"Para Tod@s, Todo. Para Nosotr@s NADA" web de solidari@s con la insurgencia chiapaneca y las luchas indigenas en Venezuela y otras partes

26 oct. 2015

Piden condenar 15 años a mapuches por la nariz rota de una auxiliar judicial


añonuev

En los tribunales de Zapala, en el corazón de la provincia cordillerana de Neuquén, Argentina, comienza hoy un juicio histórico. Tres indígenas mapuches de la Comunidad Winkul Newen están acusados de “tentativa de homicidio y daño agravado” por resistir un desalojo en favor de una de las empresas petroleras que explotan pozos en sus territorios ancestrales. La cara visible de este proceso es Relmu Ñamku, una indígena de 37 años referente de la resistencia mapuche contra el avance de la explotación petrolera, particularmente de Apache Corporation, desde hace al menos cinco años. Es la primera vez que una mujer indígena en Argentina corre peligro de ser condenada a prisión por defender su territorio.
“Intentan amedrentar al pueblo mapuche y liberar la zona para mineras, petroleras y grandes estancieros. Soy inocente, lo vamos a demostrar y exigimos que el Poder Judicial racista no tenga doble vara y haga cumplir nuestros derechos”, dijo Relmu al periodista Darío Aranda.
Ayben Kimvn, una de las hijas de Relmu, escribió una carta pública en la que relata la serie de abusos y violencias que ha sufrido su familia y su comunidad: su bisabuelo fue asesinado por un policía en un caso que continúa impune; su abuelo, su tía y su prima recién nacida murieron por afectaciones a la salud que vinculan con la contaminación del lugar; también sobrevivieron a desalojos, golpizas, balazos. “Esto también es VIOLENCIA y me pregunto ¿dónde estuvo la JUSTICIA?”, dice la joven en su carta.
El episodio por el que se acusa a Relmu, a Martín Velázquez Maliqueo y a Mauricio Rain sucedió en los últimos días del año 2012. A comienzos de ese año, la comunidad apostada en el paraje Portezuelo Chico, a 30 km de Zapala, había cerrado el paso a la empresa. El 28 de diciembre, la jueza local, Ivonne San Martín ordenó el desalojo. El operativo incluyó a la auxiliar judicial Verónica Pelayes, policías, guardias privados, enviados de la empresa y una retroexcavadora. Según relatan los mapuches, la retroexcavadora avanzó sobre una de las jóvenes de la comunidad, por lo que respondieron con piedras. Una, le rompió el tabique a la enviada de la justicia. La fiscal Sandra González Taboada responsabilizó a Relmu del piedrazo y pidió una condena de 15 años de prisión por “tentativa de homicidio”.
La justicia de la provincia establece que al tratarse de penas tan graves, el juicio debe tener un jurado y realizarse de manera oral y pública. En este caso, el jurado que comienza a actuar hoy está conformado por seis mapuches en un total de doce personas convocadas para la tarea. Es la primera vez que se forma un jurado intercultural en el continente. Será traducido en simultáneo a mapuzungun, el idioma mapuche.
Amnistía Internacional Argentina será observadora del juicio. Esta semana emitió un comunicado calificando de “desproporcionada” la acusación, considerando los daños. “Buscan un caso testigo para apresar a quienes luchan por la tierra y quieren liberar la zona para petroleras y grandes estancieros”, comentó Darío Kosovsky, abogado de los indígenas.
 
Eliana Gilet / Desinformémonos

Acciones de resistencia y sabotaje Mapuche tienen en jaque a forestales y gobierno Chileno

Acciones de resistencia y sabotaje Mapuche tienen en jaque a forestales y gobierno Chileno
WALLMAPU/Acciones que están relacionados a la resistencia mapuche fueron adjudicado contra los intereses forestales y la policía militarizada chilena en estos últimos días en el territorio Lafkenche,Wenteche y Nagche. Las diversas acciones de sabotaje sacaron nuevas declaraciones  y estrategias del subsecretario del Interior Mahmud Aleuy y el intendentes araucania Andrés Jouannet y  el gobernador de Arauco Humberto Toro para denigrar la justa lucha y tratando de delincuentes comunes a los weichafes resisten en sus territorios.
ACCIONES DE RESISTENCIA CONTRA FORESTALES Y BASES POLICIALES
15/10/2015 -CAÑETE/ Una columna de 7 weychafe de las fuerzas de resistencia mapuche Lavkenche realizó un hostigamiento a un puesto de fuerzas especiales de la policía chilena instalado en la parcela 18 del sector Lleu-lleu, este ataque duro algunos minutos y culminó sin heridos ni detenidos.
22/10/2015 -LOS SAUCES/ Weychafes  atacan e incendian 4 maquinarias: una Grúa,un procesador, un Skidder y un volteador  pertenecientes a la empresa Metsakone que prestaba servicio para la forestal Arauco
23/10/2015/-LAUTARO/ Una veintena de weychafe ingreso a un fundo en la localidad de Pillanlelbún, en las cercanías de Lautaro, procediendo a quemar 8 maquinarias y un container  pertenecientes  a la empresa Corte alto Ltda del grupo forestal ex Masisa.

 Tanto las acciones registradas en el territorio Lafkenche, Wenteche y Nagche  se relacionan en la oposición que han manifestado las comunidades en resistencia contra los diferentes intereses de las empresas forestales que mantiene ocupadas miles y miles de tierras ancestral mapuche.
Por otra parte comunidades mapuche de Malleco mediante una declaración publica acusaron al Intendente de la Araucanía, Andrés Jouannet de generar política colonialista represora,en la misiva las comunidades señalan que han observado que la política de Jouannet, busca confundir a la sociedad Chilena y al Mapuche, para justificar su política represiva. Sin embargo lo que le incomoda al Estado Chileno y al gobierno de turno, es el hecho que las Comunidades Mapuche de distintos territorios, han determinado transitar en el camino de la rebeldía, la desobediencia al Estado invasor, para reconstruir el territorio y nuestra forma de organización Mapuche.
Estos pasos son irreversibles desde el punto de vista político, no está en manos del Estado Chileno resolver, solo debe asumir que esto no se detendrá, que la solución es hoy responsabilidad de la fuerza y capacidad del Pueblo Mapuche, ese es nuestro desafío finaliza la misiva.

Colombia: Asesinato contra líder indígena del Cauca a manos del Ejército ratifica genocidio



– Organización denuncia política de genocidio y 57 indígenas asesinados en el Cauca.
Servindi.- Compartimos el vídeo del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en el que se explica el asesinato de un ex gobernador del pueblo Kokonuko, ocurrido la noche del 19 de octubre. El genocidio contra los pueblos originarios se expresa en cincuenta y siete indígenas asesinados por la Fuerza Pública solo en el Cauca.
Como informamos días atrás veintisiete militares de la Brigada 29 del Ejército colombiano serán investigados por la muerte del líder indígena Alfredo Bolaños, de 70 años de edad. Los soldados fueron retenidos 36 horas por la Guardia Indígena momentos después del deceso del comunero ocurrido el lunes y el miércoles fueron trasladados a la ciudad de Popayán.
Según versiones oficiales, los soldados serían separados de sus cargos “para facilitar la labor judicial ante la justicia ordinaria, la cual consistirá en individualizar el caso y establecer plenamente cual fue la persona que estaría comprometida en la muerte del indígena”.
Carlos Maca, representante del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) explicó que “Los soldados permanecieron en un salón comunal, bajo la custodia de la guardia indígena, la cual veló por su integridad así como por el respeto de sus derechos”.
“Contaron con un buen trato hasta que fueron entregados a una comisión de la Defensoría del Pueblo para su traslado a la unidad militar en Popayán y para que la Fiscalía General de la Nación inicie las correspondientes investigaciones” agregó.
La Tercera División del Ejército indicó que velan por el respeto a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), “razón por la cual se prestará la colaboración necesaria a las autoridades que investigan el caso, a fin de que estas logren establecer lo sucedido”.

25 oct. 2015

Brasil: Indígenas rechazan propuesta de enmienda que afectará demarcación territorial

Protesta en Río Branco, estado de Acre. Foto: Iryá Rodrigues/G1
Servindi.- El bloqueo de varias vías y una dura llamada de atención durante la inauguración de un importante evento deportivo marcaron esta semana las protestas indígenas contra la Propuesta de Enmienda Constitucional PEC 215, que somete al Congreso la decisión final sobre el establecimiento y la modificación de tierras indígenas.
La propuesta es vista como una grave amenaza a un proceso que, de aprobarse la iniciativa, ya no dependerá de instituciones como la Fundación Nacional del Indio (Funai), vinculada al Poder Ejecutivo.
De este modo se paralizarían definitivamente los procesos demarcatorios en curso, advierten organizaciones indígenas y grupos que los apoyan.
Ante esta situación, el viernes, 300 indígenas bloquearon por cerca de una hora la carretera BR-364, en Río Branco, estado de Acre (oeste de Brasil). La medida se sumó a otros dos bloqueos realizados el día anterior, cuando la polémica propuesta estaba siendo debatida en la Cámara de Diputados.

Bloqueo de vías

La jornada de protesta del 22 de octubre la protagonizaron indígenas del pueblo Wassu Cocal, que bloquearon ambos sentidos de la carretera BR-101, en el estado de Alagoas (extremo este de Brasil), en el municipio de Joaquim Gomes.
Horas más tarde, cerca de 100 indígenas de la etnia Kariri-Xocó bloquearon la misma carretera a la altura del municipio Porto Real do Colégio, en rechazo también a la referida enmienda constitucional.
De acuerdo a la policía federal, los nativos efectuaron su protesta colocando y quemando troncos en la pista, hasta las 16 horas, luego de que efectivos de la policía se acercaron para negociar el despeje de la vía.

Coro de reclamos

Al día siguiente, 23 de octubre, las protestas se trasladaron a la ciudad de Palmas, en el estado de Tocantins, donde se inauguraban los Juegos Mundiales Indígenas 2015, con la presencia de la mandataria Dilma Rousseff y otros altos funcionarios del Estado.
Según informaron medios de comunicación locales, el programa de la colorida ceremonia fue interrumpido por un indígena que pidió el micrófono para exigir a la presidenta el respeto para los pueblos tradicionales y la demarcación de tierras indígenas, la cual se ve hoy amenazada por la inminente aprobación de la PEC 215.
Otro pedido fue que se destituya a Katia Abreu, ministra de Agricultura y supuesta aliada de los grandes terratenientes, principales opositores a cualquier medida que reconozca derechos a los pueblos originarios del país.
En las tribunas del recinto también se sintió el rechazo a la PEC 215. Se pudo apreciar así a grupos de originarios portando efusivos carteles y llamando la atención de las autoridades presentes en la ceremonia.

PEC 215

La propuesta es cuestionada porque le quita al Gobierno Federal la facultad para demarcar tierras indígenas, quilombos y áreas protegidas.
Con la propuesta lo que se busca es que dicha facultad recaiga sobre el Congreso Nacional, que en adelante sería el encargado de aprobar eventuales propuestas de demarcación enviadas por la Fundación Nacional del Indio (Funai). Actualmente el Ministerio de Justicia tiene la potestad de demarcación.
Para la coordinadora regional de la Funai del Alto Purus, Maria Evanízia, la PEC 215 posibilita revisar el proceso de tierras que ya han sido demarcadas.
Indicó que la gente considera ese cambio como un retroceso. Recordó que la demarcación de tierras es un derecho de los indígenas y afirmó que la controversial enmienda representa una amenaza para las políticas indígenas.
El martes 20, los parlamentarios opositores a la norma debatieron sobre ésta pero la sesión quedó suspendida. La votación se realizaría la próxima semana.
El PEC 215 data de más de una década. En mayo de este año, 70 organizaciones de todo Brasil firmaron un manifiesto público en contra de esta medida.

Supayaku y Naranjos superan divisionismo provocado por minera Águila Dorada


Servindi, 23 de octubre, 2015.- Las diferencias existentes entre dos comunidades indígenas del norte de Perú, atizadas por la empresa minera Águila Dorada, llegaron a su fin luego que dirigentes de ambas comunidades reiniciaron el diálogo para unir criterios en defensa de sus intereses comunes.
El 16 de octubre se celebró un encuentro entre la Organización Regional Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC), con representantes de la comunidad de Supayaku, y la Organización Regional Aguaruna de San Ignacio (ORASI), con representantes de la comunidad nativa de Naranjos.
Se trató de un importante cita para el pueblo Awajún de Cajamarca, la cual tuvo lugar en la comunidad de Yamakey, anexo de la comunidad nativa de Supayaku.
El evento contó con la asistencia de aproximadamente 60 personas que respaldaron plenamente el encuentro y reafirmaron la decisión de retomar el diálogo como pueblos hermanos, unidos en la defensa territorial y en el rechazo a la minería que contamina sus territorio y los divide.
Alberto Ramos, nuevo presidente de ORASI, y Albercio Bazán, presidente de ORFAC, dirigieron la reunión con sus directivos y comuneros de base, quienes participaron junto a sus apus o jefes tradicionales de una y otra comunidad.
Asistieron representantes de los anexos de Supayaku, sólo tres en el caso de Naranjos. La ausencia del apu de la comunidad central de Naranjos generó suspicacia ya que conocía de la convocatoria.
Además, se hicieron presentes Neire Unkuch, consejero regional awajún de Cajamarca; Wilmer Jeremías, responsable de la Oficina de Enlace de Asuntos Nativos de San Ignacio y el Teniente Alcalde de la Municipalidad de Huarango.

Antecedentes

Ambas comunidades estuvieron divididas varios años a raíz de la decisión de los anteriores dirigentes de ORASI de firmar de manera inconsulta un convenio con la empresa minera Águila Dorada para que esta realice actividades de exploración en sus territorios.
La desavenencia se produjo por el impacto negativo que dicha actividad ocasionaría a la vecina comunidad de Supayaku.
Según una nota informativa de la asociación Fedepaz, el pueblo de Naranjos decidió el 23 de agosto la salida de los dirigentes anteriores de ORASI, cuestionados por su “actuar turbio, agresivo y en beneficio propio”.
De acuerdo a la misma nota, los cuestionados dirigentes “consiguieron anclarse en sus cargos el tiempo suficiente para mantener a la población de Naranjos en estado de confusión, desinformación y tensión”.
Los dirigentes alimentaron “constantemente la idea de un ataque por parte de Supayaku, incrementando el miedo y el resentimiento entre ambas comunidades que tuvieron que privarse de confiar y encontrarse a pesar de ser hermanas y compartir familias”.

Acuerdos

Uno de los acuerdos fue interpelar al apu de Naranjos por su ausencia, lo que indicaría su alianza con la cuestionada directiva anterior de ORASI y la empresa minera que les habría otorgado beneficios personales.
También rechazaron las graves amenazas que por vía telefónica recibió en plena asamblea el responsable de la Oficina de Asuntos Indígenas de San Ignacio, quien apoya el diálogo entre ambas comunidades, amenaza de la que fueron testigos los asistentes y quedó registrada en actas.
Como organización aliada en la zona e invitada por ambas organizaciones a participar de este encuentro, Fedepaz expresó su rechazo a cualquier manifestación violenta en contra de quienes conducen el proceso de diálogo.
También expresó su respaldo al restablecimiento de los lazos de hermandad del pueblo awajún de Cajamarca y al empoderamiento de sus líderes desde el respeto de la voluntad de su pueblo

24 oct. 2015

Es inminente el retorno de la piedra Kueka a Venezuela

El IPC ha adelantado las gestiones necesarias en conjunto con otros organismos. A su regreso de Alemania se realizarán actos ceremoniales para finalmente resarcir el daño a la comunidad indígena de la Gran Sabana
La piedra Kueka a su llegada a Berlín (al fondo la Puerta de Brandenburgo)
El Estado venezolano, a través del Instituto de Patrimonio Cultural (IPC) emprendió las gestiones pertinentes para retornar a la Gran Sabana la Piedra Kueka, un elemento sagrado de la cosmogonía del pueblo pemón, que fue extraída ilegalmente de Venezuela en 1998, en los estertores del gobierno de Rafael Caldera, e instalada en un parque en la ciudad alemana de Berlín.
La piedra pesa aproximadamente 30 toneladas y es de jaspe por lo que es una piedra semi preciosa. Su ubicación original era Santa Cruz de Mapaurí, en el Parque Nacional Canaima, a media hora de Santa Elena de Uairén, en el estado Bolívar.
“Es un elemento sagrado para el pueblo pemón, que ellos consideran un miembro de su comunidad convertido en piedra. Hay otra piedra que es el abuelo (también de jaspe). Esas dos piedras estaban juntas”. La piedra Kueka (es el  nombre propio), es la abuela”, explica Héctor Torres, presidente del IPC.
Natalia Medrano, directora de Puesta en Uso Social del IPC, explica que el mito indígena dice que “eran dos miembros de comunidades pemón diferentes, y se fugaron juntas lo que era prohibido.  Entonces un piasán -que es como un personaje de alto rango espiritual- los convierte en piedra y quedan ahí juntas. Y con el pasar del tiempo se transformaron en los abuelos”.
Medrano, quien ha visitado en cuatro ocasiones a esa comunidad indígena, comenta que los pemones han señalado la extracción de la piedra Kueka como causa de la tragedia de Vargas en 1999, porque “dicen que es un elemento sagrado que tiene su lugar en la naturaleza y al ser removido, tocado e intervenido, se producen tormentas y lluvias; la naturaleza de queja”.

FUE EXTRAÍDA PARA GLOBAL STONE

“Los abuelos son los que portan la sabiduría del pueblo” y  para los pemones estas piedras (abuela y abuelo) “son miembros de su comunidad como si fueran seres vivos”, dice Medrano. “Los chamanes se comunican con ellos”, agrega Torres. “Para ellos la extracción de esa piedra, es el secuestro de un ser de su comunidad”, “tal cual como si alguien secuestrara una abuela”, dice.
La roca fue extraída por un ciudadano alemán llamado Wolfan Von Schwarzenfeld, para esto utilizó maquinaria, transporte terrestre y marítimo, sufragado por él.  La razón de esta extracción es que la piedra Kueka formara parte de su proyecto personal llamado Global Stone (http://www.globalstone.de), de “carácter metafísico, relacionado con activar energías para la paz del mundo”. “Si se quiere es un proyecto con unos objetivos altruistas, pero contrariamente genera un daño”, dice Torres, que atribuye a la “arrogancia del primer mundo”. Von Schwarzenfeld tomó cinco piedras, una de cada continente. La de América fue la que extrajo de Venezuela, y las exhibe en el parque metropolitano Tiergarten, en el centro de la ciudad de Berlín.
En la página de Global Stone se pueden apreciar las fotos del proceso de extracción de la Kueka, y algunas son expuestas por Von Schwarzenfeld como prueba de que se realizó la remoción de la piedra de manera consentida.
“Nosotros partimos del hecho de que esa extracción es ilegal, y eso está establecido jurídicamente”, dice Torres. La piedra es parte del patrimonio natural del Parque Nacional Canaima. Y posteriormente fue declarada bien cultural. La Procuraduría General de la República y la Consultoría Jurídica del Ministerio del Ambiente se pronunciaron. La piedra fue sacada del país como una donación, autorizada por Héctor Hernández Mujica, presidente del Instituto Nacional de Parques para la fecha, pero ese acto ha sido declarado nulo por la “manera fraudulenta” en como se realizó.

CONTRA LA VOLUNTAD DEL PUEBLO PEMÓN

El secuestro de la piedra Kueka no se dio sin resistencia, aclara Torres. Primero Von Schwarzenfeld la extrajo con maquinaria y la colocó en un camión, y cuando la transportaba, el pueblo pemón se percató de lo que sucedía. La comunidad indígena detuvo el transporte durante dos meses en el kilómetro 88 de la carretera de la Gran Sabana, con ayuda de la Guardia Nacional, narra Torres. Pero en ese lapso, Von Schwarzenfeld, hace varias gestiones, entre éstas, consigna unas pruebas sobre la naturaleza de la roca que certifican que no se trata de jaspe sino de una “arenisca”. Y finalmente, logra que Héctor Hernández Mujica le done la piedra a Alemania.
La piedra además fue tallada y pulida lo que para el pueblo pemón constituye un agravante. Durante todos estos años la comunidad indígena y grupos de apoyo ha hecho diversas manifestaciones para el retorno de la roca. Su devolución es un acto responsable por parte del Estado, a fin de resarcir el daño causado en concordancia con “el tratamiento que la da la Constitución  Nacional a los pueblos indígenas”, expresa Torres. Además del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, han intervenido los ministerios para las Relaciones Exteriores y Ambiente.
Desde 1999 el Estado ha solicitado la repatriación de la piedra Kueka, pero nunca se había avanzado en las gestiones administrativas como se ha hecho en los últimos cinco meses. Era necesarios algunos pasos previos como “establecer la ilegalidad del hecho”, contactar a la municipalidad de Berlín, contar con los recursos económicos para financiar el transporte y traslado hacia Venezuela (debe costearlo el país que hace el reclamo del bien cultural), y prever  los actos ceremoniales que la comunidad pemón ha solicitado se deben realizar cuando arribe a Venezuela.
“Todo esto hace que el regreso de la piedra Kueka sea inminente, sea hoy, mañana o en un mes. No tenemos ninguna  duda de que ese elemento regresará al país, por  todo lo que hemos avanzado”, afirma Héctor Torres. “Es un acto de justicia y una expresión de resistencia de los pueblos”, y “establece una diferencia muy clara entre lo que era la ética de la Cuarta República y lo que es la ética del Gobierno Bolivariano, que se comporta completamente distinto frente a los derechos de los pueblos”, expresó Torres.
T/Florángel Gómez
F/ Cortesía IPC

23 oct. 2015

Ye´kuanas se movilizan contra la minería ilegal en el alto Ventuari

Juan Noguera
Esteban Rodríguez quién ha servido de portavoz de la comunidades del Alto Ventuari en razón de su desempeño como Vicecoordinador de la organización ye’kuana-sánema del Alto Ventuari ha informado que este miércoles 30 de septiembre un grupo conformado por 25 hombres ye’kuanas de los poblados de Tencua, Puerto Unión y San Martín realizaron una acción importante contra la minería ilegal.
Con estas palabras Rodríguez abordó lo ocurrido: “La gente del Alto Ventuari venía sospechando la presencia de grupos desconocidos con máquinas de extracción de minerales. Entonces las comunidades de Tencua, Puerto Unión y San Martín se organizaron y conformaron un grupo de 25 hombres especialistas y caminaron durante cinco (5) horas y llegaron a un lugar donde había una presencia de varios hombres trabajando durante más de una semana en el Caño Asita en el Cerro Kamewa. Ese foco ya había sido denunciado y se venía sospechando que venían trabajando minería”.
En vista de la sospecha en las comunidades se organizaron y partieron caminando por la selva al lugar donde se presumía la extracción de oro. Continúa Rodríguez señalando que: “Llegaron allá y consiguieron a varias personas trabajando y se alzaron y salieron con una reacción negativa amenazando a la comisión nuestra. Como nuestra gente estaba organizada comenzaron a paralizar y controlar. Luego tomaron la máquina, agarraron el combustible y lograron quemar una máquina extractora del mineral. Era la única que había en el lugar (Caño Asita) pero según Rodríguez la parte donde hay mayor cantidad de mineros es en el río Parú.
En el lugar se encontraba una gran diversidad humana trabajando para el dueño de la máquina y estaba conformada por indígenas y criollos, lo cual es reseñado por Rodríguez de la siguiente manera: “La mayoría de los que estaban allí eran indígenas: curripacos, piaroas y ye’kuanas. Muchos se prestan para eso y facilitan para que esta gente pueda moverse y llevar las máquinas. Siendo así, el pueblo actuó y confirma de esta manera un No a la minería. Nosotros estamos claros y venimos trabajando en ese sentido, hemos hecho asambleas, hemos denunciado ante las instituciones y los días 12 y 13 de octubre vamos a hacer una Asamblea con los pueblos indígenas en Tencua para consignar una Declaratoria que contenga nuestra postura de rechazo a la minería ilegal”.

18 ONGs venezolanas se pronuncian sobre derechos indígenas


Ante la incapacidad estatal para garantizar derechos indígenas, el Estado debe implementar las recomendaciones de la ONU para pueblos y comunidades originarias venezolanas


(Caracas, 10.10.15) La conmemoración de un nuevo 12 de octubre, calificado por el Ejecutivo Nacional como “Día de la resistencia Indígena”, el balance de garantías de los derechos de los pueblos y comunidades originarias en el país presenta escasos avances. A pesar de las diferentes iniciativas impulsadas por la gestión del presidente Hugo Chávez para materializar los derechos presentes en el Capítulo VIII de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las diferentes normativas legales, los resultados son precarios, fragmentados y alejados de una política pública que, de manera integral, genere condiciones para mejorar la calidad de vida de las y los indígenas venezolanos y reducir de manera sostenible sus índices de pobreza, mejorando sus condiciones de salud y asistencia sanitaria.

Para las diferentes organizaciones e iniciativas que suscribimos el presente comunicado, el gobierno del presidente Nicolás Maduro tiene en las diferentes recomendaciones realizadas recientemente por Naciones Unidas, como resultado de sus exámenes sobre el nivel de cumplimiento de los pactos suscritos en materia de derechos humanos, una agenda de trabajo inclusiva que cumplir para mejorar la preocupante situación de los derechos de los pueblos indígenas.

Tanto el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), como el Comité de Derechos Civiles y Políticos (Comité DCyP) coincidieron en que ante la profundización de una economía extractivista en el país, el Estado debe garantizar todas las medidas que sean necesarias para que los pueblos indígenas ejerzan su derecho a ser consultados de manera libre, previa e informada antes de la implementación de proyectos que afecten sus territorios, su modo de vida y su cultura, “particularmente en los procesos de concesión de exploración y explotación de recursos mineros e hidrocarburos”, derecho presente en nuestra Carta Magna. La ONU recomendó para ello, específicamente, la necesidad de agilizar y aprobar un reglamento de Consulta Previa Libre e Informada, asegurando la participación activa de las propias comunidades en su elaboración, lo cual queda como una tarea a asumir por la próxima Asamblea Nacional. Como recuerda Naciones Unidas, las decisiones de los pueblos indígenas sobre aspectos que los afecten deben ser respetadas “por todos los agentes tanto gubernamentales como privados en condiciones de completa seguridad”. 


Una segunda medida consensuada por ambos Comités es relativa al proceso de demarcación y titulación de territorios, que como han denunciado las propias organizaciones indígenas se encuentra estancado y con menos del 15% de realización, a pesar que la Carta Magna establecía un período de dos años para ser llevado a cabo en su totalidad. Según la ONU se deben adoptar “las medidas necesarias para completar la demarcación y titulación de tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas, a fin de garantizar el derecho que tienen a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma”.


Los hechos de violencia contra poblaciones originarias también fueron objeto de atención en Naciones Unidas. Al respecto señalaron que se debe “Proteger de manera efectiva a los pueblos indígenas contra todo acto de violencia, y velar por que los autores de tales actos sean llevados ante la justicia y debidamente sancionados, y por que las víctimas obtengan una reparación adecuada”. Los diferentes Comités recibieron información sobre abuso de poder por parte de los funcionarios militares destinados a territorios indígenas, así como la presencia de grupos armados irregulares. Asimismo, sobre las diferentes situaciones de violación al derecho de libre reunión y asociación, mediante la progresiva sustitución de las organizaciones tradicionales indígenas por figuras asociativas impuestas por el Estado, carentes de independencia y autonomía. 


Exhortamos al Estado Venezolano a la pronta disolución del estado de excepción en territorios ancestrales; y la pronta y progresiva desmilitarización de sus territorios

Ante las limitaciones oficiales en diseñar una plan integral destinado a los pueblos y comunidades indígenas, implementado sin discriminación por razones políticas, las recomendaciones del Comité DESC y el Comité DCyP constituyen una oportunidad para promover una agenda inclusiva que tenga como protagonistas a las propias comunidades originarias, pero también a todos los sectores aliados comprometidos en la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas, el respeto a su hábitat y sus modos tradicionales y ancestrales de vida. 

Suscriben
Acción Solidaria
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ)
Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA)
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ)
Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal
Civilis Derechos Humanos
Espacio Público
Foro Penal Venezolano
Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI), Universidad de Los Andes
Justicia y Paz de La Conferencia de Religiosos y Religiosas de Venezuela
Laboratorio de Paz
Observatorio de Derechos Humanos de la ULA
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)
Redes Ayuda
Revista SIC del Centro Gumilla
Servicio Jesuita a Refugiados
Una Ventana a La Libertad
Venezuela Diversa A.C.

Hilarión Romero: consejos comunales, demarcación y malanga en la Sierra de Perijá

 Ver el video:

Minerva Vitti

Hilarión Romero es indígena de la etnia yukpa, tiene 43 años y ha vivido desde siempre en el Tukuko, población que se encuentra en plena falda de la Sierra de Perijá: una cadena de montañas que se extiende en el estado Zulia y que fue declarada Parque Nacional en 1972. Hace dos años se desempeñó como viceministro del despacho Sierras y Cordilleras Indígenas del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (Minpi). Gracias a este cargo tuvo la oportunidad de conocer experiencias de otros pueblos indígenas como los yekuanas, kariñas, pemones, pumé. De esos encuentros recuerda una anécdota de un consejo comunal de los kariñas, en el estado Anzoátegui, que hace tres años solicitó un recurso al Instituto Nacional del Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (Inapymi) para construir seis galpones para la cría de pollos, cuatro de engorde y dos de ponedoras, la sorpresa fue que para el momento de la visita de Hilarión ya tenían 14 galpones: “Esa es una comunidad que asimiló muy bien la propuesta de organizarse en consejos comunales”.

Conversamos con él sobre la situación en el Tukuko, la influencia de los consejos comunales en la organización comunitaria de los pueblos indígenas, el proceso de demarcación, y la prohibición de la siembra de la malanga en la Sierra de Perijá.
—¿Cómo es la comunidad del Tukuko?
—El Tukuko es la comunidad más grande dentro de todo el pueblo yukpa ubicado en la Sierra de Perijá. Es un lugar donde hemos tenido mayor concentración de nuestra gente debido a la presencia de los capuchinos y las hermanas de la Caridad de Santa Ana. Aquí funciona la Unidad Educativa Sagrada Familia que es apta para atender la mayor cantidad de nuestros muchachos.
—¿Cómo están organizados a nivel comunitario?
—Se nos ha venido dificultando mantener la forma de organización que teníamos históricamente como pueblo yukpa y hemos venido batallando contra eso porque nos han llegado muchas formas de organización y muchos de nosotros nos hemos visto obligados a optar por lo que nos llegó de afuera más que a mantener lo que es nuestro. Producto de un gran esfuerzo todavía tenemos la figura del cacique mayor y por supuesto que con todas las políticas nuevas que se han creado en este sistema de gobierno también estamos organizados en consejos comunales, aspecto que ha sido beneficioso para nosotros pero no vamos a negar que nos ha traído prejuicios.

—¿Podría explicarnos un poco este aspecto?
—Ha sido muy bueno que se nos haya permitido organizarnos en consejos comunales porque nos facilita a toda la población venezolana emprender como comunidad: cuáles son nuestras necesidades más urgentes y jerarquizarlas para elaborar proyectos dirigidos a un ente financiero de los consejos comunales. No vamos a negar que hemos tenido apoyo, de hecho ha sido muchísimo a través de la organización comunitaria. Pero hemos venido llegando a la conclusión que a las comunidades indígenas nos intoxicaron con la figura de los consejos comunales. Nos dieron las instrucciones de cómo formarlo pero antes no nos vinieron a decir qué era un consejo comunal, cómo debe funcionar, cómo deben dirigirse los recursos que el Estado ha venido otorgándonos a través de la organización comunitaria. Hay cosas que duelen decir y es triste manifestar en este momento que algunas de nuestras comunidades que recibieron financiamiento están igual o peor.
—A partir de esta forma de organización comunitaria muchas comunidades indígenas se dividieron por distintos conflictos y decidieron crear sus propios consejos comunales, ahora hay muchos consejos comunales en una misma comunidad, ¿cómo se manejan los recursos en estos casos?
—Eso es parte de lo que acabo de decirle: nos invitaron a organizarnos en consejos comunales y no nos dijeron cómo debíamos organizarnos. En la Ley de Consejos Comunales dice que en comunidades indígenas nos iban a permitir organizarnos en estas estructuras a partir de la existencia de diez familias. De hecho yo les otorgo el derecho a las comunidades indígenas de malinterpretar, nosotros lo hicimos y nadie vino a decirnos que no era la interpretación de eso que estaba establecido en la ley. ¿Por qué queda establecido de esa forma para las comunidades indígenas? Porque sobre todo se ve mucho en los estados Amazonas y Bolívar que hay familias que viven en pequeños grupos y están muy muy distantes.
—¿Qué sucede en la Sierra de Perijá?
—Malinterpretamos lo establecido en esas leyes. Por ejemplo, Ipika era la comunidad más grande en la cuenca del río Tukuko antes de la creación de los consejos comunales. Alguien leyó la ley y dijo que en esta comunidad había suficientes familias para abrir seis consejos comunales, nuestros hermanos optaron por eso, se crearon los consejos comunales y vino la división de la comunidad. Nadie vino a decirnos que un consejo comunal puede elaborar un proyecto para beneficiar a cien o cuatrocientas familias para que la comunidad permaneciera unida, y ahora donde originalmente estaba Ipika queda un pequeño grupo de personas.
—¿Cómo el liderazgo indígena ha sido intermediario para que las necesidades de sus comunidades, tanto en el Tukuko como en la parte alta de la Sierra de Perijá, se resuelvan?
—El problema ha estado en la gente que estamos al frente de nuestras comunidades. En el Tukuko tenemos un grave problema con el agua a pesar de estar ubicados al pie de una sierra donde tenemos como 500 mil manantiales. Mire si nosotros tuviéramos la oportunidad de revisar la nómina del Ministerio de Educación de la Sierra de Perijá no hay ni una zona donde este ente no le está pagando a un docente. Si revisamos la nómina del Ministerio de Salud no hay una zona donde el ministerio no esté pagando un enfermero. Si nos vamos a la nómina de Barrio Adentro el 85 % de las comunidades cuentan con un defensor de salud. Si vamos a este asunto de los multihogares creo que el 45% o 50% de nuestras comunidades tendría que contar con un multihogar. Si en este momento tuviéramos la manera de elegir una comunidad al azar allí no vamos a encontrar ni un maestro, un enfermero o un defensor de salud. Ahora, ¿de quién es el problema? ¿Del Ministerio de Educación? ¿Del Ministerio de Salud? Lamentablemente el problema está en la persona que en esa comunidad se hace llamar autoridad única, el cacique. La culpa es de nosotros y de las instituciones del Estado porque si tienen docentes, enfermeros y defensores de salud les está pagado pero no los está supervisando. Todo el mundo tiene conocimientos de los problemas que hay en la Sierra de Perijá y nadie toma acciones. Es bueno colocar esto en la opinión pública.  Ojalá esto pase por las manos del ministro de Educación y de Salud.
—Cuando usted fue viceministro del Minpi ¿transmitió estas inquietudes?
—En las asambleas estos eran mis planteamientos.
—¿Qué ha pasado con el proceso de demarcación?
—Los estudios antropológicos que se han hecho dicen que nuestro pueblo yukpa es descendiente de los caribes y según esto nuestros antepasados vivieron en las riberas del Lago de Maracaibo, mire todo ese espacio y dónde nosotros estamos habitando en la actualidad. En el 2001 mediante un decreto se da la instrucción de iniciar el proceso de demarcación que lamentablemente también fue objeto de una mala interpretación.
—¿Cuál piensa que era el propósito de la demarcación?
—La Sierra de Perijá es inmensa pero es difícil encontrar cuatro hectáreas para realizar algún tipo de cultivo, el espacio solo lo encontramos en pequeña escala, entonces el proceso de demarcación se dio con el fin de contar con espacios más amplios y planos para que nosotros pudiéramos ubicar en esas haciendas que iban a quedar dentro de los perímetros de demarcación nuestras unidades de producción. El Estado manifiesta su disposición de adquirir algunos predios para ampliar nuestro espacio geográfico y segundo para que pudiéramos producir nuestros propios alimentos en cuanto a carne, queso y leche. ¿Qué hemos hecho? El Estado adquirió tres predios y no estamos produciendo, eso siempre ha estado solo para que se creen entre nosotros todo tipo de conflicto posible.
—El año pasado grupos ambientalistas protestaron porque la siembra de la malanga (ocumo) estaba generando daño a la Sierra de Perijá y a raíz de esto se prohibió la venta de este tubérculo. ¿Cómo ha afectado esta decisión a las familias indígenas?
—El yukpa siempre ha cultivado la malanga. No tengo conocimiento de quién la introdujo en nuestros territorios pero desde hace muchísimo tiempo la cultivábamos. Originalmente lo hacíamos para nuestro consumo pero llegó un momento en que la malanga comenzó a tener un costo muy alto y por supuesto el yukpa comienza a hacer su cultivo mucho más amplio, sin embargo creo que en ninguna de las comunidades yukpa un hombre ha sembrado cinco hectáreas juntas, cuando mucho una hectárea y a lo mejor otra familia tendría otra hectárea, pero cuando se junta toda esa cantidad y tiene salida hace ver que la cantidad de cultivo es inmensa. Si eso significa sustento para la familia yukpa: ¿por qué prohibirlo?, ¿cuáles son los motivos por los que se ha prohibido el cultivo de la malanga? Se dice que acaba con la fertilidad del suelo y si eso fuera cierto la sierra no existiera.  Hay espacios donde se cultivó la malanga y siguen fértiles. Me parece que ha sido injusto prohibir la venta de la malanga.
Tengo conocimiento que en la Villa del Rosario hay cultivo masivo de malanga, de pronto sea que en esos espacios donde el cultivo se realiza utilizando fertilizantes y plaguicidas se termina con la fertilidad del suelo.


Ecos y comentarios sobre la malanga
Antes el señor Jorge sembraba tres hectáreas y se las vendían a un comprador que llegaba al Tukuko y pagaba 500 bolívares por cada 50 kilogramos. Pero la realidad es que muchos no tienen mulas para trasladar la malanga desde poblados que están más arriba de la Sierra de Perijá. Cada traslado en mula cuesta 500 bolívares y el animal solo puede cargar 100 kilos. Así que Jorge se queja porque esto no es rentable. Además dice que ahora el gobierno está controlando, que no puede sembrar, y asegura que a la escala en que él lo hace no daña la Sierra: “Pero en La Villa hay criollos que tienen hasta 20 hectáreas sembradas”.

Fidel y José tienen siete y diez años, respectivamente, manejando un camión que recoge los rubros que cultivan los pequeños productores de la Sierra de Perijá y los distribuyen en distintas regiones del país como Valencia, Barquisimeto, La Grita, etc. “De aquí  [el Tukuko] salía todas las semanas un camión. Estamos hablando de 200 productores, suponga que cada persona tenga sus seis, siete saquitos, entonces 200 productores equivalen a 12 mil o 14 mil kilos semanales”. Para marzo de 2015, ellos les compraban la malanga a sus vecinos en 14 bolívares el kilo y el proveedor les pagaba 18 bolívares; sin embargo hubo momento en que José y Fidel tenían que comprar la malanga en 8 o 10 bolívares dependiendo de la oferta. Fidel dice que el proveedor que le recibe la mercancía vende a los puestos de mercado. “Incluso los guardias me decían ‘coño ustedes si son arrechos, ustedes se lo llevan a los gochos y ellos lo vuelven a pasar para acá’”. Por su parte José comenta que a los indígenas les han puesto muchas trabas no solo con la malanga sino también con el café: “Por lo menos en Peraya como han agarrado la plata para sembrar maíz ahí se ve la deforestación, ahí la gente agarró treinta hectáreas por cada consejo comunal. Aquí se quiere rescatar como éramos antes que sembrábamos yuca, topocho, pero  luego de que el gobierno inyectó plata ya no es como antes, porque más bien la gente va a Machiques a comprar plátano. Es triste eso. Y siempre les han dado apoyo y plata a las mismas personas”. Ambos reiteran que un productor de malanga usa una hectárea, salvo las tenga distribuidas en varias zonas. Trabajan en verano y veranillo. Así que prácticamente la malanga se produce todo el año. Fidel cuenta que hace 20 días llegó una muchacha de Pirimosa a su casa y le preguntó si estaba comprando malanga porque no tenía pasaje para ir a visitar a su esposo al hospital. Ella tenía seis sacos de malanga y Fidel se los compro para ayudarla, pese a que no les han querido dar las vías para distribuir el rubro. “Un señor me decía que era triste porque antes se comía la malanga con sal y ahora ni eso porque ellos con lo que le pagaban por la venta podían bajar de la Sierra y hacer un mercadito: un kilito de pata de pollo, arroz. Incluso ha afectado a las bodegas porque era un tema de entrada y salida de dinero. Es lamentable lo que están viviendo nuestros paisanos. Hacemos un llamado al gobierno nacional para que hagan entrevistas a los mismos productores (…) No sé cuál será el misterio con la malanga. ¿Deforestación? Para sembrar maíz hay que deforestar, para sembrar plátano hay que deforestar. No entendemos. Otra de las versiones que sale es que se usan muchos químicos pero aquí el paisano yukpa siempre lo ha sembrado naturalmente”, asegura Fidel.
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Wainjirawa: el Decreto de Excepción es contra los pueblos y en favor de los intereses transnacionales


Wainjirawa


A los Pueblos del Zulia y Venezuela


A los pueblos de Abya Yala y el mundo

Desde hace un par de semanas es noticia en el mundo los hechos que se describen como una tensión en la frontera entre los Estados de Venezuela y Colombia, a raíz del Decreto de Estado de Excepción en los municipios indígenas Guajira, Mara y Almirante Padilla dictado por Nicolás Maduro Moros, publicado como Decreto 1989 en la Gaceta Oficial Nº 40.740 del 7 de septiembre de 2015. Tal decreto ha sido acompañado de un cierre violento de la frontera, supuestamente, para impedir el contrabando de extracción de alimentos y combustibles, así como atacar la delincuencia y la violencia de grupos paramilitares de Colombia.

Las medidas son parte de una escalada contra los pueblos

Sin embargo, es necesario denunciar que este decreto, es una acción más que se suma a la escalada que desde el año 2010, aún durante el gobierno de Hugo Chávez, comenzó con su Decreto de creación del Distrito Militar Nº 1, en La Guajira, con el que se afincaba la presencia y control militar de nuestro territorio para atacar el contrabando del cual, según el gobierno, ejecutamos los wayuu y los añuu por lo que se nos criminalizó con el término de “bachaqueros”. Es a partir de ese año que comienza el más contundente despojo territorial y de nuestros derechos como pueblos indígenas, al punto de que hasta el presente, se contabilizan más de 20 indígenas asesinados por las fuerzas militares venezolanas, y decenas de presos y sometidos a juicio por contrabando.

Nuestra vida soberana vs los intereses de las mafias y corporaciones imperiales

Es importante señalar, que el territorio wayuu se despliega por sobre la línea fronteriza de los Estados de Venezuela y Colombia. Que a lo largo de nuestra historia en ese territorio hemos construido nuestros propios caminos que los Estados llaman trochas o pasos ilegales, pero que son nuestras propias vías de acceso entre las diferentes comunidades y familias de nuestro pueblo wayuu, así como las aguas del río Limón, Guasare y todos su caños son las rutas y caminos de nuestros hermanos añuu entre Colombia y Venezuela.



El tránsito entre los dos estados es para nosotros parte de nuestro cotidiano ejercicio de nuestra soberanía territorial y que, efectivamente, muchos de nosotros que viven en ciudades como Maracaibo (Venezuela) o en Maicao, Río Hacha o Uribia (en Colombia), nunca pierden el sentido de pertenencia del territorio ancestral al que siempre volvemos regularmente ya sea para celebrar nuestras ceremonias de velorios y otras reuniones, como simplemente para visitar a nuestros familiares que sabemos permanecen siempre en el territorio ancestral, cuidando de nuestra carne (eirrükü) (que los antropólogos llaman clanes), y por lo que estamos obligados a llevar el bastimento necesario tanto para nuestras celebraciones, como que nuestros familiares se sostengan, cuidando y sosteniendo la tierra de origen de cada una de nuestras familias.

Pues, bien, lo primero que el Distrito Militar Nº 1 atacó fue, precisamente, el paso de nuestras familias con los alimentos que regularmente debemos llevar a nuestros parientes o para nuestras celebraciones, pues, para ellos eso era contrabando de extracción que, ciertamente, no negamos que esté presente y que hasta algunos miembros de nuestro pueblo wayuu (incluyendo a quienes hoy actúan como altísimos representantes del partido de gobierno no del pueblo wayuu), participen de ello; pero el hecho es que no todas las familias wayuu y añuu están involucradas en un negocio generado, auspiciado y dominado por los blancos (alijunas-ayouna) por su original idea acerca de qué es economía; pero además, porque lo cierto y evidente para todos nosotros es que, los propiciadores y más grandes bachaqueros están presentes en la más alta jerarquía de las fuerzas militares y de la Guardia Nacional venezolana supuestamente destinados a controlar eso que ellos llaman frontera; pero también están en la PDVSA y, muy especialmente, en la Asamblea Nacional.

Chivos expiatorios del negocio de los militares y de la clase política

Decimos esto con toda propiedad porque, desde el Decreto de Distrito Militar Nº 1 de Chávez hasta el hoy Decreto de Excepción de Maduro, diariamente vemos como un verdadero Ejército de ocupación despoja a nuestras mujeres de la poca comida que llevan para sus familiares del otro lado, o exigirnos cartas de certificación de que somos wayuu (que sólo ellos otorgan legalmente), i cartas de convivencia que debemos negociar con algunos wayuu que, asimilados al poder del partido, puedan otorgarnos como voceros autorizados del gobierno para tratar con sus propios hermanos. Al mismo tiempo, los militares y guardias nacionales cobran sin ninguna vergüenza, para permitir el paso de cientos de grandes camiones cargados de alimentos y combustibles hacia Colombia.

Un show para aprovechar el miedo y los peores valores de la sociedad alijuna

Sin embargo, la campaña de criminalización auspiciada por el gobierno nacional y regional en el Zulia, favorecida por una prensa y unos medios de comunicación que, si no son del mismo gobierno, son la expresión del más rancio racismo que aún subsiste en la mente y el corazón de buena parte de los alijunas (criollos) chavistas y no chavistas. Es por eso que en la ciudad de Maracaibo, en las enormes filas que se hacen para comprar alimentos que evidentemente son cada vez más escasos, la sola presencia de nuestras mujeres en sus mantas, ya es motivo para que protesten las mujeres alijunas, acusando a nuestras mujeres de “bachaqueras”, de venir a quitarles su comida.

Esta campaña ha tenido un alcance tal, que hasta en Caracas, donde muy pocos wayuu viven, o en cualquier ciudad del país donde igual los alijunas sufren de la escasez de alimentos, hasta los ideólogos del gobierno acusan a los supuestos bachaqueros wayuu de ser los responsables de que ellos, caraqueños, o verdaderos venezolanos, tengan que hacer fila para comprar un paquete de harina de maíz o un litro de aceite.

Sin embargo, el actual Decreto de Estado de Excepción ya no sólo es que estamos sujetos a que nos decomisen la comida que llevemos, sino a controlar totalmente nuestro tránsito en nuestro propio territorio lo que para nosotros es una clara señal de terrorismo de Estado, discriminación, criminalización a los pueblos Wayuu y añuu, culpados y sentenciados como bachaqueros, pues, somos a quienes el Estado venezolano les aplica la ley sobre delitos de contrabando porque para ellos, somos nosotros los que generamos su inestabilidad económica y responsables de violentar su paz social en el país.

Las medidas tiene un saldo represivo y sangriento

Ahora bien, recalcamos que el terrorismo de Estado en nuestro territorio comenzó a manifestar su rostro macabro con el asesinato de una veintena de nuestros hombres y jóvenes “bachaqueros” en supuestos enfrentamientos con las fuerzas armadas. Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos de la Guajira con sede en Paraguaipoa, ha logrado sustanciar -desde 2010-, 13 asesinatos, 15 casos de torturas, 60 allanamientos ilegales y 760 detenciones arbitrarias contra miembros del pueblo wayuu por parte de efectivos militares pertenecientes al Distrito Militar Nro. 1 de la Guajira. A pesar de que estas organizaciones han solicitado reiteradamente a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo que se investiguen los hechos en donde efectivos militares se han visto involucrados en atropellos contra los pueblos wayuu y añuu de la zona, hasta la presente fecha no ha habido resultado ni pronunciamiento alguno. No puede ser de otra manera, pues, para ellos, no existimos.

Así, desde el 2010 y más ahora en el presente las fuerzas militares bolivarianas parecieran estar autorizadas a allanar nuestras casas sin orden judicial alguna, quemar nuestros ranchos y nuestros vehículos (motocicletas, carros y camiones), a los wayuu, o incautar las embarcaciones de pesca y los motores fuera de borda y disparar sobre nuestras casas, a los añuu. No hay instancia estatal a la que acudir porque, a fin de cuentas, quien reclama por un hijo muerto o desaparecido es un wayuu o añuu “bachaquero”, siempre culpable del mal que viven en Caracas, Valencia, Maracaibo; Barquisimeto, Maracay y cuanta ciudad de Venezuela viva nuestra pobre vida; es decir, la escasez, la falta de alimentos y de recursos.

Hoy, denunciamos ante ustedes que un hermano wayuu fue desaparecido luego de haber sido arrestado por el Ejército y que, más recientemente, la misma fuerza militar bolivariana acabó con la vida de un joven wayuu estudiante de secundaria que regresaba de su escuela y que, en plena vía pública fue asesinado por elementos de las fuerzas armadas bolivarianas amparadas en el Decreto de Distrito Militar Nº 1, lo que motivó una enardecida protesta que llevó al pueblo wayuu a quemar las instalaciones de la Alcaldía bolivariana del Municipio Guajira.

Las verdaderas relaciones de interés detrás de todo esto

Nos acusan de ser los responsables del contrabando de gasolina hacia Colombia; sin embargo, muy recientemente el mismo gobierno tuvo que apresar a dos importantes gerentes de PDVSA encargados de distribuir el combustible, por facilitar despachos en grandes camiones cisternas que atravesaban, con protección pagada a los militares, gran cantidad de combustible que del otro lado reciben, en proporcional distribución territorial, las fuerzas irregulares presentes en Colombia; es decir, todos en La Guajira sabemos de dónde a donde llega el territorio dominado por los paracos y de dónde a donde llega el control de las FARC; de tal manera que el Decreto de Estado de Excepción que nos perjudica, no es para combatir a los paracos, pues, quienes surten de gasolina, tanto a los paracos como a las FARC, son las propias fuerzas militares del gobierno venezolano, y, por supuesto, el gobierno de Colombia está feliz, pues negocia la paz con las FARC a costa del pueblo wayuu y añuu.

El desarrollismo transnacional minero nos lanza su jauría de lacayos

Son incontables los hechos de violaciones a nuestros derechos territoriales y humanos por parte del estado venezolano y sus fuerzas militares en La Guajira a lo largo de estos últimos cinco años, es decir, desde el Decreto de Distrito Militar de Chávez en 2010 hasta el presente Decreto de Estado de Excepción de Maduro en 2015 que, en efecto, pareciera ser el último escalón de una escalada que busca dar el verdadero paso que tanto el Estado venezolano como el colombiano, aspiran alcanzar para despojarnos de manera total y definitiva de nuestro territorio, expulsándonos en base al terror y al sometimiento, para así avanzar en sus planes de explotación masiva del subsuelo de nuestra tierra.

Esto lo decimos porque, a pesar de lo que digan los alijunas/ayouna que para justificar su pensamiento colonial sobre nosotros se suelen arropar con la cobija del “socialismo”, ser de “izquierda” o el nombre del Che Guevara; nosotros no olvidamos los acuerdos firmados por Uribe-Chávez y mucho menos, los acuerdos de Santa Marta entre Santos-Chávez. Todos ellos dirigidos a cumplir con los proyectos de Infraestructuras de Integración Suramericana (IIRSA) para los que el despojo territorial a los wayuu y el dominio del río de los añuu es vital; no sólo a los intereses de las grandes transnacionales, la banca internacional, sino también y por sobre todo, a los Estados y gobiernos en el poder de los mismos. Hablar de otra cosa o causa es, ciertamente, querer hablar de otra vaina.

Igual que en la conquista, no existimos para justificar la recolonización

No de balde, ahora Maduro habla de la necesidad de crear una supuesta “nueva frontera de paz”, y, para ello, invita a los jóvenes de Venezuela (suponemos que a jóvenes de Caracas o La Guaira) a poblar la frontera, pues, para él, esa frontera está vacía, dando por hecho que nosotros ya no existimos. En este sentido y haciendo uso de lo que más gusta a los estudiosos alijunas: la palabra escrita, el documento histórico, debemos recordarles que de acuerdo a la palabra de las crónicas de los conquistadores europeos, los wayuu nunca fuimos conquistados; que cuando los reyes de España dieron autoridad al Gobernador de Santa Marta para imponer la ley del rey en nuestra región de Suliaa, fuimos los wayuu quienes lo flechamos dando muerte, no a uno, sino a dos de sus gobernadores; que la población de Karouya (Sinamaica), sede actual del gobierno municipal de la Guajira venezolana, fue levantada por lo menos en tres oportunidades por los colonos europeos, pues, karouya forma parte de nuestro territorio ancestral y por eso lo defendimos y sólo aceptamos la presencia alijuna luego de un acuerdo que implicó la obligada indemnización que los criollos tuvieron que pagar para convivir con nosotros en nuestro territorio. Hoy día, esa historia de combate de nuestro pueblo, que defendió ese territorio mucho antes de que existiera algo llamado Estado venezolano o Estado colombiano, pretende ser borrada por el señor Maduro de un sólo plumazo mediante un suDecreto.

Queremos, pues, llamar la atención sobre varios aspectos que van desde lo estrictamente legal o jurídico, pasando por lo político y económico hasta llegar a la posibilidad de una otra sociedad o de un mundo donde quepan todos los mundos, como dicen nuestros hermanos zapatistas:

Violar legalmente las leyes nacionales y los convenios

Lo primero es que el Decreto de Maduro esta revestido del desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a la auto determinación, al libre tránsito en su territorio, a sus autoridades propias, a sus usos y costumbres e integridad cultural y a la consulta previa e informada. Todos estos, derechos que estrictamente han sido reconocidos por el Estado venezolano en la Constitución Nacional (por demás) Bolivariana. Pero que, además, han sido ratificados mediante la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades indígenas; en el tratado internacional de derechos humanos internacionalmente reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, igualmente, el Estado venezolano ha suscrito y dispuesto a someterse a ella.

Pero, además, el decreto del ejecutivo también violenta el estado de derecho y de justicia social y el carácter pluriétnico y multicultural tal como se ha vanagloriado ante la galería, como principio con el que se caracteriza a sí mismo el Estado Venezolano en su Carta Magna.

Como una formalidad, a la que siempre acude la colonialidad de nuestros gobernantes, Maduro logra que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de esta medida, argumentando que los Wayuu y añuu ejecutamos actos violentos y delictivos propios del paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando de extracción, organizado a diversas escalas y que transgreden el orden público, la convivencia armónica cotidiana, la paz y la seguridad alimentaria; contribuyendo a impedir el acceso a bienes y servicios subsidiados, regulados y protegidos por el gobierno, considerados estos, como asuntos de seguridad de Estado. Todo ello, como formalización de las circunstancias fácticas que justifican la constitucionalidad de dicho decreto por el que hoy, se nos despoja formal y jurídicamente de nuestro territorio, de la posibilidad de transitar por nuestros propios caminos hechos con nuestras propias manos y pies al caminarlos; se nos obliga a sólo pasar la llamada “frontera colombo-venezolana”, apenas con nuestros süsü y estrictamente a pie; de tal manera que, estamos obligados a no poder favorecer a nuestros abuelos y abuelas, presentes en nuestros territorios ancestrales.

Los actores armados y las mafias trabajan con los estados y los organismo de “integración” por la destrucción de nuestra soberanía

En segundo lugar, necesitamos que todos ustedes entiendan que el cierre de la frontera no es por las razones que el Estado venezolano ha dado, sino que ello está vinculado a los planes de desalojo y despojo territorial en virtud de los programas de explotación minera y de construcción de infraestructuras vinculados a la IIRSA, así como al despeje que se negocia en La Habana entre la cúpula de las FARC y el gobierno colombiano.

Por último, es importantísimo que los de abajo entendamos que ni la OEA (meretriz del hemisferio), ni la UNASUR ni la CELAC aparatos circenses creados para payasear los de arriba, pueden apoyar nuestra lucha de los de abajo, pues, a fin de cuentas, todos ellos, arropados en el desarrollismo, el extractivismo y el racismo, lo que buscan es el despeje y el despojo de los pueblos indígenas, campesinos y demás pueblos que desde abajo luchan por sus territorios y por la construcción de unas muy otras sociedades, donde la dignidad, la justicia y la democracia de los pueblos sea definitivamente respetada.

Por todo ello, les pedimos nos acompañen para exigir la derogación del Decreto de Estado de excepción de Maduro en Territorio Wayuu, por ser una medida arbitraria, ilegal, ilegítima e inconstitucional.

Así como la derogación del Decreto de Chávez del Distrito Militar en La Guajira, pues constituye la instalación de las Fuerzas Armadas Venezolanas como un Ejército de ocupación en nuestro Territorio.

La entrega es de todos los territorios de los pueblos

Hoy este decreto se ha operativizado con la creación de nuevas Zonas militares administrativas del estado de excepción, estas no solo abarcan nuestros territorios, sino los de los pueblos hermanos yukpa y barí, tan codiciados por las mismas razones extractivistas que los nuestros.

Les pedimos nos acompañen a exigir el cese de la campaña bélica en contra de los pueblos originarios Wayuu y añuu, así como la restitución de las garantías constitucionales y la aplicación de la consulta previa e informada para la real materialización de los derechos humanos y el reconocimiento de la autodeterminación de nuestros pueblos en nuestros territorios.

http://laguarura.net/2015/09/16/wainjirawa-el-decreto-de-excepcion-es-contra-los-pueblos-y-en-favor-de-los-intereses-transnacionales/

22 oct. 2015

Colombia: Investigarán a militares por muerte de ex gobernador indígena

Imagen: El Pais.com
– 27 soldados fueron retenidos 36 horas por guardia indígena.
Servindi.- Veintisiete militares de la Brigada 29 del Ejército colombiano serán investigados por la muerte del líder indígena Alfredo Bolaños, de 70 años de edad. Los soldados fueron retenidos 36 horas por la Guardia Indígena momentos después del deceso del comunero ocurrido el lunes y el miércoles fueron trasladados a la ciudad de Popayán.
Según versiones oficiales, los soldados serían separados de sus cargos “para facilitar la labor judicial ante la justicia ordinaria, la cual consistirá en individualizar el caso y establecer plenamente cual fue la persona que estaría comprometida en la muerte del indígena”.
Carlos Maca, representante del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) explicó que “Los soldados permanecieron en un salón comunal, bajo la custodia de la guardia indígena, la cual veló por su integridad así como por el respeto de sus derechos”.
“Contaron con un buen trato hasta que fueron entregados a una comisión de la Defensoría del Pueblo para su traslado a la unidad militar en Popayán y para que la Fiscalía General de la Nación inicie las correspondientes investigaciones” agregó.
La Tercera División del Ejército indicó que velan por el respeto a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), “razón por la cual se prestará la colaboración necesaria a las autoridades que investigan el caso, a fin de que estas logren establecer lo sucedido”.
La muerte de Alfredo Bolaños, exgobernador indígena del resguardo Puracé, en Cauca, ocurrió la noche del lunes cuando una patrulla se desplazaba hacia el corregimiento Santa Leticia, para tomar posición y preparar la seguridad para la jornada electoral del 25 de octubre.
Según la versión oficial al paso de los militares por el corregimiento La Mina, se escucharon varios disparos, que presumieron eran en su contra, por lo que los uniformados reaccionaron.
“Minutos más tarde, el señor José Edgardo Bonilla, perteneciente a la Guardia Zonal del puesto de Kokonuco, informa por medio de la Policía de Puracé sobre unos disparos que se escucharon en el sector. Una vez obtenida la información, el Comando de la Vigésima Novena Brigada ordena el movimiento del Comandante del Batallón al lugar de los hechos, para conocer lo ocurrido. Acto seguido, se da inicio a la búsqueda del cabildante, hallándolo posteriormente sin vida”, explicaron de la Brigada 29 mediante un comunicado oficial.
Sin embargo, según Darío Tote, exgobernador del resguardo de Kokonuco, sostuvo que “Llegó el Ejército y disparó contra el exgobernador. Estaba solo en su casa y encontraron su cuerpo baleado frente a la puerta”.
“Los soldados llegaron a La Piedra del Cóndor, sitio sagrado para ellos, y se escucharon ráfagas de fusil. La gente se acercó a preguntar. Llegaron a la casa de Alfredo y no lo encontraron. La puerta abierta y la casa sola. Interrogaron a los soldados que estaban ahí, pero no respondieron nada” prosiguió.
El CRIC expresó su preocupación por los continuos asesinatos de indígenas en ese departamento que en los últimos 10 años suman más de 365 por acciones de grupos armados ilegales.

Wallmapu: Detenido comunero tras un frustrado ataque incendiario contra la hidroeléctrica


atentadohidroelectrica01En las cercanías de la construcción de una mini central Hidroelectrica Pangue un control policial consigue detener a un joven comunero Pehuenche, mientras otros dos desconocidos consiguen darse a la fuga del control policial.
La represión consigue detener a Francisco Lipimán Calpán de 23 años, en su poder cargaba un revolver calibre 22 con munición en su interior, además de cartuchos de escopeta, un bidón con bencina y un lienzo que señalaba “Fuego y Bala contra la hidroeléctrica…RTMP” (Resistencia Territorial Mapuche Pehuenche).
Francisco fue procesado bajo el delito de tenencia ilegal de armas, quedando en prisión preventiva.
¡A sacar a lxs presxs de las cárceles!
atentadohidroelectrica02

21 oct. 2015

Cultivo en terrazas, un modelo indígena de seguridad alimentaria

Algunas terrazas construidas por los indígenas atacameños en la aldea de Caspana, en el Alto Loa, en la región de Antofagasta, en el norte de Chile. Esta técnica milenaria de cultivo representa una adaptación al clima y garantiza el derecho a la alimentación de estos pueblos del altiplano andino. Crédito: Marianela Jarroud/IPS
Por Marianela Jarroud
- Los cultivos en terrazas de los pueblos originarios andinos representan un aporte a la seguridad alimentaria por aportar una estrategia de adaptación a un medio de difícil características y complejidades geográficas para la producción de alimentos nutritivos.
Esta ancestral técnica prehispánica de cultivo, que aún se practica en vastos territorios del altiplano andino y en particular en el chileno, “es de gran relevancia desde el punto de vista de adaptación al clima y al ecosistema”, aseguró a IPS la especialista Fabiola Aránguiz.
“Al utilizar las terrazas, se hace un uso más eficiente del recurso agua, cada vez más escaso en la zona norte”, explicó la oficial junior en Agricultura Familiar de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) desde la sede regional del organismo en Santiago, a unos 1.400 kilómetros al sur del pueblo atacameño de Caspana.
En Chile, esa forma de cultivo en las laderas andinas, también llamada de andenes, la desarrollaron principalmente los pueblos atacameño y quechua, que habitan el desierto de Atacama, en el norte del país, desde hace unos 9.000 años.
Asentados principalmente en oasis, valles y quebradas de Alto Loa, en la región de Antofagasta, estos pueblos aprendieron la técnica de las terrazas artificiales de los incas, que les enseñaron cómo aprovechar el agua y poder cultivar los escasos terrenos fértiles existentes en sus elevadas altitudes.
Se trata de “verdaderos maceteros que han ido haciendo por años, donde tienen que remover la tierra existente y traer tierra fértil de otro lado para poder habilitarlos”, explicó a IPS el secretario ministerial de Agricultura en Antofagasta, Jaime Pinto.
“Esto les ha permitido mantener la agricultura porque en estas quebradas donde se desarrollan se crean microclimas que permiten el desarrollo de otros cultivos”, añadió el máximo representante gubernamental de Agricultura en la región, desde su capital, también llamada Antofagasta.
Pinto precisó que si bien en la zona el recurso hídrico es escaso, “es de buena calidad, lo que permite, en el caso del pueblo de Caspana, por citar un ejemplo, producciones grandes de ajo, de árboles frutales como damascos (Prunus armeniaca) o manzanas, que no se ven en otros lados”.
Según datos oficiales, se estima que solo en la región de Antofagasta existen unos 14 pueblos altiplánicos que aún conservan esta tradicional forma de cultivo, que contribuye tanto a la seguridad alimentaria de las comunidades, como a la generación de ingresos que permiten mejorar la calidad de vida.
Comunidades como Caspana, de 400 habitantes, y el cercano Río Grande, de apenas un centenar de personas, viven de la agricultura y gracias al cultivo en terrazas desarrollan una producción comercial que se suma a la de autoconsumo y sustenta las economías familiares.
En cambio, otros pueblos y aldeas de Alto Loa, como Toconce, de unos 100 habitantes, poseen una producción que va casi exclusivamente al autoconsumo, pese a sus grandes extensiones cultivables. Ello porque la migración hacia la ciudad ha derivado en el desaprovechamiento de la tierra, explicó Pinto.
La aldea de Caspana, a 3.300 metros sobre el nivel del mar, en el desierto de Atacama, en el norte de Chile. Sus 400 habitantes viven de la pequeña agricultura, como indican orgullosos en una piedra a la entrada del lugar, gracias al uso del milenario cultivo de terrazas en las laderas del altiplano andino. Crédito: Marianela Jarroud/IPS
“La nuestra es tierra fértil”, confirmó a IPS la atacameña Liliana Terán, de 45 años, con cuatro hijos y cuatro nietos, dedicada, en parte, a la pequeña agricultura familiar en la terraza de cultivo que heredó su madre en Caspana.
“Aquí lo que se siembra, se da”, agregó orgullosa la pobladora de esta aldea indígena que  en la lengua kunza, extinguida a fines del siglo XIX, significa “hijos de la hondada” y que se ubica a  3.300 metros sobre el nivel del mar, en una zona profunda del valle.
Caspana es una “aldea de agricultores y pastores”, reza un cartel tallado en piedra a la entrada de la comunidad del pueblo atacameño, también conocido como atacama, kunza o apatama, y que actualmente subsiste en el noroeste de Argentina y el norte de Chile.
Aquí cada familia posee su terraza, que cultiva y cuida. Los más ancianos van heredando esas tierras a sus hijos y estos, a su vez, a los suyos.
Poseen un “juez del agua”, responsable de dar o cortar el recurso a los diferentes sectores de la aldea, para que todos lo reciban en forma equitativa.
“A través de los espacios entre terrazas se forman canales de tipo vertical donde llega el agua desde el punto más alto del río, agua que es dirigida de manera controlada”, explicó Aránguiz.
“Esto permite un mejor aprovechamiento del recurso tanto de riego como de lluvia, una mayor retención de agua y por tanto de la humedad del suelo, lo que ayuda aminorar periodos de escasez de agua; se favorece un adecuado drenaje del agua y evita la erosión hidráulica protegiendo a los suelos”, añadió.
Todas estas cualidades, dijo la representante de la FAO, hacen que el cultivo en terrazas sea un eficiente modelo de ayuda para combatir los efectos del cambio climático.
“Terrazas bien construidas y mantenidas pueden mejorar la estabilidad de las laderas, evitando remoción de masas durante eventos extremos de lluvia”, aseguró y destacó que “la importancia cultural de esta ancestral técnica, junto con que fortalece las dinámicas económicas y sociales de la agricultura familiar”.
Aránguiz recordó que hasta hoy los pueblos altiplánicos han mantenido esta tradición para el mantenimiento de la seguridad alimentaria, destacando países como Bolivia y Perú, este último con más de 500.000 hectáreas de cultivo en terrazas.
Luisa Terán, de 43 años, con una hija de crianza y prima de Liliana, trabaja la tierra en la terraza de su madre.
Cuando IPS estuvo en el lugar en la víspera de la ceremonia ancestral de limpieza de canales, Luisa se esmeraba en la preparación de empanadas (masa rellena) para aportar a la celebración.
“Es una ceremonia muy importante para nosotros”, explicó, y marca que la tierra ha quedado preparada para ser sembrada de nuevo.
Pinto subrayó que “es una responsabilidad que tenemos como gobierno el mantener estos sistemas de cultivo”.
Precisó que, a través del gubernamental Instituto de Desarrollo Agropecuario, se espera llevar adelante un programa de recuperación y mantención de las terrazas que fueron dañadas por los últimos temporales del norte de Chile.
Junto a esto, se están generando proyectos “para que los jóvenes vean como una alternativa económica el desarrollo agrícola”.
Esto va de la mano con el combate a la desigualdad, afirmó Pinto.
“Estamos trabajando en generar las condiciones para la autonomía alimentaria y son este tipo de cultivos los que pueden generar aportes a la producción agrícola para la alimentación regional”, concluyó.
Editado por Estrella Gutiérrez
__ Fuente: IPS: http://www.ipsnoticias.net/2015/10/cultivo-en-terrazas-un-modelo-indigena-de-seguridad-alimentaria/