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20 sep. 2015

Desde la Guajira: El Decreto de Excepción es contra los pueblos y en favor de los intereses transnacionales




















Aana Wainjirawa
Desde hace un par de semanas es noticia en el mundo los hechos que se describen como una tensión en la frontera entre los Estados de Venezuela y Colombia, a raíz del Decreto de Estado de Excepción en los municipios indígenas Guajira, Mara y Almirante Padilla dictado por Nicolás Maduro Moros, publicado como Decreto 1989 en la Gaceta Oficial Nº 40.740 del 7 de septiembre de 2015. Tal decreto ha sido acompañado de un cierre violento de la frontera, supuestamente, para impedir el contrabando de extracción de alimentos y combustibles, así como atacar la delincuencia y la violencia de grupos paramilitares de Colombia.

Las medidas son parte de una escalada contra los pueblos
Sin embargo, es necesario denunciar que este decreto, es una acción más que se suma a la escalada que desde el año 2010, aún durante el gobierno de Hugo Chávez, comenzó con su Decreto de creación del Distrito Militar Nº 1, en La Guajira, con el que se afincaba la presencia y control militar de nuestro territorio para atacar el contrabando del cual, según el gobierno, ejecutamos los wayuu y los añuu por lo que se nos criminalizó con el término de “bachaqueros”. Es a partir de ese año que comienza el más contundente despojo territorial y de nuestros derechos como pueblos indígenas, al punto de que hasta el presente, se contabilizan más de 20 indígenas asesinados por las fuerzas militares venezolanas, y decenas de presos y sometidos a juicio por contrabando.


Nuestra vida soberana vs los intereses de las mafias y corporaciones imperiales

Es importante señalar, que el territorio wayuu se despliega por sobre la línea fronteriza de los Estados de Venezuela y Colombia. Que a lo largo de nuestra historia en ese territorio hemos construido nuestros propios caminos que los Estados llaman trochas o pasos ilegales, pero que son nuestras propias vías de acceso entre las diferentes comunidades y familias de nuestro pueblo wayuu, así como las aguas del río Limón, Guasare y todos su caños son las rutas y caminos de nuestros hermanos añuu entre Colombia y Venezuela.

El tránsito entre los dos estados es para nosotros parte de nuestro cotidiano ejercicio de nuestra soberanía territorial y que, efectivamente, muchos de nosotros que viven en ciudades como Maracaibo (Venezuela) o en Maicao, Río Hacha o Uribia (en Colombia), nunca pierden el sentido de pertenencia del territorio ancestral al que siempre volvemos regularmente ya sea para celebrar nuestras ceremonias de velorios y otras reuniones, como simplemente para visitar a nuestros familiares que sabemos permanecen siempre en el territorio ancestral, cuidando de nuestra carne (eirrükü) (que los antropólogos llaman clanes), y por lo que estamos obligados a llevar el bastimento necesario tanto para nuestras celebraciones, como que nuestros familiares se sostengan, cuidando y sosteniendo la tierra de origen de cada una de nuestras familias.

Pues, bien, lo primero que el Distrito Militar Nº 1 atacó fue, precisamente, el paso de nuestras familias con los alimentos que regularmente debemos llevar a nuestros parientes o para nuestras celebraciones, pues, para ellos eso era contrabando de extracción que, ciertamente, no negamos que esté presente y que hasta algunos miembros de nuestro pueblo wayuu (incluyendo a quienes hoy actúan como altísimos representantes del partido de gobierno no del pueblo wayuu), participen de ello; pero el hecho es que no todas las familias wayuu y añuu están involucradas en un negocio generado, auspiciado y dominado por los blancos (alijunas-ayouna) por su original idea acerca de qué es economía; pero además, porque lo cierto y evidente para todos nosotros es que, los propiciadores y más grandes bachaqueros están presentes en la más alta jerarquía de las fuerzas militares y de la Guardia Nacional venezolana supuestamente destinados a controlar eso que ellos llaman frontera; pero también están en la PDVSA y, muy especialmente, en la Asamblea Nacional.

Chivos expiatorios del negocio de los militares y de la clase política

Decimos esto con toda propiedad porque, desde el Decreto de Distrito Militar Nº 1 de Chávez hasta el hoy Decreto de Excepción de Maduro, diariamente vemos como un verdadero Ejército de ocupación despoja a nuestras mujeres de la poca comida que llevan para sus familiares del otro lado, o exigirnos cartas de certificación de que somos wayuu (que sólo ellos otorgan legalmente), i cartas de convivencia que debemos negociar con algunos wayuu que, asimilados al poder del partido, puedan otorgarnos como voceros autorizados del gobierno para tratar con sus propios hermanos. Al mismo tiempo, los militares y guardias nacionales cobran sin ninguna vergüenza, para permitir el paso de cientos de grandes camiones cargados de alimentos y combustibles hacia Colombia.

Un show para aprovechar el miedo y los peores valores de la sociedad alijuna

Sin embargo, la campaña de criminalización auspiciada por el gobierno nacional y regional en el Zulia, favorecida por una prensa y unos medios de comunicación que, si no son del mismo gobierno, son la expresión del más rancio racismo que aún subsiste en la mente y el corazón de buena parte de los alijunas (criollos) chavistas y no chavistas. Es por eso que en la ciudad de Maracaibo, en las enormes filas que se hacen para comprar alimentos que evidentemente son cada vez más escasos, la sola presencia de nuestras mujeres en sus mantas, ya es motivo para que protesten las mujeres alijunas, acusando a nuestras mujeres de “bachaqueras”, de venir a quitarles su comida.

Esta campaña ha tenido un alcance tal, que hasta en Caracas, donde muy pocos wayuu viven, o en cualquier ciudad del país donde igual los alijunas sufren de la escasez de alimentos, hasta los ideólogos del gobierno acusan a los supuestos bachaqueros wayuu de ser los responsables de que ellos, caraqueños, o verdaderos venezolanos, tengan que hacer fila para comprar un paquete de harina de maíz o un litro de aceite.

Sin embargo, el actual Decreto de Estado de Excepción ya no sólo es que estamos sujetos a que nos decomisen la comida que llevemos, sino a controlar totalmente nuestro tránsito en nuestro propio territorio lo que para nosotros es una clara señal de terrorismo de Estado, discriminación, criminalización a los pueblos Wayuu y añuu, culpados y sentenciados como bachaqueros, pues, somos a quienes el Estado venezolano les aplica la ley sobre delitos de contrabando porque para ellos, somos nosotros los que generamos su inestabilidad económica y responsables de violentar su paz social en el país.

Las medidas tienen un saldo represivo y sangriento
Ahora bien, recalcamos que el terrorismo de Estado en nuestro territorio comenzó a manifestar su rostro macabro con el asesinato de una veintena de nuestros hombres y jóvenes “bachaqueros” en supuestos enfrentamientos con las fuerzas armadas. Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos de la Guajira con sede en Paraguaipoa, ha logrado sustanciar -desde 2010-, 13 asesinatos, 15 casos de torturas, 60 allanamientos ilegales y 760 detenciones arbitrarias contra miembros del pueblo wayuu por parte de efectivos militares pertenecientes al Distrito Militar Nro. 1 de la Guajira. A pesar de que estas organizaciones han solicitado reiteradamente a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo que se investiguen los hechos en donde efectivos militares se han visto involucrados en atropellos contra los pueblos wayuu y añuu de la zona, hasta la presente fecha no ha habido resultado ni pronunciamiento alguno. No puede ser de otra manera, pues, para ellos, no existimos.

Así, desde el 2010 y más ahora en el presente las fuerzas militares bolivarianas parecieran estar autorizadas a allanar nuestras casas sin orden judicial alguna, quemar nuestros ranchos y nuestros vehículos (motocicletas, carros y camiones), a los wayuu, o incautar las embarcaciones de pesca y los motores fuera de borda y disparar sobre nuestras casas, a los añuu. No hay instancia estatal a la que acudir porque, a fin de cuentas, quien reclama por un hijo muerto o desaparecido es un wayuu o añuu “bachaquero”, siempre culpable del mal que viven en Caracas, Valencia, Maracaibo; Barquisimeto, Maracay y cuanta ciudad de Venezuela viva nuestra pobre vida; es decir, la escasez, la falta de alimentos y de recursos.

Hoy, denunciamos ante ustedes que un hermano wayuu fue desaparecido luego de haber sido arrestado por el Ejército y que, más recientemente, la misma fuerza militar bolivariana acabó con la vida de un joven wayuu estudiante de secundaria que regresaba de su escuela y que, en plena vía pública fue asesinado por elementos de las fuerzas armadas bolivarianas amparadas en el Decreto de Distrito Militar Nº 1, lo que motivó una enardecida protesta que llevó al pueblo wayuu a quemar las instalaciones de la Alcaldía bolivariana del Municipio Guajira.

Las verdaderas relaciones de interés detrás de todo esto

Nos acusan de ser los responsables del contrabando de gasolina hacia Colombia; sin embargo, muy recientemente el mismo gobierno tuvo que apresar a dos importantes gerentes de PDVSA encargados de distribuir el combustible, por facilitar despachos en grandes camiones cisternas que atravesaban, con protección pagada a los militares, gran cantidad de combustible que del otro lado reciben, en proporcional distribución territorial, las fuerzas irregulares presentes en Colombia; es decir, todos en La Guajira sabemos de dónde a donde llega el territorio dominado por los paracos y de dónde a donde llega el control de las FARC; de tal manera que el Decreto de Estado de Excepción que nos perjudica, no es para combatir a los paracos, pues, quienes surten de gasolina, tanto a los paracos como a las FARC, son las propias fuerzas militares del gobierno venezolano, y, por supuesto, el gobierno de Colombia está feliz, pues negocia la paz con las FARC a costa del pueblo wayuu y añuu.

El desarrollismo transnacional minero nos lanza su jauría de lacayos

Son incontables los hechos de violaciones a nuestros derechos territoriales y humanos por parte del estado venezolano y sus fuerzas militares en La Guajira a lo largo de estos últimos cinco años, es decir, desde el Decreto de Distrito Militar de Chávez en 2010 hasta el presente Decreto de Estado de Excepción de Maduro en 2015 que, en efecto, pareciera ser el último escalón de una escalada que busca dar el verdadero paso que tanto el Estado venezolano como el colombiano, aspiran alcanzar para despojarnos de manera total y definitiva de nuestro territorio, expulsándonos en base al terror y al sometimiento, para así avanzar en sus planes de explotación masiva del subsuelo de nuestra tierra.

Esto lo decimos porque, a pesar de lo que digan los alijunas/ayouna que para justificar su pensamiento colonial sobre nosotros se suelen arropar con la cobija del “socialismo”, ser de “izquierda” o el nombre del Che Guevara; nosotros no olvidamos los acuerdos firmados por Uribe-Chávez y mucho menos, los acuerdos de Santa Marta entre Santos-Chávez. Todos ellos dirigidos a cumplir con los proyectos de Infraestructuras de Integración Suramericana (IIRSA) para los que el despojo territorial a los wayuu y el dominio del río de los añuu es vital; no sólo a los intereses de las grandes transnacionales, la banca internacional, sino también y por sobre todo, a los Estados y gobiernos en el poder de los mismos. Hablar de otra cosa o causa es, ciertamente, querer hablar de otra vaina.

Igual que en la conquista, no existimos para justificar la recolonización

No de balde, ahora Maduro habla de la necesidad de crear una supuesta “nueva frontera de paz”, y, para ello, invita a los jóvenes de Venezuela (suponemos que a jóvenes de Caracas o La Guaira) a poblar la frontera, pues, para él, esa frontera está vacía, dando por hecho que nosotros ya no existimos. En este sentido y haciendo uso de lo que más gusta a los estudiosos alijunas: la palabra escrita, el documento histórico, debemos recordarles que de acuerdo a la palabra de las crónicas de los conquistadores europeos, los wayuu nunca fuimos conquistados; que cuando los reyes de España dieron autoridad al Gobernador de Santa Marta para imponer la ley del rey en nuestra región de Suliaa, fuimos los wayuu quienes lo flechamos dando muerte, no a uno, sino a dos de sus gobernadores; que la población de Karouya (Sinamaica), sede actual del gobierno municipal de la Guajira venezolana, fue levantada por lo menos en tres oportunidades por los colonos europeos, pues, karouya forma parte de nuestro territorio ancestral y por eso lo defendimos y sólo aceptamos la presencia alijuna luego de un acuerdo que implicó la obligada indemnización que los criollos tuvieron que pagar para convivir con nosotros en nuestro territorio. Hoy día, esa historia de combate de nuestro pueblo, que defendió ese territorio mucho antes de que existiera algo llamado Estado venezolano o Estado colombiano, pretende ser borrada por el señor Maduro de un sólo plumazo mediante un suDecreto.

Queremos, pues, llamar la atención sobre varios aspectos que van desde lo estrictamente legal o jurídico, pasando por lo político y económico hasta llegar a la posibilidad de una otra sociedad o de un mundo donde quepan todos los mundos, como dicen nuestros hermanos zapatistas.

Violar legalmente las leyes nacionales y los convenios

Lo primero es que el Decreto de Maduro esta revestido del desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a la auto determinación, al libre tránsito en su territorio, a sus autoridades propias, a sus usos y costumbres e integridad cultural y a la consulta previa e informada. Todos estos, derechos que estrictamente han sido reconocidos por el Estado venezolano en la Constitución Nacional (por demás) Bolivariana. Pero que, además, han sido ratificados mediante la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades indígenas; en el tratado internacional de derechos humanos internacionalmente reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, igualmente, el Estado venezolano ha suscrito y dispuesto a someterse a ella.

Pero, además, el decreto del ejecutivo también violenta el estado de derecho y de justicia social y el carácter pluriétnico y multicultural tal como se ha vanagloriado ante la galería, como principio con el que se caracteriza a sí mismo el Estado Venezolano en su Carta Magna.

Como una formalidad, a la que siempre acude la colonialidad de nuestros gobernantes, Maduro logra que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de esta medida, argumentando que los Wayuu y añuu ejecutamos actos violentos y delictivos propios del paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando de extracción, organizado a diversas escalas y que transgreden el orden público, la convivencia armónica cotidiana, la paz y la seguridad alimentaria; contribuyendo a impedir el acceso a bienes y servicios subsidiados, regulados y protegidos por el gobierno, considerados estos, como asuntos de seguridad de Estado. Todo ello, como formalización de las circunstancias fácticas que justifican la constitucionalidad de dicho decreto por el que hoy, se nos despoja formal y jurídicamente de nuestro territorio, de la posibilidad de transitar por nuestros propios caminos hechos con nuestras propias manos y pies al caminarlos; se nos obliga a sólo pasar la llamada “frontera colombo-venezolana”, apenas con nuestros süsü y estrictamente a pie; de tal manera que, estamos obligados a no poder favorecer a nuestros abuelos y abuelas, presentes en nuestros territorios ancestrales.

Los actores armados y las mafias trabajan con los estados y los organismo de “integración” por la destrucción de nuestra soberanía

En segundo lugar, necesitamos que todos ustedes entiendan que el cierre de la frontera no es por las razones que el Estado venezolano ha dado, sino que ello está vinculado a los planes de desalojo y despojo territorial en virtud de los programas de explotación minera y de construcción de infraestructuras vinculados a la IIRSA, así como al despeje que se negocia en La Habana entre la cúpula de las FARC y el gobierno colombiano.

Por último, es importantísimo que los de abajo entendamos que ni la OEA (meretriz del hemisferio), ni la UNASUR ni la CELAC aparatos circenses creados para payasear los de arriba, pueden apoyar nuestra lucha de los de abajo, pues, a fin de cuentas, todos ellos, arropados en el desarrollismo, el extractivismo y el racismo, lo que buscan es el despeje y el despojo de los pueblos indígenas, campesinos y demás pueblos que desde abajo luchan por sus territorios y por la construcción de unas muy otras sociedades, donde la dignidad, la justicia y la democracia de los pueblos sea definitivamente respetada.

Por todo ello, les pedimos nos acompañen para exigir la derogación del Decreto de Estado de excepción de Maduro en Territorio Wayuu, por ser una medida arbitraria, ilegal, ilegítima e inconstitucional. Así como la derogación del Decreto de Chávez del Distrito Militar en La Guajira, pues constituye la instalación de las Fuerzas Armadas Venezolanas como un Ejército de ocupación en nuestro Territorio.

La entrega es de todos los territorios de los pueblos

Hoy este decreto se ha operativizado con la creación de nuevas Zonas militares administrativas del estado de excepción, estas no solo abarcan nuestros territorios, sino los de los pueblos hermanos yukpa y barí, tan codiciados por las mismas razones extractivistas que los nuestros.

Les pedimos nos acompañen a exigir el cese de la campaña bélica en contra de los pueblos originarios Wayuu y añuu, así como la restitución de las garantías constitucionales y la aplicación de la consulta previa e informada para la real materialización de los derechos humanos y el reconocimiento de la autodeterminación de nuestros pueblos en nuestros territorios.

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