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3 oct. 2015

Incapacidad e irresponsabilidad del Gobierno en el origen del conflicto en Apurímac

12063579_800286616750963_1939970658518198830_nFoto: Observatorio de Conflictos Mineros 
– Advierten incapacidad de prevención, violencia desproporcionada de la policía y desinterés en un diálogo sincero por parte de las autoridades del Gobierno. Ayer el Ejecutivo se reunió con alcaldes de Cotabambas luego de tres comuneros muertos. 
Servindi.- Son 3 civiles muertos y más de 20 heridos de gravedad producto de los enfrentamientos que se dieron el 28 de setiembre en el distrito de Cotabambas (Apurímac), donde se ubica el proyecto Las Bambas.
Sin embargo, antes que el diálogo y la atención a las inquietudes de los comuneros, se dio el envío de aproximadamente 2 mil policías, la declaración de un estado de emergencia por medio del decreto supremo N° 068-2015-PCM y la presencia militar por resolución suprema N° 200.
A través de un comunicado, la Red Muqui explica que desde marzo las comunidades ya habían pedido a las autoridades competentes información acerca de las modificaciones al estudio de impacto ambiental (EIA) hechas por la empresa china/australiana MinMetal Group Limited.
Lo mismo aclaró  el presidente del Frente de Defensa de Cotabambas, Adolfo Abarca, lo cual también se puede leer en el documento con su plataforma de lucha y los pedidos que solicitan para que el proyecto se ejecute:
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Lo concerniente a las modificaciones del EIA y otras demandas ya habían sido expuestas desde inicios de este año, como también se observa en noticias difundidas en febrero.
La socióloga Marisa Glave manifestó lo mismo al decir que “el problema de fondo es que este gobierno tiene alertas de anteriores conflictos, donde en otras mesas hemos dicho se ha tenido que informar mejor, no se informó mejor…”, dijo.
“La protesta en Cotabambas no es una protesta contra el proyecto minero pidiendo su retiro, tiene que ver con errores garrafales del actual gobierno y de la política en general para la aprobación y cambios en el estudio de impacto ambiental”, agregó.
El congresista Víctor Andrés García Belaunde fue bastante crítico al señalar que el Estado le ha dado todas las facilidades a la compañía al no vigilar “lo que están haciendo”, como los cambios al EIA que la empresa efectuó con el único afán de reducir costos, con la anuencia del gobierno.

Norma ambiental flexible

Los representantes del Estado, sin embargo, alegan que el diálogo fue con las autoridades regionales y locales y que con ello fue suficiente, ya que respecto a las modificaciones en las plantas y el mineroducto no requerían consulta de las comunidades por “no ser significativas”.
Cabe precisar que para la aprobación de los EIA se requiere la realización de talleres de información y audiencias con las comunidades. Sin embargo, según decreto supremo, las modificaciones al EIA que “no sean significativas” no contemplan ese requisito.
Este mismo decreto, a decir de Marisa Glave, forma parte de la “normatividad ambiental flexible” que da origen a este tipo de problemas.

¿Regulación de uso de fuerza?

El ministro del Interior José Pérez Guadalupe aseguró que se garantizará la realización del proyecto con la presencia de las fuerzas policiales y militares.
Ante el fallecimiento de ciudadanos, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en que solicitan a la Policía Nacional hacer un uso racional de la fuerza e invocan a los dirigentes y ciudadanos a no hacer uso de medios violentos durante la protesta.
Al respecto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), exhortó al Estado a evitar el uso de métodos represivos, que incluyen proyectiles de armas de fuego, para controlar los actos de protesta.
Critican que los principios del Decreto Legislativo N° 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP, no se han aplicado en Chalhuahuacho y que por el contrario el uso desproporcionado de la fuerza policial habría contribuido a un clima de mayor violencia.
Según declaración de dirigentes de la zona no rechazan el proyecto, su único interés es que se atiendan las observaciones a raíz de los cambios sin consultar que se hicieron al EIA del proyecto, además de otras demandas expuestas.
El proyecto de cobre, el mayor en del Perú, implica un 1.4% de incremento en el PBI nacional.

Tregua y diálogo

Luego de una tregua de 48 horas, ayer se reunieron los alcaldes de la provincia de Cotabambas con las máximas autoridades del Gobierno Central, estableciendo un acta con seis puntos, que incluye la instalación de una mesa de diálogo.
Asimismo, se fija como próxima reunión el viernes 2 de octubre en la sede del Ministerio de Energía y Minas a fin de establecer la agenda temática a ser desarrollada, luego de lo cual la parte técnica de avanzada se trasladará a la provincia de Cotabambas el lunes 5 de octubre.
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