"Para Tod@s, Todo. Para Nosotr@s NADA" web de solidari@s con la insurgencia chiapaneca y las luchas indigenas en Venezuela y otras partes

31 ago. 2015

“El Gobierno nos está haciendo pelear entre hermanos”

ApuNuevoAndoas
ORIAP, la organización cuya participación en la consulta previa del lote petrolero 192 el Estado peruano avaló, fue la causante de un enfrentamiento entre nativos el jueves último. Así lo denunció Tedy Guerra, apu de la comunidad de Nuevo Andoas, en la cuenca del río Pastaza.
Servindi.- El jueves 27 de agosto, un grupo de personas ingresó violentamente a la sede de reunión de la comunidad nativa Nuevo Andoas, en Loreto, generando un enfrentamiento entre dicho grupo y cerca de cincuenta nativos de la comunidad, entre hombres y mujeres.
Según denunció Tedy Guerra, apu de Nuevo Andoas, comunidad afiliada a la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), el grupo lo encabezaban dirigentes de la ORIAP, oenegé que firmó con el Estado un acuerdo de beneficios en el marco de la consulta previa del lote petrolero 192.
De acuerdo a Guerra, los dirigentes de la ORIAP, una vez instalados en el local comunal, “empezaron una reunión sobre la consulta previa y la lucha en Iquitos”, donde varios grupos exigen el ingreso de la estatal Petroperú para operar el citado lote.
“En ese momento entonces nosotros nos reunimos en la plaza que tenemos, fuimos como 18 varones y 30 mujeres, ya que el resto se encontraba trabajando, y tomamos la iniciativa de desalojarlos”, explicó el apu en diálogo con Servindi.
Según contó, estas personas venían de otras comunidades, como Alianza Capahuari y Los Jardines, mientras que un pequeño grupo provenía del mismo Nuevo Andoas.
“Son gente que se autodenomina autoridad. Pero en realidad son gente que se han beneficiado de la empresa (Pluspetrol)”, precisó.
“Hubo enfrentamientos entre hombres y mujeres, jaloneos y golpes”, agregó.
Una vez que desalojaron el local, se levantó un acta responsabilizando al presidente de la ORIAP por lo que pueda ocurrir. “Hemos querido dialogar pero ellos se han negado en todo momento”, puntualizó.
De otro lado sostuvo que sobre él pesan hoy varias amenazas de muerte de parte de miembros de esta organización.
“Antes se necesitaba que alguien de fuera venga para engañarnos, ahora no, ahora hacen que los mismos nativos engañen; el Gobierno nos está haciendo pelear entre nosotros”, finalizó.

La raíz del enfrentamiento

La consulta previa del lote 192 se inició este año con la participación de las federaciones nativas Fediquep (del río Pastaza), Feconaco (del río Corrientes) y Feconat (del río Tigre).
Cuando ninguna federación lo esperaba fue incluida en el proceso la ORIAP. Esto causó el rechazó tanto de Feconaco como de Fediquep. Pese a ello, el Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad, respaldó la permanencia de esta organización -oenegé- en el proceso.
El 14 de agosto, en el marco de la Etapa de diálogo de la consulta, el Estado reunió en Lima, en un mismo espacio, a las cuatro organizaciones. Allí presentó su oferta del 0,75 % de la producción fiscalizada del lote para las federaciones que firmen un acuerdo con el Estado.
Feconaco y Fediquep no aceptaron, mientras que Feconat y la ORIAP sí.
Los cuestionamientos a la ORIAP no son nuevos. Feconaco y Fediquep lograron expulsar de una reunión a ésta, a mediados de julio de este año. El 14 de este mes, no  se esperaba su retorno a las conversaciones. Sin embargo, esto ocurrió.
Las mismas federaciones así como organizaciones aliadas han argumentado en contra de su existencia, ya que ven materializada en ella la mala fe del gobierno que busca quebrar la unidad indígena cuando se trata de reclamar y defender derechos.

Brasil: ¿Quién detiene la violencia contra indígenas en Mato Grosso do Sul?

 PoliciaMatoGrosso Guarani_kaiowa_ok
Fuerza pública y autoridades cruzadas de brazos frente a las agresiones a indígenas. En la imagen indígena alcanzado por disparo en la cabeza
– Asesinan a hermano de líder indígena y “fuerzas paramilitares” al servicio de hacendados operan con “impunidad” y “complacencia” a vista y paciencia de las autoridades.
Servindi.- Un tenso escenario de violencia se vive en en el estado de Mato Grosso do Sul en el marco de un conflicto de tierras entre indígenas de la etnia guaraní kaiowá y hacendados, en el municipio de Antônio João, ubicado en la frontera con Paraguay.
El sábado 29 de agosto un grupo armado al servicio de los hacendados abatió de un tiro de bala en la cabeza a Simião Vilhalva, hermano de un líder guaraní.
La agresión se efectuó en un ataque destinado a recuperar la hacienda Primavera ocupada por los indígenas hace una semana, informó el Consejo Indigenista Misionero (Cimi), entidad ligada a la Iglesia católica.
La mediación de funcionarios de la Fundación Nacional del Indio (Funai), del Ministerio de Justicia y de la Policía resultó infructuosa para detener el ataque sobre la finca que los guaraní kaiowá denominan Ñanderu Marangatu y reivindican como tierra sagrada de sus antepasados.
La propiedad de las tierras en disputa alcanza un área de 9.500 hectáreas y el litigio legal se encuentra en manos del Tribunal Supremo desde hace diez años.

Según el Cimi la muerte de Vilhalva “tiene relación con la decisión del gobierno de Dilma Rousseff de paralizar” los procedimientos de protección de nuevas tierras indígenas y con la lentitud del Tribunal Supremo para juzgar el caso de la tierra Ñanderu Marangatu.
Lo preocupante es la inacción del estado brasileño que fue debidamente informado sobre la situación.
Mediante el Oficio 414/2015-P la Comisión de Derechos Humanos y Minorías de la Cámara, informó con carácter de urgencia a José Eduardo Cardoso, ministro de Justicia, la gravedad del conflicto.
El diputado Paulo Pimenta, presidente de la Comisión, enfatizó que la situación que se vive en Mato Grosso do Sul es “el caso más grave de violaciónes de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Brasil”.
Además, insistió en que existen responsabilidades del Ministro de Justicia en la demarcación de las tierras indígenas y la seguridad pública.
El hecho de violencia que desencadenó en la muerte de un indígena también fue advertido por líderes locales del Movimiento Sin Tierra y trabajadores de la FUNAI.
Además, diversos medios de información local informaron en sus ediciones previas acerca de las amenazas y riesgos de violencia de los hacendados quienen anunciaron la movilización de más de 100 campesinos armados y con chaleco antibalas para recuperar su hacienda a vista y paciencia de la fuerza pública local.
Lo real y concreto es que las autoridades se encuentran cruzadas de brazos frente a las acciones de agresión contra los indígenas aún cuando son advertidas de inmimentes agresiones que dan como resultado la muerte de líderes de los pueblos indígenas.

30 ago. 2015

Ejército continúa con el desalojo de más de 3.000 indígenas en Corinto, Cauca

Esta orden dada por el Gobierno ha generado fuertes enfrentamientos en cuatro fincas privadas. Hasta el momento van nueve lesionados.

Desde el pasado viernes se retomó la orden de desalojo de nativos de cuatro fincas que han invadido en zona rural de Corinto, Cauca. Ya han resultado nueve lesionados por los disturbios, entre policías y civiles. La Fuerza Pública recibió la orden por parte del Gobierno de retomar estos desalojos.
Con palos, piedras machetes y papas explosivas los nativos se enfrentan a unidades del escuadrón antidisturbios, Esmad, que llegaron hasta las haciendas Miraflores y Quebradaseca ocupadas por los indígenas desde el pasado seis de marzo.
Más de mil hombres de la Fuerza Pública se han dispuesto para adelantar este operativo de desalojo en cumplimiento de una orden judicial. Se encuentran acompañados de un helicóptero, carros y caballos.

29 ago. 2015

9 COMUNIDADES EN RESISTENCIA EN ECUADOR QUE EL GOBIERNO NO QUIERE QUE SEPAS

Ecuador está viviendo a una de las peores crisis a nivel comunitario respecto al extractivismo minero y petrolero a lo largo del país.

A pesar de que en los últimos meses el gobierno ecuatoriano insiste vehementemente en que apoya a las comunidades afectadas por Chevron Texaco, las cuales llevan más de 20 años en resistencia; lo cierto es que este mismo gobierno es acusado desde las comunidades de emplear las mismas o similares estrategias que gobiernos anteriores respecto al extractivismo en el país. En algunos casos se entiende que la política final del gobierno es "entrar pateando puertas".

A continuación se recogen 9 de las comunidades en Ecuador que mantienen procesos de resistencia, que el Gobierno Ecuatoriano prefiere que no sepas. 
Todos estos proyectos tienen fuertes impactos ambientales, sociales y económicos para los pobladores.

1. Llanchama , Parque Nacional Yasuni, Provincia Orellana.

En lo profundo del Parque Nacional Yasuní ,
la comunidad de Llanchama denuncia
las irregularidades de Petroamazonas
y rechaza la explotación de sus territorios

Esta comunidad tiene una larga trayectoria de tres años de resistencia a la empresa Petroamazonas y su infiltración en el Parque para la extracción petrolera.

Conocida como Llanchama, Bastión de Resistencia del Yasuní, el Gobierno Nacional en los últimos años ha hecho de todo, desde cambiar el propio sistema indígena de organización comunitaria hasta la instauración de bloques petroleros en todo parque, a excepción de la zona intangible para poder ingresar con la explotación en esta comunidad que se mantiene en resistencia. Desde hace varios meses atrás, se  ha venido denunciando que las c
omunidades se sienten engañadas por Petroamazonas.

En Mayo 2014, se firma el permiso del Ministerio de Ambiente para dar luz verde a la extracción de cruda, las comunidades rechazan este decreto, y exigen sus títulos de propiedad a sus tierras ancestrales.

Para más información puede leer la denuncia pública efectuada sobre las irregularidades frente al tema petrolero

2. Intag, Provincia Imbabura
Esta comunidad ha estado por muchos años en resistencia para prevenir el abarcamiento total de su comunidad por parte de intereses mineros.

Desde cobre y oro, Intag ha resistido a empresas como Mitsubishi, Ascednant Copper y 9 gobiernos consecutivos que han intentado entrar a esta zona. Entre las afectaciones a la comunidad, se incluye persecución a dirigentes indígenas, agresiones, amenazas, y encarcelamiento. Actualmente , el Gobierno a través del Ministerior de Recursos Naturales subasta concesiones en la zona de Intag y la entrega del proyecto a ENAMI EP para la explotación de alguna empresa privada.
Durante los procesos de resistencia de Intag,
sus pobladores se han tenido que enfrentar
incluso a los paramilitares de la empresa minera,
como  lo demuestra esta imágen del 2006.


La comunidad se encuentra en resistencia, a la fecha de 16 de mayo/2014, entraron más de 450 policías a la comunidad, quienes sitiaron los ingresos. Los turistas fueron regresados y no se permite el ingreso de quienes apoyan la resistencia de la comunidad de Intag . Para más información click aquí

Para información permanente sobre la situación en Intag, favor visite el blog de la Coordinadora Zonal 


3. Sarayaku, Provincia Pastaza

Sarayaku es la comunidad que con mayor éxito ha podido defender su territorio.

El caso de Sarayaku por otorgar a inicios de los años 90 una concesión petrolera en su territorio sin considerar una consulta previa
, se llevó adelante luego de que en diciembre de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe de fondo concluyendo que Ecuador ha violado, entre otros, los derechos de Sarayaku a la vida, la integridad, la propiedad, y las garantías judiciales.


La CIDH dictó una serie de recomendaciones al Estado ecuatoriano, las cuales fueron incumplidas. En base a ello, la CIDH decidió presentar una demanda ante la Corte Interamerica Derechos Humanos en abril de 2010 que ganó en esta instancia internacional. El resumen del caso en este enlace de la web oficial de Sarayaku
Sarayaku recientemente tomó la decisión de proteger a 3 ciudadanos ecuatorianos que fueron considerados por su Consejo de Gobierno como "perseguidos políticos" del gobierno de Correa, quien criticó esta decisión. Entre tanto, hubo hostigamientos y agresiones hacia los pobladores quienes fueron tildados por el gobierno como paramilitare. Al finalizar el período de dicho Consejo, el recién electo indicó en rueda de prensa que dichas personas no se encontraban más en su territorio.




4. Santa Isabel y Jugones, Provincia Azuay

El 22 de Mayo, 2014 representantes de comunidades como Santa Isabel, Jugones, y otros cantones del Azuay, protagonizaron una marcha en Defensa del Agua, del Medioambiente y en contra de la explotación minera; respaldando la lucha de

varios pueblos, los comuneros se manifestaron en contra de la persecución de dirigentes que defienden sus tierras.

La agricultura está siendo amenazada por las concesiones mineras de miles de hectáreas.

Para ver la nota completa favor ingresar a este enlace

5. Pangui, Provincia Zamora Chichipe

“Un conflicto de tierras con los pobladores de dos parroquias del cantón El Pangui, en Zamora, se presenta como un obstáculo al avance del proyecto minero Mirador.”

Como el gobierno actual ha declarado este proyecto de minería a gran escala como uno de los proyectos prioritarios, las familias están siendo presionadas a vender sus tierras en precios bajos e injustos. 
Trabajadores de la transnacional minera son acusados
por la empresea

“El proyecto cuprífero Mirador es uno de los cinco de minería a gran escala señalados como estratégicos para el Estado. Está a cargo de la empresa china Ecuacorriente (Ecsa) que tiene un contrato de explotación de 25 años. Prevé invertir cerca de USD 2000 millones. “
Proyecto Mirador. 

Bancos chinos que financian el proyecto son acusados de cometer irregularidades al no respetar la Directiva Verde de Crédito de su propio gobierno que exige medir los impactos socioambientales y ajustarse a normas y buenas prácticas internacionales que no estaría cumpliendo la empresa que recibe esos fondos.
Entre tanto, durante Mayo del 2014, mientras por un lado la compañía demolía una escuela y una iglesia para avanzar con el proyecto extractivo, acusaba a sus propios trabajadores de tomarse un campamento de esta empresa. Nota completa

6. Dureno (Nacionalidad Cofán), Provincia de Sucumbíos

Una de las comunidades más afectadas por contaminación y destrucción cultural desde mediados de los años 80, esta comunidad ha vuelto a ser víctima de las mismas formas de presión para aceptar la explotación de petróleo dentro de sus territorios. Las presiones y engaños por parte de las petroleras incluyen desde los ofrecimientos de algo de comida a los más ancianos, pasando por entrega de dádivas justo el día de la realización de la consulta previa, etc. Actualmente se denuncia que existen sanciones a los comuneros que manifiestan su rechazo a este tipo de actividad por medio de las cuales se los excluyen de los posibles beneficios que comuneros puedan tener.

Para entender mejor la situación de la nacionalidad cofán, favor ver el documental Cofanes, resistencia y cosmovisión

7. Mompiche , Provincia de Esmeraldas

Una de las playas mas reconocidas por su hermosa natural, también se encuentra en resistencia por la insistencia de las empresas mineras. A cargo de la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre, los proyectos de perforación en las arenas ferrosas titaníferas del proyecto.

http://www.avn.info.ve/contenido/gran-nacional-minera-mariscal-sucre-explotar%C3%A1-yacimientos-ecuador

Video denuncia sobre daños por minería en Playa Negra, Mompiche

Procesos de los ciclos de vida de especies
protegidas como las tortugas marinas
son interrumpidos por las actividades mineras
en Mompiche

MALESTAR en los moradores por la extracción de arena negra

Grupo FB: Salven a la playa de Mompiche















8. San Pablo de Amali , Provincia Bolivar

La comunidad de San Pablo ha estado en 10 años de Resistencia al proyecto hidroeléctrico del gobierno actual de Rafael Correa.

Más de 74 comunidades estarían afectadas por la construcción llevado a cabo por Hidrotambo .

A pesar de los intentos por convencer a la
población  con las visitas presidenciales,
la comunidad rechaza el proyecto hidroeléctrico
Moradores de la zona han tenido enfrentamientos tanto con policías como militares. Se han realizado denuncias desde la hacia personas dicen ser representantes de la Presidencia de la República. Existen, al igual que en otras comunidades en resistencia varios juicios en contra de defensores de la comunidad  

Pero de igual manera que en otros casos de comuneros de otras zonas del país que han sido acusados de sabotaje y terrorismo, se ha demostrado lo contrario lo que ha suscitado casos resistencia exitosa

9. Kimsacocha, Provincia Azuay

La zona de Kimsacocha un humedal, resto de un volcán inactivo que con sus exhuberantes volcanes, ríos y lagunas, actualmente se encuentra en fase de exploración avanzada.

Los humedales de Kimsacocha alimentan
importantes ríos.
La preocupación de la comunidad es 
por los potenciales daños ambientales del proyecto minero Loma Larga (a cargo de la canadiense INV Metals) ya que este páramo es una zona de alta sensibilidad. Los humedales de Kimsacocha alimentan los ríos que van a las cuencas del Paute y el Jubones los cuales estarían en riesgo de ser contaminados. 



EL CASO de Engabao, Provincia de Guayas
La comunidad de Engabao ha estado resistiendo los últimos años el atropello de Fabricio Correa (hermano de Rafael Correa.)

En este sentido,
Engabao, es mayormente una comunidad
de pescadores que comienza a apostarle al turismo
la comunidad ha podido exitosamente demostrar que estas tierras le pertenecen, pero se encuentran e constante amenaza y en protección de sus territorio comunal.

Hasta Mayo del 2014,  continúa la resistencia de la comunidad ante la presión de Fabricio Correa a través de su empresa, Campibo quien fué expulsado de Engabao por los comuneros meses atrás 




INVESTIGACIÓN: 

Daniela Bermeo T.
COLECTIVO RESISTE YASUNI
ECUADOR despierta, el gobierno actual utiliza los diferentes Ministerios para entorpecer la justicia, oscurecer la verdad, y tapar a las comunidades! No lo permitas.

Para estar al tanto de los conflictos que se originan en las comunidades debido a las resistencia de estas frente a las actividades de minería a gran en sus territorios , favor visite este enlace 

Perú: Federaciones nativas marcan su posición frente a protestas por Lote 192

ApusLoreto_01_640x427Carlos Sandi, presidente de la Feconaco. Foto: Servindi
Servindi.- “Esta lucha es para defender nuestro territorio, no para respaldar o defender a una u otra empresa petrolera”. Con estas palabras dos de las tres federaciones indígenas que participan en la Consulta Previa del Lote 192, hoy cuestionada, se desmarcaron de la convulsión social que se vive en la ciudad de Iquitos.
En un encuentro con medios de comunicación en Lima, el presidente de la Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes (Feconaco), Carlos Sandi, exhortó a que no se use el tema políticamente y cuestionó el rol del Estado en lo que va del proceso de consulta.
Como se recuerda, a través de un oficio el Ministerio de Energía y Minas (MEM) dio por concluido la Etapa de diálogo de la Consulta sin haber llegado a acuerdos con las comunidades del Corrientes y Pastaza, que están ubicadas en el ámbito central del lote petrolero.
De acuerdo a un informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en el Lote 192 se ubican en total 13 baterías (conjunto de pozos), 11 en territorios de las comunidades del Corrientes y Pastaza, y solo dos en territorios de las comunidades del río Tigre y ORIAP.
ORIAP es la sigla de una oenegé que fue incluida a última hora en el proceso de consulta previa. Su participación fue avalada por el Estado, a través del Viceministerio de Interculturalidad. Esto pese a que solo representa a tres personas, a decir del presidente de Feconaco.

“Buscan tapar la consulta fraudulenta del Gobierno”

Sobre las protestas que se vienen dando en Iquitos, para pedir que la estatal Petroperú se haga cargo del Lote 192 y no la canadiense Pacific, los dirigentes aclararon que ellos ni las comunidades que representan vienen participando de estas movilizaciones.
Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat), del río Marañón, señaló que quienes vienen formando parte de estas protestas son principalmente “los hermanos kichwas del Tigre”.
Por ello rechazó que el presidente regional de Loreto, Fernando Meléndez Celis, se haya “tomado la libertad de levantar la bandera y decir: este (que Petroperú ingrese al lote) es el pedido de los pueblos indígenas (de la región)”.
ApusLoreto_02_640x427Apus Carlos Sandi, Alfonso López, de la Acodecospat, y Abel Nango de la cuenca del Corrientes. Foto: Servindi
“Ellos no están luchando por que Petroperú vaya a operar el Lote 192, no están luchando porque suba el canon petrolero, o que sea de Loreto, o que estén defendiendo su territorio. No. Ellos lo que están tratando de tapar es la consulta previa fraudulenta del Gobierno, amañada, de mala fe”, explicó.

“Buscaron enfrentarnos”

En torno a la actitud que mostró el Estado hasta ahora, Sandi Maynas remarcó que la creación de ORIAP fue promovida por el Estado para así, con la presencia de sus representantes el 14 de agosto en Lima, “dar buena fe a la consulta”, o en otra palabras, legitimarla.
En ese sentido, López, quien como dirigente ha luchado junto a las otras federaciones por que se remedie el daño ocasionado a sus territorios y a la población en más de 40 años de actividad petrolera, criticó el papel del MEM.
Cuestionó así la actitud del Gobierno que respaldó a ORIAP en la cita que la titular de este sector, Rosa María Ortiz, tuvo con las federaciones Feconaco, Fediquep (del Pastaza) y Feconat (del Tigre) en la capital.
“Buscaron enfrentarnos delante de ellos para poder cometer cualquier hecho del que luego podamos arrepentirnos”, señaló el dirigente en alusión a las posiciones que adoptaron el 14 de este mes la federación del Tigre y ORIAP, organización que antes ya había sido expulsada de una reunión, en el marco de la consulta, y que ese día se presentaba de manera intempestiva.
López recordó que ante la propuesta del Estado de entregarles el 0,75 por ciento de la producción fiscalizada del lote, tanto Feconaco como Fediquep señalaron que necesitaban tiempo para llevar esta propuesta a sus bases.
No pasó lo mismo con Feconat y ORIAP, que luego de un cuarto intermedio “terminaron aceptando la propuesta entre aplausos”.

Datos:

  • El contrato de concesión del Lote 192 (ex 1AB) vence mañana jueves. Pluspetrol Norte S.A. estuvo a cargo de éste por 15 años.
  • La consulta previa se inició el 22 de mayo.
  • Desde un inicio se consideró para este proceso a las comunidades de las cuencas de los ríos Corrientes, Pastaza y Tigre. ORIAP fue incluida en último momento con el respaldo del Viceministerio de Interculturalidad.
  • El Estado tiene una deuda histórica con las comunidades de estas tres cuencas, así como con la del Marañón, por los daños ocasionados en más de 40 años de actividad petrolera.
  • Fediquep y Feconaco plantearon 27 puntos para ser tratados en el marco de la consulta.

La lucha de los achuar contra las grandes petroleras y el cambio climático

– Las grabaciones se realizaron en las comunidades Wijint y Wisun, en el departamento de Loreto, Perú. 
Servindi.- La cadena de televisión en español más grande de los Estados Unidos, Univisión, difundió esta semana el documental “Defensores de la Selva: La lucha de los achuar contra las grandes petroleras y el cambio climático”.
En algo más de seis minutos, el trabajo pone de manifiesto el sentir de las comunidades frente al daño que ocasionan, principalmente, actividades venidas de fuera. “La invasión territorial destruye nuestra vida”, afirma uno de los entrevistados.
En Perú, el pueblo indígena Achuar habita las cuencas de los ríos Corrientes y Pastaza. En este caso el documental se centra en las comunidades ubicadas en esta segunda cuenca, en Loreto, cerca de la frontera con Ecuador.
En esta parte de la selva, tal como se aprecia en las declaraciones, se sienten también los efectos del cambio climático causado por el hombre, lo que constituye una nueva amenaza a la ya peligrosa actividad extractiva (petróleo) y a la deforestación.
“Ahora tienes que ir al monte lejos para cazar”, se le escucha a otro entrevistado.
El documental recoge también declaraciones que demuestran la importancia que tiene la Amazonía para los pueblos indígenas. De igual modo, recoge testimonios sobre la lucha de estos pueblos por que se reconozca su territorio integral.
Las imágenes corresponden a las comunidades achuar de Wijint y Wisun, ubicadas en los márgenes del río Huituyacu. Las grabaciones fueron a fines del año pasado.

En la Guajira, la frontera cerrada es lo cotidiano para el pueblo wayúu

























Aana Wainjirawa
La frontera, para el pueblo wayúu, está cerrada hace rato por acuerdo de ambos gobiernos en el común interés de aprovechar la crisis para desplazarlos de sus territorios un poco mas y así avanzar el el viejo plan minero del capital transnacional. Los acuerdos entre ambos gobiernos son repartirse a los wayúu, cada quién con los suyos, en un intento de subordinar con la mendicidad y el hambre a los wayúu en ambos lados de la frontera.

Uno de los acuerdos de Cartagena firmando con Santos es el de la colaboración en inteligencia militar y policial plena, este solo vino a confirmar lo que es una práctica de la costumbre entre las policías y ejércitos de ambos lados de la frontera en este y anteriores gobiernos. Desde el tiempo de Uribe-Chávez están ambos gobiernos ejecutando proyectos de infraestructura para las transnacionales que desplazan al pueblo wayúu, como el gasoducto transguajira de PDVSA-Gas.

Mientras se persigue a los que compran y transportan para su familia alimentos, y a los contrabandistas pequeños, los contrabandos de los militares y empresarios vinculados a la política pasan todas las alcabalas fronterizas.

Por eso nos preguntamos ¿cómo podemos erradicar el paramilitarismo con el concurso de las fuerzas policiales y militares que lo fomentan?.

Por otro lado no pedimos ya (que importa lo que pida uno, que importa lo que pidas tu), ni pedimos hace rato una solución de Estado a los problemas, pues sabemos que los principales operadores del bachaqueo, del contrabando de extracción y de los grandes y verdaderos negocios de la fuga de divisas están en manos de los militares corruptos que ejecutan las medidas de cierre. ¿podemos pedirles garantías a estos perros de presa de las corporaciones del crimen para que una medida de cierre tenga resultados trascendentes o garantías y que no violen los derechos de los pueblos para convertirlos en chivos expiatorios delos delitos que ellos cometen?

El bachaqueo no es un derecho humano, pero sobrevivir y resistir es nuestro derecho así no encaje en el pequeño mundo emocional de la clase media que espera que se gobierne.

Lo que está en el interés del poder al cerrar la frontera es crear la apariencia  de que el crimen tiene sus perseguidores y que  se puede contener dentro de la gobernabilidad y las regulaciones, la terrible crisis de pranización y cartelización del estado y de sus cuerpos de seguridad.

Esta situación encaja perfectamente en los planes imperiales de dominación de la región y el asunto en que nos debatimos desde los movimientos sociales es si realmente tiene sentido apostar al estado gobierno, cada vez mas disuelto y desmantelado por decreto de quienes lo inventaron como mecanismo de dominación, o decidirnos, cómo ya se han decidido muchas organizaciones y pueblos en todo el continente a construir una identidad de resistencia distinta a la que nos propuso la izquierda clientelar en el poder, en una variable de los esfuerzos de enclave militar y de reordenamiento territorial que ya lidera la derecha.

Parece aún complicado, pero no será larga la espera en que la mirada de la mayoría de las gentes vea desde una soberanía distinta a la de las fronteras, los gobiernos y carteles que operan en ellas con frialdad genocida y con absoluta coherencia. Los pueblos fronterizos ya hace rato ven desde si mismos.
























Con bombas y gases desalojaron a los indígenas wayuu

Desalojo De Tierras
Algunos indígenas se enfrentaron al Esmad para evitar el desalojo del lote.

El Esmad de la Policía retomó el control de un predio en Puerto Colombia.

A las 5 de la tarde de este miércoles, luego de casi seis horas de prevalecer una tensa calma, el grupo Esmad de la Policía desalojó a los 37 representantes de la etnia wayuu que desde el sábado permanecían en 15 hectáreas de un lote ubicado en el Corredor Universitario del municipio de Puerto Colombia, frente a la Universidad San Martín, donde alguna vez funcionó la base militar El Pelú.
Se trató de una diligencia en la que se utilizaron bombas de estruendo y gases lacrimógenos por parte de los miembros de la Policía, entre carabineros e integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), quienes tomaron el control de la zona.
A esa hora, Vilma Marimón, quien lideró la toma del predio aduciendo que fue heredado, ya había abandonado el lote con sus hijas y algunos acompañantes a bordo de varias camionetas.
Tras los primeros minutos de desorden y enfrentamientos, a los demás indígenas se les permitió que, de manera calmada, recogieran sus pertenencias y se marcharan.
A lo largo de la diligencia, los wayuu presentaron una sentencia que les favorecía del Juez Quinto de Familia, de abril de 2014, pero ya la orden de restitución del predio había sido dada por el alcalde de Puerto Colombia, Carlos Altahona, para que les fuera regresado a las sociedades Construcciones e Inversiones Atique y Finanzal del Norte.
El primer intento de las autoridades consistió en ingresar al predio por la parte trasera de los cambuches, mientras sus ocupantes preparaban guiso de chivo al igual que en una ranchería guajira.
Los indígenas se interpusieron en el camino de los uniformados y manifestaron que saldrían del predio, “pero muertos”.
También llegaron representantes del Icbf con el fin de retirar a los siete niños que hacían parte de esa comunidad.
El proceso de desalojo obedeció a una sentencia policiva del 6 de junio de 2015, que ordenó “la restitución de los inmuebles objeto de los amparos policivos del 8 de septiembre de 2008”.
“No soy invasora, solo la reclamante de 15 de las 90 hectáreas que se disputan de este lote”, sostuvo Vilma Marimón López, quien denunció que ha sido víctima de atropellos por parte de la Fuerza Pública y el alcalde de Puerto, Carlos Altahona.
ANDRÉS ARTUZ FERNÁNDEZ

27 ago. 2015

Agente infiltrado de Carabineros confiesa autoría de atentados incendiarios en La Araucanía

Oriana Miranda |
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La declaración de un testigo protegido que confesó haberse infiltrado en las comunidades mapuche para realizar atentados incendiarios, por instrucciones de Carabineros, marcó el juicio a dos menores de edad acusados bajo la ley antiterrorista, quienes fueron finalmente absueltos.

El Tribunal Oral en lo Penal de Angol absolvió por unanimidad a Luis Marileo y Patricio Queipul, imputados por actos de violencia en la zona de la Araucanía en el caso denominado “Peaje Quino” del año 2009 y juzgados bajo la Ley Antiterrorista pese a ser menores de edad en ese entonces.
Por el episodio ya habían sido absueltos siete adultos, mientras que ambos menores debieron permanecer en prisión preventiva durante el transcurso de la investigación.
En el marco de este juicio, el martes declaró en el tribunal Raúl Castro Antipán, testigo protegido de la Fiscalía, quien confesó haber realizado cuatro atentados incendiarios y otros hechos calificados como “terroristas” mientas se desempeñaba como agente encubierto de Carabineros, con el objetivo de incriminar a dirigentes mapuche.
“Castro Antipán dijo ante los jueces haber sido infiltrado por Carabineros en el movimiento mapuche y en esta condición haber cometido delitos tales como porte ilegal de armas, atentados incendiarios y el asalto a un peaje”, detalló el sacerdote jesuita Luis García Huidobro.
Entre 2009 y 2011, siendo Michelle Bachelet Presidenta y Edmundo Pérez Yoma ministro del Interior, una treintena de comuneros estuvieron en prisión debido al testimonio de Raúl Castro Antipán como “delator compensado” por la Ley Antiterrorista. Tanto Luis Marileo como Patricio Queipul permanecieron en la cárcel de Angol durante más de un año, teniendo como prueba fundamental de un delito que no cometieron las palabras de este agente encubierto que trabaja para Carabineros.
Ante esta situación, el periodista y escritor Pedro Cayuqueo aseguró que “para mucha gente en el sur de Chile no es novedad lo que está pasando con este testigo protegido de la Fiscalía”, detallando el historial de juicios en los que Raúl Castro Antipán ha participado.
“Este individuo ya participó el año pasado de un juicio oral en Temuco, donde también fue la carta bajo la manga de la Fiscalía. Con su testimonio se pretendía inculpar a comuneros mapuche que finalmente fueron todos absueltos. El que ahora esté participando en un nuevo juicio no solamente da cuenta de una irregularidad que tiene que ver con el debido proceso acá en el sur, sino que también con la pobreza de pruebas con las que cuenta la Fiscalía para intentar encarcelar a comuneros”, acusó.
A su juicio, claramente existe una intención política detrás de la persecución hacia militantes mapuche, determinada por la aplicación de la ley antiterrorista que ha sido cuestionada por distintos organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional.
“La aplicación de esta ley vulnera el debido proceso y las garantías procesales de los ciudadanos mapuche. Qué prueba más palpable de eso es, por ejemplo, la utilización en este caso de testigos protegidos que son delincuentes confesos, que se benefician de las disposiciones de la Ley Antiterrorista, por ejemplo, la delación compensada, para ser utilizadas como herramientas de persecución de los dirigentes de las comunidades. Es lamentable que la Fiscalía tenga que recurrir a delincuentes confesos para intentar encarcelar a los dirigentes y eso es algo que debiera llamar la atención de las autoridades”, agregó.
Esta confesión viene a corroborar las denuncias levantadas desde hace años por el pueblo mapuche, organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, acerca del uso de agentes infiltrados con el objetivo de provocar disturbios que posibiliten la detención de dirigentes sociales.

Saweto se tituló principalmente por presión mediática

BAGUAZO-DANIEL-SANCHEZ-VELASQUEZ-DE-LA-DEFENSORIA-DEL-PUEBLOFuente: Inforegión
– Hay comunidades nativas que tienen hasta 25 años esperando su titulación, pero agenda del Estado y de los medios de comunicación los excluye y no son atendidas.
Por Jorge Choque
Servindi.- Para el jefe del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Daniel Sánchez, la demora en la entrega del título de propiedad de sus tierras a la comunidad nativa Saweto demuestra una debilidad del Estado peruano y la mayor dificultad que tienen otras comunidades para satisfacer este mismo derecho.
Sánchez recordó que tras la muerte de cuatro líderes ashéninkas a manos de madereros ilegales, fue recién que la exigencia de su título de propiedad ocupó un mayor espacio en los medios y logró que el Estado, después de 12 años de petición, anunciara cumplir con atender la demanda.
Sin embargo, el Estado demoró un año más para titular y poner en los registros públicos la propiedad de esta comunidad nativa de Ucayali, lo que demuestra que pese a la elevada presión mediática tras el trágico incidente, el Estado demostró lentitud para asegurar este derecho.
“Aún cuando la comunidad de Saweto ha tenido toda la atención de la opinión pública nacional e internacional, de las máximas autoridades de nuestro país que indicaron que su titulación iba a ser inmediata, recién casi un año después se obtiene el ingreso de sus títulos a registros públicos”, manifestó el funcionario.
Como se recuerda, el incidente de los cuatro líderes indígenas ocurrió en setiembre del 2014.
El representante de la Defensoría del Pueblo aseguró que este hecho vislumbra un peor escenario para las demás comunidades pendientes de titulación, ya que éstas no acaparan las páginas de los medios de comunicación.
“Si esto sucede con una comunidad que tuvo toda la atención nacional, imaginemos cómo vienen haciendo un conjunto de comunidades que no necesariamente tienen todos los reflectores sobre ellas, y que día a día, año a año, vienen luchando por la titulación”, apuntó.
Al respecto, citó los casos de la comunidad de Puerto Azul (Ucayali), que tiene 25 años intentando ampliar su territorio, así como el de la comunidad indígena Nuevo Amanecer Hawai (Junín), donde murió un líder asháninka hace dos años, y que aún no obtiene su titulación.
Según datos del COFOPRI correspondientes al año 2010 existían 1469 comunidades nativas, de las cuales 1271 estaban tituladas; quedando pendientes 198 comunidades por titular.
Un serio problema es que del total de comunidades tituladas (1271) solo 85 estaban georeferenciadas, lo que representa el 6.7 por ciento. Esto significa que 1186 comunidades nativas estaba pendiente de geo-referenciación satelital, lo que representa el 93.3 por ciento.

Los obstáculos persisten

Por otro lado, el responsable del programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría advirtió que existen grandes obstáculos que alargan por muchos años la titulación de las comunidades, principalmente por los numerosos procesos y trámites engorrosos.
“No hay en el Estado peruano una política que permita agilizar los trámites de titulación. Algunas comunidades tienen más de 20 trámites que seguir para poder lograr su titulación, lo que les puede tardar muchos años”, dijo.
ReconocimientoCN (Copy)
Esquema del proceso elaborado por la Defensoría del Pueblo
Por otro lado, también aseguró que el Estado debe compatibilizar las normas nacionales con los acuerdos internacionales, para respetar el derecho que tienen las comunidades para obtener la titulación de todo su territorio y no solo una parte.
En ese sentido, se refirió a que valiéndose del artículo 11 de la Ley de Comunidades Nativas, el Estado les entrega a las comunidades nativas en cesión de uso las áreas forestales y solo en propiedad las zonas consideradas de aptitud agropecuaria.
Sin embargo, el Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no hace esta distinción y reconoce como territorio el hábitat ancestral que ocupa un pueblo indígena.
“Hay que analizar la compatibilidad del Convenio 169 con la Ley de Comunidades Nativas, así como las leyes vinculadas como las forestales, tanto la Ley Forestal como su reglamento, para encontrar una interpretación idónea que proteja los bosques y también el territorio de los pueblos indígenas”, dijo.
De otro lado cabe citar que “no se puede usar como excusa la legislación nacional para incumplir tratados internacionales, porque éstos, como el Convenio 169 de la OIT, si reconoce la propiedad de los territorios incluyendo el hábitat y los recursos naturales que hay en ellos”, según afirma la especialista Raquel Yrigoyen.

26 ago. 2015

Importante denuncia desde la Gran Sabana.


Denuncia de los compañeros indígenas Pemon de la Gran Sabana de la comunidad de San Rafael de Kamoiran,donde hace ocho días,en la troncal 10 murieron dos miembros de la comunidad en extraño accidente donde esta involucrado un miembro del ejercito,sin que hasta ahora existe una averiguación formal,expresado por ex-capitán y lider Silviano Castro de esta comunidad.
Ciudadano(a):
Fiscal Sexto del Ministerio Público
Su despacho.-

Reciban un cordial saludo, en el día de hoy 26 de agosto de 2015, ¨Nosotros la comunidad indígena de SAN RAFAEL DE KAMOIRAN, y los familiares de los occisos de nombres : Cirilo José Castro Blanco N.C: 14.668.284, el cual era padre de 4 hijos, teniendo el menor de 4 meses solamente y Celso Ignacio Castro Lanz N.C:18.160.815 del accidente ocurrido en la troncal 10 en el Municipio Gran Sabana, Del Estado Bolívar, el día 18/08/2015, a las 04:30 pm. Nos vemos obligado a denunciar y solicitar una respuesta inmediata, ya que han transcurrido 8 días del lamentable suceso donde fallecen dos miembros de nuestra comunidad y todavía no hemos tenido respuesta alguna por parte de las autoridades competentes, y hasta la fecha no hemos tenido ningún contacto con el responsable, no conocemos el nombre del responsable, y menos conocemos su procedencia.
Es por estas razones que Pedimos a las autoridades competentes, y fiscalía del ministerio público de esta jurisdicción se hagan presentes y nos den las respuestas justas de este hecho que causo el dolor del fallecimiento nuestros familiares causada por la imprudencia de un conductor el cual sin causa justificativa estaciono su vehículo en una zona incorrecta de la troncal.
Tomando en cuenta que la señora CAMILA BLANCO VELAZQUEZ, la madre Cirilo José Castro Blanco N.C: 14.668.284, perdió a un yerno en manos de un sargento del ejército de nombre Jhonatan Ortiz en fecha 28 de mayo del 2006, donde el citado sargento acciono un arma de fuego en contra del ciudadano miguel de Jesús Lanz, y cuyo caso quedo sin resolver.

De esta forma nuestra familia y Comunidad Indígena exigimos lo siguiente:
1. Que los poderes públicos hagan el trabajo, de forma justa, porque no descansaremos hasta que se nos de la respuesta adecuada que estamos pidiendo. Ya que con justicia exigimos justicia.
2. Que el vehículo que se encuentra involucrado en este lamentable hecho sea puesto a la orden de las autoridades competentes y no esté en resguardo de otras instituciones.
Se anexan evidencia que se demuestran la imprudencia que ocasiono el conductor de la camioneta.

Solicitud que hacemos en apego a lo establecido en el artículo 49 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Es justicia que espero merecer en Santa Elena de Uairén a la fecha de su presentación

Comunidad Indígena Pemon de San Rafael de Kamoiran.Gran Sabana.Venezuela

Rechazan ampliar exploración sobre Reserva Comunal en Madre de Dios


Servindi.- Organizaciones indígenas del departamento de Madre de Dios denunciaron la decisión de ampliar por tres años la exploración del Lote 76 de hidrocarburos que se superpone a la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA), decisión que demuestra una política discriminadora hacia los pueblos indígenas y la negación de sus derechos.
La decisión se adoptó mediante el Decreto Supremo 025 del Ministerio de Energía y Minas (Minem) publicado el 4 de agosto en el diario oficial El Peruano que autoriza a la empresa Hunt Oil proseguir en sus actividades de exploración en dicho lote de hidrocarburos.
La Federación Nativa del Río Madre de Dios y afluentes (FENAMAD) y el Consejo Harakbut Yine y Matsigenka (COHARYIMA) demandaron al Ejecutivo corregir esta situación y respetar los estándares internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas.
Ambas organizaciones señalan que el Estado peruano “mantiene una política de negación e invisivilización de los pueblos indígenas y sus derechos” y la medida adoptada “es una muestra más de que dicha política negativa y discriminadora se mantiene vigente”.
Con esta nueva decisión “nuevamente el gobierno de Ollanta Humala se pone de espaldas a los pueblos indígenas al no considerar sus derechos a la consulta previa y libre consentimiento amparados en una serie de normas nacionales e internacionales como el Convenio 169 de la OIT.”
Recuerdan que la RC Amarakaeri es territorio ancestral de los pueblos indígenas, y por lo tanto el gobierno no puede tomar decisiones unilaterales en forma inconsulta sobre ellos.
Acceda al pronunciamiento con un clic en el siguiente enlace:

Pronunciamiento sobre el Decreto Supremo N° 025-2015-EM

Las organizaciones indígenas, Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), Consejo Harakbut Yine y Matsigenka (COHARYIMA) ante la dación del Decreto Supremo N° 025-2015-EM, aprobado por el Poder Ejecutivo el 3 de agosto del presente año y publicado al día siguiente en el diario oficial El Peruano, se dirige a la opinión pública para manifestar lo siguiente:
CONSIDERANDO:
1. Territorio Ancestral Indígena.
– Los territorios indígenas se constituyen a partir de diversos espacios de usos, compuesto por las áreas en propiedad, posesión y aquellas a las que se tiene un tradicional acceso para su uso tradicional o por subsistencia, así no se encuentre bajo el uso exclusivo de un solo pueblo indígena. En ese sentido, la Reserva Comunal Amarakaeri, forma parte del territorio ancestral de los pueblos Harakbut, Yine y Matsigenka, toda vez que hacemos uso de ella desde tiempos inmemoriales, manteniendo una relación especial con nuestro territorio integral, el cual ocupamos y utilizamos de manera colectiva; lo que nos permite mantener nuestras instituciones económicas, espirituales, políticas, sociales y culturales, que a la vez definen nuestra cosmovisión y prioridades de desarrollo.
2. Afectación del Territorio
El territorio indígena contempla el derecho al uso de los diversos espacios que lo conforman, así como los derechos o atributos de
utilizar, administrar y conservar los recursos naturales que en ellos se encuentran. Por tanto, toda medida que pueda cambiar el ejercicio de estos derechos, se constituye en un acto que debe contar con el correspondiente proceso de consulta, antes de ser aprobado por el Estado.

Lo descrito se encuentra contemplado en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, ratificado por el Estado peruano, y en vigencia desde 1995; la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que busca reforzar la protección del territorio integral que ocupamos; asimismo, la Doctrina y Jurisprudencia de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, que garantizan nuestros derechos territoriales y las obligaciones del Estado al respecto.
3. Objetivos de la Reserva Comunal Amarakaeri:
El 07 de julio del año 2000, a través del Decreto Supremo Nº 028-2000-AG, el Estado estableció la “Zona Reservada Amarakaeri”, para “asegurar la supervivencia étnica y cultural de las comunidades indígenas Harakbut; proteger las cuencas de los ríos Madre de Dios y Karene, y la biodiversidad”. Posteriormente, dicha área se establece como la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA), en mayo de 2002, mediante el Decreto Supremo Nº 031-2002-AG.
4. Violación sistemática de derechos
Tomando como referencia al Decreto Supremo que establece la RCA, debemos recordar que éste literalmente dispone que la creación de la RCA no garantiza el derecho a la propiedad sobre las tierras que comprende; las que son territorio ancestral integral de los pueblos Harakmbut, Yine y Matsigenka. Con base a ello, el Estado ha realizado sucesivos actos de disposición de nuestro territorio a favor de terceros, de modo inconstitucional.
De otro lado, dicho Decreto Supremo, dispone también el respeto a los derechos adquiridos con anterioridad al establecimiento de la RCA. Ello, a la luz de los estándares internacionales de protección de los derechos de los pueblos indígenas (Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Convenio N° 169 de la OIT, Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros), siempre debe entenderse como el respeto y establecimiento de salvaguardas sobre todas las zonas de uso que constituyen la propiedad territorial indígena, derecho constituido de manera preexistente al Estado y que éste sólo de clara formalmente.
No obstante lo descrito, mediante el Decreto Supremo N° 035-2005-EM, de fecha 06 de octubre de 2005, y sus modificatorias, el Estado ha otorgado derechos de aprovechamiento de hidrocarburos con el Lote N° 76; el cual se superpone con la RCA, sin consulta previa ni el consentimiento de los pueblos indígenas afectados por el desarrollo de estas actividades.
Esta política sistemática de invisibilización y por ende de vulneración de derechos indígenas, se mantiene vigente toda vez que el Estado acaba de publicar el Decreto Supremo N° 025-2015-MEM, mediante el cual se extiende el plazo de la fase de exploración por tres (03) años en la RCA; y con ello, se autoriza a PERUPETRO S.A. a suscribir con las empresas extractivas la modificación del correspondiente contrato.
Como es de advertirse, la ampliación del plazo para el desarrollo de actividades de exploración en el territorio integral de los pueblos Harakmbut, Yine y Matsigenka, constituido por la RCA, significa una afectación más al ejercicio del derecho de uso del territorio indígena y al derecho de autodeterminación indígena, en tanto que se sigue disponiendo sobre nuestro territorio, en condiciones distintas a las anteriores, pues al ampliarse el desarrollo de estas actividades, se limita más el ejercicio de nuestros derechos sobre el territorio.
Es por ello que el Decreto Supremo 025, que afecta derechos colectivos indígenas, es una medida estatal inconstitucional pues carece del requisito de la consulta previa y consentimiento de los pueblos, para que pueda ser considerado como válido en nuestro país. Cabe recordar que el Reglamento de la Ley de Consulta, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2012-MC, dispone que deben ser materia de consulta las medidas administrativas que autorizan la suscripción de contratos para el desarrollo de actividades o proyectos.
SEÑALAMOS:
1. El Estado mantiene una política de negación e invisivilización de los pueblos indígenas y sus derechos.
2. El Decreto Supremo 025 es una muestra más de que dicha política negativa y discriminadora se mantiene vigente.
3. Solicitamos al Ejecutivo corregir de oficio esta situación y ejercer una gestión pública integral que, por lo mismo, reconozca y considere los estándares internacionales que protegen los derechos indígenas.
4. Nos reservamos el derecho de iniciar las acciones legales y constitucionales que correspondan.
Puerto Maldonado, 18 de agosto de 2015
Klaus Quicque Bolívar, Presidente de FENAMAD
Luis Miguel Tayori Kendero, Presidente de COHARYIMA

Colombia: Comprueban enorme daño causado por hidrocarburos a comunidades Awá

Quebrada inundada de petróleo. Foto: Nelson Sierra
Servindi.- El diario El Espectador llegó hasta el resguardo Saundé Guigua, en el departamento de Nariño, y comprobó las difíciles condiciones en que viven los indígenas awás debido a la contaminación de sus territorios por hidrocarburos.
El revelador informe difundido hace algunos días por el citado medio, recoge testimonios de personas del lugar y especialistas que han visto el tema por años.
Varios municipios de Nariño son zona de tránsito del oleoducto Trasandino, que arranca en Orito, Putumayo, y desemboca en Tumaco, donde es exportado.
A raíz del nivel de violencia que se vivió en zonas cercanas, actores armados empezaron a ubicarse más cerca del oleoducto, haciéndose así más común las explosiones que “dejan manchas inconmensurables sobre toda una red hídrica”.
El robo a través del corte del tubo también es común. Lo sustraído es procesado en refinerías ilegales que alimentan el narcotráfico, reseña el diario El Espectador.
Los constantes “derrames” han llevado a que se contaminen ríos y suelos que son de vital uso de los indígenas awás.
“Con constancia presentan brotes, fiebres, dolores musculares y diarreas. No sabemos a ciencia cierta si es por el petróleo. Pero lo que sí es claro es que el crudo les cambió la vida”, cuenta una enfermera entrevistada por el medio.
La historia reciente de los awás es trágica. En 2009 saltaron a las primeras planas de los diarios a raíz de la brutalidad infligida por las FARC contra varios de sus miembros.
Hoy la violencia ya no viene solo de ese lado, desde hace una década también tienen que convivir con la contaminación de su principal fuente de alimento: el río. Actualmente lo que exigen es soluciones y no solo diagnósticos, ya que el gobierno ya ha hecho varios y tiene conocimiento de las duras condiciones en que viven.
Puede leer el reportaje completo de El Espectador haciendo clic en el siguiente enlace:

Los sucesos más importantes en el ámbito internacional: Mundo Indígena al Día

Servindi.- Entregamos a nuestra audiencia un boletín semanal, edición Internacional, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental, principalmente de la región. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.
Mundo Indígena al Día, 24 de agosto, 2015. (Archivo mp3, 6 minutos, 26 segundos. Descargar con un clic en el enlace y elegir Guardar Como).
Mundo Indígena al Día – 24 de agosto de 2015
Naciones Unidas. Los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas adoptaron este mes la Agenda de Desarrollo Posterior a 2015 llamada “Transformando nuestro mundo: Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”.
Los gobiernos aprobaron el documento de 29 páginas, resultado de casi dos años de negociaciones transparentes, pero que en las últimas 48 horas estuvo sometida a fuertes presiones de Estados Unidos que intentó debilitar el lenguaje de los compromisos.
La Agenda 2030 es sin duda el cronograma de desarrollo más ambicioso y vasto que se haya puesto en marcha y se implementará en todos los niveles, desde lo global y multilateral, pasando por lo regional hasta lo nacional.
El eje del documento son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluyen 169 metas vinculadas a logros económicos, sociales y ambientales.
Las metas van desde temas como desigualdad y pobreza, pasando por cambio climático, infraestructura, energía e industrialización, hasta consumo, producción, salud, educación, ecosistema, biodiversidad y océanos.
Panamá. En el marco del conflicto por la hidroeléctrica Barro Blanco, indígenas Ngäbe fueron repelidos por la policía, el lunes 17 de agosto, cuando intentaron bloquear la carretera Panamericana, en el distrito de Tolé.
La protesta exigió la cancelación del proyecto y rechazó un acuerdo firmado entre el Gobierno y la cacica Silvia Carrera, junto a otras autoridades indígenas porque permitiría culminar el proyecto actualmente detenido por las protestas.
Por su parte, los indígenas del Movimiento 10 de abril consideraron el citado acuerdo como una traición y anunciaron más protestas hasta que Barro Blanco sea cancelado.
Colombia. Un informe del Programa Somos Defensores reveló que solo en el primer semestre de 2015, 34 defensores de derechos humanos fueron asesinados. Trece de estos habían denunciado amenazas contra sus vidas.
El documento titulado “Los Nadies” señala que desde 2010 hasta junio de este año, han muerto 320 personas en Colombia por su defensa de los derechos humanos.
Las regiones de Cauca y Antioquia son los departamentos que registran mayor número de defensores asesinados con 5 líderes cada uno, precisa el informe.
Ecuador. Tras varios días de protesta en diferentes zonas del país, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) formuló el 21 de agosto en Quito, sus requerimientos al Gobierno y anunció nuevas movilizaciones para el mes de setiembre.
Antes de marchar por la capital, los indígenas se concentraron en el parque El Arbolito, donde ratificaron el levantamiento indígena y elaboraron una serie de pedidos al presidente Correa, como el fin del “extractivismo” minero y petrolero.
Luego, acordaron regresar a sus comunidades para preparar un paro nacional para el 16 de setiembre buscando que el gobierno atienda sus demandas.
Brasil. Un fuerte paro se acata en la ciudad de Boa Vista, en el estado norteño de Roraima, para exigir mejoras en la educación indígena. La medida de protesta se inició luego de la IV Marcha de los Pueblos Indígenas efectuada el 10 de agosto.
La medida convocó a un gran número de personas, entre ellas varios maestros indígenas, para reclamar por la defensa de los territorios y exigir mejoras al gobierno en el sector educación y salud.
Bolivia. Indígenas guaraníes que protestan contra las actividades de la empresa estatal de hidrocarburos YPFB en sus territorios, iniciaron un diálogo directo con el Gobierno.
La decisión fue tomada tras la liberación de 26 indígenas detenidos en la violenta represión policial del pasado martes 18 de agosto, ocurrida cuando bloqueaban la carretera Santa Cruz-Yacuiba.
Los nativos reclaman que se cumpla el proceso de consulta previa y rechazan los decretos que aceleran la exploración y explotación de petróleo en sus territorios y las áreas protegidas del país.
La asambleísta guaraní del departamento de Santa Cruz, Ruth Yarigua, quien fue testigo de lo ocurrido, declaró que las fuerzas policiales actuaron con violencia.
“No hubo el respeto al derecho de los pueblos indígenas, ni a sus territorios, ni a sus viviendas”, aseveró en declaraciones recogidas por Radio Encuentros.
Argentina. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ratificó la plena constitucionalidad de la Ley 9526 que prohíbe la actividad minera metalífera bajo la modalidad “a cielo abierto” o cuando se utilicen sustancias peligrosas como el cianuro.
El Tribunal argumentó que las restricciones establecidas son razonables si se tiene en cuenta que “el ambiente constituye un bien colectivo supremo”, que debe ser preservado.
Asimismo, rechazó la acción de inconstitucionalidad que habían planteado los representantes de sectores mineros y energéticos.
Bolivia. Indígenas de las tierras altas y bajas del departamento de La Paz rechazaron el “estatuto autonómico”  que será votado en un referéndum el 20 de setiembre,  y anunciaron manifestaciones.
Al respecto, el representante de la nación Pacajaqui de La Paz, Patricio Apaza señaló que fueron ignorados en la formulación del estatuto pese a que enviaron un proyecto de ley.
Asimismo, consideró que al menos 17 artículos del estatuto paceño vulneran los derechos de las comunidades, por lo que al menos catorce naciones indígenas participarán en la  movilización anunciada para el 3 de setiembre.

23 ago. 2015

Indígenas del Pastaza: “Nuestras lanzas no las hemos abandonado, están guardadas”


– Hablan Tedy Guerra, apu de la comunidad nativa Nuevo Andoas, Raúl Cariajano, de la comunidad Los Jardines, y la madre indígena Magdalena Chino. 
Servindi.- Compartimos las declaraciones que hicieran el pasado fin de semana los apus de la cuenca del Pastaza, con motivo de la consulta previa del lote petrolero 192. Éstas se dieron al día siguiente de la reunión que tuvieron con la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz.
En aquella cita, que tuvo lugar el viernes 14 de agosto, también participaron los apus o líderes indígenas de la cuenca del Corrientes y representantes de la cuenca del Tigre.
Con estos últimos fue que el Estado llegó a un acuerdo: entregarles a través de un fideicomiso el 0,75% del valor de la producción fiscalizada del lote por los próximos 30 años.
Feconaco, federación del Corrientes, y Fediquep, federación del Pastaza, no estuvieron de acuerdo con esta propuestas y resolvieron que no firmarían ningún documento.
Sin embargo, al día siguiente, 15 de agosto, a través de su agencia de noticias Andina, el Estado anunció -omitiendo información- que se había llegado a un acuerdo con todas las organizaciones.
En ese sentido, el audio compartido clarifica el panorama -para quien aún no lo tenga claro- y a la vez da cuenta de la estrategia usada por el gobierno para no cumplir con sus obligaciones en el marco de lo que dicta el derecho internacional y la jurisprudencia nacional sobre pueblos indígenas.
ApuNuevoAndoasApu Tedy Guerra, de la comunidad nativa Nuevo Andoas. Foto: Servindi
Los apus se refieren así a ORIAP, una organización creada, presumiblemente, para quebrar la unidad indígena, y que pese a ello cuenta con el respaldo del gobierno.
Cabe destacar que no se trata solo de la información de Andina; días después el propio Ministerio de Cultura, llamado a garantizar el correcto desarrollo de la consulta previa, emitió un comunicado señalando una realidad muy alejada de la vivida por los apus (ver aquí).
Por lo pronto estos han señalado que no descansarán hasta lograr que se respeten sus derechos y se preste atención a todas sus demandas. “Nuestras lanzas ya no las hemos dejado, están guardadas”, advierte Tedy Guerra, apu de la comunidad Nuevo Andoas, base de la Fediquep.
Por su parte, Feconaco inició hoy una asamblea en Sauki con más de 30 comunidades para informar lo ocurrido en Lima y ver qué medidas toman.
Hablamos de comunidades -en las cuencas del Corrientes, Pastaza y Tigre-  que por más de cuatro décadas han visto y sufrido los estragos causados por la actividad petrolera, y que no quieren que la historia se repita.
La declaraciones compartidas en esta nota se dieron en el marco de las III Jornadas de Comunicación y Democracia que se llevaron a cabo del 13 al 15 de agosto en la capital peruana.
Su organización estuvo a cargo de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú (REDCIP), la Organización nacional de mujeres indígenas Onamiap, la Fundación Friedrich Ebert (FES), la Escuela de Periodismo de la UARM, la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) y Servindi.
Para descargar el audio hacer clic en el siguiente enlace:

Perú: Sobre las reparaciones con los pueblos nativos de las Cuatro Cuencas

Mientras todos están enfocados en quién operará el Lote 192, las comunidades indígenas de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón continúan esperando que se le cancele una deuda histórica desde el Estado. Sobre cómo se deben fijar las reparaciones ambientales y la indemnización con los pueblos nativos.
Por José Carlos Díaz Zanelli
Servindi.- Con los reflectores concentrados en quién se quedará con la producción del Lote 192, pocos han reparado en la demanda de las comunidades indígenas afectadas por la extracción petrolera. Son cuatro cuencas las involucradas (Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón) y al parecer en el sector urbano hay poca claridad respecto a su demanda.
Las demandas de las federaciones de las cuatro cuencas se concentran en la titulación de las tierras, remediación ambiental, reparación por los pasivos de 40 años de extracción petrolera y pago por el uso de tierras.
Pero no es un antojo de los pueblos nativos estas exigencias hacia el Estado.

Las razones

Un informe del Instituto de Defensa Legal (IDL) sobre los hechos ocurridos en el Lote 192 da cuenta de que la negligente manera como operaron sus concesionarios –generando daños ambientales irreparables– constituye una violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas, amparados en el Convenio 169 de la OIT.
Ante esto, IDL explica que el Estado tiene la obligación de “prevenir, investigar, sancionar y reparar” las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas.
Para efectos puntuales de la reparación, citando un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se señala que esto consiste en la “restitución, indemnización y rehabilitación” de las víctimas. En este caso todas y cada una de las comunidades de las cuencas ubicadas en el área de influencia del Lote 192.
Sobre el monto del pago por indemnización y valores de tierra, la Convención Americana de Derechos Humanos, habla de establecer un pago justo. Criterio que se condice con lo sugerido por la Comisión de Pueblos Andinos en su informe del periodo 2012-2013 en el que el territorio indígena debía ser cotizado aceptando el “valor intrínseco” y no el comercial que proponía el Ejecutivo.

Postura política

En el Ejecutivo continúan la mesa de diálogo, luego del fracaso de sus declaratorias de emergencia. Por el momento, la única medida que se ha realizado fue el bono que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), bajo el mando de Ana Jara, emitió para las cuatro cuencas.
Como se recuerda, en marzo de este año, se emitió un decreto que creaba un fondo de S/. 50 millones de soles para remediación ambiental en beneficio de las comunidades indígenas. Sin embargo, esta fue una medida apresurada del Ejecutivo para calmar las protestas que se venían realizando en la planta de tratamiento de Pluspetrol.