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6 abr. 2016

ORGANIZACIONES INDÍGENAS DE AMAZONAS SOLICITAN AL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO TOMAR MEDIDAS CONTRA LA MINERÍA ILEGAL EN LA REGIÓN

Las organizaciones indígenas del Estado Amazonas agrupadas en la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM), han solicitado al Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, mediante comunicación escrita de fecha 04 de abril de 2016, adoptar medidas urgentes frente al grave y creciente problema de la minería ilegal en la Amazonía venezolana.

Las organizaciones señalan en su escrito que: “Estamos profundamente preocupados debido a la creciente ACTIVIDAD MINERA ILEGAL (minería de oro) en varias zonas del Estado Amazonas, la cual afecta a numerosos pueblos y comunidades indígenas de la región. Durante los últimos años (2014 – 2015 – 2016) se ha observado un incremento de la minería ilegal en los cauces de numerosos ríos y zonas de selva alta, incluyendo la utilización de máquinas motobombas y embarcaciones con máquinas chupadoras, que utilizan métodos de dragado de las aguas de los ríos para la extracción de oro. El resultado de esta actividad ilegal ha sido una evidente destrucción ambiental en zonas como el Parque Nacional Yapacana, y los ríos Orinoco, Atabapo, Guainía, Sipapo – Guayapo, Alto Cuao, Ocamo, Manapiare – Ventuari, Parucito – Majagua, Parú, Asita, Siapa y otros; contaminación de las aguas por presencia de mercurio y otras sustancias tóxicas, así como la alteración del ecosistema fluvial en general, incluyendo la vida de numerosos peces que son fuente de alimento para las comunidades indígenas ribereñas y las capitales de Municipios. En las áreas afectadas se observan impactos ambientales como deforestación de grandes cantidades de selva tropical, desviación del curso de las aguas de ríos y caños, procesos de sedimentación y la afectación de numerosos ecosistemas amazónicos. De esta situación hay numerosos informes y numerosa documentación en la Defensoría del Pueblo y en la Fiscalía del Estado Amazonas.”

Las organizaciones destacan que la actividad minera ilegal en todo el Estado Amazonas va acompañada de otras muchas ilegalidades, tales como el contrabando de productos nacionales, el tráfico de combustible, la prostitución, la delincuencia organizada, la entrada ilegal al territorio nacional de personas foráneas sobretodo de Colombia y Brasil, la presencia de grupos armados generadores de violencia y el tráfico de sustancias prohibidas por la ley. Todas estas actividades ilegales y en concreto la minería ilegal son hechos públicos ampliamente conocidos y difundidos por las comunidades y los medios de comunicación.

Las organizaciones señalan que esta situación la han presentado en varias oportunidades en mesas de diálogo con la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de la Defensa, CECODENA, el Ministerio para los Pueblos Indígenas, la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, y las Comisiones de Defensa y Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional. También les preocupa que mientras el problema aumenta y se detectan nuevos focos mineros ilegales en toda la región, en muchos casos las autoridades del Estado venezolano no han logrado controlar efectivamente el problema de la actividad minera ilegal que afecta a nuestros pueblos y comunidades y a la población en general.

Es importante resaltar que en el Estado Amazonas hay numerosas ÁREAS PROTEGIDAS, como los Parques Nacionales YAPACANA, Parima Tapirapecó, Duida Marawaka, La Neblina; la Reserva de Biósfera Alto Orinoco Casiquiare; Zonas Protectoras, Reservas Forestales y Monumentos Naturales; y existe el Decreto Presidencial N° 269 del año 1989, que prohíbe la minería en todo el territorio de Amazonas.

Las organizaciones indígenas del Estado Amazonas agrupadas en la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM), han solicitado al Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, mediante comunicación escrita de fecha 04 de abril de 2016, adoptar medidas urgentes frente al grave y creciente problema de la minería ilegal en la Amazonía venezolana.

Las organizaciones señalan en su escrito que: “Estamos profundamente preocupados debido a la creciente ACTIVIDAD MINERA ILEGAL (minería de oro) en varias zonas del Estado Amazonas, la cual afecta a numerosos pueblos y comunidades indígenas de la región. Durante los últimos años (2014 – 2015 – 2016) se ha observado un incremento de la minería ilegal en los cauces de numerosos ríos y zonas de selva alta, incluyendo la utilización de máquinas motobombas y embarcaciones con máquinas chupadoras, que utilizan métodos de dragado de las aguas de los ríos para la extracción de oro. El resultado de esta actividad ilegal ha sido una evidente destrucción ambiental en zonas como el Parque Nacional Yapacana, y los ríos Orinoco, Atabapo, Guainía, Sipapo – Guayapo, Alto Cuao, Ocamo, Manapiare – Ventuari, Parucito – Majagua, Parú, Asita, Siapa y otros; contaminación de las aguas por presencia de mercurio y otras sustancias tóxicas, así como la alteración del ecosistema fluvial en general, incluyendo la vida de numerosos peces que son fuente de alimento para las comunidades indígenas ribereñas y las capitales de Municipios. En las áreas afectadas se observan impactos ambientales como deforestación de grandes cantidades de selva tropical, desviación del curso de las aguas de ríos y caños, procesos de sedimentación y la afectación de numerosos ecosistemas amazónicos. De esta situación hay numerosos informes y numerosa documentación en la Defensoría del Pueblo y en la Fiscalía del Estado Amazonas.”

Las organizaciones destacan que la actividad minera ilegal en todo el Estado Amazonas va acompañada de otras muchas ilegalidades, tales como el contrabando de productos nacionales, el tráfico de combustible, la prostitución, la delincuencia organizada, la entrada ilegal al territorio nacional de personas foráneas sobretodo de Colombia y Brasil, la presencia de grupos armados generadores de violencia y el tráfico de sustancias prohibidas por la ley. Todas estas actividades ilegales y en concreto la minería ilegal son hechos públicos ampliamente conocidos y difundidos por las comunidades y los medios de comunicación.

Las organizaciones señalan que esta situación la han presentado en varias oportunidades en mesas de diálogo con la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de la Defensa, CECODENA, el Ministerio para los Pueblos Indígenas, la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, y las Comisiones de Defensa y Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional. También les preocupa que mientras el problema aumenta y se detectan nuevos focos mineros ilegales en toda la región, en muchos casos las autoridades del Estado venezolano no han logrado controlar efectivamente el problema de la actividad minera ilegal que afecta a nuestros pueblos y comunidades y a la población en general.

Es importante resaltar que en el Estado Amazonas hay numerosas ÁREAS PROTEGIDAS, como los Parques Nacionales YAPACANA, Parima Tapirapecó, Duida Marawaka, La Neblina; la Reserva de Biósfera Alto Orinoco Casiquiare; Zonas Protectoras, Reservas Forestales y Monumentos Naturales; y existe el Decreto Presidencial N° 269 del año 1989, que prohíbe la minería en todo el territorio de Amazonas.

En la solicitud se destaca que “Debido a la alta fragilidad ecológica de los ecosistemas amazónicos, y que en su mayoría nuestros hábitats y tierras no han sido demarcados como reconoce el artículo 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;  ratificamos que la vocación natural del Estado Amazonas deberá ser de preservación de recursos hídricos para el futuro del país, conservación de la diversidad biológica, y realización de actividades económicas sostenibles en la Amazonía (agroforestería, artesanía,  silvicultura, agricultura cónsona con el ambiente  -cacao orgánico-, pesca artesanal, ganadería bufalina no extensiva, apicultura y ecoturismo. Creemos que también se pueden promover fuentes alternativas de energía como la energía solar e hidroeléctrica a menor escala previo estudio de impacto ambiental.”

Las organizaciones indígenas insisten “Queremos hacer un llamado al Gobierno Nacional para que se tomen medidas efectivas que protejan la Amazonía venezolana de estos fuertes impactos ambientales y socioculturales. En este sentido, al expresar nuestra preocupación por la implementación del llamado Arco Minero del Orinoco, reconocemos como positivo que se haya excluido al Estado Amazonas de las actividades propias de esta política del Estado venezolano.”

Finalmente las organizaciones manifiestan la necesidad de sentarse con el Gobierno Nacional para dialogar sobre estos problemas, especialmente con la Presidencia de la República, a los efectos de que desde el Gobierno Nacional, se puedan coordinar acciones efectivas y medidas concretas que permitan controlar y erradicar la minería ilegal en Amazonas.

En la solicitud se destaca que “Debido a la alta fragilidad ecológica de los ecosistemas amazónicos, y que en su mayoría nuestros hábitats y tierras no han sido demarcados como reconoce el artículo 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;  ratificamos que la vocación natural del Estado Amazonas deberá ser de preservación de recursos hídricos para el futuro del país, conservación de la diversidad biológica, y realización de actividades económicas sostenibles en la Amazonía (agroforestería, artesanía,  silvicultura, agricultura cónsona con el ambiente  -cacao orgánico-, pesca artesanal, ganadería bufalina no extensiva, apicultura y ecoturismo. Creemos que también se pueden promover fuentes alternativas de energía como la energía solar e hidroeléctrica a menor escala previo estudio de impacto ambiental.”

Las organizaciones indígenas insisten “Queremos hacer un llamado al Gobierno Nacional para que se tomen medidas efectivas que protejan la Amazonía venezolana de estos fuertes impactos ambientales y socioculturales. En este sentido, al expresar nuestra preocupación por la implementación del llamado Arco Minero del Orinoco, reconocemos como positivo que se haya excluido al Estado Amazonas de las actividades propias de esta política del Estado venezolano.”

Finalmente las organizaciones manifiestan la necesidad de sentarse con el Gobierno Nacional para dialogar sobre estos problemas, especialmente con la Presidencia de la República, a los efectos de que desde el Gobierno Nacional, se puedan coordinar acciones efectivas y medidas concretas que permitan controlar y erradicar la minería ilegal en Amazonas.

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