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5 mar. 2015

Ecuador: Huaoranis esperan que la CIDH los ampare del exterminio

Indígenas huaorani. Imagen: El Diario de Ecuador.
- Indígenas claman por detener avance petrolero en el Yasuní.
Por Iván Herrera
Servindi- Indígenas huaoranis de la comunidad Bameno, en la Amazonía ecuatoriana, esperan el resultado de su petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que brinde medidas cautelares a fin de protegerlos ante el avance de la actividad petrolera en sus territorios.
El documento fue  firmado en nombre de los huaoranis por la abogada Judith Kimerling y Elsie Monge, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), en  julio de 2014.
En él se exige que las medidas protejan los derechos a la vida e integridad personal, así como los relacionados a la propiedad, a la identidad y a la igualdad ante la ley, entre otros.
Asimismo, se pide que el organismo de derechos humanos emita un informe contra el Estado ecuatoriano que establezca “la responsabilidad por incumplir sus obligaciones internacionales”.
Riesgo extremo por petroleras
En el escrito, los huaoranis afirman que la intensificación de las actividades petroleras en su territorio los ha puesto en “situación de riesgo extremo y urgente” que puede afectar “de manera irreparable” sus derechos y llegar incluso a su exterminio.
Por ello demandan frenar la expansión de la actividad petrolera “en lo que queda del territorio de selva ancestral” que comparten con los “aislados”.
Los nativos solicitan la intervención de la CIDH para que el Estado detenga la ampliación de las actividades petroleras en el Bloque 16, en el sector conocido como el Yasuní, hasta acordar un territorio huaorani “libre de actividades petroleras”.
También piden que el Estado firme “acuerdos de paz y reconocimiento legal de los derechos de los miembros de la Comunidad Bameno y Kiwigimoni”, quienes anhelan vivir en su selva sin petroleras y desean obtener un título de propiedad.
Con ese fin, solicitan “dialogar para llegar a un acuerdo sobre límites territoriales y seguridad jurídica para proteger el espacio (territorio)” que necesitan para vivir.
Del mismo modo, exigen que el Estado efectúe una consulta previa para obtener el consentimiento de la Comunidad Bameno ante cualquier actividad extractiva en su territorio y de aquellos territorios que utilizan las familias huaorani no contactadas.
Los huaoranis negaron estar de acuerdo con la actividad petrolera y manifestaron su desacuerdo con “destruir” su selva y cambiar su estilo de vida.
“(…) la asimilación forzada no es una alternativa o solución para nosotros. Queremos que el Estado nos deje vivir – como Huaorani en la selva con territorio, sin que vengan petroleras u otra gente de afuera para destruir la selva, decirnos como deberíamos vivir, o generar líos o conflictos. Queremos vivir en paz, con derecho”, afirmaron.
Actividad petrolera en territorio de los huaorani

Conflictos entre comunidades

En la petición a la CIDH, los indígenas exigen dialogar con el gobierno para alcanzar acuerdos que les permitan “convivir con respeto, paz y seguridad jurídica”.
Consideran que el Estado debe dejar de tomar “medidas unilaterales” y de ejercer presiones que profundizan el conflicto al interior de las comunidades huaoranis.
Explicaron que en la actualidad los conflictos son ocasionados por las empresas y se producen entre las comunidades huaoranis que quieren más actividades petroleras y las comunidades huaoranis que no.
“(…) es un conflicto sobre territorio y la ampliación, o no, de actividades petroleras en nuestra selva, lo cual se está intensificando debido a las presiones del Estado y otros actores externos”, indicaron.
Denunciaron que el Estado ha incrementado el conflicto y la tensión entre las comunidades y ha involucrado a Bameno por las dos niñas del grupo huaorani en aislamiento denominado “Tagaeri” que fueron secuestradas por otro grupo de huaoranis en un ajuste de cuentas entre familias.
Como se recuerda, en marzo de 2013, en la provincia amazónica de Orellana, una pareja indígena de la etnia huaorani fue asesinada con lanzas por nativos “no contactados” del grupo Tagaeri.
En venganza, el 29 de marzo, un grupo huaorani habría asesinado a 30 tagaeris, según información dada a conocer por el presidente de la nacionalidad huaorani (NAWE) Cawetipe Yeti, aunque nunca fueron hallados los cadáveres.
Durante el ataque, los huaoranis se llevaron a dos niñas tagaeri llamadas Conta y Daboka a la comunidad de Yarentano.
Posteriormente, una sorpresiva incursión de las fuerzas armadas de Ecuador a la citada comunidad llevó a Conta en helicóptero a la ciudad de Francisco de Orellana y posteriormente la llevaron a vivir a Bameno.
De acuerdo a testimonios huaoranis de Bameo, esta situación ha causado la molestia de las comunidades Dicaro y Yarentaro y amenazas  contra miembros de su comunidad y contra Conta.
Se les acusa de haber promovido la encarcelación de los huaoranis que mataron a la familia tagaeri de Conta, así como de haberse robado a la niña y recibir dinero y proyectos por haberla acogido.
Los huaoranis de Bameo advierten que la tensa situación podría tornarse violenta y demandan el diálogo con el Gobierno para llegar a “un acuerdo escrito de protocolo para la protección de Conta que sea respetado por todas las entidades del Estado”.
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