"Para Tod@s, Todo. Para Nosotr@s NADA" web de solidari@s con la insurgencia chiapaneca y las luchas indigenas en Venezuela y otras partes

31 may. 2015

Pronunciamiento contra la violencia transfóbica: A propósito del asesinato de nuestra hermana indígena transfemenina Daira Moreno

Wanaaleru

Puerto Ayacucho, 18 de Mayo de 2015


Desde la Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas Wanaaleru queremos expresar nuestra preocupación por la resolución del asesinato de nuestra hermana indígena Baré Daira Moreno, expediente N° K-15-0256-0038 Manifestamos nuestro profundo rechazo a la invisibilización y dilación de un crimen con características transfóbicas que acabó con la vida de nuestra compañera del Pueblo Baré, quien representa a un sector de la población al que no se le han reconocido derechos civiles y políticos específicos, careciendo del derecho al reconocimiento de su identidad de género. Su asesinato engrosa la larga lista de transfemeninas cuyos asesinatos están plagados de acciones transfóbicas obviadas y desestimadas en los procesos de investigación, asignándoles el móvil de hurto o catalogados como crímenes “pasionales”.

Si bien reconocemos que el Gobierno venezolano ha hecho esfuerzos para construir espacios para la denuncia y protección de los derechos de las mujeres, lamentablemente, aún hoy NO se cuenta con leyes que tipifiquen la violencia homolesbotransfóbica. El crimen de odio que nos arrebató la vida de Daira pasará desapercibido e invisibilizado por la estadísticas judiciales y policiales si el Estado venezolano no toma medidas contundentes para subvertir esta situación de discriminación. Por lo mismo, nosotras, como mujeres indígenas organizadas solidarizadas con este caso:

–       Exigimos al Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la igualdad de género buscar la igualdad de género en la incorporación de las transfemeninas en sus acciones y políticas.

–       Pedimos justicia para Daira y el reconocimiento de la necesidad de tipificar las diversas formas de violencia transfóbica, también exhortamos a considerar la variable étnica en cualquier medida que se tome en torno al reconocimiento de los derechos de la población LGTBI, en aras de fortalecer nuestro Estado pluriétnico basado en el derecho y la justicia.

–       Instamos a la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer, la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público a realizar seguimiento al caso, pronunciándose al respecto y tomando medidas contundentes.

–       Pedimos al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos y Comunidades Indígenas que reconozca la existencia de población transexual, lesbiana, homosexual e intersexual indígena, construyendo políticas y espacios de atención específicos.

–       Finalmente acotamos que no podemos construir la patria indofeminista obviando a las hermanas transfemeninas y los derechos de la diversidad sexual. Así como los pueblos indígenas fuimos invisibilizados por siglos de exclusión y discriminación, la población sexo diversa prosigue en la misma oscuridad jurídica en la que el colonialismo nos había sumido a las y los originarios. Esperamos justicia para Daira y para todas aquellas mujeres y transfemeninas indígenas que nos ha arrebatado el odio hacia la diferencia.

ORGANIZACIÓN DE MUJERES INDÍGENAS AMAZÓNICAS WANAALERU

https://wanaaleru.wordpress.com/

27 may. 2015

Brasil: Cuatro tribus amazónicas se unen contra hidroeléctricas

Río Teles Pires, donde está planeada una de las represas que ponen el conflicto al Gobierno brasileño con los grupos aborígenes lugareños. Foto: Christopher Borges.
- Proyecto amenaza arrasar sus territorios ancestrales y sitios sagrados.
Servindi.- Representantes de las tribus Munduruku, Apiaká, Kayabi y Rikbaktsa anunciaron su oposición a las cuatro represas hidroeléctricas que el gobierno pretende construir en la cuenca del río Teles Pires, un afluente del río Tapajós, que desemboca en el Amazonas.
Valdenir Munduruku, uno de los dirigentes indígenas, confirmó que las tribus se preparan para “ocupar los sitios de construcción: no pueden seguir haciendo lo que hacen sin ni siquiera escucharnos”, advirtió a las autoridades.
En un primer comunicado conjunto aseguraron que de no detenerse la construcción de las represas hidroeléctricas sus ancestrales lugares de vida común quedarán arrasados.

“El Gobierno construye presas sin realizar estudios ambientales, sin tratar de comprender las consecuencias de la destrucción de la naturaleza en nuestras vidas.” indica el comunicado.
“Se autoriza el funcionamiento de las presas sin dar una respuesta a los pueblos indígenas y dejando sus vidas sin peces, sin agua, sin caza. Tratan de ocultar los impactos negativos sobre nuestras vidas, nuestros ríos y nuestros territorios”, prosigue el pronunciamiento.
“Las presas de Teles Pires y Colider ya mataron a toneladas de peces y miles de animales. Por debajo de las presas los peces también están muriendo en nuestro territorio debido a las inundaciones repentinas y a la bajada incontrolada del río”, concluye las tribus.
Los indígenas habían consultado a distintos técnicos de grupos ambientalistas, que respaldaron la iniciativa de unión para la labor y el comunicado intentaba una posibilidad de acuerdo conciliatorio con el gobierno.

Las tribus de los Munduruku, Apiaká, Kayabi y Rikbaktsa, son conocidos del hombre blanco desde el siglo XIX, cuando –tras luchar entre ellas desde tiempos inmemoriales- formaron una primera alianza que enfrentó la ocupación de tierras y el secuestro de indígenas para usarlos como esclavos.
La tribu de los Munduruku, la mayor del grupo, es la más afectada ya que los proyectos hidroeléctricos, avanzan hasta la zona del bajo Tapajós, incluyendo el área de San Luis, donde viven cientos de aborígenes de la etnia, que no saben la amenaza que se cierne sobre ellos.
Además, los enfrentamientos ya han comenzado más allá de los discursos, desde que los obreros para comenzar la construcción están ya a menos de medio kilómetro de áreas pobladas por indígenas.
Además, el asentamiento para comenzar a erigir el complejo se está desarrollando en un área de sitios considerados sagrados por los habitantes originarios del lugar.
—- Con información de la Red 21: http://www.lr21.com.uy/mundo/1234746-aborigenes-amazonia-represas-hidroelectricas-brasil-conflicto

Comisión para la Defensa de los Bienes Comunales de Santa María Ostula denuncia atentado

A los pueblos de México y el Mundo
A la medios de comunicación
Al Congreso Nacional Indígena
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
La Comisión para la Defensa de los Bienes Comunales de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, denuncia que el día 25 de mayo de 2015, nuestra comunidad ha sufrido un nuevo atentado por parte del Cártel de los Caballeros Templarios en la persona de su comandante general CemeíVerdía Zepeda, lo que significa para nuestra comunidad no solo una señal de alarma a la seguridad, sino a nuestra organización comunitaria y a nuestras posibilidades de seguir existiendo como pueblo.
Ante los hechos en que en un paraje cercano a la encargatura de La Cobanera fuera baleada con armas de grueso calibre la camioneta en que se transportaba nuestro comandante general, hechos en los que resultó herido el comunitario de Aquila Juan Manuel Sapién Cándido, las policías comunitarias de nuestra comunidad, junto con las policías comunitarias y autodefensas de los municipios de Aquila, Coalcomán, Chinicuila y Coahuayana, realizaron los días 25 y 26 de mayo operativos en toda la región para detener a los responsables, cuyo saldo preliminar es el de cuatro sicarios muertos, un muerto (el comandante comunitario de la cabecera de Ostula Reginaldo Rodríguez Flores) y un herido (Hilario Leyva Zambrano) de nuestra comunidad; así como otro comunitario de Aquila muerto y dos más de Aquila y Coalcomán que resultaron heridos.
Es este el segundo atentado que sufre nuestra policía comunitaria y en particular nuestro comandante general CemeíVerdía, después del 17 de diciembre en que fue emboscada una camioneta en la que viajaban comuneros de la encargatura de Xayakalan, atraque que iba dirigido a asesinar a nuestro comandante CemeíVerdía.
Nuevamente el cártel de Los Templarios intenta acabar con nuestra organización comunal, ya que dicho atentado coincide con las acciones tomadas por la comunidad desde el pasado sábado 23 de mayo, en que se consolidó un nuevo orden agrario en el territorio recuperado de Xayakalan, con el parcelamiento de las tierras que nuestra comunidad recuperó en el año 2009 ante la invasión paulatina de dichas tierras por supuestos pequeños propietarios de La Placita, Michoacán, entre los que se encuentran principalmente Federico González Medina (alias Don Lico), jefe de Plaza de los Templarios en la región, y Mario Alvarez (alias El Chacal), cabeza política del PRI y de dicho cartel en la costa de Michoacán. Es importante señalar que ese mismo 23 de mayo al lugar donde se llevaba a cabo el parcelamiento de tierras se presentó una actuaria del juzgado mixto de primera instancia de Coahuayana a nombre de un supuesto pequeño propietario que reclama un predio de 78 hectáreas, de las cuales 36 se encuentran dentro de nuestro territorio en una zona fuertemente ambicionada por la empresa minera Ternium , corporación que extrae hierro de las montañas de la sierra indígena nahua desde el sur de Jalisco en la sierra de Manantlán hasta la costa de Michoacán.
Asimismo, mediante acciones descaradamente ilegales el Tribunal Unitario Agrario Número Treinta y Ocho con sede en la Ciudad de Colima, ha violado sistemáticamente los derechos procesales de nuestra comunidad para no reconocer el derecho que nos asiste desde tiempos inmemoriales como dueños de estas tierras.
Antecedentes
Desde inicios de este año la comunidad ha venido realizando juicios a comuneros que se prestaron directa e indirectamente con el crimen organizado y con los atentados cometidos por éste. Atentados que han costado a nuestra comunidad 31 muertos y 5 desaparecidos desde junio de 2009.
La comunidad mantiene asegurada madera de la especie Sangualica, conocida con el nombre de Dalbergia granadillo, que entre los años 2012 y 2013 fue saqueada de los bosques vírgenes de Ostula y que era exportada con la completa complicidad de los tres niveles de gobiernos a China a través de los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, lo que provocó la devastación de esta madera en los terrenos comunales y actualmente tras realizar las denuncias correspondientes no ha habido justicia por parte de los gobiernos quienes se han empeñado en pretender despojar a la comunidad de la poca madera que se logró rescatar y que costó la vida de comuneros y el sufrimiento de numerosas familias que hoy se cuentan en niños huérfanos y familias deshechas.
Por lo anterior señalamos:
1. Que nuestra comunidad no permitirá más atropellos del narco gobierno y que hemos encontrado en nuestra organización y autonomía la única vía para reguardar nuestra integridad, seguridad y territorio.
2. Que señalamos como responsables directos de los ataques en contra de nuestra comunidad y de nuestro comandante CemeíVerdía a Federico González Medina y Mario Álvarez, quienes han gozado de impunidad y protección de los malos gobiernos
3. Que nuestra madre tierra está viva, como vivos y organizados estamos nosotros por lo que nuestra lucha no parará pues de la historia aprendemos y de ella sabemos que en cuanto bajemos la guardia no habrá quien pare la sangrienta guerra en nuestra contra.
En consecuencia exigimos:
1. Respeto a nuestra policía comunitaria y a la vida e integridad de nuestro comandante general y coordinador de las autodefensas de la Costa-Sierra de Michoacán, CemeíVerdía.
2. Castigo a Federico González Medina y Mario Álvarez, autores intelectuales de los atentados en contra de nuestra comunidad y del compañero CemeíVerdía.
3. Respeto a la autonomía y a las tierras pertenecientes en forma inmemorial a la comunidad indígena de Santa María Ostula.
¡VIVA NUESTRA POLICÍA COMUNITARIA!
¡VIVA NUESTRO COMANDANTE CEMEÍ VERDÍA!
¡GLORIA A NUESTRO COMANDANTE REGINALDO RODRIGUEZ Y A TODOS LOS CAÍDOS POR LA DEFENSA Y LA LIBERTAD DE OSTULA Y DE LAS COMUNIDADES DE LA REGIÓN!
A 26 de mayo de 2015
Tierra y Libertad
Comisión para la Defensa de los Bienes Comunales de Santa María Ostula

Ahora todos pueden aprender wayuunaiki, la lengua ancestral de los wayuu





Servindi.- Casi como jugando Karmen Ramírez Boscán e Ignacio Manuel Epinayu Pushaina acaban de crear el canal de YouTube “Wayuunaiki para el mundo”, que se dedicará a la enseñanza y al aprendizaje de la lengua ancestral de los wayuu.
La idea surgió cuando Karmen, la única wayuu que vive en Suiza, le pidió a Ignacio que le enseñe a hablar su lengua tradicional. Esto debido a que ella no aprendió la lengua cuando era niña.
Ignacio, también wayuu y experto en archivística que reside en Bogotá, accedió al pedido de su amiga y desde entonces el intercambio se dio solo por Skype y Facebook.
Más tarde decidieron compartir su experiencia de enseñar y aprender el wayuunaiki, lengua que hasta el día de hoy hablan los indígenas wayuu de Colombia y Venezuela. Así nació ”Wayuunaiki para el mundo”.
Como explica Paula VanGrieken, editora de Notiwayuu, es común que las lenguas indígenas sean erróneamente llamadas dialectos, sin saber que estas “contienen toda una serie de estructuras gramaticales que los hacen idiomas tan complejos como el chino, el inglés o el español”.
A ello se suma que contienen toda una connotación oral que sirve para desarrollar una comunicación efectiva entre las personas de una comunidad.
El canal ya cuenta con dos videos, el primero fue subido hace una semana y el segundo apenas ayer 26 de mayo. Poco a poco están logrando numerosas visitas.
Como sostiene VanGrieken, se trata de un ejercicio de interculturalidad para conocer un poco de las lenguas indígenas y sobre todo para aprender y enseñar la lengua de los wayuu. Se espera que tanto Carmen como Ignacio puedan publicar al menos un video semanalmente.
Para más información puede acceder al canal de YouTube y suscribirse haciendo clic aquí.

Venezuela: Comunidad warao desaparece a causa del SIDA

Imagen referencial (foto: Venezuelatuya.com)
Servindi.- Una comunidad warao ubicada en la desembocadura del río Orinoco, en el estado Delta Amacuro, ha desaparecido debido a la presencia del virus del SIDA entre sus habitantes. Esta y otras informaciones en el último boletín informativo de la Red Indígena de Radio Fe y Alegría de Venezuela.

Boletín de la Red Indígena Venezuela, 26 de mayo de 2015. (Archivo mp3, 4 minutos, 43 segundos. Descargar con un clic en el enlace y luego elegir guardar como. Propiedad de la Red Indígena de Radio Fe y Alegría de Venezuela).
Según el testimonio del indígena warao Miguel Zanuca, los habitantes de la comunidad, ubicada en la parroquia Padre Barral del municipio Antonio Díaz, fueron falleciendo progresivamente a causa del SIDA.
Ante la situación, Zanuca tuvo que huir de la comunidad con su familia para poder sobrevivir.

Capacitación a docentes indígenas

Por otra parte, en la sierra de Perijá, en el estado Zulia, el Ministerio de Educación de Venezuela viene realizando capacitaciones a los docentes indígenas, con el fin de fortalecer la educación intercultural bilingüe en los pueblos wayúu, yupa y barí.
Karin Herrera, directora nacional de educación intercultural bilingüe, sostuvo que el objetivo de la capacitación es dar a conocer los trabajos pedagógicos realizados en las escuelas, lo cual servirá como orientación para los trabajos artesanales y educativos que se realicen en las comunidades.

23 may. 2015

Nuevo desalojo en Lof Rankilko


Fuerzas Especiales de Carabineros y el GOPE, han llegado nuevamente a desalojar a familias del Lof Rankilko, quienes se encuentran construyendo viviendas en predios en proceso de recuperación. 10411060_10204472706633327_6917846999098833067_n
Alrededor del medio día de hoy, un gran contingente policial del GOPE y Fuerzas Especiales de Carabineros, llegaron fuertemente equipados con camionetas, buses y carros lanzagases a desalojar a las familias del Lof Rankilko que se encuentran en proceso de recuperación territorial.
En predios que hoy se encuentran en manos de particulares, las familias de Rankilko han construido ya 20 viviendas, las que en un desalojo anterior fueron completamente destruidas por las fuerzas policiales. Quienes también en esa ocasión detuvieron al Werken Rodrigo Curipan y a Guido Barra Nahuel.
El desalojo se produjo a solicitud de uno de los particulares de la zona, quien en un comienzo había llegado a un acuerdo con la comunidad para que construyan las viviendas.
Noticia en desarrollo…
Fuente:  http://adkimvn.org

Ver video: desalojo policial y destrucción de viviendas en comunidad Rankilko


Los Nanti: un pueblo amazónico en aislamiento vulnerable a epidemias

- “Los nantis se están convirtiendo en pobres extremos sin que se hayan siquiera enterado”, sostiene la antropóloga respecto al afán del gobierno por incluirlos en los programas sociales.
Servindi.- Los indígenas nanti de la selva sur del país afrontan un difícil momento a raíz del impacto que genera la actividad extractiva y un Estado que no garantiza el respeto de sus derechos. Entérese más escuchando la entrevista que Radio Encuentros le hizo a Frederica Barclay, antropóloga y miembro del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad.
Barclay pone el acento en varios puntos, uno de ellos es cómo la ampliación de las operaciones de hidrocarburos en la región Cusco, en la zona del alto Camisea, ha ocasionado que la población nativa se involucre en dinámicas que podrían ser calificadas de perversas.
Citó así el caso de los nantis que se encuentran en situación de contacto inicial, los cuales están siendo integrados a los programas asistencialistas del gobierno.
“Ellos se están convirtiendo en pobres extremos sin que se hayan siquiera enterado”, sostiene la antropóloga. Añade así que la manera en que se han estrenado a la ciudadanía ha sido adquiriendo el DNI (Documento Nacional de Identidad) y al mismo tiempo la categoría de pobres extremos.
“Eso es una cosa que afecta su dignidad, a todas luces no es admisible”, señala.
En otro momento la experta refuerza las versiones que sostienen que existe un plan que busca se disuelva la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti y otros, espacio creado con el fin de salvaguardar la integridad de los indígenas en aislamiento y contacto inicial que allí se encuentran.
Según Barclay la reserva representa “los obstáculos que encuentra la economía extractiva en la zona”.
“Los nantis son un obstáculo para la empresa… es tremendamente conveniente para la industria extractiva que los nantis dejen de estar justo en el camino del yacimiento que se supone que es el más atractivo, el yacimiento de Megantoni que se conocía como Lote Fitzcarrald”, precisa.
En otra parte de la entrevista, Barclay alerta sobre la presencia de nantis en comunidades machiguengas donde son explotados.
Los indígenas nanti se encuentran en situación de aislamiento y contacto inicial. En décadas pasadas ellos fueron víctimas de epidemias que por largo tiempo diezmaron su población.
Un estudio realizado a su salud en el año 2003 reveló la vulnerabilidad de este pueblo a una serie de factores externos.
El 2013 se inició otro nuevo estudio el cual fue hecho público hace solo unos meses. Dicho documento contiene valiosa información sobre las amenazas que afronta este pueblo.

Organizaciones indígenas inician trabajo conjunto para fortalecer la vigilancia de su territorio


Servindi.- La labor de vigilancia que realizan los pueblos indígenas sobre sus territorios y recursos cuenta ahora con el apoyo de un proyecto que fortalecerá y articulará sus sistemas. Se busca de este modo que los pueblos participen en el proceso de la toma de decisiones que los afectan.
De este modo se busca contribuir a eliminar la discriminación que persiste contra los pueblos indígenas y evitar el surgimiento de los conflictos sociales.
“Fortaleciendo la Vigilancia Indígena” es el nombre del proyecto que beneficiará a pueblos indígenas de las regiones Loreto, Ucayali, Junín y Cusco, y lo lidera la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).  Cuenta con el financiamiento de la Unión Europea.
Estos pueblos están representados en las organizaciones Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT); Central Asháninka de Río Ene (CARE); Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU); y Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU).
Según explicó Isabel Gonzales, coordinadora del proyecto, lo que se busca es crear canales de atención para que el Estado actúe oportunamente frente a las diversas amenazas que se presentan contra los pueblos originarios y las labores que realizan.
Al respecto explicó que muchas veces “las acciones de vigilancia que realizan los pueblos indígenas, y que muchas veces desencadenan en algún tipo de reporte, alerta o denuncia a las instituciones de Estado, no son atendidas”.
“Buscamos cambios en el sentido de que puedan reconocerse el derecho de los pueblos indígenas a la participación, a la consulta; que ellos puedan en general tomar decisiones sobre sus territorios porque finalmente esas decisiones van a afectarles directamente”, detalló Gonzales en diálogo con Servindi.
Para Alfonso López, presidente de la Acodecospat, este proyecto servirá para “hacer conocer a los que están afuera y son insensibles de que ahí existimos personas (…), y que necesitamos que respeten nuestra vida, la de nuestros hijos, a nuestros sueños y a nuestras aspiraciones”.
Precisó que las amenazas se presentan en forma de tala ilegal, actividad petrolera, monocultivos o megaproyectos como hidroeléctricas, carreteras o ferrocarriles.

Entre los componentes que contempla el proyecto se encuentra la capacitación, la formación con enfoque de género, el intercambio de experiencias, y el surgimiento de nuevas propuestas que contribuyan en la elaboración de normas que regulen las actividades que se desarrollen en los territorios de los pueblos indígenas.
Asimismo buscará articular los sistemas de estos pueblos con los sistemas gubernamentales de monitoreo y fiscalización ambiental y social.
En el plano del intercambio de experiencias, López Tejada manifestó su voluntad de mostrar al mundo el conocimiento que los pueblos de la Amazonía atesoran. “El territorio no son solamente los recursos, son también nuestros saberes, son nuestros conocimientos aprendidos de nuestros antepasados para poder vivir armónicamente con nuestro medio natural”, afirmó.
El proyecto que tendrá una vigencia hasta junio del 2017, también recibió el saludo de Lizardo Cauper, presidente de la ORAU, quien resaltó que se busque abordar el tema de la discriminación contra los indígenas.
Acotó al respecto que la “discriminación también es ideológica, de pensamiento, por no conocer y no respetar la diversidad cultural que existe en el Perú”.
“Lo que queremos hacer es visibilizar nuestra forma de control (…), hay un desconocimiento sobre lo que está ocurriendo en un territorio en el que existen diferentes actividades”, añadió.
También participó de la cita la Viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, y la embajadora en Perú de la Unión Europea, Irene Horejs. Ambas elogiaron la iniciativa.
En ese mismo sentido se pronunció Ángel Pedro, representante de CARE, y José Katinga, subjefe del COMARU.
Este último advirtió que también existen otros problemas que afrontan los pueblos indígenas y que espera reciban la atención del Estado como es el tema de educación y salud.

Yanacocha violenta predio de Máxima Acuña y ataca a un familiar


- Empresa aprovechó que campesina no se encontraba para hacer ingresar a decenas de sus trabajadores. Pariente de Máxima resultó herida.
Servindi.- Continúa la hostilización. La tarde del viernes 22 de mayo trabajadores de la empresa minera Yanacocha, en Cajamarca, derribaron una nueva construcción levantada por la campesina Máxima Acuña y su familia en la zona de Tragadero Grande.
Los hechos se conocieron la noche de ayer a través de un medio de circulación nacional que recogió la versión de la empresa, según la cual no se registraron episodios violentos durante su actuación.
No obstante, en diálogo con Servindi, Ysidora Chaupe, hija mayor de Máxima, denunció que durante la intervención la empresa agredió físicamente a su cuñada Maribel Gil Briones, quien se encontraba sola en el predio.
Los hechos se dieron cuando Máxima y su esposo Jaime Chaupe se encontraban en la ciudad de Celendín, para asistir a una audiencia por un proceso judicial iniciado contra ellos por la empresa minera.
“Parece que los abogados de Yanacocha llamaron a Conga (nombre del proyecto que la empresa pretende ejecutar y que abarca la zona que ocupa la campesina y su familia) para decirle a la policía que ingrese a la casa”, sostuvo la también madre de familia.
“Lo más indignante es que han golpeado a mi cuñada, la han apedreado por la cintura, cuando ha corrido a quitar la calamina, la madera que se han estado llevando. Ella estaba sola, no ha podido ni tomar foto”, añadió exaltada.
Según explicó, la construcción derribada lo constituía un ambiente que en el campo se denomina “cocina de cuy”, que tiene cuatro  metros de ancho por seis de largo.
Respecto a lo dicho por Yanacocha sobre que la construcción se hizo en un terreno de su propiedad, Ysidora sostuvo que dicha aseveración no tiene fundamento ya que la edificación se hizo dentro de las 25 hectáreas que le pertenecen a su familia y sobre las cuales existen documentos.
Este nuevo caso ha sido expuesto a nivel local por la misma Máxima la mañana de hoy a través de Radio Líder. Se espera que próximamente la familia inicie acciones legales.
Cabe precisar que no existe claridad sobre si los que ingresaron al predio de Máxima ayer fueron trabajadores o policías. En más de una ocasión la empresa ha negado que tenga efectivos bajo sus órdenes. Esta versión, sin embargo, ha sido desmentida por organizaciones de la sociedad civil que han investigado sus nexos.

Aprueban zonificación ecológica y económica de provincia Alto Amazonas

Consejo de regidores de Municipalidad Alto Amazonas. Foto: Pro & Contra
- Queda en manos de la Municipalidad el paso que sigue que es la elaboración de los estudios especializados.
Servindi.- Con miras a dar un paso en materia de ordenamiento territorial, el 19 de mayo se aprobó por unanimidad el estudio de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) de la Provincia de Alto Amazonas, en el departamento de Loreto.
Dicha determinación representa el instrumento base para la formulación y aplicación de políticas que tengan concordancia con las potencialidades y limitaciones del territorio, tomando en cuenta sus características físicas, biológicas, sociales, económicas y culturales.
La medida aprobada en sesión extraordinaria en la ciudad de Yurimaguas consta en la Ordenanza Municipal N° 018-2015-MPAA-A, la misma que obtuvo opinión favorable del Ministerio del Ambiente (MINAM) y del Gobierno Regional de Loreto.
Estuvieron presentes en el acto representantes del Gobierno Regional, la Dirección General del Ordenamiento Territorial del Ministerio del Ambiente; y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), instituciones que han venido apoyando este proceso.
De acuerdo a los resultados del estudio, la provincia Alto Amazonas tiene una superficie de 2 004 288 hectáreas, de las cuales el 50.34% se han clasificado como zonas productivas; el 39.24%, como zonas de protección y conservación ecológica; el 8.02%, como zonas de recuperación; y el 2.4%, como zonas de vocación urbana e industrial.
La ZEE de Alto Amazonas cuenta con estudios en geología, geomorfología, fisiografía, suelos, capacidad de uso mayor, clima, hidrografía, forestal, vegetación, fauna, uso actual y turismo.
Asimismo en patrones socioculturales, acuícola, aptitud productiva recursos naturales renovables, aptitud productiva recursos naturales no renovables, valor bioecológicos, peligros múltiples, conflictos de uso y vocación urbano-industrial.
El proceso de la ZEE de Alto Amazonas fue financiado por el Gobierno Regional de Loreto, en convenio con el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP) y fue socializado en las capitales de los distritos Jeberos, Balsapuerto, Shucushyacu, Santa Cruz, Lagunas y Yurimaguas.
Corresponde ahora a la Municipalidad Provincial Alto Amazonas difundir y compartir la ZEE aprobada, así como iniciar la elaboración de los Estudios Especializados que es la siguiente etapa del proceso de ordenamiento territorial, en el marco de la R.M. Nº 135-2013-MINAM.

Pueblos indígenas bajo persecución en Bangladesh

La persecución que padece el pueblo jumma en la zona de Chittagong Hills, en la región fronteriza entre India y Birmania, recibe poca atención internacional. Crédito: Sujan Map/IPS
Por Julia Bleckner*
IPS.- El asesinato de Timir Baran Chakma, un activista indígena jumma, en agosto de 2014, presuntamente bajo custodia militar de Bangladesh, fue denunciado por sus seguidores. Pero su muerte, así como la inoperancia de la justicia y la difícil situación de su pueblo en la región de Chittagong Hills, recibieron poca atención internacional.
Representantes de la comisión de Chittagong Hills llegaron a Nueva York este mes para arrojar luz sobre la grave situación en la región fronteriza entre India y Birmania. Describieron la crisis en curso ante el Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Asuntos Indígenas y expresaron su objetivo, que finalmente se apliquen las condiciones de un acuerdo de paz pactado hace casi 20 años entre el gobierno y los grupos armados locales.
La incapacidad del ejército para proteger a los jummas de los colonos, y en algunos casos su complicidad en los ataques contra las familias indígenas, está bien documentada.
Uno de los miembros de la comisión dijo al Foro Permanente que el gobierno de Bangladesh tomó “medidas represivas y utilizó equipos militares pesados”, y añadió que, en lugar de asegurar su protección, la presencia militar “solo agravó la violación de los derechos humanos”.
En el Bangladesh predominantemente musulmán, los grupos indígenas, que en su mayoría practican el budismo theravada y hablan dialectos tibeto-birmanos, soportan el desplazamiento y el sufrimiento desde hace décadas.
A fines de los años 70, el entonces presidente Ziaur Rehman instituyó un “programa de transferencia de la población” por el cual el gobierno daba dinero en efectivo e incentivos en especie a la población bengalí, la mayoritaria del país, para que se mudara a la zona de Chittagong Hills, desplazando así a los habitantes locales.
A partir de 1977, la región tuvo presencia militar en respuesta al surgimiento de grupos armados locales, opuestos a los “colonos” y la imposición de la identidad y la lengua bengalíes.
En los años siguientes hubo denuncias creíbles de que los soldados sometieron a los civiles indígenas a abusos, incluidos desalojos forzosos, destrucción de propiedades, detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos. Según una fuente, más de 2.000 mujeres fueron violadas durante el conflicto entre 1971 y 1994. Las fuerzas de seguridad estuvieron implicadas en muchos casos de violencia sexual.
El acuerdo de paz de 1997 tuvo como objetivo poner fin a la violencia y reconoció oficialmente la singularidad étnica y la autonomía relativa de las tribus y pueblos indígenas de la región de Chittagong Hills.
Sin embargo, 17 años después, aún no se aplicaron las condiciones del acuerdo de paz. En cambio, los jummas soportan niveles crecientes de violencia de parte de los colonos bengalíes, sin que haya una respuesta estatal efectiva.
Los miembros de la comisión de Chittagong Hills, un grupo de activistas que vigilan la aplicación del acuerdo de 1997, dijeron a Human Rights Watch que los colonos atacaron casas, tiendas y lugares de culto indígenas, en algunos casos con la complicidad de las fuerzas de seguridad. También hay informes de enfrentamientos entre las dos comunidades.
La situación es tan tensa que incluso algunos miembros de la comisión fueron atacados por un grupo de colonos en julio de 2014. Los responsables aún no fueron identificados ni procesados.
El acuerdo de paz determinó específicamente la desmilitarización de la zona de Chittagong Hills. Pero casi 20 años después la región se mantiene bajo ocupación militar. La incapacidad del ejército para proteger a los jummas de los colonos, y en algunos casos su complicidad en los ataques, está bien documentada.
Los sucesivos gobiernos de Bangladesh no otorgaron la autonomía prometida por el acuerdo de paz, dijeron representantes de la comisión. En cambio, el gobierno central designó directamente a representantes a los consejos locales sin la celebración de elecciones, como lo disponía lo pactado.
Con el acuerdo tácito de los militares, colonos bengalíes se mudaron a Chittagong Hills, en algunos casos desplazando a los jummas de sus tierras sin indemnización ni resarcimiento.
La Fundación Kapaeeng, que defiende los derechos de los pueblos indígenas de Bangladesh, denunció que al menos 51 mujeres y niñas sufrieron violencia sexual infligida por los colonos bengalíes y los militares en 2014. Este año ya se produjeron 10 casos.
Entre ellos, un grupo de colonos bengalíes violó a una mujer bagdi y su hija, según la Fundación. Los responsables de estos delitos rara vez son procesados. En algunos casos, los sobrevivientes, como las mujeres bagdíes, que realizaron la denuncia ante la policía recibieron amenazas de los presuntos autores si no retiran la acusación.
Con el fin de bloquear la atención internacional sobre la situación de los jummas, en enero el Ministerio del Interior de Bangladesh aplicó una disposición discriminatoria que, entre otras cosas, incrementó el número de puestos de control militares y prohibió, tanto a extranjeros como nacionales, la posibilidad de reunirse con la población indígena sin la presencia de representantes del gobierno.
En mayo, bajo la presión de la opinión pública nacional, el Ministerio del Interior retiró las restricciones. Pero en la práctica, el gobierno sigue limitando el acceso al exigir a los extranjeros que informen al Ministerio antes de toda visita.
Los jummas han esperado demasiado para que se les tome en cuenta. Es hora de que lo hagamos. La aplicación del acuerdo de paz de Chittagong Hills sería un primer paso importante.
Editado por Kitty Stapp / Traducido por Álvaro Queiruga
__
* Julia Bleckner es integrante de la división de Asia de la organización de derechos humanos Human Rights Watch.

___ Fuente: IPS: http://www.ipsnoticias.net/2015/05/pueblos-indigenas-bajo-persecucion-en-bangladesh/

Cónclave indígena rechaza ambigüedad del proyecto de Declaración Americana sobre PP.II.


- Representantes indígenas se retiraron de reunión por intención de rebajar estándares de derechos respecto a la Declaración de las Naciones Unidas aprobada el 2007.
Servindi.- El Conclave Indígena de las Américas anunció el retiro de los pueblos indígenas de la mesa de negociaciones del Grupo de Trabajo encargado de elaborar el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La posición se adoptó en el marco de la XVIII Reunión de Negociación para la búsqueda de consensos realizada del 13 al 15 de mayo en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.
El Cónclave Indígena lamentó que algunos Estados hayan introducido a última hora “nuevos textos” para hacer ambigua el proyecto de declaración y rebajar sus estándares respecto a la Declaración de las Naciones Unidas aprobada el 13 de setiembre de 2007.
Debido a que no existen las condiciones para que se adopte una Declaración Americana sostuvieron que no aceptaran que se insista con términos contrarios a la Declaración ONU y concluyeron que no reconocerán texto alguno por ilegítimo.
En tal sentido denuncian ante el Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos, al Consejo Permanente y a la Asamblea General de la OEA “que no existen las condiciones para que se adopte una Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Américas”.
Lea a continuación el texto de la declaración del Cónclave de los Pueblos Indígenas:

Posición del Conclave Indígena de los Pueblos Indígenas de las Américas

Señor Presidente del Consejo Permanente, nosotros los representantes de los Pueblos Indígenas queremos dejar constancia de nuestra posición en cuanto a la última sesión de negociación del grupo de trabajo para la elaboración de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.Posición del Conclave Indígena de los Pueblos Indígenas de las Américas.
Lamentamos que algunos Estados insisten en entorpecer la negociación llevada por más de 17 años, al introducir a última hora nuevos texto para hacer ambigua las disposiciones contenidas en la Declaración Americana por debajo de los estándares de la declaración de las naciones unidas y no reconocer los derechos de los Pueblos Indígenas, lo cual es contrario al derecho internacional de los derechos humanos.
El Conclave considera esto como una vil falta de respeto y mala fe y no aceptará ninguna disposición que anteponga los derechos humanos de los Pueblos Indígenas a las constituciones, legislaciones internas e interés público, para permitir la continuada violación de los derechos indígenas y destruir todos los avances que hemos logrado en la Declaración Americana.
El Conclave Indígena denuncia ante el Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos, al Consejo Permanente y a la Asamblea General que no existen las condiciones para que se adopte una Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Américas ya que no se han respetado los principios de la negociación que llevaron a los Pueblos Indígenas a sentarse a negociar el texto de la Declaración Americana sin debilitarla y sin que estén por debajo de los estándares de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Solicitamos al Comité de Asuntos Jurídicos, Consejo Permanente y Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que adopte las medidas necesarias para permitir la participación plena y efectiva de los Pueblos Indígenas en la discusión y adopción de la Declaración Americana en un ambiente de respeto e igualdad.
Los Pueblos Indígenas no aceptaremos que se insista con términos que sean contrarios a la Declaración de la ONU, los Pueblos Indígenas rechazaremos y denunciaremos el texto de la Declaración Americana que se presente a discusión por ilegitima.
Dicho esto y al no darse las condiciones en esta decimoctava sesión de negociaciones, los Pueblos Indígenas nos retiramos de la mesa de negociación y no reconoceremos texto alguno.
Washington D.C. 15 de mayo de 2015

Pronunciamiento desde el abajo y a la izquierda del estado de Guanajuato

16 de mayo de 2015
 ¡Con nuestr@s compañer@s zapatistas! Pronunciamiento desde el abajo y a la izquierda del estado de Guanajuato
 A las Bases de Apoyo Zapatistas de la Zona Selva Tzeltal.
A todas y todos nuestr@s compañer@s y maestr@s zapatistas.
A la rebeldía colectiva de La Sexta y a nuestr@s condiscípul@s en la Escuelita Zapatista.

Compas zapatistas:
De ustedes hemos aprendido que es necesario resistir y luchar por la vida y por la libertad.
Con su palabra y su acción nos han enseñado que no sólo se trata de deseos y consignas, sino que es posible hacerlo. En sus tierras y a través de su ejemplo hemos visto que sí se puede vivir con otras formas de relacionarnos como personas sin que medie la lógica del capital. También nos han mostrado que para ello no se necesita que alguien nos gobierne, sino que es el pueblo mismo, todas y todos, quienes debemos decidir y hacer sobre nuestras propias vidas.
Lo que han construido ha sido a contracorriente de la infame guerra que contra ustedes han desatado los poderosos, pues lo que hacen y representan demuele los cimientos de su injusto régimen de muerte y destrucción. Así, cuando ustedes hacen luz ellos quieren imponer oscuridad y penumbra: donde ustedes levantan escuelas y clínicas, ellos pretenden dejar escombros y muerte; en los campos que ustedes siembran esperanza y un mañana digno, ellos buscan regar peste y miseria; cuando ustedes elogian la diferencia y hacen de ella la posibilidad de nuevos mundos, ellos quieren traducir todo al inerte y fétido lenguaje de la ganancia. “Aquí el pueblo manda y el gobierno obedece”, sostienen ustedes, mientras ellos vociferan que el dinero es quien ordena y el gobierno se somete. En la pesadilla de ellos, de los poderosos, de los dueños del capital y de sus serviles capataces no podremos estar más que muertos; mientras que en los mundos que ustedes levantan, compañeras y compañeros zapatistas, nos encontramos y compartimos la lucha y la vida tan a la par que cabemos todas y todos.
Sabemos que ustedes no se dejarán, que no cederán, que no se rendirán. Que seguirán insistiendo en derrumbar la muerte e injusticia que hoy nos asedia. Que continuarán caminando y construyendo, no sólo para ustedes sino para todas, para todos, para la humanidad y por la vida. Es por ello que queremos decirles, compañeros y compañeras zapatistas, que no están sol@s, ni lo estarán; que junto a ustedes caminaremos y construiremos ese mañana en que la libertad sea una realidad para todas, para todos.
Compañer@s de La Sexta, condiscípul@s en la Escuelita Zapatista y personas honestas del mundo:
El mal gobierno, siempre servil a los intereses de los capitalistas, ha vuelto a atacar a nuestr@s compañer@s zapatistas. En esta ocasión el golpe fue contra compañeras y compañeros de los Municipios Autónomos San Manuel y Francisco Villa, del Caracol III de la Garrucha, y vino de nuevo a través de grupos paramilitares. Sabemos que, como denunció la Junta de Buen Gobierno “El Camino del Futuro”, quien orquesta y financia todo es el mal gobierno, por lo que señalamos a este en sus tres niveles como responsable de las agresiones y hostigamiento a las comunidades zapatistas.
Hacemos también un llamado a pronunciarnos en contra de estas agresiones y en solidaridad con nuestras compañeras y compañeros zapatistas. Mostrémosles que si tocan a un@ nos tocan a tod@s.
¡ALTO AL HOSTIGAMIENTO A LAS BASES DE APOYO ZAPATISTAS!
¡JUSTICIA VERDADERA PARA AYOTZINAPA!
¡SU DOLOR ES NUESTRO, SU RABIA ES LA NUESTRA!
 Desde el abajo y a la izquierda del estado de Guanajuato,
Adherentes a La Sexta y alumn@s de la Escuelita Zapatista de las ciudades de Celaya, Guanajuato, Irapuato y León.
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17 may. 2015

México: Policía ataca salvajemente a jornaleros indígenas del Valle de San Quintín

Bloqueo de carretera en San Quintín. Foto: J.P. Martínez.
- Desde hace varias semanas, miles de indígenas participan de un paro para exigir mejores condiciones laborales. Denuncian que unos 80 mil jornaleros viven en condiciones de semiesclavitud.
Servindi.- Jornaleros indígenas del Valle de San Quintín, en el estado de Baja California, denunciaron haber sido víctimas de brutales agresiones por parte de efectivos policiales la madrugada del 9 de mayo. Acusan que ataques no discriminaron a hombres, mujeres y niños.
Según los manifestantes, tres personas murieron producto de la ofensiva policial y alrededor de 70 resultaron heridas.
Sobre cómo sucedieron los hechos, Max Correa, representante de la Central Campesina Cardenista, explicó que el viernes, un día antes de los ataques, se esperaba la llegada a la zona del subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda. Su presencia finalmente no se dio.
La reacción de la población ante la noticia fue manifestarse con violencia. Sin embargo, según explicó Correa en conferencia de prensa el domingo último, la citada reacción tendría su explicación en la presencia de infiltrados, gente que no es del lugar.
Pese a ello, explicó a su turno Fidel Sánchez, cabeza visible de los jornaleros agrícolas de San Quintín, los manifestantes optaron por ir a trabajar al día siguiente.
Lo que no esperaban era que la madrugada de ese día se desatara un ataque contra ellos por parte de agentes de la Policía Estatal Preventiva de Baja California (PEP). El ataque se dio cuando se disponían a partir a sus labores a bordo de un camión, poco antes de las cuatro de la mañana.
La arremetida policial fue brutal. Según testimonios recogidos por un corresponsal del diario La Jornada, los agentes no solo atacaron a los trabajadores, también irrumpieron en sus casas sin importar la presencia de niños y niñas.
En lo que respecta a los jornaleros, decenas de ellos fueron heridos con balas de goma. El gobierno de Baja California no negó este hecho, aunque sí lo hizo con respecto a la condición de los manifestantes; según la autoridad se trataría de residentes o comerciantes denunciados por un ranchero de la zona.
Por lo pronto, representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destacados en Tijuana y Ensenada ya iniciaron una investigación de los hechos y anunciaron que presentarán un informe sobre lo sucedido.
Fidel Sánchez informó que la protesta de los jornaleros continuará, y que aunque esperarán a que se concrete la reunión con el subsecretario Miranda, exigirán la liberación de los jornaleros detenidos y el deslinde de responsabilidades.

Semiesclavitud en San Quintín

Las protestas en el Valle de San Quintín se iniciaron el pasado 17 de marzo. Los jornaleros agrícolas denunciaban maltrato y explotación, llegando incluso a señalar condiciones de semiesclavitud. Optaron así por tomar varios puntos de la vía que atraviesa los 1700 kilómetros de la península desde Tijuana.
Desde aquellas fechas, la violencia policial ya se hacía presente con balas de goma y gas lacrimógeno.
Según reportan medios como El Diario, en el Valle de San Quintín trabajan aproximadamente 80 mil jornaleros en turnos de entre 12 y 14 horas con salarios de 120 pesos, que al cambio actual son menos de 8 euros.
Esta situación se agrava y alcanza niveles de terror con la falta de protección para los agroquímicos que se utilizan en los campos y la ausencia de cobertura sanitaria. Viven hacinados en pequeños cuartos compartidos por hasta por seis personas, sin alcantarillado ni agua potable.
A ello se suma que todos los días son vigilados por hombres armados, explica el citado medio.
Lo más trágico de todo esto, alerta, es que en el lugar se ha reportado la presencia de un gran número de niños y niñas víctimas de trabajo infantil, así como acoso sexual contra mujeres.
Es en ese marco que miles de jornaleros que hablan alguna variante del mixteco, el zapoteco, el náhuatl o el triqui, inician sus protestas en contra de los terratenientes que operan en el valle y que tendrían estrechos vínculos empresariales con funcionarios y exfuncionarios del gobierno.
Otra barrera que deben enfrentar los trabajadores son los sindicatos que supuestamente los representan. Al respecto, ellos se han desmarcado de dichos gremios y ahora solo respaldan a la denominada “Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social en el Valle de San Quintín”.
Una de las banderas reivindicativas de este grupo es la exigencia del pago de un salario mínimo de 200 pesos al día.