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17 may. 2015

México: Policía ataca salvajemente a jornaleros indígenas del Valle de San Quintín

Bloqueo de carretera en San Quintín. Foto: J.P. Martínez.
- Desde hace varias semanas, miles de indígenas participan de un paro para exigir mejores condiciones laborales. Denuncian que unos 80 mil jornaleros viven en condiciones de semiesclavitud.
Servindi.- Jornaleros indígenas del Valle de San Quintín, en el estado de Baja California, denunciaron haber sido víctimas de brutales agresiones por parte de efectivos policiales la madrugada del 9 de mayo. Acusan que ataques no discriminaron a hombres, mujeres y niños.
Según los manifestantes, tres personas murieron producto de la ofensiva policial y alrededor de 70 resultaron heridas.
Sobre cómo sucedieron los hechos, Max Correa, representante de la Central Campesina Cardenista, explicó que el viernes, un día antes de los ataques, se esperaba la llegada a la zona del subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda. Su presencia finalmente no se dio.
La reacción de la población ante la noticia fue manifestarse con violencia. Sin embargo, según explicó Correa en conferencia de prensa el domingo último, la citada reacción tendría su explicación en la presencia de infiltrados, gente que no es del lugar.
Pese a ello, explicó a su turno Fidel Sánchez, cabeza visible de los jornaleros agrícolas de San Quintín, los manifestantes optaron por ir a trabajar al día siguiente.
Lo que no esperaban era que la madrugada de ese día se desatara un ataque contra ellos por parte de agentes de la Policía Estatal Preventiva de Baja California (PEP). El ataque se dio cuando se disponían a partir a sus labores a bordo de un camión, poco antes de las cuatro de la mañana.
La arremetida policial fue brutal. Según testimonios recogidos por un corresponsal del diario La Jornada, los agentes no solo atacaron a los trabajadores, también irrumpieron en sus casas sin importar la presencia de niños y niñas.
En lo que respecta a los jornaleros, decenas de ellos fueron heridos con balas de goma. El gobierno de Baja California no negó este hecho, aunque sí lo hizo con respecto a la condición de los manifestantes; según la autoridad se trataría de residentes o comerciantes denunciados por un ranchero de la zona.
Por lo pronto, representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destacados en Tijuana y Ensenada ya iniciaron una investigación de los hechos y anunciaron que presentarán un informe sobre lo sucedido.
Fidel Sánchez informó que la protesta de los jornaleros continuará, y que aunque esperarán a que se concrete la reunión con el subsecretario Miranda, exigirán la liberación de los jornaleros detenidos y el deslinde de responsabilidades.

Semiesclavitud en San Quintín

Las protestas en el Valle de San Quintín se iniciaron el pasado 17 de marzo. Los jornaleros agrícolas denunciaban maltrato y explotación, llegando incluso a señalar condiciones de semiesclavitud. Optaron así por tomar varios puntos de la vía que atraviesa los 1700 kilómetros de la península desde Tijuana.
Desde aquellas fechas, la violencia policial ya se hacía presente con balas de goma y gas lacrimógeno.
Según reportan medios como El Diario, en el Valle de San Quintín trabajan aproximadamente 80 mil jornaleros en turnos de entre 12 y 14 horas con salarios de 120 pesos, que al cambio actual son menos de 8 euros.
Esta situación se agrava y alcanza niveles de terror con la falta de protección para los agroquímicos que se utilizan en los campos y la ausencia de cobertura sanitaria. Viven hacinados en pequeños cuartos compartidos por hasta por seis personas, sin alcantarillado ni agua potable.
A ello se suma que todos los días son vigilados por hombres armados, explica el citado medio.
Lo más trágico de todo esto, alerta, es que en el lugar se ha reportado la presencia de un gran número de niños y niñas víctimas de trabajo infantil, así como acoso sexual contra mujeres.
Es en ese marco que miles de jornaleros que hablan alguna variante del mixteco, el zapoteco, el náhuatl o el triqui, inician sus protestas en contra de los terratenientes que operan en el valle y que tendrían estrechos vínculos empresariales con funcionarios y exfuncionarios del gobierno.
Otra barrera que deben enfrentar los trabajadores son los sindicatos que supuestamente los representan. Al respecto, ellos se han desmarcado de dichos gremios y ahora solo respaldan a la denominada “Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social en el Valle de San Quintín”.
Una de las banderas reivindicativas de este grupo es la exigencia del pago de un salario mínimo de 200 pesos al día.
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