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27 abr. 2016

Los Yukpa denuncian al Estado-Gobierno por violar sus derechos humanos



Sociedad Homo et Natura
El pueblo Yukpa y sus comunidades están sometidos en el Zulia a un cerco de indiferencia y abandono violatorios a los derechos humanos por parte de los gobiernos nacional, regional y municipal.

En verdad esta situación de abandono e indiferencia gubernamental, no solo es sufrida por esta parcialidad Caribe asentada en la Sierra de Perijá del estado Zulia de la República Bolivariana de Venezuela, es vivida por todos los pueblos y comunidades indígenas a lo largo y ancho del territorio nacional. La minería ilegal y legal, explotación petrolera, incursión y represión militar y guerrilleras en las comunidades, ausencia de políticas públicas y la paralización o mal manejo de la demarcación y de dotación de tierra acogotan y aniquilan la paz y el buen vivir de las distintas comunidades aborígenes venezolanas.

Parte de la superficie del territorio Yukpa sigue en manos de terratenientes y hacendados violentos de Machiques agremiados a la Asociación de Ganaderos de Machiques (GADEMA) que pagan ahora los servicios de sectores armados colombianos y delincuentes comunes para que custodien sus fundos agropecuarios. El Gobierno a través de los Ministerios de Pueblos Indígenas y de Agricultura y Tierra, así como del Instituto Nacional de Tierra (INTI) no ha terminado de entregar al pueblo Yukpa las haciendas y parcelas invasoras a su territorio ancestral solicitadas por décadas a los distintos gobiernos desde los tiempos del Instituto Agrario Nacional (IAN) y las comisiones indigenistas del Ministerio de Educación.

La política del Estado Gobierno Chavista nunca ha sido reconocer territorio, sino parcelas como si se tratarse de campesinos en tiempos de la Reforma Agraria, y se niega a reconocer derechos en el territorio y sobre el territorio donde habitan los pueblos indígenas. El caso más emblemático fue el juicio ordinario del Cacique Yukpa Sabino Romero Izarra, Alexander Fernández Fernández y Olegario Romero encerrados en el Fuerte Macoa de Machiques y en la Cárcel Nacional de Trujillo por 17 meses mientras se ejecutaba el juicio a pesar de la existencia del Capítulo VIII de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 260 de la misma, así como la Ley de Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), varios artículos en Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, entre otros.

Aún los dirigentes y comunidades que se agrupan en el Centro Originario Chaktapa donde vivía Sabino espera que el INTI les entregue los títulos colectivos del territorio indígena que ocupan las haciendas El Araguaney, Las Delicias, El Carmen, Mi Deleite, Barranquilla y San Salvador, y se reubiquen los invasores de los parcelamientos La Estrella y Las Flores; o se le entregue a los Yukpa Macoitas del río Apón la hacienda El Capitán ocupada desde el año 2000 y otras tantas a los Yukpa de los ríos Negro y el Tukuko. Todas estas tierras solicitadas están dentro de la superficie señalada por los títulos de propiedades colectivas de hábitat y tierras entregadas por la Procuraduría General de la República.

Aún sigue los familiares esperando el juicio a los actores materiales del asesinato del Cacique Yukpa Sabino Romero Izarra.

Ni el Ministerio de Educación ni la Gobernación del Zulia han acordado un mecanismo laboral y pedagógico que acabe con el ausentismo laboral de los docentes y el éxodo de los alumnos de las escuelas primaria existentes en el territorio Yukpa. Las familias de las cuencas del río Yaza y Tukuko han terminado por inscribir sus alumnos en un internado no intercultural y bilingüe ubicado en Barquisimeto, Lara llamado la Ciudad del Niño, profundizando así un mecanismo de desarraigo y alienación cultural al permanecer largo tiempo sus hijos alejados de sus comunidades y familias. Y esto es violatorio a sus derechos culturales.

Los gobiernos nacional, regional y municipal no implementan en las comunidades las dos medicinas pertenecientes a dos sistemas médicos que se pueden complementar y coexistir dentro de las comunidades indígenas del pueblo Yukpa. Es más los dispensarios están en el más completo deterioro y abandono, sin médicos ni medicamentos. Se mueren los niños casi semanalmente sin que se lleve ni siquiera una estadística al respecto.

En estos establecimientos de salud ni en el Hospital de Machiques existe sueros antiofídicos, es un drama los constantes traslados a la ciudad de Maracaibo de indígenas víctima de una mordedura de serpiente.

Dado el pésimo funcionamiento y carencia de medicamentos y equipos los indígenas se ven obligados para salvar la vida de sus familiares enfermos a trasladarlos por cuenta propia a los hospitales de Maracaibo.

No existe una política de atención agraria y de siembra permanente, como dotación de semillas y de implementos agrícolas. Se han entregado algunas haciendas sin elaborar un plan de trabajo y desarrollo agropecuario.

Las vías de comunicación están en la peor situación, muchas de ellas ya no pasan vehículos como las carreteras Cuesta del Padre a Chaktapa/Tukuko o la carretera de la hacienda Las Delicias a Kuse en la cuenca del río Yaza.

Sin política agraria ni pecuaria, tampoco el Estado-Gobierno implementa una política de ocupación laboral para los jóvenes y adolescentes de las comunidades Yukpa, trayendo como resultado la desocupación y el ocio, muchos de ellos se van a las ciudades del interior del país a vender artesanía, mendigar, o a robar ganado en las haciendas o entre comunidades indígenas, o al robo de motos.

Esta penosa situación vivida por los habitantes Yukpa de estas comunidades asentadas en la Sierra de Perijá del estado Zulia no es otra cosa que la permanente y sostenida violación de los derechos humanos por parte del Estado Gobierno.

Cerradas las puertas de la Gobernación del Zulia y el frustrante ir y venir a Caracas a buscar respuestas a esta situación en ministerios e instituciones competentes, los dirigentes indígenas se preparan de nuevo a ir a las Naciones Unidas y a la OIT a demandar soluciones a sus problemas por parte del Gobierno Nacional.

[Tomado de http://www.aporrea.org/ddhh/a225285.html.]
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