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2 ago. 2015

Perú: Comunidad Kana presentó demanda de amparo por omisión de consulta previa en minería


– La comunidad campesina de Huisa pertenece al pueblo originario Kana, y autoridades pro mineras arrasaron con sus derechos comunales e ignoraron derecho a la consulta previa.  
Servindi.- La comunidad campesina de Huisa, una de las más dañadas por la operación minera en la provincia de Espinar, interpuso una demanda de amparo por incumplirse su derecho a una consulta previa en todo el proceso de concesión, exploración y explotación de la mina Antapaccay.
Según una nota de prensa de la Asociación por la Vida y Dignidad Humana (APORVIDHA) y el Instituto de Defensa Legal (IDL), los pobladores de la comunidad campesina interpusieron la demanda en el juzgado mixto de Yauri, en la provincia de Espinar, en Cusco.
La demanda es contra el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA) del MEM, y el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) por la sistemática omisión de consultar la expedición de concesiones mineras, la aprobación de la exploración y la aprobación de Estudios de Impacto ambiental.
La histórica demanda solicita se declare la nulidad de los actos administrativos no consultados, es decir nulas y sin efectos jurídicos; y se ordene al INGEMMET y al Ministerio de Energía y Minas realizar un proceso de consulta previa, libre e informada.
Del mismo modo demanda dejar sin efecto los contratos de compraventa y de permuta entre la empresa minera y los comuneros individuales de la comunidad campesina de Huisa, por disponer de los territorios comunales sin la aprobación de dos tercios (2/3) de los comuneros calificados que componen la asamblea comunal.
Finalmente, se demanda se ordene al Estado cumplir con el artículo 15.2 del Convenio 169 de la OIT, a efecto que la comunidad campesina de Huisa se beneficie en forma concreta, real y material de las actividades mineras en sus territorios ancestrales.

La actividad minera en Huisa

Antapaccay, que pertenece a la empresa Glencore Xstrata, empezó a funcionar el 2012 en reemplazo de la otra mina de la compañía, Tintaya. Desde entonces Antapaccay ha sido denunciada por una serie de perjuicios e incumplimientos que la demanda describe.
La acción legal denuncia la vulneración al territorio comunal por la minera y el incumplimiento del derecho de los pueblos indígenas a beneficiarse de la explotación de los recursos en su territorio.
También denuncia las compras y ventas fraudulentas a favor de particulares que quebrantó la propiedad comunal y que ha llevado a la reducción y segmentación de su territorio comunitario.

Otras afectaciones

El comunicado alerta además de otras afectaciones que sufren los pobladores de Huisa a consecuencia de la mina. Tal es el caso de una faja transportadora que dividido a la comunidad, obligando a los pobladores a tomar rutas alternas que llegan incluso a duplicar el tiempo de traslado dentro de su propio territorio.
La instalación de infraestructura para el relave minero y la casa de bombeo ubicadas muy cerca al centro educativo e iglesia de la comunidad, han obligado a la población a desplazarse hacia lugares más seguros.
Frente a tantos problemas la comunidad “espera con expectativa la admisión de la demanda y la pronta resolución del caso, antes de que la comunidad de Huisa se quede sin recursos ni territorios” indica el comunicado.
Cabe destacar que la aplicación web que identifica a los pueblos indígenas y a las comunidades que incluyen, realizado por el portal de invedtigación Ojo Público, tiene registrada a la comunidad campesina Huisa como parte del pueblo indígena Quechua.

Antapaccay, el continuador de “malas” prácticas

La población de Espinar, es una de las más perjudicadas no solo por la contaminación ambiental sino también por la represión policial que causó la muerte de algunos pobladores, debido a la protesta frente a la presencia minera.
Dos de las operaciones a quienes se atribuyen las afectaciones son Tintaya y Antapaccay, ambas de la compañía minera Glencore Xstrata. La primera acabó su tiempo de vida el 2102 y fue reemplazado por Antapaccay, que inició operaciones ese año.
En el 2006 la unidad minera Tintaya, que pertenecía a BHP Billiton, fue adquirida por la entonces Xstrata, que continuó su operación hasta su agotamiento en el 2012.
Tintaya registra una larga historia de denuncias por contaminación, alteraciones sociales e incumplimiento de acuerdos y promesas, que han quedado registradas en libros, revistas y diarios.
En mayo de 2012 se inició una ola de protestas por la contaminación del agua y suelos de la provincia, como los ríos Cañipía y Salado, y por la reubicación de pobladores en zonas donde no contaban con áreas de pastoreo ni cultivo.
Otrp tema de conflicto fue la renegociación  de un Convenio Marco que incluía una serie de medidas a favor de la comunidad. Si bien este marco había sido suscrito con BHP Billiton, la población sostuvo que debía ser retomado o suscribirse un nuevo acuerdo.
Uno de los incumplimiento del citado acuerdo fue que no estableció un comité de vigilancia ambiental ni se realizaron los monitoreos participativos. Tampoco se cumplió el compromiso de contratar un 70 por ciento de mano de obra no calificada procedente de Espinar.
Tras las protestas iniciadas el 21 de mayo de 2012, que ocasionó la muerte de más de dos personas, el Gobierno instaló una Mesa de Diálogo para resolver los reclamos y estableció tres grupos de trabajo en los ejes: Ambiente, Responsabilidad Social y Desarrollo y Producción.
El grupo de trabajo de Ambiente confirmó la presencia de metales pesados por encima del límite máximo permisible cerca del entorno de influencia de la mina, aunque no se estableció qué los originaba.
No obstante esta mesa de diálogo y los grupos de trabajo que operaron hasta diciembre de 2013, avanzaron muy poco en su implementación y este año la población de Espinar ha vuelto a reclamar por el incumplimiento de los acuerdos.
Es importante mencionar esto ya que la Mesa de Diálogo tenía como uno e sus propósitos dar confianza y viabilidad a la operación que entraba en su reemplazo. No obstante la operación sigue operando en medio de otras denuncias por contaminación y maltrato.
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