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3 sep. 2015

Crece presión a mandatario peruano para restablecer diálogo con indígenas


– Cuestionan que se haya dado fin a las conversaciones sin antes haber llegado a acuerdos con las comunidades de las cuencas del Corrientes y Pastaza, las cuales acogen la mayor cantidad de instalaciones petroleras. 
Servindi.- Especialistas, académicos, activistas, representantes de organizaciones de la sociedad civil y personalidades destacadas instaron al presidente Ollanta Humala a restablecer el dialogo con los pueblos indígenas luego de que su gobierno declarase “concluida” la consulta previa del Lote 192.
A través de una carta, recordaron que la decisión del gobierno se tomó de forma unilateral sin respetar lo expuesto en la Ley de Consulta Previa y su reglamento.
Pidieron por ello que se atiendan las propuestas planteadas por las citadas comunidades, las cuales se encuentran representadas por las federaciones Feconaco, para el río Corrientes, y Fediquep, para el Pastaza.
Asimismo, se habilitó un espacio en el sitio web Avaaz para reunir más firmas (ingresar aquí).
Estas acciones surgen ante el proceder específico, en primer lugar, del Ministerio de Energía y Minas (MEM) que hizo en todo momento oídos sordos a los pedidos de diálogo de las comunidades indígenas, de los pueblos Achuar y Quechua, que llevan más de 40 años siendo testigos de todo el daño que causa la actividad petrolera en sus territorios.
En segundo lugar, la carta llama la atención sobre la actuación del Viceministerio de Interculturalidad, que no respaldó las demandas indígenas en el marco de la consulta y que ahora guarda silencio.
Dichas demandas tienen que ver con temas como titulación de sus comunidades, reparación de daños ocasionados en más de 40 años de actividad petrolera, compensación, beneficios, entre otros. En total son 27 puntos.
“¿Será que es un delito contra el Perú que los pueblos originarios quieran conservar su dignidad, preservando sus espacios de libertad y seguir siendo dueños y señores de su futuro, del bosque, de sus ríos y de sus vidas?”, se preguntan los firmantes en la carta dirigida al mandatario.
En otra parte recuerdan que los nativos de las dos cuencas aún mantienen su voluntad para dialogar con el gobierno.
Respecto a la situación en que se encuentran hoy los nativos a raíz de la culminación del diálogo, sostienen que con esto “los pueblos terminarían excluidos de la posibilidad de decidir sobre el futuro de su existencia y de lo que ellos conciben como desarrollo”.
Como se recuerda, en el marco de la consulta previa del Lote 192, el 14 de agosto el Gobierno tuvo una reunión con cuatro organizaciones -Feconaco, Fediquep, Feconat (del río Tigre) y ORIAP- y llegó a acuerdos solo con dos de ellas: Feconat y ORIAP, esta última cuestionada por los propios indígenas.
Días después y desairando una reunión programada con Feconaco y Fediquep, el Gobierno declaró finalizada la consulta.
El lote petrolero 192 se ubica en la región de Loreto. La consulta previa en su caso fue especial, ya que se trata de un lote que viene siendo explotado desde la década del setenta.
A continuación la carta enviada al presidente peruano Ollanta Humala:
Lima, 31 de agosto de 2015
 “Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar a importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste  su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.” Convenio 169 de la OIT (artículo 13)

“Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;…” Declaración Universal de Derechos Humanos
Ollanta Humala Tasso, Presidente del Perú
Respetado señor presidente,
Los abajo firmantes reclamamos su atención a fin de manifestarle nuestra preocupación por la forma en que funcionarios de su gobierno vienen tratando los asuntos territoriales y ambientales de los pueblos indígenas del Perú, en especial los de aquellos pueblos indígenas del departamento de Loreto que vienen participando en la Consulta Previa para la operación del lote petrolero 192.
Esta Consulta Previa, que según lo dispone el Convenio 169 de la OIT es de obligatorio cumplimiento para protección de los derechos de los pueblos indígenas y originarios de eventuales daños ante intervenciones en sus territorios y en sus comunidades, ha sido declarada como “concluida”, de forma unilateral por parte del Estado, a pesar de que los pueblos indígenas se mostraron abiertos a seguir dialogando. De ese modo, debido a la intransigencia y falta de voluntad del Ministerio de Energía y Minas y del Viceministerio de Interculturalidad para abordar los temas que más preocupan a los pueblos indígenas, no se lograron tener acuerdos por temas de vital importancia para los pueblos de las cuencas del Pastaza y Corrientes:  a) obtener la apropiación legal (titulación) de sus territorios ancestrales, b) reparar los daños ocasionados a sus bosques, suelos y aguas por más de cuatro décadas de explotación inclemente y deficientemente técnica de empresas extractoras de hidrocarburos; c) compensar a sus comunidades por los daños ocasionados a su salud y a su reproducción económica y social; d) de tener garantías de no-repetición de estos daños, pues parten de la certeza que solo tienen un territorio y quieren conservarlo íntegro y sano para sus hijos y e) la participación en los beneficios que reporten las actividades sobre sus territorios lo cual es de obligatorio cumplimiento y de rango constitucional.
Pero esta difícil situación por la que atraviesan los pueblos indígenas no es nueva. Tiene sus orígenes en el permanente atropello de toda clase de empresas “rapiñas” que desde hace siglos llegan a sus territorios para despojarlos de sus riquezas naturales y para ocasionarles la muerte y destrucción de su existencia. Esta situación se ha tornado insostenible por la presión sobre sus territorios y recursos y por los daños al ambiente de empresas petroleras que se ubicarían a lo largo de sus cuencas y bosques sin consulta previa. Todas estas empresas explotaron de forma irracional los recursos del ambiente y aún ponen en peligro el futuro y la vida de estos pueblos. Esta situación se agrava aún más por el crónico abandono del Estado peruano a estos pueblos y la indolencia y desgano de sus instituciones y funcionarios para atender sus demandas y garantizar sus derechos.
Señor presidente ¿será que por reclamar una mejor atención del Estado y exigir que la explotación del recurso no se haga sin escrúpulos,  para que el petróleo no siga destruyendo sus santuarios de vida como son la mayoría de estos territorios amazónicos, los indígenas estén robándole el futuro al pueblo peruano? Aún más, ¿que lleguen a ser tratados como esa malhadada e indignante frase de Alan García, “los perros del hortelano”? –
¿Será que es un delito contra el Perú que los pueblos originarios quieran conservar su dignidad, preservando sus espacios de libertad y seguir siendo dueños y señores de su futuro, del bosque, de sus ríos y de sus vidas?; ¿será un delito que quieran acceder a la titulación de territorios donde no nació ninguna empresa petrolera sino que se impuso sin consulta por gobiernos pasados?; ¿será un delito que  se exijan altos estándares tecnológicos y normativos para proteger sus aguas superficiales y subterráneas, ya que estas representan el núcleo de la vida espiritual y física de estos pueblos?
Los indígenas no quieren permanecer impasibles ante el saqueo y destrucción de sus territorios, ya que con ellos también se van sus vidas, pues poseen la idea de que la naturaleza y la tierra, es el origen de todo y fuente de toda la vida. De esa concepción derivan la responsabilidad con esta gran selva, y el reconocimiento de la solidaridad y de la compasión con la naturaleza –entendida como la capacidad de sentir en nuestras “tripas”  la suerte de otros seres vivos, con los cuales compartimos el bosque y cuyas vidas están también en el ocaso– son también valores que hemos aprendido de los pueblos indígenas, que queremos seguir inculcándole a nuestros hijos.
Nosotros tampoco queremos permanecer impasibles, pues también hemos comprendido que  las políticas de desarrollo en la Amazonía no están conduciendo ni a una mejor calidad de vida ni a una mayor felicidad humana, como tampoco a unas relaciones más armónicas entre nuestra especie y otras especies vivas, ni a formas más adecuadas de interacción con el entorno, y más seguras tanto para los ecosistemas como para los pueblos indígenas.
Los estándares internacionales para la protección de los pueblos indígenas otorgan particular atención a los derechos individuales y colectivos en relación con la propiedad colectiva, el uso y el control que ejercen los pueblos indígenas en sus territorios, así como la relación con los recursos naturales. Estos estándares ponen un claro énfasis en la necesidad de contar con mecanismos apropiados de consulta, participación y consentimiento previo, libre e informado sobre las medidas administrativas y/o legislativas que tengan impacto sobre los pueblos indígenas. Y esto es así, pues es por medio del control que tienen de los factores y procesos que afecten sus vidas y territorios, que pueden mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones, y promover un desarrollo propio de acuerdo con sus deseos, aspiraciones y necesidades.
Señor presidente, como peruanos y hermanos ligados al amor por nuestra Amazonía, no queremos un futuro con pueblos indígenas con cochas y ríos contaminados, con territorios indígenas cruzados por oleoductos o “refugiados y desplazados ambientales” –comunes en zonas como Sudán y últimamente en Colombia- pero que pueden comenzar a presentarse en el Perú como resultado del deterioro ecológico. ¿Será eso lo que quiere el gobierno?
No podemos perder nunca de vista el carácter diverso  y pluricultural de la Nación peruana. Esto significa que los planes de desarrollo nacional tengan la capacidad de adecuarse y aplicarse según las particularidades de cada región y de cada comunidad y que no sólo respeten, sino que expresen y activamente contribuyan a la consolidación positiva de esas particularidades.
La Consulta Previa, entendida como un diálogo intercultural,  ratificada por su gobierno en una Ley y un Reglamento, busca precisamente articular versiones alternativas de desarrollo. Sin embargo en una acción unilateral e injustificada,  su propio gobierno ha tenido la lamentable decisión de dar por concluido el proceso de consulta, sin llegar finalmente a ningún acuerdo con los pueblos que serán afectados directamente por la mayor cantidad de producción del Lote Petrolero más importante del Perú, el Lote 192, el cual además tiene una larga historia de destrucción y daño. Con esto,  los pueblos terminarían excluidos de la posibilidad de decidir sobre el futuro de su existencia y de lo que ellos conciben como desarrollo, imponiéndose nuevamente una decisión que afectará para siempre sus territorios y sus propias vidas.
Y es por eso que los que suscribimos esta carta lo instamos a restablecer el diálogo con los pueblos indígenas y atienda en el marco de la garantía de sus derechos colectivos, las propuestas que ellos han planteado para que no se repita con este nuevo Lote 192  la infame historia de destrucción sufrida durante los últimos 40 años de explotación petrolera, esto al margen de la empresa petrolera que ingrese, ya que es el sentir de estos pueblos.
De ese modo, los pueblos indígenas de las cuencas del Corrientes y Pastaza, los pueblos indígenas del Perú y en general los peruanos y peruanas le agradecerán este gesto.
Pero tenga usted la certeza señor presidente que si los pueblos indígenas deciden movilizarse para hacer valer sus derechos, estaremos prestos a auxiliarlos con todos los medios a nuestro alcance y no ahorraremos esfuerzos para poner en marcha todos los mecanismos legales para apoyar sus derechos, pues estamos convencidos que la diversidad cultural y biológica forman parte de los derechos humanos que debemos conservar y proteger no solo por el bien de estos pueblos sino por los de todo el mundo.
De usted cordialmente,
  1. Verónika Mendoza Firsh, congresista de la república, Perú
  2. Claudia Cisneros, periodista/activista, DNI 10276060, Perú
  3. Frederica Barclay Rey de Castro, antropóloga, DNI 08231882, Perú
  4. Alberto Chirif, antropólogo, DNI 05342330 Perú
  5. Lucy Ann Trapnell, antropóloga y educadora, DNI 05285897, Perú
  6. Efraín Jaramillo, antropólogo, Colombia
  7. Luis Enrique Mendoza, filósofo, Perú
  8. Efraín Jaramillo Jaramillo, antropólogo, Colombia
  9. Kathe Meentzen, comunicadora, Alemana
  10. Richard Kamp, científico, Estados Unidos.
  11. Manuel Miguel Berjón Martínez, sacerdote, España
  12. Diana May Papoulias, bióloga, México
  13. Ermeto Tuesta Cerrón, awajun, DNI 10271565
  14. Pascha Bueno-Hansen, profesora Universidad Delaware, Estado Unidos
  15. Julianne A. Hazlewood, geógrafa, Estados Unidos
  16. Tirso Gonzáles profesor, Canadá
  17. Bren Metz, antropólogo, Estados Unidos
  18. Miryam Guevara Guevara, trabajadora social, DNI 01111709, Perú
  19. Charline Baudry, asesora en gestión de proyectos, Francia
  20. Roberto Lay Ruíz, DNI 01146587
  21. Mario Zúñiga Lossio, antropólogo, DNI 40312242, Perú
  22. Yaizha Campanario Baqué, técnica de derechos humanos, España
  23. Never Tuesta Cerrón, pedagogo EIB, Perú
  24. Miguel Lévano Muñoz, sociólogo, DNI DNI 08691911, Perú
  25. Isabel Port, maestra, Alemania
  26. Marcela Velasco, profesora de ciencia política, Fort Collins (Colorado)
  27. María Mercedes Jaramillo, profesora de Literatura, Fitchburg State College
  28. Gloria Salinas, contadora, Bogotá, Colombia
  29. Antonia Röck, artista, Frankfurt, Alemania
  30. Chiesie Salinas, ecóloga, universidad Javeriana, Bogotá, Colombia
  31. Alonso Tobón, Presidente de Alianza Social Independiente, Bogotá, Colombia
  32. Jorge Agurto Aguilar, comunicador, DNI 10449399, Perú
  33. Ana Leyva Valera, abogada, DNI es 06251953, Perú
  34. Vanessa Schaeffer Manrique DNI 44466084, Perú
  35. Elqui Cruz Ayala, DNI 10231460, Perú
  36. Cindy Cecilia Chavarrí Castillo DNI 46531396, Perú
  37. Franco Andree Ratto Panduro DNI 46819178, Perú
  38. Ismael Vega, Antropólogo. DNI 08600121, Perú
  39. César Vladimir Pinto López, abogado, DNI 10218944, Perú
  40. Renato Pita Zilbert, artista plástico, DNI 40689377, Perú
  41. Richard O’Diana Rocca, abogado, DNI: 70434839 Perú.
  42. Tami OKamoto Mendoza, mujer, DNI 44037149, Perú
  43. Miller López Santillán, dirigente shawi, DNI 43454941, Perú
  44. Rocío Arana Gómez, antropóloga, DNI 45256598, Perú
  45. Juan Aste Daffos, ingeniero, DNI 06600063, Perú
  46. Carmen Rosa Arévalo Salas, activista derechos humanos, DNI 05256869, Perú.
  47. Aída Gamboa Balbín, politóloga, DNI, 70083150, Perú.
  48. Anahí Chaparro Ortiz de Zevallos, antropóloga DNI 42557826, Perú
  49. Rudy Roca Rozas, Antropólogo, DNI 44764024, Cusco-Perú
  50. Xiomara Carballo Briceño, Abogada en DDHH y Género, Costa Rica.
  51. Jonathan Hurtado, comunicador social, DNI, 42780987, Perú
  52. Luis Alberto Hallazi Méndez, abogado derechos humanos, Perú
  53. Sara Isabel Arana Gómez, antropóloga, DNI 42120680, Perú
  54. Giselle Vila, Socióloga, DNI 44710121, Perú
  55. Maritza Paredez, DNI 067831313
  56. Fernando Torres Anlas, antropólogo, DNI 43586998, Perú
  57. Harry Echegaray Elmore, sociólogo, DNI 40396027, Perú
  58. Selva Chirif Trapnell, educadora, peruana. DNI: 43090916, Perú
  59. Ángela Alfaro Vilanueva, antropóloga, DNI 42439710, Perú
  60. Glicerio Alfaro Ganvini, coronel PNP (r), DNI 43266065, Perú
  61. Narda Henriquez, socióloga, DNI 07215091, Perú
  62. Alba Paula Agüero, DNI 47312876, Perú
(siguen firmas)
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