"Para Tod@s, Todo. Para Nosotr@s NADA" web de solidari@s con la insurgencia chiapaneca y las luchas indigenas en Venezuela y otras partes

3 ene. 2016

Las autodefensas indígenas se levantan al sur de Venezuela

Militares

A orillas del río Paragua, en el estado Bolívar, un grupo multiétnico de aborígenes desarmó a los militares y enfrenta al crimen organizado
Desde que hace cuatro años, la tarde del 27 de octubre de 2011, centenares de indígenas sometieron a 22 comandos de las Fuerzas Especiales del Ejército que se habían dedicado a explotar el oro de la mina Toronó, a orillas del río Paragua en el estado Bolívar, se desencadenó la secuencia de hechos que daría origen a la comunidad de Musukpa y su virtual independencia del Estado venezolano.
Hoy sus habitantes explotan la mina Toronó por su cuenta y de acuerdo a reglas que ellos mismos definieron. Cobran tributos para sufragar los gastos de salud y educación.
Y organizan, bajo el asedio simultáneo y asimétrico de cazadores de fortuna y de la estructura del Estado, rondas de seguridad.
DESPIERTA EL CAMARÓN
Musukpa significa "camarón" en idioma pemón. Un cartel tallado en madera y atado a un árbol, anuncia la llegada a la comunidad de Musukpa. A primera vista se abre una extensa porción de selva deforestada. Amplios bancos de arena, imposibles de abarcar de un solo vistazo, cubren el área. Encima corren largas mangueras que trepan por plataformas construidas de manera rudimentaria con troncos y pedazos de madera.
Son todos rastros de la minería. Aunque los pobladores sean indígenas, ya no practican la extracción artesanal. No hay conuco. La demanda de casabe se satisface con compras a comunidades vecinas. Musukpa es además una rara muestra de heterogeneidad. En ella conviven miembros de diferentes etnias del sur: pemones, yekuanas, chirianas, kurripakos y arawacos. También hay criollos en las 30 familias del lugar.
Musukpa se rige por un estricto compendio de normas de convivencia de 10 capítulos y 76 artículos, que ordena todos los aspectos de la vida comunitaria, desde el trabajo minero hasta el ingreso de visitantes.
La Ley Comunal, en su capítulo IX, establece un Fondo Social a cargo de una comisión especial elegida por el Consejo indígena, responsable de administrar los recursos económicos aportados por los dueños de máquinas, quienes cada semana deben declarar un reporte de ganancia y destinar un diezmo a la comunidad.
Todos los comerciantes, paleros y compradores de oro también están obligados a dar un aporte destinado a la autogestión.
A esa ley de facto se oponen las ordenanzas del criollo. En especial el Decreto presidencial 8.413, con "rango, valor y fuerza de Ley Orgánica" ­ Chávez lo firmó investido de poderes habilitantes­, que en septiembre de 2011 otorgó al Estado el monopolio de la exploración, explotación y comercialización del oro. Apenas dos meses después, ocho capitanes indígenas ­entre ellos, Alexis Romero, el activista pemón que en octubre del mismo año había lidiado con el coronel Cortez el desenlace de la escaramuza en la mina Toronó­ introdujeron un recurso de nulidad del Decreto.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó el recurso. En un solo plato, le dijo a los habitantes de los territorios en proceso de expropiación que no tienen derecho a decidir sobre sus propios entornos.
La precariedad legal no es la única debilidad que amenaza dar al traste con este experimento de autogobierno, que no de utopía. La más acuciante puede que sea el acecho de los maleantes que se han hecho fuertes en la zona.
LA SANGRE EN EL RÍO
Aunque desde 2005 se registran hechos de violencia alrededor del surgimiento de grupos irregulares que tomaron las minas en el sector Kilómetro 88 del municipio Sifontes, y El Manteco, en el municipio Piar, todos los testimonios coinciden en fechar el punto de quiebre entre el Estado y la comunidad a finales de agosto de 2013. Entonces desapareció Teodoro Osman, originario del sector de Bethel pero que tenía campamento en Musukpa. Su cuerpo se encontró dos semanas después, flotando en el río cerca del salto Uraima. El cadáver sirvió de aviso para que los pobladores se enteraran de que en La Paragua ya se aplicaba la ley del "sindicato".
El 21 de enero de 2014, casi cinco meses después de la muerte de Osman y tras numerosas reuniones internas, los pobladores emitieron un informe en Asamblea General, en el que dan cuenta de la presencia de grupos foráneos que portan armamento militar en sus territorios y realizan "extorsión, ultraje a mujeres, amenazas, secuestro y asesinatos". El asesinato de Osman y el deterioro de la seguridad en la zona de La Paragua coincidieron, llamativamente, con el retiro de las fuerzas militares hasta entonces estacionadas allí y el abandono de un punto de control ubicado a metros del Puerto Uraima, donde se encontró el cuerpo.
Uraima ­puerto, paso, salto e isla­ es un punto clave del río. Se trata de un trecho de casi un kilómetro que se recorre en vehículos de tracción en las cuatro ruedas y bordea los rápidos. El lugar también tiene fama como meca mundial de la pesca deportiva. Cerca, se encuentra la más reciente y productiva bulla, como se conoce a las inmigraciones súbitas y en tropel que ocurren cuando se corre la voz de un nuevo filón de oro. El nombre de la mina es Manaza. Queda rumbo al sur, hacia el alto Paragua, cerca de Musukpa y del abandonado punto de control militar. Manaza es todavía la mina más activa de la cuenca del Paragua. Todos los días siguen llegando aventureros. Pero en 2012, cuando la noticia de su riqueza empezaba a esparcirse, logró atraer a miles de personas. Un enfrentamiento entre grupos armados dejó ese año seis personas muertas. Dos bandas, la de Los 24, por un lado, y la de Marco Polo, por el otro, se disputaban el control de la zona. La refriega forzó a una intervención militar.
Quien tiene la llave de Uraima controla el tránsito por el Paragua, vital para las comunidades ribereñas. En 2013, un incidente allí dejó muy en claro hasta dónde llegaban las ambiciones de las bandas irregulares.
Un grupo de 15 maleantes se apoderó del paso. Al final, entre amenazas de agresiones, los indígenas consintieron Es verdad que los gobiernos de la autodenominada Revolución Bolivariana ­una de cuyas banderas es la sensibilidad oficial hacia los pueblos originarios­ ha reconocido el problema.
Como también lo es que no acierta en proponer e implementar soluciones.
Tres días después del manifiesto hecho público por los indígenas en enero de 2014, el entonces ministro de Interior, general Miguel Rodríguez Torres, reconoció la existencia de mafias que tomaron las minas, durante una visita al estado Bolívar. "Aquí tenemos un problema, hay algunos grupos que se hacen llamar sindicatos y en realidad son bandas armadas que se dedican a la extorsión". Durante esa visita, en una jornada que el gobernador Rangel Gómez calificó de "ejemplar", se prometió la creación de grupos especiales para la "neutralización de esas bandas que están haciendo prácticamente lo que les da la gana". Pero un año y medio después, la realidad no cambió casi en nada. Todavía en el reciente mes de junio de 2015, Rangel Gómez declaraba que se disponía a ir "con la firme decisión y todas las fuerzas para normalizar una situación que han generado los diferentes sindicatos mineros que tratan de tomar control de la zona con la minería ilegal".
En la cronología de hechos que dieron lugar a la virtual independencia de Musukpa ocupa un puesto destacado el comunicado del 21 de enero de 2014. Aunque entonces fue el equivalente de un grito de "Ya basta" por parte de la comunidad, terminó siendo una suerte de título fundacional para Musukpa y sus pretensiones sobrevenidas de enclave autónomo. Una suerte de república independiente.
Como en la región empezaba a imponerse, por sobre las normas del Estado venezolano, la ley del más fuerte, el texto incluyó un fragmento que no fue ni bravuconada ni simple amenaza. Los indígenas se preparaban para defenderse a sí mismos.
"De no asumir las instituciones de seguridad, nos veremos en la obligación de organizarnos para la defensa de nuestros derechos y combatir la inseguridad en nuestros territorios", dice el documento.
Y también: "Se tomará el Puerto de Uraima en donde se establecerá una brigada de seguridad para fortalecer los mecanismos de seguridad interna en las comunidades".
En enero de 2014, se dio por inminente la conformación de autodefensas.
Los indígenas plantearon el mantenimiento de estos grupos por autogestión con aportes económico de comerciantes, transporte fluvial, visitantes, dueños de máquinas, paleros y obreros. En el decisivo documento de esa fecha argumentan que los pueblos indígenas tienen un derecho de autonomía que les permite asumir su propia seguridad y justicia comunitaria. Dejan claro que la acción nace del vacío institucional, el abandono y la omisión de las autoridades de ejercer sus obligaciones en materia de procuración de justicia y seguridad. Y destacan: "Ratificamos nuestro deseo de que nuestras tierras y comunidades no sean refugios de delincuentes, mucho menos que la llenen de sangre, queremos ser hombres y mujeres libres e independientes".
Siga leyendo en armando.info 
Publicar un comentario