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5 abr. 2015

Refuerzan presencia policial para garantizar el desalojo de familias mapuches

Tiene que ver con la recuperación de territorios históricos, que las familias mapuches del sur de Argentina y Chile han emprendido desde diciembre de 2014 en general, y que se agudizaron en enero y febrero de 2015, sobre todo en la zona de Villa La Angostura, Neuquén. Ya hubo enfrentamientos durante el verano, entre patotas de los empresarios “dueños de las tierras”. La fiscalía ya emitió la orden de desalojo, pero el gobierno provincial no la ejecutó, por evitar que el conflicto se visibilice en el marco del mundial de motocross que se desarrolló en la villa. Por ANRed. /Fotos: Indymedia Pueblos Originarios.
Refuerzan presencia ...
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Unos 30 efectivos de la policía provincial neuquina se sumaron al cuerpo de seguridad en Villa La Angostura. Son parte de un grupo mayor de cien efectivos, que concurrieron al pequeño poblado cordillerano como parte de un operativo de seguridad especial, por el campeonato mundial de motocross que se desarrolló en el lugar hace una semana atrás.
Represión y desalojo al Pueblo Mapuche
Pero, la presencia de esta treintena de oficiales de policía tiene que ver con “garantizar la seguridad y el control” en el marco de un conflicto de propiedad de tierras desatado desde diciembre del año pasado, que tuvo expresiones en todo el país y en el vecino Chile, pero que encontró en la villa, un epicentro cargado de violencia y enfrentamientos.
Comenzó cuando las familias Paichil Antriau, de la comunidad mapuche de la zona de siete lagos, recuperó los terrenos denominados “la obra”, en la localidad de Villa La Angostura, que pertenecerían al empresario Carlos Cristian Furlón.
Durante todo enero y febrero de este año, las familias mapuches denunciaron las amenazas y ataques violentos que sufrieron por parte de patotas enviadas por los empresarios en cuestión o por policías, que por acción u omisión, participaron de la represión al pueblo mapuche, en la capital de los jardines.
Esta misma situación de desalojo y represión es sufrida por otros pueblos originarios de nuestro país y los vecinos de América Latina. Tal es el caso de los Qom o los Wichis, que en Formosa y Chaco son reprimidos y expulsados sistemáticamente por las fuerzas de seguridad; o en Chile, donde las comunidades mapuches del sur, llevan adelante una larga batalla por recuperar y sostener sus territorios ancestrales.
Abuso de autoridad y persecución por parte de la justicia
En una carta dirigida al fiscal que resulte designado para el caso de desalojo de terrenos ocupados por las familias del Lonko, Ernesto Antriao y Werken, Mario Railaf, la comunidad mapuche, Paichil Antreao, de la localidad neuquina de Villa La Angostura, denunciaron el abuso de autoridad por parte de la fiscalía que ordenó la intervención ilegal.
“Ernesto Antriao y Mario Railaf, Lonko y Werken respectivamente de la Comunidad Paichil Antreao, venimos a presentar denuncia por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad (artículo 248 del código penal) por parte de funcionarios de este Ministerio Público Fiscal”, expusieron.
“Hemos tomado conocimiento por los medios de comunicación de esta localidad (Villa La Angostura) acerca de la existencia de una “orden de desalojo” que habría sido emitida por algún alto funcionario de este Ministerio Público Fiscal, contra la Comunidad Paichil Antreao y sus miembros, la que explícita o implícitamente incluye los domicilios de éstos últimos”, dijeron en la misiva.
Y explicaron: “en caso de ser cierta la noticia y de existir dicha orden, la misma configuraría claramente el delito de abuso de autoridad previsto y reprimido por el artículo 248 del código penal, por cuanto ni el código procesal ni la ley del Ministerio Público Fiscal autorizan la realización de ese tipo de órdenes, puesto que en el actual sistema procesal (al igual que en el anterior) las decisiones de uso de la fuerza estatal sólo pueden ser autorizadas por un juez”. Y agregaron: “el fiscal, como claramente lo establecen el código y la ley 2893, no puede realizar medidas de coerción y mucho menos autorizar el ingreso a domicilios, máxime tratándose de territorios comunitarios indígenas protegidos por expresas normas de derechos humanos (artículos 13, 14 y 16 del Convenio 169 de la O.I.T. y Ley 26.160)”.
En relación a lo explicado anteriormente, la comunidad expresó que “en consecuencia, una orden de ese tipo dirigida a la Policía, sólo puede realizarse en abuso de las funciones y utilizando una prevalencia jerárquica que únicamente debe ejercerse dentro de los términos de la competencia dada por ley”.
“Es por ello que solicitamos que se inicie legajo de investigación por el delito de abuso de autoridad y se secuestre la “orden de desalojo” en caso de que ella exista como principal prueba de la existencia del delito”, concluyeron.
Juicios contra luchadores y luchadoras mapuches
Esta persecución legal, tiene otro capítulo en los procesamientos de tres miembros de las comunidades mapuches de Winkul Newen y Wiñoy Folil.
Tal como lo denunciaron en un comunicado de prensa, el 13 de abril tendrá lugar una nueva audiencia por el procesamiento de integrantes de las comunidades Winkul Newen y Wiñoy Folil. La demanda, imputa a Relmu Ñanku por tentativa de homicidio.
Según explicaron, “esta acusación, sin sustentos jurídicos, apunta a criminalizar una mujer líder y luchadora, y a dos referentes de comunidades que, el gobierno provincial (del MPN) intenta invisibilizar, como estrategia para el avance de una política extractivista en todo el territorio”.

“Detrás de esto, existe un estado que diseña estrategias dirigidas a desplazar del territorio ancestral al pueblo mapuche, dando continuidad al histórico avasallamiento y exterminio del que ha sido víctima, pero al que siempre se ha puesto resistencia”, denunciaron.
En el mismo comunicado, familiares y otros miembros de las comunidades implicadas en estas denuncias penales, invitan al próximo 13 de abril a la audiencia que tendrá lugar en el Juzgado de Zapala, provincia de Neuquén.
Más policías para garantizar la propiedad privada
Así, en Villa La Angostura se configuró un relato ya habitual, que derivó en una secuencia bien conocida por los mapuches: la represión estatal en garantía de la propiedad privada y no de su derecho legítimo sobre territorios de ocupación ancestral, cosa que también legitima la constitución nacional.
Sea con grupos para-policiales, patotas armadas o las propias policías locales y provinciales, los pueblos originarios se han enfrentado a esta dinámica cruel históricamente. Pero esta cuestión, se ha agudizado desde que en diciembre del último año, las comunidades mapuches de Chiles y Argentina, declararan la intención de recuperar la posesión de tierras históricamente ocupadas por estos pueblos originarios.
Estos 30 efectivos que llegaron por el mundial de motocross a la pequeña villa, representan la garantía de las intenciones de la Ley y el Estado capitalista y patriarcal, y las de sus agentes operadores. Con una orden judicial, denunciada como ilegítima, y el refuerzo de las fuerzas de seguridad, ya apostado en el lugar para intervenir, el mensaje del gobierno provincial, dirigido por el partido de derecha, el Movimiento Popular Neuquino (MPN), no deja lugar a dudas: todos los mecanismos con los que cuenta el Estado, para la defensa de la propiedad privada, serán puestos a disposición de los terratenientes y empresarios inmobiliarios que vieron vulnerado su “derecho capitalista” de comprar y retener.
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