobre el río Cahabón en Guatemala. / Foto: Alianza por la Solidaridad Imagen de la presa Renace sobre el río Cahabón en Guatemala. / Foto: Alianza por la Solidaridad
La empresa española Cobra-ACS ha puesto en marcha la construcción de un enorme complejo hidroeléctrico en Guatemala que viola los derechos de más de 29.000 indígenas
Diagonal- Guatemala es el segundo país del mundo con mayor proporción de población indígena, por detrás de Bolivia. Según el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), el número de habitantes estimado alcanza los 6 millones, lo que equivale al 60% del total del país. A pesar de constituir más de la mitad de la población, las comunidades indígenas ven a menudo vulnerados sus derechos básicos y los de sus territorios al servicio de la práctica capitalista más ambiciosa. El ejemplo más reciente es el caso del complejo hidroeléctrico Renace, un proyecto promovido por el grupo guatemalteco Corporación Multi-Inversiones (CMI) y construido por la española Cobra-ACS, cuyo presidente y consejero delegado es Florentino Pérez y en la que la familia March es uno de sus máximos accionistas.
La intervención se extiende a lo largo de 30 kilómetros del río Cahabón, en la región de Alta Verapaz, y está llamada a convertirse en la mayor hidroeléctrica del país. Como consecuencia de la obra, el flujo del agua está desapareciendo casi por completo, y con él las comunidades que desarrollan su vida en torno a esta área fluvial. El problema actualmente está afectando a alrededor de 29.000 indígenas quekchí a los que en ningún momento se ha consultado para la puesta en marcha del proyecto, a pesar de la obligación recogida en el Convenio Internacional 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales que Guatemala ratifica.
Ante esta situación, la ONG Alianza por la Solidaridad presentó este jueves 16 de junio una campaña de recogida de firmas que busca sensibilizar y presionar a la compañía por la masiva violación de derechos que esta acción empresarial está suponiendo para la comunidad quekchí de Guatemala. La iniciativa se enmarca dentro de TieRRRa, una campaña que vela por el desarrollo empresarial ético y respetuoso con los recursos naturales y los derechos humanos, y vigila que los intereses de las grandes corporaciones no se impongan a ellos.
En la presentación, Almudena Moreno, responsable de la campaña, explicó cómo descubrieron el caso de Renace. En un principio, la iniciativa se entendió como un ejemplo de buena práctica empresarial, debido a la información falseada que CMI facilitaba. Sin embargo, tras dos años de investigación se dieron de cuenta de que se trataba de todo lo contrario. “El desastroso estado actual del río Cahabón, la división social que ha generado en la zona el proyecto y la falta de una consulta informada a los afectados y un estudio real de impactos son algunos de los elementos que nos indican que no es una buena práctica y debe por ello debe pararse”. Su objetivo es llegar a las 10.000 firmas y hacerlas llegar a Florentino Pérez para exigir la paralización de las obras hasta que no se haya realizado un informe independiente que evalúe el impacto económico, social y ambiental global que este proyecto supone para el territorio y sus habitantes.

El impacto ambiental y social

Bajo la visión empresarial más ambiciosa y agresiva, el potencial natural que tienen muchos territorios de Lationamérica la convierte en un destino perfecto para la instalación de grandes proyectos. “Para las empresas no importa el territorio, si no lo que puedan sacar de él. Importa la rentabilidad y la maximización de la producción”, explica Erika González, del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL). “Todo ello independientemente de la destrucción de los ecosistemas y el impacto sobre la población que la obra pueda ocasionar”.
La puesta en marcha de estos proyectos tiene duras consecuencias sobre la salud de las personas que viven en los territorios, derivadas de la contaminación de las aguas y el ruido. El impacto se agrava todavía más cuando se trata de territorios indígenas, como es el caso del río Cahabón, en los que la tierra y los ríos desempeñan un papel central en el desarrollo de la vida de las comunidades que lo habitan, además del fuerte valor simbólico, espiritual y cultural que adquieren dentro de su cosmovisión.
Julio González, de la ONG Madre Selva de Guatemala, destacó durante la presentación de la campaña la importancia que tiene el río para la comunidad quekchí y cómo la instalación del complejo hidroeléctrico va a afectar a su día a día: “La empresa sólo deja coger agua desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde, pero el agua es fundamental para la vida. No tiene horario”. Así mismo, destacó la responsabilidad del Grupo Cobra-ACS en permitir que estas violaciones de derechos sucedan: “Una empresa que elige contribuir a este desastre, es cómplice de las muertes que se puedan producir, no puede lavarse las manos respecto a lo que pasa en el territorio”.

Las multinacionales hidroeléctricas en América Latina

El de Renace no es el único caso de violación de derechos indígenas derivada de una decisión empresarial unilateral de estas dimensiones. La campaña TieRRRa desveló otros dos casos similares, como el de la explotación de un acuífero por parte de la embotelladora Coca-Cola en El Salvador; o el de la apropiación para construir otra hidroeléctrica por parte de Hidro-Santa Cruz (Ecoener-Hidralia) del río Cambalan de Guatemala, sagrado para las personas que viven en torno a él. Tampoco se puede olvidar el Caso Quimbo, otra central hidroeléctrica emplazada en el río Huila para cuya construcción el Grupo Endesa invirtió 837 millones de dólares; o los numerosos proyectos de obra en Honduras que terminaron con el asesinato de Berta Cáceres por defender su territorio frente a las multinacionales.
Erika González cuenta cómo el modo de proceder en la instalación de este tipo de proyectos es muy similar en todos los casos: “Los gobiernos y las empresas establecen acuerdos muy opacos para la población, que no sabe lo que va suceder hasta que ve la maquinaria ya en funcionamiento. Es una clara muestra de déficit democrático: no se les consulta ni se les proporciona toda la información desde el primer momento, y por lo tanto no pueden alegar”.
La investigadora de OMAL habla también de los argumentos a los que recurren los estados para justificar la cesión de los territorios a las empresas. “Los gobiernos insisten en la cantidad de producción energética que estas acciones van a traer al país, pero en la mayoría de los casos esta producción no va destinada al abastecimiento de la ciudadanía, si no a los intereses de la empresa que no repercuten para nada en la población autóctona”. En la presentación de la campaña del Caso Renace, Karen Ramírez, de la Asociación ProVida/ Foro del Agua de El Salvador, aseguró que “muchos gobiernos de Centroamérica ponen por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas la ayuda a las transnacionales”.
En algunas ocasiones, los Estados sí llevan a cabo consultas para no vulnerar lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT y justificar la intervención. “Sin embargo, en la mayoría de los casos se realizan de manera irregular, sin informar adecuadamente a la población e incluso recurriendo al chantaje para conseguir firmas” asegura Erika González.
Cuando la oposición social se organiza contra estas violaciones del territorio, tanto las compañías como los gobiernos responden con diferentes medidas para frenarla y desarticularla. “Las empresas optan por la estrategia de cooptación, mediante amenazas y otras acciones agresivas contra la población para ganarse su apoyo. Por otra parte, el estado criminaliza a las personas más visibles y activas de la oposición social, y se producen denuncias y encarcelamientos de defensores de derechos humanos”, continúa Erika González. Karen Ramírez también dedicó parte de su intervención al recuerdo de los “presos políticos” en Centroamérica, arrestados por defender los derechos de la población y del medioambiente.
----
Fuente: Diagonal: https://www.diagonalperiodico.net/global/30727-hidroelectrica-construida-por-acs-amenaza-al-pueblo-quekchi-guatemala.html

REDD+ se iniciaría en Guatemala

Foto: El Periódico, Guatemala.Foto: El Periódico, Guatemala.
El diario "El Periódico" de Guatemala informó los avances de la promoción del Proyecto Manejo Sostenible de los Bosques y Múltiples Beneficios Ambientales Globales para intentar frenar el avance de la deforestación que se vive en dicho país.
El proyecto es impulsado conjuntamente por el PNUD ONU/REDD y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) en el marco de la iniciativa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+) que se impulsa en dicho país.
Cabe resaltar que Guatemala registra una pérdida de 160 mil ha. de bosques en los últimos 15 años, según datos de la Fundación para el Desarrollo y la Conservación (Fundaeco). Mario Cerezo, director de esta entidad, asegura que la deforestación ha reducido el área boscosa de Guatemala a 110 mil ha. 
La elevada deforestación en la región guatemalteca ponen en riesgo el área de bosques en los próximos años. Es a partir de esta preocupación nacional que nace la necesidad de aplicar proyectos sustentables que busquen también otorgar beneficios económicos a los propietarios individuales y colectivos de los bosques. 
Actualmente, la conservación de los territorios boscosos en Guatemala supone un alto gasto para las comunidades y los propietarios de dichos territorios, favoreciendo así la deforestación.
En este contexto tan adverso la iniciativa de REDD+ aparece como un aliciente o supuesta solución para preservar los bosques y cuidar el medio ambiente. En este contexto el Gobierno de Guatemala ha comenzado a crear los marcos jurídicos e institucionales para regular este tipo de iniciativas en el país. 
La degradación forestal no es solo un problema ambiental, sino también social y económico, pues afecta particularmente a los países no industrializados. Los medios de vida tradicionales en las zonas tropicales dependen de los bosques.
Alrededor de 300 millones de personas, incluyendo pueblos indígenas, comunidades locales y pequeños agricultores viven en pobreza extrema en estas regiones. 
Foto: El Periódico, Guatemala.
Foto: El Periódico, Guatemala.

Unidades verificadas de carbono 

El sistema de REDD+ funciona a través de títulos de unidades verificadas de carbono (VCU, en inglés), que certifican la cantidad de carbono que captura un territorio determinado. Guatemala ha avanzado en medir y calcular la cantidad de carbono que pueden capturar los bosques del país.
Fundaeco, junto a investigadores de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) realizaron un estudio de tres años sobre la cobertura de los bosques con imágenes satelitales. El análisis reportó el área forestal del departamento de Izabal, región con gran presencia de bosques.
Luego se diseñaron parcelas de muestra y se midió cada árbol y raíz de 10 centrímetos de diámetro. De esta forma se calculó que cada hectárea de bosques de Izabal puede acumular 174 toneladas de carbono, lo cual equivale a 633.3 toneladas de dióxido de carbono en total.
De otro lado el gobierno busca llegar a un consenso acerca de las directrices políticas para definir metodologías e indicadores para el monitoreo y evaluación de REDD+ en Guatemala.
Los participantes 
Se ha estimado que en el departamento de Izabal hay un aproximado de 600 personas propietarias de bosques, de los cuales 300 son dueños de la mayor cantidad de área forestal. Se espera que la iniciativa en Guatemala incluya las 100 mil ha. de bpsques que existen en Izabal. 
Por el momento, se tiene registro que más una centena de propietarios evalúan su incorporación al proyecto. Con ellos se tiene identificada un área de 37 mil ha, con la que REDD+ intenta iniciar en noviembre próximo. Otras 50 comunidades aún no han decidido participar de la iniciativa. 
----
Fuente: Con información de El Periódico: http://elperiodico.com.gt/2016/06/20/pais/iniciativa-invita-a-proteger-110-mil-hectareas-de-bosques-en-izabal/

24 jun. 2016

“Más que carbono, RIA es vida y cultura”

Servindi.- La estrategia de acción climática denominada REDD+ Indígena Amazónica (RIA) fue expuesta por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) en un seminario taller realizado en Iquitos, capital de Loreto, donde participaron líderes indígenas, funcionarios y organizaciones aliadas.
El evento “REDD+ Indígena Amazónico, Salvaguardas y REDD+” se efectuó del 31 de mayo al 2 de junio y en él se destacó que RIA no es un proyecto, no es una idea, sino una estrategia de acción climática de AIDESEP en el marco del diálogo ambiental climático mundial.
El certamen congregó a cuarenta representantes indígenas de las regiones de Loreto, San Martín, Madre de Dios, así como de la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica (COICA), a funcionarios de gobiernos regionales, del ¨Programa Nacional de Bosques del Ministerio del Ambiente (MINAM) y a representantes de oenegés como Conservación Internacional y WWF.
La finalidad del evento fue compartir los principios de RIA como alternativa para asegurar la vida y el territorio indígena para las futuras generaciones.y sobre esta base replicar esta iniciativa indígena en otras regiones dónde se encuentra la organización nacional AIDESEP.
Según un reporte de la AIDESEP las discusiones en torno al tema ambiental fortalecieron algunos conceptos y pusieron en polémica a otros.

Más allá del carbono


Foto: AIDESEP
REDD+ indígena amazónico (RIA) es la adecuación intercultural de REDD+, redefinida en relación a la cosmovisión indígena y al reconocimiento de sus derechos colectivos, que les permita a los pueblos originarios decidir, controlar y construir las estrategias de su propio desarrollo.
Se trata de una propuesta de gestión holística del territorio para lograr la  vida plena, pues valora la integridad de los servicios y funciones ecosistémicos de los bosques y territorios indígenas que comprende el (agua, el aire, la biodiversidad, los suelos, el clima, los saberes ancestrales y la espiritualidad, entre otros.
En tal sentido RIA va más allá de la captura de carbono en áreas con mayor amenaza de deforestación, degradación y destrucción.
Entre los ejes centrales de RIA está la gestión holística del territorio para la conservación, la reducción de la huella ecológica y la reducción de los grandes impulsores de la deforestación y la degradación.
Los participantes enfatizaron que RIA es ejercer la libre determinación en nuestros territorios asegurados legalmente, reducir de forma efectiva los gases de efecto invernadero pero a la vez el mundo industrializado debe cambiar su modelo económico-industrial-extractivista. Si no hay avances efectivos en este propósito los esfuerzos por reducir los efectos del cambio climático no servirán, coincidieron.

Extender RIA en la Amazonía

El evento destacó la experiencia de la cogestión que ha dado resultados importantes por ejemplo en la experiencia de la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA).
Jaime Corisepa, en representación del Ejecutor del Contrato de Administración de la RCA, explicó cómo ahora se cuenta con un plan maestro que prioriza la gobernanza y el derecho territorial. "Somos entes activos de la verdadera conservación de bosques" afirmó.
Los representantes indígenas quienes participaron de un intenso diálogo y resolvieron iniciar el proceso para implementar RIA en la Reserva Comunal Airo Pai, ubicada en la provincia Putumayo, en la región Loreto.
Destacaron la elevada biodiversidad de dicha reserva que debe ser protegida así como las buenas relaciones con el Servicio de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).
Del mismo modo, decidieron impulsor procesos similares en el área del Corredor ecológico del pueblo Awajún del Alto Mayo, ubicada en la jurisdicción de la Coordinadora de Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM).
Asimismo, la Concesión de Conservación Bosques de Angaiza y la Comunidad Nativa Yurilamas, coordinada directamente por la Federación de los Pueblos Indígenas Kechwas de la Región San Martíncon (FEPIKRESAM), una federación indígena activa afiliada a la CODEPISAM y que cuentan con plan de manejo forestal vigente.
La Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas San Lorenzo (CORPI SL) si bien contribuye de forma precisa a la estrategia de RIA a través del manejo de los territorios integrales por los pueblos indígenas, sin embargo, aclaró que no están a favor de la modalidad Área Natural Protegida (ANP) por considerarla no efectiva en la conservación y manejo sostenible de bosques.
"El presupuesto de las ANP es de 80 millones de soles pero ningún funcionario vive ahí, de manera permanente, para cuidar y manejar de forma sostenible estos bosques. Lo que hace las ANP es recortar derechos ancestrales, ya que hasta nos prohíben de cazar o pescar dónde siempre lo hemos hecho sin depredar" denunció George Cuñachi, técnico especialista de CORPI SL.

La enorme contribución de los pueblos indígenas amazónicos

El Perú, según datos oficiales del Ministerio del Ambiente pretende reducir en 67 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030. Al respecto Henderson Rengifo, presidente de la AIDESEP, destacó que los pueblos indígenas continuarán efectuando su aporte a la lucha climática defendiendo los bosques y conservando la biodiversidad.
"Con o sin plata de por medio, nosotros seguiremos conservando y viviendo en integralidad con el bosque", agregó. "Sin embargo, es urgente también que los países que más emiten los gases de efectos invernaderos digan de una vez si cambiarán o no su modelo energético. Ya estamos cansados de tanto paseo” manifestó Rengifo.
Jamner Manihuari, vicepresidente de la AIDESEP dijo que el Estado peruano y la comunidad internacional deben agradecer el aporte de los pueblos indígenas a la construcción de estos instrumentos de gestión sobre el cambio climático.
Desde esos aportes de los pueblos se deben promover políticas para los pueblos indígenas y fortalecer todos los niveles de capacidades para seguir protegiendo el bosque. “Los pueblos indígenas no sólo aportamos, sino también asumimos la responsabilidad de seguir contribuyendo con la adaptación y mitigación del cambio climático” aseguró Manihuari.
Por otra parte, Roberto Espinoza, asesor de la AIDESEP, recomendó que lo que se ha logrado hasta ahora en materia climática ambiental con el Ministerio del Ambiente no debe perderse y que desde los pueblos indígenas se deben dejar acuerdos sobre políticas públicas de calidad que deben ser respetadas por cualquier gobierno de turno.
Espinoza enfatizó que son los pueblos quienes enfrentan cotidianamente la deforestación, la minería ilegal, los múltiples daños ecológicos y los numerosos atentados en contra de la cultura, entre otras amenazas a la sostenibilidad de los bosques y sus ecosistemas.
Un lema que resumió el sentir de los participantes es que “Si no hay árboles, no hay agua y si no hay agua no hay vida”. De esta manera se reforzó la estrecha relación entre los pueblos y la Madre Tierra y la necesidad de afirmar el concepto “vida plena”.

Foto: AIDESEP
---
Con información de AIDESEP.

Otro gobernador indígena es asesinado en Colombia

Amado Gómez. Foto: InternetAmado Gómez. Foto: Internet
- Amado Gómez, gobernador local de la comunidad indígena Dojura fue herido el pasado 22 de junio, falleciendo el día de hoy. Se desconocen las causas de este ataque.
Servindi.- Amado Gómez, gobernador local de la comunidad indígena Dojura, Chigorodó, Colombia, fue herido el pasado 22 de junio a las 10 de la mañana. Debido a la gravedad de la agresión, la autoridad no logró recuperarse, perdiendo la vida esta mañana.
El caso está siendo investigado por la justicia, tanto por las autoridades judiciales como por las autoridades indígenas. Sin embargo, se sabe que la comunidad logró identificar al autor del crimen, pero aún se desconoce el paradero del mismo como también los motivos del hecho, así lo declaró Aida Suárez, presidenta de la Organización Indígena de Antioquia.
Los restos de Amado Gómez se hallan en las instalaciones de Medicina Legal del municipio de Apartadó y en las próximas horas serían entregados a sus familiares, quienes preparan una ceremonia para este 24 de junio.
Por su parte Aida Suárez invocó a las familias a conservar la calma mientras se desarrollan las investigaciones para conocer el paradero del agresor.

10 principios del Sumaq Kawsay: Propuesta desde las comunidades

Fotografía: InfoandinaFotografía: Infoandina
Infoandina.- Sumaq Kawsay o el Buen Vivir es el concepto e ideología que nos invita a vivir en armonía con la naturaleza y con nuestra comunidad, respetándola, cuidándola, en equidad y reciprocidad. Desde la Cosmovisión Andina, es una forma de ver la vida en equilibrio con la naturaleza en la satisfacción de las necesidades, tomando de ella solo lo necesario. Sin embargo, el acelerado desarrollo económico muchas veces afecta directamente al Buen Vivir de las comunidades andinas.
El VII Encuentro de Saberes y Haceres de los Pobladores Rurales Andinos, realizado en la ciudad de Andahuaylas – Perú del 14 al 18 de junio, reunió a líderes campesinos, representantes de pueblos originarios, pequeños productores, agroindustrias rurales, investigadores y promotores del desarrollo quienes analizaron este concepto e identificaron unos principios que rigen desde tiempos pasados el desarrollo de sus actividades en comunidad.
Nuestra relación con la naturaleza es divina. Está dado con los bosques como fuentes de vida, de agua, animales; sin embargo su deforestación nos está matando. Nuestra fuerza a veces no es tanta frente a grandes monstruos a lo que nos enfrentamos”. Fue la llamada que hizo Eugenio Fernández, agricultor de café de la Asociación de Productores Agropecuarios La Primavera, Amazonas – Perú.
El Sumaq Kausay nos ofrece una serie de elementos y percepciones que contribuyen a la seguridad alimentaria, la conservación de los recursos naturales, agrobiodiversidad, agroecología, el mantenimiento de la diversidad de los cultivos nativos, la economía solidaria en el ámbito familiar y comunitaria generando procesos de intercambio equitativo, salud integral y multidimensional.
Producto del trabajo colectivo durante el encuentro se llegaron a identificar 10 principios:
  1. Armonía de las personas con la naturaleza
  2. Cosmovisión espiritualizada y recursos naturales, como energía vital y sistémica. Los recursos naturales se entienden como entes con energía que están interrelacionados entre los recursos
  3. Entender a los recursos naturales como bienes comunes y colectivos. En el Buen Vivir se rompe el esquema occidental que toman a los recursos naturales como un bien público o privado. Desde las comunidades andinas se los entienden desde una perspectiva comunitaria.
  4. Capacidad de resiliencia: Tecnologías, saberes y capacidad dinámica de adaptarse a los cambios de manera sostenible; así como, mantener la esencia del conocimiento ancestral que incorpora elementos de otro tipo de conocimientos. Es la capacidad de cambio, sin perder su estructura inicial y concepto
  5. Diversidad cultural y biodiversidad natural: En el mundo andino el hombre no está separado de la naturaleza, todo está en un solo ámbito con una mirada integral. Desde la ciencia la fragmentación del medio ambiente y las comunidades se da más por un tema de análisis y estudio.
  6. Equidad y reciprocidad
  7. Complementariedad entre lo femenino y lo masculino. En el mundo andino existe esta relación que tiene ver con las formas como dimensionamos nuestro entorno. En algunas comunidades se asumen las responsabilidades de manera colectiva entre la pareja, como en Chacha Warmi.
  8. Autodeterminación y reconocimiento territorial local para el desarrollo. No desde una perspectiva aislada sino de sistema como parte de un territorio mayor
  9. Valoración del trabajo como realización plena, considerándolo comunitario, integral, acompañado de la alegría por desarrollarlo entre todos: hombres, mujeres, niños, todos.
  10. Felicidad, que tiene que ver con los principios y la obligación, desarrollando las capacidades de manera plena.
Todos estos principios no se pueden separar y se entienden bajo una visión holística, como es la manera de ver los diferentes aspectos de la vida, de la cotidianidad.
El trabajo no lo entendemos como una actividad económica sino como un proceso cultural, donde, de manera comunitaria, todos apoyamos y compartimos por el bien común”, mencionó Gregorio Barbarán, Provincia de Grau, Distrito de Pataypampa de Apurímac - Perú.
Finalmente, el encuentro resaltó la importancia de retomar estos conocimientos ancestrales, que en íntima relación con los conocimientos académicos, pueda innovar nuevos conceptos y estrategias en pro de mejoras comunitarias para los Andes.
La cultura andina puede aportar para complementar el análisis científico gracias a su visión integral y holística. En ello radica el aporte de los conocimientos ancestrales al conocimiento científico mismo.
----
Fuente: Infoandina: http://infoandina.org/content/10-principios-del-sumaq-kawsay-propuesta-desde-las-comunidades-andinas

Ministerio Público cierra el caso del asesinato del líder Yukpa Sabino Romero sin llevar a juicio a los ganaderos que pagaron para ello

LOS YUKPA EXIGEN JUSTICIA
El Juicio de Sabino está cerrado anuncia Fiscal adscrita a la Dirección General de Acción Procesal
Por: Sociedad Homo et Natura - Zulia


Lucía Martínez Romero viuda de Sabino Romero y Ana María Fernández Fernández hermana de Alexander, José Luis y Cristóbal Fernández Fernández asesinados los dos primeros por sicarios pagados por parceleros de los parcelamientos Las Flores y La Estrella y el ultimo por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana de Machiques visitaron el día jueves 12 de mayo de 2016 a la Fiscalía adscrita a la Dirección General de Acción Procesal, de nuevo se fue a buscar información viernes 10 de junio y hoy lunes 13 de junio nos informa que este caso está cerrado, porque están preso los asesinos, a saber los cinco Polimachiques Machiques Giovanny José Delgado Gonzáles (a) Mantequilla, Eusquides José Derizan Romero, Jhon Petit Robertis, Delvis José Cárdenas Polanco y Rigoberto Socorro condenados a 6 años en el año 2014 de cárcel y Ángel Romero Bracho (a) El Manguera a 30 años en el 2015, todos sicarios y guardaespaldas ricos ganaderos de Machiques. 

En noviembre de 2015 el Vicefiscal, Joel Gerardo Espinoza Dávila les informa a las víctimas acompañada de la Presidenta de la Comisión Presidencial de Familiares Victimas del Sicariato Maite García que el juicio contra los actores intelectuales de asesinato del Cacique Sabino Romero Izarra se realizaría a finales de año. Los juicios de los cinco policía de Machiques y el sicario ganadero El Manguera estuvo a cargo de la Jueza Vanessa Yajaira Lista Lares del Tribunal 17º de Juicio Itinerante del Área Metropolitana de Caracas y del Fiscal 38 del Ministerio Público, abogado Edgar Angulo Bentancourt. 

Por esta razón resulta inaudito que a estas alturas el Ministerio Público a cargo de la Fiscal General abogada Luisa Ortega Díaz cierre el caso.

El Fiscal Espinoza fue destituido en enero del 2016 y el Fiscal 38 del Ministerio Público, abogado Edgar Angulo Bentancourt fue destituido y detenido en mayo del 2016. Amos fiscales del Ministerio Público prometieron a las víctimas durante los dos juicios anteriores que el tercer juicio sería el de los actores intelectuales, hasta se acordaron los nombres de los ganaderos y funcionarios del grupo GAES de Machiques ya señalados en el expediente. ¿Qué pasó?. En pocos días daremos información al respecto.

Los familiares necesitan saber dónde están los GNB que asesinaron a Cristóbal Fernández Fernández y cuándo se efectuará el juicio a Marcos Fernández Fernández, Alfonso Pérez Yukosa, Wilfredo Cañizales Camacaro, Eduardo Sandoval Briceño y José Sayago Fernández, todos comandados por el Teniente Wilfredo José Carmona Silva, todos de guardia ese día en el puesto Fronterizo El Tukuko del Destacamento de Fronteras N° 36 del Comando Regional N° 3 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) del estado Zulia, así mismo cuando se le dará las ordenes de captura a los asesinos materiales e intelectuales de Alexander y José Luis Fernández Fernández.

23 jun. 2016

La Hora del Policía 4. Del cuaderno de Spoilers del Gato-Perro.

Junio del 2016.
.- Está la duda.  ¿Cuál sería el símil más adecuado para el triste y gris capataz aspirante a policía?
¿Aurelio Donald Nuño Trump?
¿Aurelio Ramsay Nuño Bolton?
Creemos que, acorde con su sed de sangre y su cobardía, le quedaría más el segundo.
Y, así como, en la serie televisiva “Game of Thrones”, Ramsay Bolton es devorado por los perros que antes usó para atacar a otr@s; los medios de paga que ha usado Nuño para calumniar, amenazar y atacar al magisterio en resistencia y a las comunidades y organizaciones solidarias, se cebarán en él cuando caiga.
Igual se le podrá decir mañana:
Tus palabras desaparecerán.
Tu casa desaparecerá.
Tu nombre desaparecerá.
Toda memoria de ti desaparecerá
  A él y a todo el sistema al que sirve.
El tiempo dará fe.
Guau-Miau.

Posición de las Organizaciones Indígenas sobre invitación a la Mesa de Conversaciones de La Habana

Bogotá, 21 de junio de 2016.
Posición de las Organizaciones Indígenas sobre invitación a la Mesa de Conversaciones de La Habana.

Los Pueblos Indígenas de Colombia, representados en la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), la Confederación Indígena Tayrona (CIT), Autoridades Indígenas de Colombia AICO “Por la Pacha Mama” y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia - Gobierno Mayor, que hacemos parte de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, DECLARAMOS respecto al comunicado conjunto No. 73 de la Mesa de Conversaciones de La Habana de fecha 2 de junio de 2016, relacionado con la invitación a los “representantes de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Rrom y Afrocolombianas, Negras, Palenqueras y Raizales”, que:


1. Las Organizaciones Indígenas, desde el inicio de las conversaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para poner fin al conflicto armado, hemos manifestado nuestro respaldo a este proceso de diálogo y de negociación, reconociéndolo como un gran paso hacia la construcción de la Paz en el país.

2. De manera reiterada y permanente hemos solicitado la generación de espacios para nuestra participación efectiva, a fin de aportar nuestras propuestas como sujetos políticos y víctimas del conflicto armado. Sin embargo, trascurridos más de tres años no recibimos ninguna respuesta. Solo ahora, al cierre de estos diálogos, recibimos una invitación que adolece de las garantías para un diálogo constructivo e incluyente.
3. Consideramos como una limitante que solo se nos convoque para recibir “los aportes y propuestas (…) que servirán de insumo en el marco del punto 6 de la Agenda del Acuerdo General Implementación verificación y refrendación”. Las condiciones y la metodología propuesta por la Mesa de Conversaciones, no garantiza el “enfoque étnico, territorial y diferencial en la implementación de los acuerdos sobre los diferentes puntos de la Agenda (…)”, objeto de la invitación.
Por lo anterior, precisamos que no estamos de acuerdo con esta metodología. No aceptamos una audiencia sin participación real, proponemos un diálogo incluyente, que permita lograr consensos reales, tras un debate argumentativo.
4. Son de conocimiento público, nuestras acciones afirmativas de Paz y nuestras apuestas para darle perspectiva diferencial y étnica a los acuerdos que permitan una Paz sostenible y duradera. En este sentido, consideramos imprescindible incluir garantías efectivas y salvaguardas a los derechos de los Pueblos Indígenas en los acuerdos, de manera que se asegure nuestra pervivencia física y cultural.
5. EXIGIMOS el respeto a nuestra autonomía y territorios ancestrales, así como la aplicación efectiva del derecho fundamental a la Consulta y el Consentimiento Previo, Libre e Informado, según lo consagrado en la Constitución Política de 1991, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los estándares nacionales e internacionales en la materia.
6. Recibimos con gran esperanza y satisfacción el próximo anuncio que harán el Gobierno y las FARC, relativo al acuerdo sobre el fin del conflicto (cese al fuego, hostilidades y dejación de armas), el cual constituye un logro fundamental para avanzar en la construcción de la Paz para Colombia. Este significativo paso impulsa nuestro apoyo y respaldo a este proceso, para así poner fin al conflicto armado.
7. Nuestra participación se debe traducir en una acción reparadora y afirmativa de nuestros derechos individuales y colectivos.

¡Cuenten con Nosotros para la Paz, Nunca para la Guerra!

Adjuntamos: Pronunciamiento Público en PDF

ONIC recibe con beneplácito el acuerdo de Cese al Fuego Bilateral y reitera garantías de participación y salvaguarda


Las Autoridades y Pueblos Indígenas de la ONIC recibimos con beneplácito y esperanza la firma del acuerdo sobre el 'Cese al fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de Armas', entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Lo valoramos como un paso trascendental en el camino hacia la construcción de la paz; el cual sin duda es un momento histórico que marca una nueva etapa para toda la Sociedad Colombiana.

Como pueblos indígenas que hemos sufrido el Conflicto Armado durante décadas, insistimos que la única salida válida para terminar este conflicto es el Camino del Dialogo, y valoramos que las FARC -EP y el Gobierno Nacional así lo hayan comprendido. Así mismo, hacemos un llamado al Gobierno Nacional y al ELN a que por la misma vía del diálogo y la negociación puedan llegar a un acuerdo que contribuya a una paz real, estable y duradera.


La Paz como resultado de un camino en construcción, requiere muchos esfuerzos, por tanto, los Pueblos Indígenas como actores políticos y agentes de paz, ratificamos nuestro pleno respaldo al proceso de la Habana hasta su terminación, e insistimos en la necesidad de que se generen espacios de participación en la mesa de la Habana, y se incorporen plenas garantías para la salvaguarda de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas que permitan crear las condiciones reales para restablecer el equilibrio y la armonía en los territorios después de tantos años de guerra.


AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDÌGENA – ONIC
¡Cuenten con nosotros para la Paz, nunca para la guerra!

www.onic.org.co comunicaciones@onic.org.co

42 mujeres indígenas de Antioquia son formadas para la defensa de sus derechos


Promover la participación, el liderazgo y la defensa de los derechos, es uno de los objetivos centrales del Diplomado en Género y Participación para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Indígenas de Antioquia, un espacio de formación dirigido lideresas de los pueblos embera Chamí, Eyábida, Dóbida y Senú, donde construirán ellas mismas, las herramientas necesarias para proceder en contra de las violencias femeninas.
Hay que destacar que este diplomado que dirige la –OIA– Organización Indígena de Antioquia, a través de su programa o política, Género, Generación y Familia, está compuesto por tres componentes, el regional, el zonal y el local.
El componente regional podría decirse, es netamente teórico, mientras que los otros dos serán una réplica practica en las comunidades indígenas de donde provienen las mujeres a capacitar. Según Teresa Vergara Casama, Coordinadora del Programa de Género, Generación y Familia de la –OIA–, la idea es que las mujeres que participen del componente regional, puedan a su vez crear espacios donde otras mujeres indígenas logren dimensionar la importancia de la defensa de los derechos.
Vergara Casama, quien hace parte del pueblo Embera Dóbida, aseguró que con este diplomado las propias mujeres podrán construir sus propias herramientas conceptuales y políticas, no sólo para saber cómo pueden defender sus derechos, sino también para poder exigir su participación en espacios políticos de las comunidades, donde generalmente han participado los hombres indígenas, como las asambleas y juntas directivas.
Dora Arango, asesora del mismo programa, explicó que van a participar mujeres de los municipios de Murindó, Vigía del Fuerte, Mutatá, Chigorodó, Apartadó, Turbo, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Necoclí, Arboletes, El Bagre, Caucasia, Taraza, Nechí, Cáceres, Valparaíso, Ciudad Bolívar y Pueblo Rico.
Así mismo explicó, que no es gratuita la participación de las 42 mujeres a capacitar, pues según ella son lideresas que han venido teniendo una participación activa dentro de sus comunidades tales como coordinadoras de los Comités de Mujeres, Integrantes de la Guardia y Gobernadoras, es decir mujeres que han venido activamente trabajando por el desarrollo de sus comunidades y que están interesadas en que otras mujeres puedan interesarse por la defensa de los derechos y el empoderamiento político.
Hay que señalar que este diplomado es realizado con el apoyo de AECID, Mundubat, Gobierno Vasco y Mugarik Gabe, quienes le han creído en la defensa de los derechos de las mujeres, este componente regional se llevará a cabo en Medellín, hasta el próximo sábado 25 de junio.

Indígenas del Gran Chaco unidos frente al cambio climático

Imagen: Instituto Paraguayo del Indígena
La región pierde anualmente 2.200 hectáreas de bosque, ritmo que podría acabar con todo el Chaco en 10 o 15 años.
Servindi.- Indígenas participantes del III Encuentro Mundial del Gran Chaco Americano, que se realizó en Bolivia, llamaron a la unidad de los pueblos de Paraguay,  Argentina y Bolivia que viven en dicha región, para afrontar el impacto del cambio climático.
El evento de tres días realizado desde el martes 14  en el departamento de Tarija buscó —entre otros objetivos— hacer visible la crisis climática en la región del Chaco, así como temas relacionados al acceso al agua, la autonomía y otros puntos de la agenda indígena como los problemas territoriales.
En el encuentro participaron también líderes de organizaciones sociales, investigadores y autoridades como alcaldes y el vicepresidente de Bolivia  Álvaro García Linera, entre otros.

Falta de agua y deforestación

Los indígenas representantes de los tres países mencionadas coincidieron en que la escasez de agua y la deforestación son los principales problemas que afrontan.
El ritmo de deforestación es alarmante en el Chaco. De acuerdo a Iván Arnold, director ejecutivo del organización ambientalista Nativa, la región pierde anualmente 2.200 hectáreas de bosque, ritmo que podría acabar con todo el Chaco en 10 o 15 años.
Del mismo modo, los problemas comunes giran también en torno a la tierra y territorio.
“Hay comunidades o pueblos indígenas que estando dentro de su territorio, el gobierno ya vendió esa parte del terreno y esta está en manos de gente empresaria y mientras los originarios siguen viviendo ahí”, afirmó para Radio Erbol la lideresa guaraní de Argentina, Flora Cruz.
Denunció además que empresas transnacionales hacen convenios con los gobiernos, a espaldas de la población para operar en sus territorios donde “aprovechan y avasallan” los recursos.
Por otra parte, indígenas de Bolivia y Argentina denunciaron la injerencia política que ejercen los gobiernos de sus países en sus organizaciones.
“Estamos juntos en este encuentro, para que los gobiernos de los países vean que no estamos divididos… queremos que el gobierno nos dé importancia a nosotros porque nosotros somos los pueblos originarios que siempre hemos existido”, señaló al respecto  Flora Cruz.

Llaman a la unidad

Los representantes de los tres países decidieron hacer un llamado a la unidad y tener representación en los gobiernos sin depender de los partidos políticos tradicionales.
Se trataría de una “política partidaria indígena, netamente indígena” emanada del consenso de las bases, explicó el delegado guaraní argentino Germán David, miembro del Consejo Continental de la Nación Guaraní (CCNAGUA).
Los indígenas de los tres países establecieron la Coordinadora Indígena de Redes Chaco, que velará por que se cumplan lo acuerdos del encuentro.
Al finalizar el evento se acordó también establecer una estrategia de las tres naciones para el manejo del agua, así como  la creación de una red de municipios del Gran Chaco Americano que adoptará planes de adaptación al cambio climático.
Asimismo, se buscará que el río Pilcomayo o Araguay se consolide como Patrimonio Natural y Cultural de los Pueblos Originarios. El río es un curso de agua de laa Cuenca del Plata que discurre por territorio de Bolivia, Argentina y Paraguay, sirviendo de frontera en parte de su curso. 

21 jun. 2016

Venezuela: Comunicado ecofeminista versus el extractivismo minero en la Orinoquia

_______Extraxtivismo__ 2016

Territorialicemos la lucha a favor de los pueblos indígenas y los derechos de la Orinoquía

El patriarcado le hace a nuestros cuerpos lo que las economías extractivistas y capitalistas le hacen a nuestros territorios. -Declaración del XIII Encuentro Feminista de América Latina y del Caribe, Perú, noviembre de 2014-
No solo de renta vive el hombre.
Desde el imperativo ético político que nos demanda este tránsito del modelo rentista extractivista hacia el buen vivir y la defensa de los derechos de la Tierra, los grupos de mujeres organizadas, ecofeministas en resistencia y lucha versus el avasallante sistema mundo del capitalismo depredador, analizamos y exponemos nuestras mejores razones para alertar sobre las consecuencias que conllevaría desarrollar el Motor Minero y los proyectos extractivistas de minería a gran escala que se plantea el gobierno venezolano desde el llamado Arco Minero del Orinoco.
Desde inicios de nuestra historia republicana, específicamente, a partir de la segunda parte del siglo XIX, la élite que gobernaba Venezuela otorgó diversas concesiones mineras. La concedida al estadounidense Joseph B. Austin en 1866, se convirtió en modelo de otras concesiones en Guayana, cuya compañía minera “El Orinoco”, fue una de las primeras en introducir maquinarias para la explotación de oro. A partir de 1870, se incrementaron las concesiones y se organizaron seis grandes compañías: “la Compañía Minera ‘El Callao” (capital nacional y francés, considerara una de las principales empresas auríferas del mundo a finales del siglo); la “Venezuela Austin Mining Co.” (inglesa); “la Yuruari, Ltd.” (inglesa); “Potosí” (inglesa); “Choco Gold Mining Company” (inglesa) y; “El Callao-Bis” (inglesa). Esta moderna forma de explotación aurífera propició que en nuestro país se desarrollaran políticas monopólicas favorables al capital foráneo en materia de transporte y comunicaciones.
El tipo de acuerdo que se estableció con las compañías extranjeras en la segunda mitad del siglo XIX, tuvo su máxima expresión en el Protocolo Rojas-Péreire firmado en 1879, durante el gobierno de Guzman Blanco. Sus términos eran tan dañinos para la soberanía nacional que se enfrentó a la oposición de sectores económicos y políticos importantes, lo que impidió que éste se concretara. Nos atrevemos a afirmar que en el presente asistimos a la reactualización de las nefastas concesiones del periodo guzmancista, época en la que la élite creía que el flujo de capitales extranjeros era el remedio para todos los males y el motor del progreso.
Como vemos, este proceso en el que desemboca el Arco Minero tiene antecedentes históricos que no ignoramos y debemos incluir en el análisis para clarificar y ampliar la compresión de los alcances de estas operaciones técnicas y sus repercusiones en un potencial conflicto socioambiental de proporciones inusitadas. Con el fin de impulsar el Motor minero, el Ejecutivo ha firmado estas concesiones con 150 empresas de 35 países y aún se desconocen los términos de esta negociación.
Ante todo esto nos preguntamos: ¿Cuándo fuimos debidamente informadas sobre esta importante operación de concesionar nuestra más importante cuenca hidrográfica con 150 empresas de 35 naciones? ¿Cuándo fueron consultadas todas las comunidades indígenas que viven en la región, tal como lo ordena la constitución y Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas? ¿Qué pasó con la obligación del Estado de garantizar los derechos de las poblaciones indígenas? ¿Cuándo se realizaron los estudios de impacto ambiental que exige nuestro marco legal?
La sigilosa estrategia de activación del Motor Minero concesionando casi el 12% de nuestro territorio, corresponde tácticamente a las negociaciones vinculadas con la codicia y avaricia corporativista sin límites de los capitales transnacionales, que colocan el acceso a los “recursos naturales” como un problema de seguridad nacional para las grandes potencias y el aparato militar-industrial global, que requiere garantizar la disponibilidad de minerales estratégicos que consideran vitales para darle sustentabilidad a su poder hegemónico. Este contexto de guerra no convencional nos coloca en el ojo del huracán, con inmensas reservas de crudo extrapesados, agua dulce y materias primas más importantes del orbe, todo en el mismo territorio. En el tratamiento de los llamados “recursos naturales” y particularmente su raíz económica está la fuente de todos los conflictos, tal como lo describe Vandana Shiva.
Actualmente, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha emprendido, dentro de esta lógica del capitalismo rentístico extractivista, la marcha acelerada de unos proyectos que ponen en serio riesgo, como nunca antes, nuestro bienes comunes más preciados -el agua, la biodiversidad y el delicado equilibrio de nuestros ecosistemas a lo largo y ancho de nuestro territorio y más allá, costa afuera- con los modelos de negocios para la diversificación de la economía, basados en la explotación de las fajas minera, petrolera y pesquera bajo las figuras de las Zonas Estratégicas de Desarrollo Nacional (ZEDN) y las Zonas Económicas Especiales (ZEE), contenidas en la Ley de Regionalización Integral (LRI) aprobada en noviembre de 2014. El investigador Emiliano Terán Mantovani ha enumerado los principales proyectos extractivistas planteados por el Gobierno Bolivariano a la fecha: el Arco Minero (estados Bolívar y Amazonas), con sus cuatro bloques diferenciados por su potencial y definidos por colores: azul para el coltán, amarillo para el oro; marrón para el hierro y color perla para el diamante, que comprenden 111. 843 km2, a los que hay que sumar 55.314 km2 dela Faja Petrolífera del Orinoco. Además, están los proyectos Rafael Urdaneta y Mariscal Sucre de Gas Off Shore (29 bloques desde el Golfo de Venezuela hasta noreste del estado Falcón); Carbozulia en la zona noroccidental del estado Zulia, que prevé apertura de nuevas minas con la afectación de los ríos Socuy, Maché y Cachirí; Lomas de Níquel para extracción de yacimientos a cielo abierto en los estados Aragua y Miranda; y la Faja Pesquera Acuícola de Venezuela en el eje norte costero de las fachadas atlánticas y caribeñas, con producción pensada para consumo interno y exportación de pescado para la generación de divisas.
Somos conscientes de que el complejo militar industrial, las transnacionales mineras y los especuladores financieros tienen absoluta indiferencia por el debate ecológico, ni siquiera por el papel de resistencia de las comunidades y pueblos que protestan y rechazan lo que consideran una amenaza a la continuidad de la vida en el planeta y mucho menos si nuestros Estados nacionales vigilan o garantizan el cumplimiento de las normas ambientales.
La región nuestramericana y caribeña donde nos encontramos posee el 40% de la biodiversidad del mundo, reúne ocho de las 25 ecoregiones terrestres biológicamente más ricas del planeta; que contienen 246.000 especies de plantas, 1.597 de anfibios; 1.208 de reptiles, 1.267 de aves y 575 de mamíferos. El 41,9% de Nuestramérica está cubierto de bosques naturales. Los 12 países que conforman UNASUR representan el más grande reservorio de recursos naturales del mundo: el 26 % de agua dulce del mundo, el más grande pulmón vegetal con la más importante reserva forestal, y todos los minerales, inclusive los elementos no despejados o descubiertos de la tabla de Mendeleiev, están en nuestros suelos. Estos datos son importantes ponerlos en contexto junto a los planes que el capitalismo, la financiarización y mercantilización global vienen planteando para nuestras economías vulnerables, poco desarrolladas, que acrecientan nuestra dependencia de distintos mecanismos disfrazados de cooperación internacional: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, (NAFTA, 1994); el Plan Puebla Panamá (2001); y los Ramales y Conexiones Regionales Complementarios para Conformar la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM); la Iniciativa Mesoamericana de Interconexión Energética basado en el ALCA; el CAFTA con sus peligrosos capítulos de Inversiones, Medioambiente y Propiedad Intelectual (2002-2006); sus organismos como el CIADI (Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones) cuya sede comparte con el Banco Mundial (BM); el ACA (Acuerdo de Cooperación Ambiental) con USA para el “crecimiento del comercio e inversión de bienes y servicios ambientales” y los conocidos Tratados Bilaterales de Libre Comercio (TLC), los recientemente firmados tratados de Alianza del Pacífico (extensión del TransPacific Partnership o TPP), y el Trade In Services Agreement (o TISA), todos éstos operan bajo el principio de deuda por naturaleza, cosificando y mercantilizando nuestros bienes comunes, manejándolos como commodities, vulnerando nuestras soberanías y aumentando nuestra dependencia, puesto que subordinan nuestros Estados Nacionales y marcos jurídicos a una legislación global.
El tema de la soberanía sobre nuestros territorios –como con nuestros cuerpos- nos ha colocado, de acuerdo con la visión del capitalismo heteropatriarcal, en minoría de edad, sin poder de decisión y con una voz reducida al eco de la queja. Así es percibida la naturaleza, el espacio territorial y político es una vacante donde los modelos negocios, explotación e intercambio prosperan, invisibilizando y anulando los conflictos socioambientales que estallan cíclicamente de manera dramática, pues cobran la vida de las mujeres y la infancia arrasada por las políticas del capitalismo globalizado. El Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) y la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur (IIRSA) no está desligado de estos planes que pretenden expandir los alcances del Arco Minero y la Locomotora Minera (Colombia), con cuyas cuencas hidrográficas compartimos históricas relaciones carnales, culturales y comerciales. La sequía, la destrucción de la vida orgánica, el paramilitarismo, el contrabando, el secuestro, el asesinato, el desplazamiento forzado de las comunidades indígenas, la violencia sexista, la prostitución y trata de personas, así como la militarización y el fenómeno de la guerrilla y el hampa común son algunos de los macabros productos del negocio de la extracción minera.
Asimismo, las cifras divulgadas en varios estudios demuestran que, entre los humanos, las mujeres pobres no blancas son las más afecta-das por la destrucción del ambiente y sus consecuentes catástrofes naturales. Asimismo, la actividad minera afecta directamente la vida de las niñas, las adolescentes y las mujeres indígenas y criollas, quienes están expuestas a la bio-acumulación de mercurio, la explotación  laboral, el alcoholismo y la aculturación; son las principales víctimas de la violencia sexista, especialmente la sexual, están expuestas a enfermedades de transmisión sexual y son empujadas desde la infancia a la prostitución y trabajo forzado. Esta serie de agresiones se realiza con la participación de los militares y autoridades locales, amparados en la indiferencia del Estado.
Sin embargo, las mujeres indígenas y mestizas no han sido simples víctimas. Como resultado de su propia experiencia, las mujeres son dueñas de una mayor conciencia y visión de que el deterioro de la naturaleza y de sus recursos desemboca en el deterioro de la vida. Muchas se han sobrepuesto valientemente a esta constante coacción sexista y se han convertido en las principales protagonistas en la lucha por construir, a riesgo de sus vidas, un tipo diferente de lazo social y otro modelo de relación con la naturaleza y los seres vivos, como lo demuestran las figuras de Berta Cáceres y Máxima Acuña.
Las mujeres venezolanas, quienes hemos sido las más afectadas por la llamada guerra económica que vive el país, hemos jugado un papel fundamental en los partidos políticos, hemos liderado los diversos movimientos de base y las numerosas misiones sociales impulsados por el Gobierno bolivariano. Por lo tanto, hemos acumulado una amplia experiencia organizativa que se ha traducido en el fortalecimiento del trabajo en colectivo.
Las mujeres hemos sufrido durante muchos años todas las formas de violencia generada por la metástasis sexista neoliberal, asimismo, hemos sentipensado la amenaza a todas las formas de vida en el planeta generada por el capitalismo patriarcal. El ecofeminismo nos ha permitido adquirir una conciencia ética y política del papel protagónico que hemos jugado las mujeres como defensoras y protectoras de todo tipo de vida orgánica. También nos ha llevado a explorar los complejos vínculos entre el sistema patriarcal y sus distintas formas de violencia, incluida la dirigida hacia la naturaleza. Además de ubicar en el actual sistema capitalista global tanto las causas de la destrucción acelerada de nuestros ecosistemas como el despojo del conocimiento acumulado por nuestras diversas comunidades indígenas.
En ese sentido, consideramos que una de nuestras más urgentes acciones es detener el avance del demoledor Motor Minero, que es la expresión más reciente de la explotación y penetración sin fin de la naturaleza, y un hito más del “mal desarrollo” occidental. Si se llega a poner en marcha el Motor Minero y el proyecto del Arco Minero del Orinoco, con la llegada de 150 empresas transnacionales, el proceso de deterioro de todas las formas de vida se acelerará y acabará con la diversidad cultural, al afectar directamente el hábitat y exterminar las formas de vida de las distintas comunidades y pueblos indígenas ubicados en la zona.
Las ecofeministas exigimos una inmediata moratoria de esta negociación de una magnitud que no dudamos en calificar de ecocidio y que no tiene precedentes en la historia de la Venezuela republicana. Esta demanda esta sustentada en nuestro conocimiento de la historia económica y política de nuestro país y en la toma de consciencia de los irreversibles efectos del extractivismo minero en los diferentes ecosistemas y en la soberanía de nuestros países. Las consecuencias son abisales, por eso extraña que las y los venezolanos no hayamos sido consultados, mucho menos informados, sobre los términos de esta negociación.
Por estas razones, el reclamo incluye el llamado a que el gobierno venezolano, en correlación con los principios de la Constitución Bolivariana, promueva el diálogo sobre el Motor Minero. Un  diálogo que no debe temer al debate y mucho menos a la escucha de lo que tenemos que decir las mujeres organizadas. Este es el momento propicio para abrir la discusión franca sobre otras formas de producción que den resultados sostenidos y sustentables a largo plazo, y para deliberar sobre un modelo económico diferente que no comprometa la soberanía, a la vez que se desprenda de la lógica de destrucción de la naturaleza y de las formas de vida de las distintas poblaciones que habitan las regiones afectadas.
Las ecofeministas tenemos mucho que aportar a esta discusión, pues hemos desarrollado un sólido aparato teórico que va desde la crítica a los presupuestos detrás de la tecnociencia, la filosofía moral tradicional, la economía política hasta las propuestas de soluciones alternativas al modelo actual de dominio de la naturaleza. Además, tenemos una creciente experiencia organizativa que ha servido de modelo para todos aquellos que luchan por un mundo diferente.
La amenaza de extinción de uno de los ecosistemas más importantes del planeta, incluido el cuarto río más caudaloso del mundo, el Orinoco, la destrucción de la megabiodiversidad para el equilibrio planetario, el inevitable deterioro de la vida de los campesinos, la ampliación de distintas actividades criminales relacionadas con el extractivismo, el incremento de la violencia dirigida hacia las niñas, adolescentes y ancianas indígenas, así como el posible etnocidio de las comunidades y los pueblos indígenas pemón arekuna y pemón taurepang, sanema, ye ́kwana, mapoyo, piaroa, hiwi, e ́ñepa, kariña y akawaio, nos autoriza a hacer este urgente llamado y a plantear nuestras exigencias.
¡Por la impostergable utopía ecofeminista: exigimos respeto para todas las formas de vida! ¡Cantemos a la vida! ¡No a la mina, sí a la vida!
LaDanta LasCanta Grupo de Investigación y Acción
ladantalascanta@gmail.com
@LaDantaLasCanta
https://www.facebook.com/La-Danta-Lascanta-Grupo-Ecofeminista
fuente: http://www.rebelion.org/docs/212954.pdf

______Venezuela_ECOfeministas

Venezuela: Carta de Lucía Martínez, esposa del Cacique Sabino Romero Izarra a la Fiscal General de la República

________Lucia__ViudaSabino

Carta de Lucía Martínez, esposa del Cacique Sabino Romero Izarra a la Fiscal General de la República abogada Dra. Luisa Ortega Díaz. Ciudadana: Luisa Ortega Díaz Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela Presente.-
Yo, Lucía Martínez Romero portadora de la cédula de identidad Nº 13.707.493 indígena Yukpa, habitante de la comunidad Chaktapa de la Sierra de Perijá parroquia Libertad del municipio Machiques de Perijá del estado Zulia de la República Bolivariana de Venezuela, viuda del Cacique Sabino Romero Izarra asesinado en mi presencia y de mi hijo menor de edad en la comunidad Yukpa Tukuko el día 3 de marzo de 2013, hecho en el cual salí herida.
En mi doble calidad de victima quisiera que me respondiera por escrito cuales son las razones por las cuales el Ministerio Público se niega a realizar el juicio a los actores intelectuales que pagaron al sicario El Manguera para asesinar a mi marido Sabino Romero Izarra. Las comunidades Yukpa del Yaza sabemos cuáles son los ganaderos que pagaron para asesinarnos.
En noviembre de 2015 el Vicefiscal, Joel Gerardo Espinoza Dávila me informa personalmente en su oficina, fui ese día acompañada de la Presidenta de la Comisión Presidencial de Familiares Victimas del Sicariato Maite García, que el juicio contra los actores intelectuales del asesinato del Cacique Sabino Romero Izarra se realizaría a finales de año. Los dos (2) juicios anteriores de los actores materiales: los cinco (5) policías de Machiques y el sicario ganadero El Manguera estuvo a cargo de la Jueza Vanessa Yajaira Lista Lares del Tribunal 17º de Juicio Itinerante del Área Metropolitana de Caracas y del Fiscal 38 del Ministerio Público, abogado Edgar Angulo Bentancourt.
Desde antes de comenzar dichos juicios tanto el Fiscal Espinoza Dávila como Angulo Bentancourt nos había informado lo mismo: separar el juicio en tres (3) partes: primero los cinco (5) policía, luego al sicario Ángel Romero Bracho alias El Manguera, y por último a los actores intelectuales, es decir los ganaderos de Gadema.
La Fiscalía Laura Álvarez adscrita a la Dirección General de Acción Procesal informó el lunes 14 del presente mes vía telefónica que el caso estaba cerrado. Pero resulta extraño todo esto, porque el Ministerio Público cambio ahora de parecer.
Ni el Vicefiscal, Joel Gerardo Espinoza Dávila ni Fiscal 38 del Ministerio Público, abogado Edgar Angulo Bentancourt hoy trabajan en este ministerio. No tenemos testigos de las palabras de estos dos (2) fiscales. Hasta la fecha nadie del Ministerio Público me ha informado de esta arbitraria e ilegal decisión.
Todos mis derechos como doblemente víctima han sido violados, no hay consideración a los indígenas ni a los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas, pues yo soy miembro de la ASOCIACIÓN DE MUJERES INDÍGENAS YUKPA DE LA SIERRA DE PERIJÁ “ORIPANTO OAYAPO TÜONDE”
Exigimos una vez más justicia a la Fiscal General de la República abogada Luisa Ortega Díaz como lo hicimos antes de la muerte de Sabino y de nuevo ahora que está muerto, y sus asesinos intelectuales como antes continúan atropellándonos sin piedad alguna. Continúan libres por las calles de Machiques y los camellones y senderos de la Sierra de Perijá, todavía tienen en su poder muchas de nuestras tierras originales y ancestrales por las cuales murió mi marido, mi suegro, mi yerno y seis más de nosotros, de Chaktapa. Peleamos por nuestros territorios que ocupamos desde hace miles de años. Por esto nos asesinan.
Queremos justicia.
Chaktapa, Sierra de Perijá, Junio de 2016.
Lucía Martínez Romero
Victima

A9EJPsabinoRomero (1).jpg
EL LIDER YUKPA SABINO ROMERO ASESINADO EL 3 DE MARZO DE 2013

 

enviado por Lusbi Portillo  

homoetnatura@gmail.com
_________ECO_Venezuela_2016

Llamado a solidaridad internacional contra la represion del magisterio

A los medios libres
A la comunidad en el extranjero

Hacemos un llamado a los y las activistas sociales para iniciar acciones
directas en las embajadas mexicanas en el extranjero demandando un alto a las agresiones contra los y las maestras organizadas que se manifiestan contra la mal llamada “reforma educativa.”

La tarde del 11 de junio de 2016 en Tehuantepec, Oaxaca, fue detenido por agentes federales vestidos de civil, el maestro Francisco Villalobos,
secretario de organización de la sección 22 de Oaxaca y la madrugada del 12 de junio, en una acción violenta, apresaron en la ciudad de México a Rubén Núñez Ginés secretario general de la misma sección, en la avenida Insurgentes norte entre las colonias Santa Isabel Tola y el Risco, con ello, los tres profesores que ocupan las carteras principales del comité seccional, ahora son presos de conciencia, los cargos que les imputan son el “robo de libros de texto gratuito propiedad de la SEP, en el año de 2015”.

Esta agresión a la sección 22, se suma a la sufrida por los padres de
familia y maestros de Tabasco el día 10 de junio  con saldo de decenas de golpeados y tres detenidos y, al desalojo militar de la plaza central de
Oaxaca y del IEEPO, ocurrido la madrugada del 12 de junio en donde todavía se hace un recuento de los daños.

Los actos violentos contra los maestros y las maestras han sido expuestos al mundo entero, las violaciones a los derechos humanos y civiles son el arma de cada día usada contra todos y todas aquellas que se manifiestan en la defensa de la educación, derechos laborales, por los ríos, el agua o los bosques, o que se oponen a la violencia de género.

En el extranjero reprobamos las acciones violentas contra los y las
manifestantes y exigimos un alto a las agresiones contra los y las
maestras a nivel nacional.

Exigimos la libertad de todos los presos políticos de la sección 22 de
Oaxaca.

Alto al envío de dinero al gobierno mexicano por medio del Plan Mérida
utilizado por el gobierno mexicano para agredir a los y las manifestantes.

Asimismo, denunciamos la ignominia de los medios de comunicación, los grupos de choque y las  autoridades gubernamentales que han violentado a los y las maestras movilizados a nivel nacional, en particular en Chiapas, Michoacán, Guerrero, Tabasco y Oaxaca.

¡Alto al terrorismo de Estado!
¡Abajo las reformas estructurales!
¡Abajo la falsa reforma educativa!
¡Por la reinstalación de los maestros despedidos!
¡Por la libertad de los maestros presos!

Los firmantes:

Red en EU de tejemedio: FB Frente Ayotzinapa USA; @FrentexAyotziUS;
Colectivo Mamut del área de San Diego Norte
Raíces sin Fronteras
Todo Poder al Pueblo  de Oxnard,California
Comité Québec-Ottawa con Ayotzinapa
Australia in Action for Ayotzinapa – Melbourne
Solidaridad por Mexico – Sydney
Justice for for Ayotzinapa Grand Rapids Michigan
Fanzine Detektor NY
Solidaridad con el Pueblo Mexicano – Málaga
Colectivo Ciudadano Belgicanos – Bélgica
Collectif Marseille-Ayotzinapa
Mut Vitz 13
Mexicanos por los derechos humanos, Luxemburgo
Solidarité pour le Mexique-Strasbourg, Francia.

---

Al pueblo de México

 12 de junio 2016

 La madrugada de hoy fueron desalojados, con lujo de violencia, las y los profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación(CNTE), que sostenían un plantón en las inmediaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) en demanda de la instalación de una mesa de negociación con el gobierno federal para discutir la mal llamada Reforma Educativa. Más de 1 mil policías acordonaron y desalojaron a las y los docentes, y les lanzaron gases lacrimógenos.

 El hecho, sumado a las recientes detenciones arbitrarias de Francisco
Villalobos y Rubén Núñez Ginés, secretario de organización y secretario
general de la sección 22 magisterial, respectivamente, quienes ya fueron trasladados un penal federal de máxima seguridad, representan golpes desesperados del Estado corporativo y fascista para detener al movimiento magisterial, que desde el 15 de mayo pasado se encuentra en huelga nacional, resistiendo con dignidad a las diversas caras de la represión: desde los intentos de desalojo contra quienes sostienen un plantón en la Ciudad de México, hasta los linchamientos mediáticos, como ocurrió particularmente con el magisterio chiapaneco, además de encapsulamientos y amenazas.  Cabe destacar que, a la fecha, suman ya 13 los presos políticos de la sección 22, personas que, como Francisco Villalobos y Rubén Núñez, han sido injustamente criminalizadas.

Sostenemos que su encarcelamiento es en represalia a la lucha que han
emprendido en defensa de los derechos de la población, en particular el
derecho a la educación.

 Las agresiones de Estado con blanco en las y los maestros oaxaqueños, se suman a la ola de violencia y criminalización emprendida en contra del magisterio a nivel nacional. Recordemos que, el pasado 10 de junio, en la comunidad de Tamulté de las Sabanas, en Tabasco, fueron desalojados, con uso de gas lacrimógeno y balas de goma, padres de familia, maestros y pueblo en general que se manifestaban pacíficamente en contra de la mal llamada Reforma Educativa y en apoyo a la CNTE.

Con estas acciones, el gobierno mexicano sólo prueba su cerrazón al
diálogo y su afán de imponer las reformas estructurales a sangre y fuego.

 El déspota Enrique Peña Nieto y el sargento Aurelio Nuño Mayer se
equivocan si creen que lograrán la rendición de la CNTE, que las y los
maestros organizados acepten la reforma como condición para el diálogo.
Al contrario, lo único que lograrán es mayor unión del digno magisterio
de nuestro país.

 EXIGIMOS:

 ALTO A LA REPRESIÓN EN CONTRA DEL MAGISTERIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE ESTA OLA DE VIOLENCIA

 APERTURA DE UNA MESA DE NEGOCIACIÓN CON EL GOBIERNO FEDERAL PARA DISCUTIR LA MAL LLAMADA REFORMA EDUCATIVA

 LIBERTAD INCONDICIONAL E INMEDIATA A LAS Y LOS PRESOS POLÍTICOS DEL PAÍS.

 ¡UNÁMONOS TODOS Y TODAS AL PARO MAGISTERIAL!

 Comité Nacional por la Libertad de las y los Presos Políticos

Apunte sobre la guerra contra el magisterio en resistencia: (La Hora del Policía 3).

Junio del 2016.
Del cuaderno de apuntes del Gato-perro:
.- No sabemos si en el resto del país, pero al menos en Chiapas, los de arriba están perdiendo la guerra mediática.
Hemos visto a familias enteras, en el medio rural y el urbano, apoyar al magisterio. Y no nos referimos a apoyos del tipo “este puño sí se ve”, “el pueblo unido, jamás será vencido”, y las consignas que, a pesar de las distancias en calendarios y geografías, siguen siendo las mismas, porque abajo sigue siendo de elemental principio la solidaridad. Si en movilizaciones anteriores del magisterio rebelde, la “ciudadanía” (ese término que oculta la desigualdad) se mostraba hastiada y molesta, ahora las cosas han cambiado.
Cada vez más son las familias que socorren a l@s maestr@s, los apoyan para sus viajes y marchas, se angustian cuando son agredid@s, les ofrecen alimentos, bebidas y refugio. Son familias que, según la taxonomía de la izquierda electoral, estarían “embrutecidas” por la televisión, “son come tortas”, “están alienadas”, “son acarreadas”, “no tienen conciencia”. Pero al parecer, la descomunal campaña mediática en contra del magisterio que resiste, ha fracasado. El movimiento de resistencia contra la reforma educativa se ha convertido en un espejo para cada vez más gente-gente (es decir, no la de organizaciones sociales y políticas, sino gente común). Como si se hubiera despertado un sentimiento colectivo de urgencia ante la tragedia que viene. Como si cada golpe de tolete, cada bomba de gas, cada bala de goma, cada orden de aprehensión, fueran consignas elocuentes: “hoy la ataco a ella, a él; mañana iré por ti”. Tal vez por eso, detrás de cada maestro hay familias enteras que simpatizan con su causa y con su lucha.
¿Por qué? ¿Por qué un movimiento que ha sido ferozmente atacado por todos los frentes sigue creciendo? ¿Por qué, si son “vándalos”, “holgazanes”, “terroristas”, “corruptos”, “opositores-al-progreso”, mucha gente de abajo, no poca de en medio, y hasta alguna de arriba, saluda, así sea a veces en silencio, al magisterio que defiende lo que cualquier persona defendería?
.- “La realidad es mentira”. Así pudo haber cabeceado su nota el diario chiapaneco mal llamado “Cuarto Poder” (un medio nostálgico por la época de fincas y señores de horca y cuchillo) cuando “denunciaba” que era falsa la fiesta popular que, el pasado 9 de junio y en las calles de Tuxtla Gutiérrez, capital del suroriental estado mexicano de Chiapas, se celebró en apoyo al magisterio en resistencia. Parachicos, danzantes, musiqueros, trajes tradicionales, personas en sillas de ruedas, marimbas, tambores, pitos y flautas, lo mejor del arte zoque y miles de personas saludando la resistencia de l@s maestr@s. Del “éxito” de la guerra mediática contra la CNTE da cuenta una pancarta que rezaba “Gracias maestro, por enseñarme a luchar”. Otra más señalaba: “No soy maestro, pero soy chiapaneco y estoy contra la reforma educativa”.
Pero la que molestó a los directivos de “Cuarto Poder” fue la que decía, palabras más, palabras menos: “Si al güero Velasco lo ponen a gobernar en el desierto, en unos meses escaseaba la arena”.
.- Pues, a más de 3 años de que se promulgara la presunta “reforma educativa”, el señor Nuño todavía no puede presentar algún argumento educativo, así sea mínimo, a favor de su “programa de ajuste de personal”. Sus argumentos han sido, hasta ahora, los mismos de cualquier capataz de la época porfirista: gritos histéricos, golpes, amenazas, despidos, encarcelamientos. Los mismos que emplearía cualquier triste y gris aspirante a policía posmoderno.
.- Ya los golpearon, ya los gasearon, ya los encarcelaron, ya los amenazaron, ya los despidieron injustamente, ya los calumniaron, ya decretaron de facto el estado de sitio en la Ciudad de México. ¿Qué sigue? ¿Qué los desaparezcan? ¿Qué los asesinen? ¿En serio? ¿La reforma “educativa” nacerá sobre la sangre y cadáveres de maestras y maestros? ¿Van a suplir los plantones magisteriales con plantones policíacos y militares? ¿Los bloqueos de protesta por bloqueos con tanques y bayonetas?
.- Lecciones para Nuño sobre Terrorismo. La toma de rehenes (que eso y no otra cosa es la detención de miembros de la dirección de la CNTE), en cualquier terrorismo (el del Estado y el de sus espejos fundamentalistas) es un recurso para forzar un diálogo y una negociación. No sabemos si allá arriba se han dado cuenta o no, pero resulta que la otra parte (el magisterio) es quien busca el diálogo y la negociación. ¿O la SEP ya se afilió a ISIS y toma rehenes sólo para sembrar el terror?
.- Hay una anécdota que circulaba entre los servicios de inteligencia gubernamentales de las grandes potencias. Dicen que, para ganar la batalla mediática en la guerra contra Vietnam, los servicios de inteligencia norteamericanos creaban, ésa es la palabra, escenarios de victorias rotundas, de la creciente debilidad del enemigo, de la fortaleza moral y material de las tropas propias. Porque resulta que la estrategia llamada “ganar mentes y corazones”, que inicialmente estaba destinada a librarse en Vietnam, tuvo que librarse en las calles de las grandes ciudades de la Unión Americana. Después de ese abril de 1975 -que recordaba la derrota en Playa Girón, en la Cuba digna, en el mismo mes, pero de 1961-, un funcionario norteamericano dijo: “el problema es que fabricamos tantas mentiras para los medios que acabamos por creerlas nosotros mismos. Creamos una escenografía de victoria que ocultaba nuestro fracaso. Nuestra propia estridencia evitó que escucháramos el estrépito de nuestro derrumbe. No está mal mentir, lo malo es creerse las propias mentiras”. En fin, es claro que nosotras, nosotros, zapatistas, no sabemos mucho de medios de comunicación, pero en nuestra humilde opinión, es mal negocio poner, al frente de la campaña mediática de una privatización descarada, a un capataz triste y gris que quiere ser policía.
.- Iniciar a la niñez en los primeros pasos a la ciencia y el arte, eso es lo que hacen los maestros, maestras y maestroas.
Doy fe.
Maiu-Guau.