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15 ago. 2015

Indígenas y afrodescendientes denuncian vulneración de derechos a presidente de la CIDH

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– Participaron delegaciones de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú y la coordinadora amazónica COICA.
Servindi, 8 de agosto, 2015.- Rose-Marie Belle Antoine, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relatora sobre derechos de los pueblos indígenas recibió diversos casos de vulneración de derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes en un evento realizado en Panamá el 30 y 31 de julio.
En ella participaron dirigentes de centro y sudamérica y la información contribuirá a la preparación de un informe sobre vulneración de los derechos de los pueblos indígenas durante la realización de proyectos extractivos y turísticos.
El informe abordará la aplicación de la consulta previa y el consentimiento, la institucionalidad indígena, el control y la vigilancia, la relación de los estados y las empresas, la persecución o criminalización a líderes indígenas, el impacto sobre grupos vulnerables como las mujeres y niños.
El propósito del informe es contribuir a reforzar los estándares a partir de las realidades y el evento se realizó en el marco de la celebración de los 26 años de creación del Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La delegación de Bolivia expuso la afectación de derechos sin aplicación de la consulta a nivel nacional y sostuvo que los proyectos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) no fueron informados a los principales afectados y no se aplicó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Asimismo, argumentó que se ha retrocedido en el reconocimiento de los territorios de los pueblos indígenas, y se están expidiendo normas que solo favorecen a las decisiones del Gobierno.
Ecuador contó con la participación del pueblo Sarayacu, cuyos representantes indicaron que no se están cumpliendo las decisiones de la CIDH y hay un vacío en el cumplimiento de la consulta previa.
Los representantes de Colombia sostuvieron que la consulta previa está siendo utilizada de mala forma, pues se enfatiza más el procedimiento formal y no se le aplica como un mecanismo de resolución de posibles conflictos futuros.
Señalaron que las medidas de compensación son utilizadas como preventa con la finalidad de que las comunidades aprueben el desarrollo del proyecto, mientras que el Estado actúa como promotor de los proyectos de inversión y no como garante de derechos.
Por Perú participaron representantes de diversas organizaciones indígenas como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) y el Consejo Machiguenga del Río Urubmaba (COMARU).
Ellos sostuvieron que sus territorios se ven afectados por proyectos como la producción de palma aceitera, la minería ilegal y la extracción de hidrocarburos. También la criminalización de líderes indígenas y la falta de investigación judicial del asesinato de dirigentes ashénincas.
Otro tema fue la situación de vulnerabilidad de los pueblos autónomos o en situación de aislamiento o contacto inicial y el debilitamiento de la normativa ambiental.
Propusieron fortalecer la autoridad indígena para el monitoreo y vigilancia indígena en el ejercicio de derechos, y resaltaron la necesidad de asegurar la seguridad jurídica del territorio comunal e indígena.
Por su parte, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) explicó la vulneración de derechos de las mujeres indígenas en las actividades extractivas y destacó la necesidad de un adecuado censos que visibilice estadísticamente a los pueblos indígenas.
Finalmente el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible (IDLADS) remarcó la urgencia de una institucionalidad indígena autónoma, el otorgamiento de indemnizaciones por daños ambientales y el pago de servidumbres en territorios indígenas considerando una adecuada, justa y completa valoración económica, ambiental y cultural.
Chile informó de la grave situación que vive el pueblo mapuche ya que no se aplica la consulta previa y además el Estado actúa como promotor de los proyectos de inversión y no como garante.
Además se informó sobre la sistemática aplicación de leyes de excepción como las leyes antiterroristas y a la protesta social indígena, en el marco de la promoción de una gran cantidad de proyectos en territorios indígenas tanto en la costa como en la Cordillera de los Andes y en aéreas protegidas sin respetar los procesos de consulta.
Durante su intervención, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) presentó recomendaciones para el Informe que elabora la CIDH, entre los que destaca la Propuesta de Consulta y Participación de los Pueblos Indígenas y Tribales de América Latina en espacios regionales e internacionales elaborado por dicha organización indígena.

Centroamérica

Los delegados de El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá indicaron que los pueblos indígenas de sus países coinciden en que nunca hubo tanta presión sobre las comunidades y los recursos naturales o bienes comunes como ahora.
Argumentaron que el proceso de consulta previa libre e informada está totalmente distorsionado y manipulado por los gobiernos, ya que junto a las empresas, utilizan cualquier reunión con las comunidades en la que se cuente con un listado de participantes para afirmar que se efectuó un proceso de consulta previa.
Por ello, las comunidades reafirmaron su derecho de decir no a una consulta de los Estados cuando sientan que este proceso es engañoso o manipulado.
Mencionaron que en muchos casos se les exige a las comunidades u organizaciones presentar pruebas de los efectos negativos que pudiese generar una industria sobre su vida y territorio.
Ello se convierte en una trampa porque en la mayoría de los casos se les exige presentar pruebas ante un sistema de justicia viciado, corrupto y basado en la visión occidental.
Aseguraron que los pueblos indígenas y afrodescendientes, también deben tener el derecho para demandar a las empresas en sus países de origen, puesto que existen ejemplos de empresas que demandan a los Estados, cuando los Gobiernos determinan que tales empresas deben resarcir los daños generados a las comunidades o cuando se suspende la ejecución de los proyectos.
De igual manera, enfatizaron la necesidad de que los organismos internacionales revisen la aplicación de los instrumentos de derechos humanos e instruyan a los gobiernos para cumplir su rol garante de derechos y mediador.
Finalmente, se dio a conocer la situación de vulneración de derechos de los afrodescendientes por empresas turísticas que se instalan en sus territorios ancestrales.
Datos: Participaron en el evento de Panamá representantes de las siguientes organizaciones:
  • Bolivia: Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).
  • Chile: Identidad Territorial Lafquenche, Asociación Regional de Turismo Mapuche, Comunidad Mapuche Carimán Sánchez, Alianza Territorial Puelwillimapu, Observatorio Ciudadano y el Programa de Política Indígena.
  • Colombia: Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC); Proceso de Comunidades Negras (PCN); Pueblo Asou´wa; Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC); Dejusticia.
  • Ecuador: Pueblo Sarayaku.
  • El Salvador: Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica.
  • Honduras: Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH); Progreso. Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-Radio).
  • Panamá: Alianza para la Conservación y Desarrollo (ACD); Movimiento por la Defensa de los Territorios y Ecosistemas de Bocas del Toro (MODETEAB); Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP); Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP).
  • Perú: Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP); Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP); Consejo Machigenga del Río Urubamba (COMARU); Organización Regional AIDESEP-Ucayali (ORAU); Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS); Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
  • Regional: Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Oxfam y Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
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