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14 ago. 2015

Ecuador: ¡Vamos todos al levantamiento indígena y popular!























Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador - CONAIE
 Desde que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE anunció el levantamiento, acción que se junta al paro nacional del 13 de agosto propuesto por distintas organizaciones sociales, de trabajadores y populares, que inició el 2 de agosto con la “Marcha por la dignidad, la democracia y contra el extractivismo”, todos los sectores políticos, incluido el gobierno, se agitaron y tomaron posiciones. Cada uno trata de aprovechar las acciones del movimiento indígena para sus propios fines. Pero las voces de nuestros dirigentes y nuestras organizaciones de base han sido firmes y claras al declarar cuales son las razones y los objetivos del levantamiento.

La sociedad ecuatoriana está reaccionando, y no es reciente. Correa y Alianza País llegaron al gobierno ofreciendo una revolución, pero lo que han construido es un ropaje engañoso para encubrir un nuevo sistema de dominio y de opresión para favorecer a las grandes empresas y a los nuevos empresarios en perspectiva de una violenta modernización del capital. Los grandes grupos económicos han obtenido en estos ocho años mayores ganancias que en la época neoliberal; la riqueza sigue concentrada en pocas manos; la economía ecuatoriana sigue dependiendo de los vaivenes del precio del petróleo; se han puesto aún más trabas para el desarrollo de las economías familiares, populares, campesinas y comunitarias; los impuestos y los trámites agobian las economías populares. La tierra y el agua siguen concentradas en pocas manos; el Estado se ha apoderado de la educación intercultural bilingüe para menoscabarla y volverla dócil a sus intereses. La democracia ha sido lesionada por el autoritarismo y la represión: el gobierno criminaliza la protesta social y persigue a los dirigentes y los luchadores sociales; divide las organizaciones; atrae dirigentes ofreciéndoles puestos en el Estado; todos los sábados hay que escuchar ataques en contra de las organizaciones y de la lucha social; el despilfarro del dinero de los ecuatorianos ha alcanzado cifras inauditas y la corrupción campea. 

Como ha sido costumbre en estos ocho años de gobierno de Alianza País las reacciones del régimen han sido el insulto, la descalificación, la amenaza. Como intento para frenar estas jornadas de lucha, se anunció la convocatoria oficial de un diálogo nacional “por el país que queremos”. En todos estos años las organizaciones sociales, y el movimiento indígena en particular, nos hemos cansado en pedir diálogo, hemos enviado constantemente propuestas a la Asamblea Nacional; participamos en  consultas pre legislativas, solo nos escucharon pero no tuvieron la sensatez democrática de recoger nuestras propuestas. Por eso rechazamos la propaganda oficial de que no tenemos propuestas y declaramos que el gobierno ha cerrado toda posibilidad de diálogo democrático, hoy no están dadas las condiciones. 

Con la misma energía rechazamos la burda acusación del gobierno de que estamos haciéndole el juego a la derecha, de que nuestras movilizaciones están siendo financiadas por estos sectores e incluso desde el extranjero. Ante la falta de argumentos el camino más fácil es la deslegitimación y las acusaciones temerarias y sin fundamento. Nuestra lucha, tanto hoy como a lo largo de la historia, ha sido y es en contra de los  grupos de poder económico y político; nuestra lucha ataca por igual a las derechas representadas por Álvaro Noboa, Jaime Nebot, Mauricio Rodas, los hermanos Alvarado, los Eljuri, Nataly Cely, Alexis Mera, etc. Nuestra crítica al actual gobierno es justamente porque las políticas estatales han estado destinadas a beneficiar a las grandes empresas y que al pueblo apenas le ha llegado una pequeña parte de la gran bonanza petrolera, ya sea en servicios públicos básicos, infraestructura, siendo esto es un derecho humano básico y no una dádiva del presidente. Pero en los mercados los precios de los alimentos e insumos para la vida han subido sistemáticamente; sumado a esto la subida de la luz y de los pasajes, con mínimos incrementos del sueldo básico, han ido acorralando la economía familiar. 

Los afectados del modelo correísta somos la mayoría de ecuatorianos; entendemos que la unidad con los sectores populares: trabajadores, estudiantes, ambientalistas, organizaciones de mujeres es fundamental. Este proceso de unidad se ha venido fortaleciendo en los últimos meses y conjuntamente impulsamos importantes jornadas de lucha y hemos construido una plataforma conjunta. Es en este marco que también hacemos estas nuevas jornadas de movilización. 

La marcha, el levantamiento indígena y el paro expresan la recuperación de la dignidad; los pueblos levantamos nuestra propia voz. Los objetivos por los que continuamos en la lucha son: 

1. El archivo del proyecto de enmiendas constitucionales por ser inconstitucional, por atentar contra  la democracia,  la plurinacionalidad y  los derechos de los trabajadores.

2. Derogatoria del Decreto 16 por ser inconstitucional, destruye la autonomía de las organizaciones sociales y afecta los derechos colectivos de las comunas, pueblos y nacionalidades. 

3. Exigimos el respeto pleno por parte del Estado al ejercicio de los derechos colectivos en distintos ámbitos como la educación, la salud, la gestión del agua y de nuestros territorios como una manera concreta y legitima de construir la plurinacionalidad, de acuerdo a lo que manda la Constitución y el Convenio 169 de la OIT. Por lo tanto, exigimos el restablecimiento del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la reapertura de la Universidad Amawtay Wasi. Exigimos el fortalecimiento de los modelos de educación comunitaria, nos oponemos rotundamente el cierre de las escuelas comunitarias. Nuestra defensa no es de la infraestructura en su situación actual, defendemos un modelo pedagógico y de generación de conocimientos y saberes acorde con la realidad cultural y local. 

4. Por el libre ingreso a las universidades. Los exámenes de ingreso y demás trabas administrativas y burocráticas no ha mejorado la educación superior, lo único que está provocando es la elitización de la educación; los principales afectados son las y los jóvenes de los sectores rurales, particularmente de los pueblos y nacionalidades indígenas.    

5. Exigimos el inicio urgente de un real proceso de desprivatización y redistribución del agua, el fortalecimiento de los sistemas comunitarios de administración de los recursos hídricos. La actual Ley de Aguas no soluciona estas cuestiones estructurales, menos aún su Reglamento, que va en contra de la Constitución y los derechos colectivos, por eso demandamos su inmediata derogatoria.

6. Exigimos que se dé inició a un proceso de reforma agraria, con base en la soberanía alimentaria y el fortalecimiento de la pequeña y mediana producción, que promueva la democratización del régimen de tenencia de la tierra, del control y desacaparamiento del mercado, de los recursos naturales, principalmente el agua, se fortalezcan los sistemas comunitarios de tenencia de la tierra, de producción, de acceso al mercado y de administración territorial. El proyecto de Ley de tierras y territorios que está para segundo debate no cumple con estos objetivos, por lo tanto exigimos su archivo.

7. Rechazamos el alto costo de la vida, la subida de las tarifas de la luz eléctrica y el alto costo de los pasajes. Rechazamos la imposición de las cocinas de inducción como condición para el cambio de matriz energética. Además de ser una medida forzada, tal cual está concebido solo beneficia a dos empresas vinculadas al gobierno a costa de los bolsillos de los usuarios y de dineros públicos. Rechazamos también medidas antipopulares como agro calidad que pone condiciones de producción y comercialización que perjudican a las pequeñas economías familiares y comunitaria, y que en última instancia beneficia a las empresas agroindustriales.

8. Exigimos la no firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, porque afecta de manera directa a la pequeña y mediana producción agropecuaria, se mercantiliza la propiedad intelectual colectiva y comunitaria. 

9. Alto al modelo extractivista y a los proyectos de mega minería, por atentar contra la vida, los derechos territoriales de comunas, pueblos y nacionalidades, y los derechos de la naturaleza. Exigimos el cese de la persecución a los dirigentes sociales y el archivo de todos los procesos judiciales en su contra. 

10. Derogatoria de la “ley de justicia laboral” y de los decretos anti obreros 1701 225 y 813 por atentar contra los derechos de los trabajadores. Demandamos también nuevo Código de trabajo en armonía con la normativa internacional del trabajo, la devolución del Fondo del Magisterio a sus legales y legítimos administradores. La reintegración de la obligatoriedad del Estado a aportar con el 45% de las pensiones jubilares.       

Estas son las razones de nuestra lucha y del levantamiento del 10 de agosto, en unidad con el paro nacional de los trabajadores del 13 de agosto en el que participaremos activamente. El gobierno en lugar de acusarnos de tirapiedras, golpistas y de que estamos haciéndole juego a la derecha, debería, de manera democrática y sensata, dar respuestas urgentes ya que beneficia a la mayoría de la sociedad ecuatoriana.

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