"Para Tod@s, Todo. Para Nosotr@s NADA" web de solidari@s con la insurgencia chiapaneca y las luchas indigenas en Venezuela y otras partes

24 feb. 2015

Colombia: Históricas organizaciones indígenas celebran aniversario


- El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) celebran esta semana 44 y 33 años respectivamente con diversos actos conmemorativos.
Servindi- El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), una de las organizaciones indígenas más relevantes de Colombia y América del sur. celebra el 24 de febrero 44 años de lucha, resistencia, permanencia y vida organizativa.
Las celebraciones se iniciaron el lunes 23 con una marcha pedagógica, jornada de dibujo infantil y juvenil y presentaciones culturales. Prosigue el martes 24 con un desayuno comunitario, la proyección de un vídeo sobre la historia del CRIC y presentaciones culturales.
Se trata de un encuentro con la memoria, con la experiencia, con el caminar incansable de mayoras, mayores, hombres y mujeres que creyeron posible la reivindicación de los derechos, el fortalecimiento de la cultura y la libertad de los territorios a través de la unidad y la resistencia, indica una nota infomativa.
La minga colectiva es el momento apropiado para retomar la fuerza y la sabiduría del caminar como pueblos y que se inició un 24 febrero de 1971, y que trajo consigo amenazas y grandes desafíos.
“Caminamos hacia los 50 años de vida organizativa (…) nos queda la misión de continuar defendiendo el legado histórico que nos dejaron los mayores, pues sus luchas han sido el puntal de las conquistas organizativas, sociales, económicas y políticas en el Departamento del Cauca y Colombia” prosigue el CRIC.

¡Con el Bastón de la Paz en alto, en defensa de la Vida y la Madre Tierra: ONIC 33 años!

Por su parte la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena (ONIC) conmemora 33 años de lucha, de resistencia, de reivindicación, de defensa de la vida y los derechos de los pueblos indígenas de Colombia con la presentación de un libro y vídeo a realizarse el jueves 26 a las 3:00 p.m.
Se trata del libro y video de los primeros 30 años de la ONIC que se efectuará en el auditorio Kimy Pernía Domicó, en la sede ONIC, ubicada en la Calle 12B N° 4-38.
“Nuestros mayores y líderes forjaron la ONIC como la gran Maloka de los pueblos indígenas del país, bajo los principios de Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía” indica un comunicado de la ONIC.
Ellos han sido “la luz orientadora del proceso de lucha, resistencia, reivindicación y defensa de la vida, de nuestros derechos y territorios, así como del proceso político organizativo del movimiento indígena nacional” indica un comunicado de la ONIC.
Si bien la Constitución Política de 1991 estableció un amplio catálogo de derechos “ha sido la ONIC con sus organizaciones filiales -a través de la movilización- la que ha abanderado la concreción de escenarios y políticas para materializar dichos postulados y derechos”.
Entre ellos se menciona la autonomía, territorio, identidad, ejercicio de la justicia y del gobierno propio y libre determinación, entre otros.
Como movimiento afronta grandes retos y desafíos como la defensa de la vida, los derechos humanos individuales y colectivos, el fortalecimiento del rol político y organizativo de las mujeres, jóvenes, niños y mayores, la defensa y protección de los territorios ancestrales.
Otro de los desafíos es avanzar en el fortalecimiento del ejercicio pleno de la autonomía a través de los sistemas propios de gobierno, justicia, control social y territorial, educación, identidad, cultura, salud y comunicaciones.
Un gran desafío actual es participar con propuestas en la agenda de paz de los pueblos indígenas y posicionarse como actores de paz en escenarios nacionales e internacionales.

Indígenas tienen la clave para una alimentación de calidad

La seguridad alimentaria y una dieta balanceada para todos debe combinarse con el conocimiento del sistema alimentario y modo de vida de los pueblos indígenas como forma de contribuir al desarrollo sostenible. Crédito: FIDA.
Por Valentina Gasbarri
IPS- Erradicar el hambre y la malnutrición en el siglo XXI ya no se limita a mejorar la disponibilidad de alimentos, sino también su calidad.
A pesar de los logros del sistema de alimentación mundial, unas 805 millones de personas pasan hambre de forma crónica y unas 2.000 millones más carecen de uno o más micro-nutrientes, al tiempo que hay 2.800 millones de obsesos, según cifras da la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), dadas a conocer en octubre.
El debate sobre cómo superar ese desafío se polarizó al enfrentar a la agricultura y el comercio global contra los sistemas locales y el conocimiento ecológico tradicional, estilos de vida atados a la tierra, así como una relación holística de dependencia mutua entre las comunidades y la tierra.
“De forma arrogante e insolente, la humanidad cultivó la idea de un desarrollo y un progreso sobre la base de que los recursos del planeta son infinitos y que la dominación humana de la naturaleza no tiene límites”: Carlo Petrini.
Ese, entre otros temas, concentró la atención de la segunda Reunión Global del Foro de los Pueblos Indígenas, realizada en la sede romana del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), el 12 y 13 de este mes en la capital italiana.
En el encuentro se debatieron soluciones que combinan la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria y una dieta equilibrada para todos con el conocimiento de los sistemas alimentarios y el sustento de las comunidades originarias como un aporte al desarrollo sostenible.
Según el presidente del FIDA, Kanayo F. Nwanze, “los territorios indígenas están entre los lugares más diversos desde el punto de vista biológico y ecológico de la Tierra. Recién ahora, en el siglo XXI, el resto del mundo comienza a valorar la biodiversidad, que ha sido un valor central de las sociedades originarias”.
Al ocupar casi 20 por ciento de la superficie terrestre del planeta, los pueblos indígenas ofician de custodios de la diversidad biológica.
Los participantes discutieron sobre las posibilidades de los sistemas de autosustento y las prácticas de las comunidades indígenas para contribuir e inspirar nuevos enfoques de transformación del desarrollo sostenible y sintetizar la cultura y la identidad, siempre sobre la base de los derechos individuales y colectivos.
También analizaron la cantidad de comunidades indígenas y ecosistemas en riesgo por la falta de reconocimiento de sus derechos y de tratamiento justo por parte de gobiernos y corporaciones, del crecimiento poblacional, el cambio climático, las migraciones y los conflictos.
Los participantes coincidieron en que la marginación de los indígenas devalúa no solo la importancia de sus comunidades, sino también su conocimiento agrícola y ecológico tradicional.
“De forma arrogante e insolente, la humanidad cultivó la idea de un desarrollo y un progreso sobre la base de que los recursos del planeta son infinitos y que la dominación humana de la naturaleza no tiene límites”, subrayó Carlo Petrini, fundador del movimiento internacional Slow Food (comida lenta) en un encuentro paralelo dedicado a la interrelación entre nutrición, seguridad alimentaria y desarrollo sostenible.
“El avance en esa idea de progreso dejó a mujeres, jóvenes, ancianos y pueblos indígenas al final de la fila, sin nadie que eleve su voz”, denunció. “Todo el drama de la realidad moderna queda al descubierto: la ‘gloriosa marcha’ del progreso está al borde del precipicio, la actual crisis es el fruto de la codicia y la ignorancia”, subrayó el activista.
Dirigiéndose en gran medida al mundo rico, el foro se concentró en el gran número de buenas prácticas y en la sabiduría empírica tradicional de los indígenas que merecen estudiarse con atención. Por ejemplo, promover la agricultura y las economías locales, junto con el respeto por las pequeñas comunidades, son formas de reconciliar a los seres humanos con la tierra y la naturaleza.
Asimismo, numerosas comunidades originarias tienen ciertos alimentos, como el maíz, la malanga y el arroz silvestre, que consideran sagrados y que cultivan con prácticas sostenibles para el uso de la tierra y el agua.
Esa forma se contradice con la producción, la distribución y el consumo global de alimentos, que no presta atención a la pérdida de agua y de la fertilidad del suelo, a la genética de las plantas y la erosión animal, así como tampoco al desperdicio de alimentos sin precedentes.
En el foro también se mencionó la importancia del papel de los sistemas de alimentación de los pueblos indígenas en los proyectos de la FAO, que gestiona el Centro para el Ambiente y la Nutrición de los Pueblos Indígenas (CINE, en inglés), de la Universidad McGill, en la ciudad canadiense de Montreal.
“Años de trabajo documentaron los sistemas tradicionales de alimentación de los pueblos indígenas y sus hábitos alimenticios para comprender el matriarcado y el papel de las mujeres en la seguridad alimentaria y la paz en Canadá”, destacó Harriet V. Kuhnlein, profesora emérita de nutrición humana y directora fundadora del CINE.
La especialista también compartió detalles de una de las iniciativas del CINE, el Proyecto Kahnawake de Prevención de la Diabetes Escolar, de tres años, y centrado en un programa de prevención primaria para quienes sufren diabetes mellitus, que no es insulinodependiente, en la comunidad mohawk, vecina de Montreal.
Entre otros objetivos, el proyecto organiza actividades en la comunidad, donde promueve estilos de vida saludables, y demostró que “un programa de prevención de diabetes en una comunidad nativa es posible mediante una investigación participativa que incorpore la experiencia local y la cultura indígena”, explicó Kuhnlein.
Los participantes del foro coincidieron en que la reintroducción de alimentos locales es esencial para alimentar al planeta, “aquí vemos una verdadera democracia en acción”, destacó un orador, quien añadió que se necesita un gran esfuerzo para evitar prácticas que exacerben las consecuencias negativas que la producción de alimentos y el consumo tienen en el clima, el agua y los ecosistemas.
También se pidió que la agenda de desarrollo posterior a 2015 asegure un ambiente saludable como un derecho humano internacional garantizado, y que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que reemplazarán a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a fines de este año, alienten a los gobiernos a trabajar hacia políticas agrícolas que sean compatibles con la sostenibilidad ambiental, y que las normas comerciales sean consistentes con la seguridad alimentaria.
Hubo consenso respecto de que no serán metas fáciles de implementar y que se requerirá de un marco de responsabilidad fuerte y de la voluntad de cumplirlo, incluso mediante el reconocimiento de la responsabilidad corporativa en el sector privado.
Cuando el mundo se prepara para la agenda de desarrollo post 2015, el Foro de los Pueblos Indígenas remarcó la importancia de incorporar la seguridad alimentaria, cuestiones ambientales, la reducción de la pobreza y los derechos de los pueblos indígenas a los nuevos objetivos de desarrollo sostenible que involucran a los ciudadanos, los gobiernos, las instituciones académicas, las empresas privadas y las organizaciones internacionales.
Editado por Phil Harris / Traducido por Verónica Firme
__ Fuente: IPS: http://www.ipsnoticias.net/2015/02/indigenas-tienen-la-clave-para-una-alimentacion-de-calidad/

Convocan a concurso mundial de fotografía sobre pueblos indígenas

Foto: Caroline Halley des Fontaines/Survival
Servindi- A fin de concientizar sobre los modos de vida únicos de los pueblos indígenas y las amenazas que enfrentan, la organización Survival International convoca por segundo año consecutivo a su concurso mundial de fotografía.
El certamen considera la participación de fotógrafos de todo el orbe, tanto aficionados como profesionales.
Los trabajos reconocidos serán incluidos en el calendario Survival 2016 y podrán ser vistos a través del sitio web de la organización.
Las categorías son las siguientes: Guardianes: imágenes que muestren a los pueblos indígenas como guardianes del mundo natural; Comunidad: fotografías que reflejen las relaciones entre individuos, familias o pueblos indígenas. Y Supervivencia: imágenes que muestren los extraordinarios modos de vida de los pueblos indígenas y tribales.
Según Survival, la imágen ganadora y las finalistas del concurso serán seleccionadas “no solo por su originalidad y por la fuerza de la composición, sino además por la sensibilidad y empatía con los pueblos indígenas, la comprensión de sus formas de vida y los problemas que ponen en riesgo su futuro.”
El jurado del concurso estará conformado por el director de Survival, Stephen Corry, la coordinadora de Survival Italia, Francesca Casella, el cofundador de The Little Black Gallery, Ghislain Pascal, y Max Houghton, profesor titular de Fotografía en London College of Communication.
Lo recaudado por la venta de los calendarios será destinado a las campañas de la organización y los interesados pueden enviar sus imágenes (como máximo tres por participante) hasta el 30 de abril del presente año al correo: photo-competition@survivalinternational.org
Para ver las bases y condiciones del concurso, así como la política fotográfica de Survival, hacer clic en el siguiente enlace:

Félix Díaz: “todo sector que no quiere ser manipulado sufre la persecución que el Estado hace contra los luchadores”

Mientras una parte de la comunidad Potae Napocna Navogoh se encuentra cortando la ruta provincial 86, en la provincia de Formosa, Félix Díaz, qarashe de la comunidad Qom La Primavera, realiza un acampe en la Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para visibilizar las necesidades de su comunidad. En el programa de la RNMA, Enredando las Mañanas, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y nos dejó su verdad acerca del conflicto que mantienen con el Gobierno formoseño.
Félix Díaz: “todo se...
felix_diaz_1.jpg, image/jpeg, 500x326
Audio descargar


Enredando Las Mañanas: ¿Qué sentiste ayer (por el 18F) cuando viste pasar tanta gente?
Félix Díaz: Para mi es algo normal, cuando viajo al exterior la gente siempre me pregunta ¿qué te pareció Washington? Nunca me doy cuenta del paisaje de los países, porque no voy a ver la belleza o la cultura de un país sino que voy con el objetivo siempre de transmitir la desesperación de un pueblo que quiere ser visto, escuchado. Todas las movilizaciones que se hacen, muchas veces las acompañamos, es el caso del mes de marzo, la del recordatorio de la dictadura. (en referencia al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976)
La movilización de ayer es un tema que está fuera de nuestra existencia porque nosotros entendemos que es la misma Justicia la que tendría que garantizar la vida de todos los habitantes. Si los fiscales generales de nuestro país están pidiendo justicia, ¿dónde estamos? ¿En qué lugar estamos?. Nosotros que somos los indígenas reconocidos preexistentes, ¿dónde estuvieron estos fiscales cuando hicimos las denuncias? ¿cuándo han hecho una movilización para los pueblos indígenas o para otras culturas? Esto no quiere decir que estamos en contra ni a favor, lo que no sabemos es de qué se trataba. Nosotros estamos en una situación que no te deja pensar. Cuando uno tiene miedo que le pueda pasar algo a tus hijos, a su familia, sus hermanos que están cortando la ruta hace un mes, que están sufriendo hambre, que llueve y están al aire libre y que a la noche a veces no se come, entonces ese pensamiento constante no me hace ver esa movilización, a pesar que algunos de los manifestantes se acercaba a la carpa para solidarizarse con nosotros. A mi me da pena, que cuando la gente viene y se ofrece "¿puedo colaborar en algo?, tengo ropa que no uso más y quiero dársela a ustedes, entonces ese pensamiento minimiza la figura del ser humano y siempre nos ven como los "pobrecitos, necesitan ropa". Lo que tratamos de hacer visible es la exigencia de la aplicación de los derechos indígenas acá en la Argentina para que estas cosas no sucedan más, para que no se sigan matando indígenas. Porque este es un genocidio que se está haciendo y no es solamente con este gobierno, muchos gobiernos que han pasado nunca tuvieron la posibilidad de ir hablar con los nosotros, eso es lo difícil y que no va a entender nadie. Cuando escuché al jefe de Gabinete (Capitanich) decir que es un caso aislado y la diputada Conti (Diana), cuando decía que es culpa del liderazgo indígena que no acepta la ayuda, yo decía entre mi, visiten nuestras comunidades, compartan con nosotros por lo menos un día, dejá tu celular haber si podés aguantar tomando tereré todo el día, porque es lo único que se tiene. Si hay algo para compartir, una torta frita, haber si pueden pasar un  día con nosotros. Esa realidad que nadie conoce, solamente nosotros porque la vivimos día a día y  nos morimos cada día por falta de acceso a la salud, acceso al agua. Hay montones de recursos que el Estado quiere justificar. Dicen, "nosotros levantamos hermosas viviendas, hermosas escuelas, centros de salud, buenos caminos, energía eléctrica", pero no es a la totalidad de los pueblos indígenas; a algunos punteros políticos se les dan, ellos que son nuestros hermanos, ellos no son culpables. El enfrentamiento entre indígenas, es producto de la manipulación del Gobierno de darle un sueldito y es lo que obliga a defender algo que ni siquiera sabe.


ELM: ¿Como está la situación en la ruta 86, continúa el corte?
FD: Sigue como estaba, por esta razón estoy acá para hacer visible la problemática de la comunidad. Ayer tuve un problema, me llevaron al hospital Argerich, me detectaron una infección en los pulmones. Mucha gente me decía, cuídate Félix que te necesitamos. Cuando uno es pobre no puede elegir, qué comida comer, o qué medicamentos tomar; volvés a casa y sino tenés nada no podes elegir. Lo que nosotros sufrimos, esa cruda realidad.... me gustaría cumplir con lo que me dice el médico pero no puedo. Cuando uno está metido en esta carpa con temperatura alta en medio del sol, entonces tienen que ponerse en nuestro lugar para saber cómo se sufre, cómo podemos llevar adelante...trato de ser coherente, discreto. A veces no se cómo transmitir esta situación, los medios grandes manipulan. Los que tienen que resolver el problema no es la comunidad, es el Gobierno que tiene que poner los recursos. No se trata de algo complicado, el Estado tiene los recursos para solucionar los problemas sociales de los pueblos indígenas. Debe aplicar los derechos indígenas que están en la Constitución Nacional.

ELM: Ustedes están denunciando que el gobierno de Formosa está invadiendo con maquinaria parte de su territorio y no saben lo que quieren hacer ¿Cuál es el proyecto? 
FD: Nosotros estamos preocupados que el Gobierno invade nuestro territorio a la fuerza, porque hacen entrar maquinaria supuestamente, para mejorar el camino. La comunidad lo que está reclamando es el arreglo de los caminos, rellenados no perfilados, colocar tubos. El Gobierno cuando tomó la decisión no consultó a los manifestantes, le dio la tarea para los punteros políticos que siempre están defendiendo el modelo provincial, cuando dice que no hay problemas. Cuando nosotros logramos las cosas, estos hermanos nuestros se quedan con los beneficios y a nosotros nos dejan de lado.
Las empresas dentro de la comunidad Potae Napocna Navogoh, están hace 4 años a cargo de la construcción de las viviendas y no sabemos cuántas van a ser destinadas a nuestra comunidad, tampoco manejamos el listado de los beneficiarios y por cuánto tiempo, qué presupuesto se destinó a la obra.

Esos son los pedidos que hace la comunidad, el acceso a las carpetas técnicas de cada obra.
Porque se está por levantar un hermoso hospital, sin embargo el CIC (Centro Integrador Comunitario) que fue construido por el Gobierno Nacional a través del ministerio de Desarrollo Social, está ahí con una sala de primeros auxilios pero no funciona, no hay médicos, no hay medicamentos.
Se bajan los programas Nacer, Remediar y otros programas nacionales, pero no se sabe a dónde se destinan, no sabemos quién los administra; porque cuando va un medio periodístico a la comunidad, ellos traen todas las cajas de medicamentos exhiben y cuando se van, se llevan todo a Laguna Blanca.
Denunciamos la falta de conexión de energía eléctrica a pesar que hay un tendido de cableríos hace mas de 4 años. También el tema de los caminos que son intransitables.
Cuando llueve es imposible que entre la ambulancia, los maestros, los médicos; lo usan como escusa para no ir a la comunidad; pueden pasar dos o tres meses si llueve mucho, estamos aislados, de la ruta al centro de salud serán unos 5 Km. Un médico no tiene la voluntad de ir caminando ni a caballo ni en moto, ni en ningún medio. Entonces los indígenas tienen que ir a Laguna Blanca, el hospital más cercano, nos dicen vayan al CIC que están los médicos y medicamentos. En ese ida y vuelta, muchos de nuestros hermanos han muerto dentro de sus casas, esperan que la enfermedad los lleve, no quieren estar en el hospital y esto es muy grave.
Lo que estamos denunciando es que la responsabilidad es del Gobernador, porque quiere ocultar esto, pero cómo desmentirlo, si los médicos avalan este genocidio, sacrificando la muerte natural, paro cardiaco; o cuando matan a un indígena dicen, suicidio o cuando nos atropellan en las rutas, pasa como homicidio culposo... eso lo firman los jueces, el forense, los médicos, la policía y la gendarmería, entonces ¿cómo das vuelta esa figura legal cuando viene del Estado?, es imposible por la carencia de recursos.
Cuando el Gobierno no quiere escuchar nuestra voz, es ahí donde se agrava la situación y nos ponen como los malos de la película, que no queremos dialogar. Buscan argumentos, porque son muchos y manejan los medios, la Justicia, todos los recursos para desacreditar estas denuncias que realizamos.


ELM: ¿Cómo te fue en esta tarea de visibilizar el conflicto?, porque solo te escuchamos por los medios comunitarios y alternativos.
FD: La verdad nunca le doy importancia porque a pesar que soy una persona pública, dicen que soy importante, pero no tengo la solución para poder cambiar esta historia. Mañana puedo desaparecer físicamente y esto queda en la nada. He conocido líderes, el caso un Pilagá, un gran líder, Manuel Chascoso, que dio su vida por esta causa, consiguió la Ley Integral del Aborigen, la 426. Por falta de un asesoramiento jurídico nos ponen una trampa, nos conformamos cuando nos hablan los abogados. El Instituto de Comunidades Aborigen, tiene que estar administrado por una persona electa por los pueblos indígenas. Cuando nos dimos cuenta que la ley cuando se decretó, el Gobierno decía, el Poder Ejecutivo de la provincia designará su hombre de confianza, ahí nace la manipulación, porque el Gobierno elige su gente de confianza para poder ocultar esta realidad. Porque el blanco no va a sentir el dolor de un indígena porque no vive en las comunidades. Van a decir que conocen, entienden pero nunca sabrán lo que sufre un indígena. Por eso es importante que los gobiernos y la autoridades legislativas - porque supuestamente Argentina tiene tres organismos que son independientes, poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial - deberían ser los garantes de asegurar que nuestra existencia tenga protección, que se apliquen los derechos humanos como corresponde. Pero lastimosamente los gobiernos manejan esos organismos que antes mencioné; esto pasa porque la mayoría de los legisladores oficialistas no van  tomar una denuncia de esta clase, porque afecta la imagen a su partido. La sociedad sabe perfectamente esta situación que pasamos y que solo a los indígenas les pasa esto, al campesinado, a los gremios, todo sector que no quiere ser manipulado sufre la persecución que el Estado hace contra los luchadores de diferentes sectores.


Nuestras Naciones Originarias
Por Carlos María Pagano Fernández
carmapagano@yahoo.com.ar
Por este medio, deseo hacer llegar desde Salta, mi más viva adhesión a la lucha Qom que, desde hace años,
sostiene la Nación Qom de la Comunidad La Primavera en Formosa y ahora, además del corte de ruta en esa provincia, mantiene un acampe en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el más alto nivel gubernamental del Estado argentino se llegó a enfatizar: "Todos somos hijos de inmigrantes" (Sra. Presidenta, el 18 de este mes). Si bien hacía instantes afirmaba que el nuestro es un "país pacífico, donde conviven distintas religiones, etnias, inmigrantes", de inmediato universaliza la inmigración para poner en su "todos" sólo a los hijos de inmigrantes, convirtiendo en "desaparecidos" a las naciones que hicieron habitable el país, el continente entero, durante decenas de milenios de dura lucha por la supervivencia.

Quizá inconscientemente, lo que es más grave aún, le "ha saltado el indio" de una cultura racista-discriminatoria, justo en un tiempo de brutal agresividad del modelo productivo mega-extractivista de la agroindustria, de la absurda energía nuclear, del petróleo
para con nuestros hermanos originarios, como se puede observar día a día en los mal llamados márgenes del país como lo son Salta, Chaco, Formosa, etc. excluyendo de cuajo con su tan achicado "todos" a los hijos de la tierra, de la Pacha, del Mapu...

Razón de más para que quienes debemos agradecer la condición de "habitable" del país nos decidamos del lado de esta lucha por los derechos más elementales que nuestros gobiernos sistemáticamente conculcan a los "señores naturales del Continente y de la República Argentina.

Como profesor de la Universidad Nacional de Salta, de la Universidad Católica de Salta y del Profesorado de Ciencias Políticas de la Escuela Normal de Salta, no sólo dejo acá expresa mi adhesión, sino también la de mis cátedras, en todas las cuales el punto de partida cultural de basa en la pregunta por nuestro rol académico y profesional respecto de la justicia por la que se lucha y la exigencia de un compromiso práctico concreto por una decisión existencial que haga "causa común" no declamada entre aplaudidores cómplices de la exclusión, sino jugada por completo con nuestros trabajos, nuestras palabras, nuestra vida a favor de "nuestros hermanos los indios", como los llamó el Libertador San Martín.

Porf. Dr. phil. Carlos María Pagano Fernández
Universidad Nacional de Salta
Universidad Católica de Salta
Profesorado en Ciencias Políticas, Esc. Normal de Salta
carmapagano@yahoo.com.ar

Fuente: Indymedia Argentina 

La resistencia y reorganización de la Comunidad Paichil Antriao

La actual Comunidad Mapuche Paichil Antriao tiene presencia ancestral en la zona donde ahora se superpone la Ciudad de Villa La Angostura.
La resistencia y reo...
1.jpgr0oecf.jpg, image/jpeg, 960x640
Cuando llegaron a la región los primeros representantes del Estado argentino, luego de la invasión militar llamada ‘Conquista del Desierto’, constataron que existían muchos pobladores indígenas, algunos de los cuales operaron como baqueanos (conocedores) y boteros para los comisionados.

Pese a que está demostrado que las familias Paichil y Antriao habitaban en el territorio conformado por lo que luego serían los lotes 9, 10 y 11, en el año 1902 el gobierno nacional ‘concedió’ por decreto las 625 hectáreas del lote pastoril N° 9 a José Paichil y a Ignacio Antriao, en calidad de cabezas de sus respectivas familias.

La ciudad de Villa La Angostura, en el sur de la Provincia de Neuquén y cercana a San Carlos de Bariloche, fue fundada oficialmente en 1932.

Para ello se tomaron hectáreas del lote reconocido a los Paichil y a los Antriao en la zona sur del territorio indígena; es entonces cuando se produce la primera invasión del territorio de la comunidad mapuche.

La villa tuvo un crecimiento lento hasta 1994, año en que se concluyó el asfaltado de la ruta de acceso. Desde entonces registró un incremento poblacional importante (superior al 200%) vinculado al turismo de elevado nivel económico, lo que ha intensificado la búsqueda de inmuebles para viviendas o casas de descanso de clase alta y emprendimientos turísticos.

En la actualidad, producto de varias acciones de apropiación que por vías directas o indirectas fueron despojando a las familias mapuche, el territorio que queda en posesión de la comunidad se encuentra loteado en casi toda su extensión y titulado ilegítimamente a nombre de terceras personas que nunca ejercieron posesión.

El conflicto actual se centra en que hoy están amenazadas estas 125 hectareas que aún se poseen.

Varios especuladores intentan apropiarse del espacio comunitario con el objeto de desarrollar sus negocios turísticos e inmobiliarios.

Para ello, esgrimen argumentos falsos tales como el de que no hay mapuche en Villa La Angostura, que no los hubo nunca, que tampoco hubo comunidad, y que José Paichil e Ignacio Antriao eran chilenos, por lo que no les corresponde reclamar nada.

Los mismos miembros de la Comunidad se refirieron a los apropiadores de la siguiente manera:

“…llegaron a nuestro territorio a colonizar espacios; a explotarnos como objetos para sus negociados y especulaciones, para sus emprendimientos comerciales, madereros, inmobiliarios y turísticos; a robarnos nuestra sabiduría para sus propios intereses; a imponernos conocimientos e ideas occidentales haciendo un atropello y un despojo a nuestra forma de ser, de conocer, vivir y pensar desde nuestra cosmovisión. Intentaron destruir todo: idioma, espiritualidad, arte, nuestra verdadera cultura para imponernos la de ellos.
Hoy somos nosotros, reactivando el sentir y hacer comunitario que nació con nuestros mayores, quienes nos decidimos a contar nuestra historia, esta vez la historia se escribe desde la autoridad y el conocimiento Mapuche. Nacimos en este lugar, vimos surgir a Villa La Angostura, estamos acá todavía y somos testigos y protagonistas del crecimiento de un pueblo que logró agrandarse a costa del despojo y la reducción de nuestro territorio ancestral”.

Un documento de trabajo aportado por la comunidad dice:

“Hoy el pueblo Mapuche está presente, a pesar de la negación y la violencia a la que hemos sido sometidos. Hoy nos hemos levantado y estamos avanzando a pesar de los desalojos, los avasallamientos territoriales y el accionar de las instituciones contra nuestra forma de ser y hablar, de convivir y comunicarnos. Hoy hemos despertado, se nos han abierto los ojos, nos damos cuenta de cómo nos usaron y nos humillaron, nos quitaron la voz para reducirnos poco más que como parte del paisaje y del folklore. Nos tenían ciegos, sordos y mudos pero hoy estamos fortalecidos como comunidad, ya no tenemos la venda que nos habían impuesto, ahora sabemos hablar y mirar de frente, no nos humillamos más ante los wigka que intentan hacernos bajar la cabeza, engañarnos y estafarnos, como hicieron con nuestros mayores.

Sabemos cuál es nuestro lugar, cuáles son nuestros derechos y cómo defenderlos”.

La resistencia y reorganización de la Comunidad Paichil Antriao.

Las fuertes condiciones de enajenación que se dieron en Villa La Angostura, convertían las voces disidentes en silencios. Así fue que, a medida que el Estado avanzaba, los ancianos fueron construyendo un silencio cultural impuesto por el modelo etnocida.

Estos abuelos pensaron que para proteger a las generaciones venideras no había que transmitirles la lengua, que había que esconderse en el “Laurel”

Todas aquellas prácticas culturales que los delataran como mapuche debían ser silenciadas.

Así fue que se esforzaron en que fueran a la escuela y en que aceptaran el idioma castellano como lengua madre, los símbolos patrios y hasta los héroes de la ‘Conquista del Desierto’, aquéllos que habían sido los asesinos del Pueblo Mapuche.

Con la llegada del blanco al Paraje Correntoso, los ancianos no tuvieron descanso.

No podían confiar en nadie, ya que los que se presentaban para ayudarlos terminaban por engañarlos. Ellos habían vivido de jóvenes la lucha contra el usurpador en momentos en que el Pueblo Mapuce todavía no había sido arrasado.

Como ya se adelantó y se explicará con más detalle en los próximos capítulos, la ‘donación’ del lote pastoril 9 por parte del Estado Nacional, en 1902, a las familias Paichil y Antriao significó un cambio de reglas por las que se pasó del modo de vivir comunitario y tradicional a la incorporación forzada al sistema dominial occidental propio del Estado argentino.

Posteriormente, durante el transcurso del siglo XX, se produjo de manera gradual el despojo desde el sur del lote 9 hasta el norte, arrinconando a parte de los integrantes de la Comunidad en la ladera del Cerro Belvedere e integrando forzosamente al resto a la vida urbana de la Villa, especialmente en los trabajos más sacrificados y en los barrios más carenciados.

¿Cuáles eran las condiciones para el reclamo en la década del ´30, ´50, ´70 o incluso en 1990?

Durante más de un siglo, tanto las dictaduras como la condición de “territorios de frontera” dificultaron las luchas de las familias por reivindicar el territorio que iba siendo afectado progresivamente.

Hugo Montes, llegado a Villa La Angostura en la década del ´70, casado con Sofía Antriao, conocedor del despojo y testigo privilegiado, cuando se le preguntó acerca de cómo se palpitaba al interior de las familias la respuesta al despojo contó: “Cuando llega a la Villa, en la década del 70, don Jaime de Nevares, le preguntaron cómo veía la idea de la reorganización de la Comunidad mapuche en Villa La Angostura para defender el territorio. Y contestó que en el marco de la dictadura no se podía hacer nada, que había que esperar el momento adecuado, que había que empezar a intentarlo pero que la presencia de Cumelen y las familias más poderosas del país iba a ser muy difícil por el interés de la tierra”.

Ya en la década del 70, el Obispo Jaime de Nevares pudo advertir el gran interés inmobiliario que se daría sobre el territorio que se ocupaba ancestralmente. Hugo Montes relata cómo era de asfixiante la presencia del ejército en Villa La Angostura durante la última dictadura militar, ya que en el Messidor (residencia de la Gobernación de Neuquén) estuvo presa la ex presidenta Isabel de Perón una vez ocurrido el sangriento golpe militar de 1976.

En ese contexto, según relata Montes:

“El jefe de gendarmería Sunico me amenaza que me dejara de jorobar con los mapuce”.

Si bien a fines de la década del ´80, ya se podía palpitar el crecimiento demográfico y el negocio turístico inmobiliario, no se vislumbraba la velocidad que ese proceso iba a tener. Fue a principios de la década del ´90 cuando se produjo una primera migración importante al pueblo debido a la llegada del asfalto y el gas. Esto produjo un primer ‘boom turístico’ y, por consiguiente, la presión inmobiliaria aumentó considerablemente.

En la década de los noventa, se dio inicio a un proceso de lucha y reivindicación de los Pueblos Indígenas en Latinoamérica y, como consecuencia, se avanzó en lograr cambios sustanciales en la legislación internacional.
En ese contexto, se aprobó la incorporación de los derechos indígenas en la reforma de la Constitución Nacional y posteriormente la ratificación del Convenio n° 169 de la OIT por parte de nuestro país.

Hoy, con aquellos cambios, se acepta el valor histórico de la resistencia y persistencia de las familias indígenas, en su carácter colectivo o comunitario. Esto implica reconocer la lengua, la cultura, las referencias territoriales, los vínculos económicos, las características psicológicas propias y, además, el reconocimiento de los derechos políticos, esto es su derecho a la autonomía y la autodeterminación, se les reconoce como lo que son, pueblos o nacionalidades, colectividades históricamente conformadas.

Años de lucha y sacrificio ha costado a los indígenas recuperar sus raíces y conformar sus instituciones a pesar de las prohibiciones o impedimentos oficiales.

Algunas situaciones de reivindicación territorial de otras comunidades mapuche a nivel regional se constituyeron en ejemplo para los Paichil Antriao. El conflicto del Chapelco entre la Comunidad Curruhuinca y los concesionarios del Centro de Esquí, junto al conflicto Benetton - Curiñanco Nahuelquir en Leleque, entre otros, marcaron un camino a seguir. Estos hechos se empezaron a difundir por distintos medios de comunicación y así se comenzó a pensar que era posible la lucha por el territorio sin importar el poder que ostentara el usurpador.

A partir de un encuentro de organizaciones sociales que se desarrolló en la escuela 341 de Villa La Angostura, se decidió iniciar un proceso de reorganización de la Comunidad Paichil Antriao que siguió hasta el presente.

Todo el debate que se venía dando hacia el interior de las familias eclosionó ese día de octubre de 2002. Comenzaron a juntarse las familias Antriao, Livio, Curipán, Chabol, Quintriqueo, Barría.

El remate inmobiliario de la ladera del Belvedere fue ‘la gota que colmó el vaso’, y por esto se decidió “hacer algo o callar para siempre”.


- El longko Ernesto Antriao grafica este renacer, no exento de grandes dificultades, en especial por el manejo de ciertos abogados racistas para convencer a la comunidad de no formar parte de la misma y continuar bajo el sistema de propiedad individual y derechos civiles sobre las tierras:

“Hace 10 años ‘se me atravesó el indio’ como se dice (…) yo había venido a visitar a mi tía (Celinda Antriao) que estaba mal, le había dado medio parálisis, cuando siempre podía venía a visitarla, me hacía una escapada y llegué acá la última vez, que ahí fue mi decisión de quedarme y después de los martillazos que me dio mi tía, porque ella sabía cómo venía la mano y bueno, una mañana de ésas estaba con mi tía tomando mate y apareció mi primo Enrique (Antriao) con una gente ahí, agrimensores; y para esto me venía machucando la cabeza mi tía, que tenía que quedarme porque aquí no hay quien levante una bandera por este territorio (…) esto parece que fue lo que me incentivó del todo, me dio tal indignación, tal impotencia que digo: -Éste no quiere respetar nada, claro, él había vendido todo esto, entonces de allí empecé a dar vuelta la situación.”

- También doña Berta Quintriqueo Paichil relata:

“Yo quiero volver a mi tierra y quedarme hasta que me muera y algún hijo o nieto irá

a quedar, porque tengo más de 12 nietos, alguno le va a gustar, esa esperanza es la que

tengo ahora, yo estuve desde el primer día de la recuperación.”

Muchas experiencias individuales terminaron en el fracaso; así fue que ese día de octubre de 2002 se decidió volver a las raíces y a empezar trabajosamente a reconstruir la Comunidad y alcanzar el reconocimiento jurídico.

En una segunda reunión multitudinaria en la escuela 341 de la localidad, se inició el proceso de reorganización que empezó con la elección de autoridades y la confección de un listado con 200 firmas de integrantes que se reconocían como mapuce y empezaban a formar parte de la Comunidad Paichil Antriao. Luego se invitó a otras comunidades y a periodistas a un reconocimiento del territorio que ocupaba la Comunidad.

Reconocimiento de la Comunidad.

En virtud del reconocimiento de la preexistencia de los Pueblos Indígenas y como corolario de ello, la Constitución de 1994 incorporó en sus cláusulas el reconocimiento de la personalidad jurídica de las Comunidades Indígenas.

Este reconocimiento se produjo ya con la aprobación misma de la reforma

constitucional; es decir, no se otorga con el acto administrativo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI. Esto es sustancialmente distinto a lo que ocurre con las demás personerías jurídicas, en las que el acto administrativo por el cual se hace la inscripción tiene carácter constitutivo, o sea que el Estado crea la persona jurídica de que se trate.

Reconocimiento de la personalidad jurídica

Luego de la reorganización, la Comunidad comenzó a participar en los Parlamentos Mapuche provinciales y, en el año 2003, inició los trámites para el reconocimiento estatal de su personalidad, el que obtuvo años después mediante la Resolución 220/2007 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

Así se ordenó la inscripción de la Comunidad Mapuche Paichil Antriao en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), lo que implicó el reconocimiento, mediante un acto estatal específico, de su preexistencia siguiendo las pautas de los arts. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional; 2, 3 y 5 de la Ley 23.302; 17, 18 y 20 del Decreto 155/89; y 1 y 2 de la Res. 4811/96 de la Secretaría de Desarrollo Social. De este modo, fue fundamental el criterio de auto-reconocimiento de la misma Comunidad para la inscripción. Éste ha sido el proceso que ha transitado la Comunidad para la recuperación de su identidad y su identificación como colectivo, hecho que ha sido importantísimo para el empoderamiento y el ejercicio de sus derechos colectivos.

No está de más agregar, como afirma Darío Rodríguez Duch13, que inclusive ha habido un reconocimiento político que han efectuado el INAI y la Municipalidad de Villa La Angostura.

En 2005, junto a la Confederación Mapuche del Neuquén, fueron parte de una mesa de diálogo intercultural en la que también participaron autoridades provinciales y miembros de la Iglesia Católica. En aquella oportunidad el Municipio se comprometió a poner a disposición todo lo necesario para, entre otras cosas, realizar el estudio de títulos sobre el territorio de la Comunidad. Pese al incumplimiento, el acta de la reunión obra como antecedente para demostrar que hasta el Municipio de La Villa ha reconocido la preexistencia de la Comunidad en la zona.

Situación del territorio comunitario.

Como se viene diciendo, las familias que componen actualmente a la Comunidad Paichil Antriao son originarias de la zona del Correntoso. La legitimidad y la historia que da los elementos para afirmar esta realidad son el objeto de este trabajo y serán desarrolladas en los capítulos siguientes.
Asimismo podrá verse detalladamente cuál ha sido el proceso de despojo que ha sufrido la comunidad y los hechos más relevantes que originaron la situación actual. Pero para entender el fundamento de la necesidad de encarar un trabajo como el que aquí se presenta, es indispensable que se comprenda globalmente en qué circunstancias se encuentran en la actualidad las familias que integran la comunidad y que siguen reivindicando el territorio original.

De este modo, hay que partir de que la realidad actual de la situación territorial comunitaria es consecuencia del despojo que fue sufriendo la Comunidad y que aquí se va a ir desentrañando. Debe tenerse en cuenta que en la gran mayoría del territorio histórico hoy está instalada la ciudad de Villa La Angostura; que del territorio original de 625 hectáreas, hoy la Comunidad ocupa de manera colectiva sólo el cerro Belvedere y algunos espacios de las costas del Nahuel Huapi y el Correntoso.
Y por último, que incluso ese territorio que está siendo poseído de manera tradicional se encuentra loteado en toda su extensión y titulado ilegítimamente a nombre de terceras personas ajenas a la Comunidad, que nunca ejercieron la posesión.

¿Esto qué significa? Pues bien, significa que hay una parte del territorio original del que la Comunidad ha sido despojada y donde se asienta hoy la villa, y otra parte donde la Comunidad sigue ejerciendo la posesión. Esto es, el lugar al que fueron arrinconados, en la parte norte del territorio de 625 hectáreas que les había sido reconocido en 1902.

En la última década, esta segunda parte del territorio también fue objeto de loteos y de interés por parte de algunos sectores de poder. Producto del incremento de la actividad turística y del crecimiento acelerado de los valores inmobiliarios en la villa, se vendieron en precios millonarios los lotes del cerro.

Estas ventas se produjeron en oficinas de agentes inmobiliarios en Buenos Aires y se concretaron con las familias de la Comunidad viviendo en su interior. Como conclusión de estas operaciones, resultó que los terceros particulares se quedaron con escrituras pero nunca les fueron entregados los lotes; en definitiva, nunca se convirtieron en dueños porque al no entrar en posesión del bien, sólo eran poseedores de un título y no propietarios. De manera que los conflictos se iniciaron cuando esos particulares intentaron tomar posesión de los bienes que habían ‘adquirido’.

(13- Ghioldi, Gerardo: “Historias de las Familias Mapuche Lof Paichil Antriao y Lof Quintriqueo”, Villa la Angostura 2009)

Las situaciones de intento de despojo por parte de los particulares en el territorio comunitario fueron contrarrestadas por acciones de defensa territorial. El contexto de fuerte negación y discriminación por parte de las autoridades locales generó un escenario propicio para que los empresarios particulares iniciaran una campaña de agresión contra la Comunidad y de avasallamiento de derechos, incluso con el inicio de innumerables juicios.

Desde el punto de vista privado, los particulares han iniciado juicios civiles para reclamar ‘sus’ tierras. Se han iniciado cinco interdictos de recobrar la posesión, dos acciones reivindicatorias, una acción meramente declarativa y una por daños y perjuicios.

Como ya se ha indicado, el territorio que posee la Comunidad ha sido fraccionado en lotes por el Estado y entregada su titulación a numerosos particulares. Cada uno de éstos se cree dueño de una porción del territorio y la Comunidad se ve obligada a contestar o rechazar cada reclamo, pese a que en su cosmovisión se trata de una ocupación única. Esto hace que las pretensiones de desalojos sean múltiples y sobre diversas porciones del territorio comunitario.
Situación Dominial del Territorio Paichil Antriao Dirección Provincial de Catastro e Inf. Territ. Provincia de Neuquén.
Conflictos con terceros particulares.
William Henry Fisher. Es titular registral del lote con nomenclatura catastral 16-20-51-8615, terreno N° 4-a-2, fracción III del lote pastoril 9 del Departamento Los Lagos de aproximadamente 10 hectáreas. Por este lote, Fisher inició el Interdicto de recobrar la posesión en el que se dictó sentencia sin participación de la Comunidad y que diera origen al desalojo que se consumó en Diciembre de 2009.
Por esta causa, se inició la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la solicitud de medidas cautelares. En abril de 2011 la CIDH hizo lugar a éste último requerimiento dictando medidas cautelares a favor de la Comunidad.

Emanuel Ginóbili (Deportista argentino radicado en los Estados Unidos). Reclama parte del territorio comunitario. Figura como titular registral del lote con nomenclatura catastral 2431 de una superficie aproximada de 12 hectáreas, adquirido por compraventa del señor José Leonardo Antonio Salamida. Por ello ha iniciado un juicio denominado “Acción de declaración de certeza” en el cual solicita al Poder Judicial que se declare su propiedad sobre el lote que reclama.
Actualmente el juicio está en etapa probatoria.

Luis Arsenio Burd. Reclama una parte del territorio y figura como titular registral individualizado como Departamento Los Lagos, jurisdicción Villa La Angostura parte del lote 5-f fracción III lote pastoril 9 que según plano de subdivisión se identifica como Lote A, nomenclatura catastral 8066. Esto encierra una superficie total de aproximadamente 10 hectáreas. Burd inició una acción judicial de reivindicación reclamando la propiedad del lote.

Silvia, Marta Susana, Alejandro Luis, Patricia María todos de apellido Pérez Catán y María Helena Rivere. Figuran como copropietarios en el Registro de Propiedad del Inmueble del lote 16-20-052-7075, matrícula catastral 4250, del departamento Los Lagos de Villa La Angostura. Por ello iniciaron un interdicto de recobrar la posesión. La demanda se interpuso en las mismas condiciones que lo hizo Fisher, sin haber tenido nunca la posesión y siendo la única finalidad el desalojo de la Comunidad.
Sin embargo, en este proceso, a diferencia del mencionado, la Comunidad tuvo participación como parte.

El Juez Jorge Videla dictó sentencia en primera instancia en contra de la Comunidad desconociendo el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Convenio N° 169 de la O.I.T. Sin embargo en mayo de 2011, tras una apelación promovida por la Comunidad, la Cámara de San Martín de los Andes revocó la sentencia de primera instancia, hecho que fue confirmado por el Tribunal Superior de Justicia en 2013.

Norma Noemí Pérez Calvo, Juan Antonio Pérez Calvo, Pablo Ariel Caffe y Marcelo Corvalán. Son titulares registrales del lote identificado con nomenclatura catastral 16-20-056-7788, lote 5-f-2, del departamento Los Lagos. En este caso no se ha iniciado juicio civil sino que se ha denunciado penalmente a 5 miembros de la Comunidad por el delito de Usurpación. En Noviembre de 2008, se realizó el juicio oral y público en el que
finalmente absolvieron a los imputados porque no se probó el despojo, ya que la Comunidad siempre vivió en ese lugar, y los querellantes nunca tuvieron la posesión. Vale resaltar que en este caso, además de los herederos de Pérez Calvo (una de las personas que participó activamente en las operaciones inmobiliarias en el Cerro Belvedere desde sus inicios), figura en la escritura de dominio Marcelo Corvalán.

Este último comparte la ‘propiedad’ con su esposa, la Dr. Graciela Martínez de Corvalán, que actualmente es miembro del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén. Por el hecho de adjudicarse la propiedad de un territorio de una Comunidad Indígena en contravención a la Constitución Provincial, fue observada por la Confederación Mapuche Neuquina su postulación en la Legislatura Provincial para ocupar el cargo en el máximo órgano judicial. Sin embargo, el Estado rechazó esta impugnación.

Es importante destacar que en esta causa, en donde finalmente se probó el derecho de la Comunidad, también se había dictado judicialmente un desalojo provisorio en el año 2005, que a pesar de haber sido ejecutado fue revertido por la acción de la Comunidad. En la actualidad, el juez que dictó dicho desalojo se encuentra cumpliendo pena de prisión por haber cometido también otros delitos.

Carlos Alberto Popik. Es titular registral del lote 10 B1 Nomenclatura catastral 16-20-54-2054-00 matrícula 2331. Inició una acción reivindicatoria de la propiedad y un pedido de indemnización por daños y perjuicios.

Bianchini-Berardi. El Consejo Deliberante mediante ordenanza N° 1693/05 autorizó a los nombrados a mensurar y fraccionar el lote N.C. 16-20-51-7258 que figura a su nombre en el registro de propiedad del inmueble, desconociendo la presencia ancestral de la Comunidad Paichil Antriao en dicho territorio. Cuando intentaron tomar posesión del lugar fueron rechazados por los miembros de la Comunidad. Uno de ellos fue procesado por el delito de lesiones leves
y finalmente absuelto, ya que el juez comprendió que había actuado en legítima defensa (Expediente “Muñoz Víctor Hugo s/ lesiones” N° 59/07).

Daniel Carlos Ducau. Ha denunciado a la Comunidad por usurpación en la Justicia Penal. Por ello se siguen dos causas en las que varios miembros de la Comunidad se encuentran imputados. También el Consejo Deliberante aprobó los planos de mensura y aprobó el fraccionamiento del lote B-5 que es parte de la fracción II del lote pastoril 9, lote N.C. N° 16-20-56-4440 que figura como propiedad del Sr. Ducau sin ninguna consulta a la Comunidad y desconociendo la posesión comunitaria previa.

Ana María Bianchedi de Terzolo y Mattana Besozzi Andrés Luis Ángel. Ambos domiciliados en Buenos Aires, figuran como titulares registrales del lote 8 B, Nomenclatura Catastral 16-20-54-5854-00, inscripto en el Registro de la Propiedad del Inmueble matrícula 2331, de una superficie total de siete mil cuatrocientos veintinueve metros.

Por este conflicto, la Sra. Ana María Bianchedi de Terzolo realizó denuncias penales que derivaron en dos causas judiciales por usurpación, y ambos titulares registrales interpusieron un interdicto de recobrar la posesión y una acción reivindicatoria. Actualmente por este conflicto hay una intimación de desalojo que aún no se ha hecho efectiva.

Municipalidad de Villa la Angostura. Reclama la propiedad del lote A que es parte del lote 7ª de la Fracción II del lote pastoril 9 Nomenclatura Catastral N° 16-20-53/3083, por el que figura como titular registral. En ese lote la Comunidad Paichil Antriao posee un Camping para uso de visitantes, con servicio de proveeduría y balneario a orillas del Lago Correntoso. Por este conflicto la Municipalidad ha promovido una denuncia penal por usurpación contra miembros de la Comunidad y ha interpuesto a inicios de 2013 una demanda civil por reivindicación.


- Procesos Civiles contra la Comunidad.
Por todos estos conflictos los titulares registrales han ido judicializando los conflictos, utilizando el aparato judicial para proteger sus intereses y legalizar las compras ilegítimas que han ido realizando sobre las tierras de ocupación comunitaria. Pese a que el ordenamiento positivo vigente protege los derechos indígenas sobre las tierras de ocupación tradicional, el poder judicial de Villa La Angostura viene siendo altamente funcional a los intereses particulares de los terceros y ha ido negando sistemáticamente a la Comunidad como tal, sin hacer ninguna diferenciación por tratarse de procesos donde se discuten derechos colectivos indígenas.

A continuación, se detallan los procesos civiles que han iniciado los terceros en
el fuero civil, persiguiendo la ‘restitución’ de posesiones que nunca han ejercido,
con mecanismos judiciales acotados y con insuficientes garantías de defensa para la Comunidad.

Autos: “Fisher, William H. c/ Antriau, Ernesto y otro s/ interdicto de recobrar”
Expediente: 348/06 Juzgado: de todos los fueros de Villa La Angostura, Secretaría Civil Sumario: William Henry Fisher reclama una parte del territorio que la Comunidad Paichil Antriao ocupa tradicionalmente.
Presenta su demanda contra el longko y el werken de la Comunidad, pero nunca notifica a ellos sino a otras personas que vivían en el territorio (aunque no en el lote reclamado) y que no pertenecían a la Comunidad.

Éstos no se presentan y el juicio prosigue en rebeldía; el juez aplica exclusivamente el derecho civil, desconociendo las normas que protegen la ocupación indígena, dictando una sentencia que ordena el desalojo y que los notificados tampoco apelan. Cuando pretende hacerse efectiva la orden la Comunidad rechaza varias veces a la policía y se presenta en el juicio reclamando la nulidad de lo actuado por falta de notificación a la verdadera poseedora.

El juez rechaza el planteo por considerar que la Comunidad se notificó de hecho al conocer sus miembros la orden de desalojo, un criterio que es inadmisible para las personas jurídicas civiles y comerciales (que son entidades diferentes de sus integrantes). Cuando se presenta un recurso de apelación, el juez lo deniega. Por esta causa hay presentada una petición contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Petición P-962-08) y hay dictadas medidas cautelares de parte de la CIDH (MC-269-08) desde abril de 2011.
Finalmente el desalojo se concretó el 2 de diciembre de 2009, en un procedimiento violento en el que se destruyeron las casas de la familias que habitaban allí, dejando en la calle a esas familias.

Autos: “Perez Catán Silvia y otros c/ Chabol, Samuel y otros s/ interdicto de
recobrar” Expte: N° 251/06 Juzgado: de todos lo fueros de Villa la Angostura, Secretaría Civil.
Sumario: Los demandantes iniciaron un interdicto de recobrar la posesión en el
año 2006 contra algunos integrantes de la Comunidad para que se les devolviera la posesión del lote que tienen inscripto a su nombre. Se trata de un juicio sumarísimo que, como toda acción posesoria, es de carácter provisional y no aborda la cuestión sobre la propiedad de la tierra. Pese a que fue iniciado contra personas individuales, desconociendo a la Comunidad como tal, ésta se presentó y fue admitida como tercero.

En 2009, en primera instancia el Juez de Villa la Angostura Jorge Videla falló en contra de la Comunidad, ordenando el despojo y la devolución a los titulares registrales, pese no haber sido probada la posesión que se alegaba. La sentencia no se ejecutó y fue apelada por la Comunidad. Finalmente, la Cámara de San Martín de los Andes revocó la sentencia y rechazó la demanda en razón de no haber encontrado acreditada la posesión previa de los actores en el lote reclamado. Esta decisión fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia en 2013 y se encuentra firme.

Autos: “Burd Arsenio Luis y otros c/ Sobarzo Rosa y otros s/ Reivindicación”
Expte: N° 548/07 Juzgado: de todos los fueros de Villa La Angostura, Secretaría Civil.
Sumario: El demandante interpuso esta acción reivindicatoria en el año 2007 contra Rosa Sobarzo, Horacio Libio, Milton Oscar Bucarey, Dora Calfupan y Sandro Torres, todos a título individual. Pese a ello, la Comunidad se presentó como tercero y fue admitido. En la presentación el mismo Burd reconoce que nunca ejerció la posesión. El juicio se encuentra aún en etapa probatoria.

Autos: “Ginóbili Emanuel s/ Acción meramente declarativa” Expte: N° 559/07
Juzgado: de todos los fueros de Villa la Angostura, Secretaría Civil.
Sumario: El demandante presentó una acción meramente declarativa en el año 2007 contra los “integrantes de la autoproclamada Comunidad Paichil Antriao y contra la Comunidad misma”. En la acción peticiona que se declare la inexistencia de parte de los demandados de derecho de propiedad sobre el lote reclamado y se declaren perfectos los títulos de propiedad de Ginóbili. En virtud de ello, se presentaron las autoridades de la Comunidad, Logko, Inan Logko y werken, a contestar la demanda. Aún se encuentra en etapa probatoria. Por criterio de la Cámara de San Martín, el actor tuvo que notificar la demanda a la Comunidad como tal, la misma fue respondida y el juicio se encuentra en trámite.

Autos: “Popik Carlos c/ Quiroga Elma y otros s/ reivindicación” Expte: N° 846/05
Juzgado: Civil 2 de Junín de los Andes.
Sumario: El demandante Carlos Popik, domiciliado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, demandó civilmente a Elma Quiroga y a Carlos Miranda, ambos integrantes de la Comunidad Paichil Antriao. En la demanda, exige la restitución del lote que reclama como propio. La Comunidad se presentó como tercero, contestó la demanda, pidió la nulidad por falta de intervención y que se suspenda el proceso por aplicación de la ley 26160.
Autos: “Popik Carlos c/ Miranda José Arsenio y otro s/ indemnización” Expte: N° 1097/08 Juzgado: de todos los fueros de Villa la Angostura Sumario: El mismo Carlos Popik inicia antes de terminar el otro litigio, el pedido de indemnización por daños y perjuicios derivados del reclamo de reivindicación.

Autos: “Municipalidad de Villa La Angostura c/Montes Hugo y Otros s/Acción Reivindicatoria” Expte: N° 35140/13 Juzgado: Juzgado Civil N° 2 de Junín de los Andes Sumario: La actora es la Municipalidad de Villa la Angostura que demandó a Hugo Montes, Sofía Antriao, Ernesto Antriao, y Mario Railaf, todos miembros y autoridades de la Comunidad Paichil Antriao. En la demanda el municipio desconoce a la Comunidad, pese a estar reconocida su personería jurídica por el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.) y demanda a personas individuales. Este proceso judicial se inicia por los hechos ocurridos en los meses de diciembre, enero y febrero, cuando el Municipio intentó por diversas vías que la Comunidad abandone la explotación del camping del lago Correntoso ubicado en territorio comunitario.

La acción promovida es una acción de reivindicación por la que se busca discutir la propiedad del lote y lograr el desalojo con la consiguiente devolución de las tierras. La causa tramitó ante el Juzgado de Todos los Fueros de Villa la Angostura hasta el mes de agosto de 2013.
En junio de 2013, la Comunidad intervino contestando demanda, a la que adhirieron los demandados. En agosto, el Juez Videla de Villa la Angostura se excusó y la causa pasó al Juzgado Civil N° 2 a cargo del Juez Andrés Luchino. Antes de excusarse, el juez Videla, dictó una medida cautelar, sin conocimiento ni participación de la comunidad.
De este modo, teniendo en cuenta sólo lo alegado por la actora, consideró acreditados tanto el peligro en la demora como la verosimilitud en el derecho alegados, y ordenó la prohibición de innovar en todo aquello que se encontrara dentro del inmueble en cuestión.

Autos: “Bianchedi de Terzolo Ana Maria y otros/Reivindicación c/ Saul Quiroga”
Expte: N° 3784/12.
Juzgado: de todos los fueros de Villa la Angostura.
Sumario: Se trata de una demanda interpuesta por Ana Maria Bianchedi de Terzolo y Mattana Besozzi Andres Luis Ángel contra dos miembros de la Comunidad Paichil Antriao, Saúl Quiroga y Susana Sepúlveda. La demanda civil se trata de una acción de reivindicación por una parte del territorio de la Comunidad Paichil Antriao de la que estos particulares se consideran propietarios.

- Criminalización de los derechos de la Comunidad

Asimismo, estos particulares han recurrido al sistema represivo estatal para despojar y perseguir a los mapuche. El Estado viene utilizando la criminalización como respuesta al conflicto territorial. Han sido 16 (dieciséis) las causas penales contra más de 48 (cuarenta y ocho) imputados mapuce. 2 (Dos) de ellas han ido a juicio oral y han resultado absueltos los imputados, y en 4 (cuatro) se han dictado sobreseimientos.

Los delitos que se imputan normalmente son los de usurpación, desobediencia a orden judicial y lesiones. Al momento de la apertura de las causas, se han tenido como ciertas las afirmaciones de los denunciantes; no se han tenido en cuenta las pautas culturales mapuche para la investigación.

Producto de la intervención de la ‘justicia’ en los conflictos territoriales de la Comunidad, se han efectuado varios intentos de desalojo, muchos hechos de violencia y hostigamiento policial y parapolicial, y se provocó la expulsión de algunas familias de una parte del territorio comunitario.

Los procesos judiciales penales contra los mapuce involucran principalmente tres delitos tipificados en el código: el delito de usurpación (art. 181del CP) y los delitos de desobediencia a orden judicial (art. 239 del CP) o impedimento de acto funcional (art. 237 del CP), ambos incluidos dentro de los delitos contra la administración pública.

A continuación se detallan los procesos penales contra los miembros de la Comunidad que han sido consecuencia de las acciones de defensa territorial o del simple ejercicio del derecho a las tierras y territorio.
________________________

- Para leer el libro Huellas y Senderos, Informe final de los resultados del Relevamiento Territorial, histórico, social y cultural de la comunidad mapuce LOF PAICIL ANTRIAO, puede ir al siguiente links: http://odhpi.org/wp-content/uploads/2014/06/huellas-y-senderos_relevamiento-paicil.pdf

X
Por Fuente: http://paicilantriao.blogspot.com.ar/ - Friday, Feb. 20, 2015 at 11:59 PM
X...
2.jpgqphrbx.jpg, image/jpeg, 640x960



Por Fuente: http://paicilantriao.blogspot.com.ar/ - Friday, Feb. 20, 2015 at 11:59 PM
X...
3.jpg3atnko.jpg, image/jpeg, 960x640

Por Fuente: http://paicilantriao.blogspot.com.ar/ - Friday, Feb. 20, 2015 at 11:59 PM
X...
4.jpglkqhkg.jpg, image/jpeg, 1600x899

Por Fuente: http://paicilantriao.blogspot.com.ar/ - Friday, Feb. 20, 2015 at 11:59 PM
X...
5.jpg0mast7.jpg, image/jpeg, 439x991

22 feb. 2015

Chile: Dos mapuches heridos tras enfrentamiento con la policía

Imagen: Werken.cl
Servindi- Dos mapuches heridos de gravedad por impacto de “balas de acero” sería el saldo de los enfrentamientos entre indígenas y policías en la comuna de Cañete, región del Bío Bío, ocurridos el 18 de febrero, informó el portal de noticias Werken.
De acuerdo al periódico mapuche, los incidentes se registraron en la parcela 45 de la empresa forestal Volterra, donde fueron detenidos cuatro comuneros mapuches, uno de los cuales sufrió heridas de gravedad por la violencia policial.
Los detenidos fueron llevados a la ciudad de Cañete para formalizar su situación.
Werken informó que en el operativo intervino gran cantidad de efectivos que llegaron a la zona en autos blindados y helicópteros. Este despliegue habría motivado que los mapuches corten la ruta p-70 en el sector de Alto de Antiquina.
Según el portal El Ciudadano, la confrontación se habría originado por un presunto “robo de madera” en la parcela de Volterra, empresa que mantiene la titularidad de varios predios reclamados por las comunidades por considerarlos parte de sus territorios ancestrales.
El enfrentamiento se dio en un contexto de “control territorial de predios y fundos que han sido usurpado por las forestales Mininco, Arauco y Volterra”, señala Werken.
Tal proceso de recuperación territorial ha sido confrontado por el Gobierno chileno mediante la militarización de la zona con tropas y agentes policiales “que día a día se enfrentan con las fuerzas de la resistencia de las comunidades Mapuche”, denunció finalmente Werken.

Pueblo indígena Yanomami marcha por el derecho a la vida y la salud Organización Yanomami Horonami

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hoy 20 de febrero, el pueblo indígena Yanomami agrupado en la organización “Horonami”, marchó en Puerto Ayacucho por el derecho a la vida, la salud y el respeto a su cultura. La movilización culminó en la Dirección Regional de Salud del Estado Amazonas, donde fueron atendidos por el Director Regional Dr. Enry Bracho y su equipo, junto a Marta Yavinape y Astrid Martínez, Coordinadoras de Salud Indígena y del Plan de Salud Yanomami, respectivamente.
Una comitiva de Horonami tuvo la oportunidad de exponer los problemas de salud que están padeciendo las comunidades Yanomami del Alto Orinoco, por falta de médicos y medicinas, carencias en la dotación de combustible para visitar las comunidades y trasladar emergencias, así como la falta de apoyo aéreo militar para la atención de las comunidades de difícil acceso geográfico. Luis Shatiwe, Coordinador General de Horonami, dio lectura y luego entregó un documento donde solicitaron la conformación con CARÁCTER DE URGENCIA de una MESA DE TRABAJO SOBRE LA ATENCIÓN DE SALUD AL PUEBLO YANOMAMI, con la presencia de: Dirección Regional de Salud, Plan de Salud Yanomami, Servicio Autónomo Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales – SACAICET, Hospital “José Gregorio Hernández”, Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Alcaldía del Alto Orinoco, Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Defensoría del Pueblo. Además de la participación protagónica del Pueblo Yanomami a través de su Organización Horonami.
El Dr. Bracho escuchó los planteamientos y recibió la carta asumiendo el compromiso de convocar inmediatamente la mesa de trabajo solicitada. Además, convocó a los líderes de Horonami para una reunión que se celebró la tarde de hoy, con la presencia del equipo de la Dirección Regional de Salud y de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y la FANB.
En la reunión, los Yanomami pudieron exponer con mayor detalle los problemas de salud que los afectan en el Alto Orinoco. Por su parte, el Director de Salud asumió el compromiso de celebrar nuevas reuniones la semana que viene con el equipo de la Dirección Regional de Salud, la Coordinación de Salud Indígena y el Plan de Salud Yanomami; así como con la Mesa de Gobierno de Amazonas, donde estarán presentes todas las instituciones involucradas.
El Director Regional de Salud también informó a los Yanomami que el Alcalde del Municipio Alto Orinoco, Mara Chamanare, pagó un vuelo al Alto Orinoco para trasladar el cuerpo de una paciente Yanomami que padecía tuberculosis y falleció en el Hospital de Puerto Ayacucho, y cuyos restos reposan en la morgue del hospital desde hace una semana.
¡Por el derecho a la vida, la salud y respeto a nuestra cultura!
¡Por la dignidad y respeto de nuestro pueblo!
¡Salud de calidad para el buen vivir YA!

19 feb. 2015

Kuyujani: Pronunciamiento sobre la retención de efectivos ejército por parte de indígenas

Organización Indígena Kuyujani

Nosotros legítimos representantes de las comunidades ye’kwana y sanema de la cuenca del río Caura, Estado Bolívar de Venezuela, hacemos del conocimiento público lo siguiente:

-Sobre la Cuenca del Caura recaen cinco figuras de protección del ambiente las cuales excluyen en su totalidad la actividad minera. El acceso a la zona es mayoritariamente fluvial.

-Desde el año 2006, fecha en la casualmente también se debía entregar el título de propiedad colectivo sobre los hábitats a las comunidades indígenas de la cuenca del Caura, se produjo una invasión minera ilegal con nefastas consecuencias para las comunidades indígenas que allí hacemos vida.


-A partir de dicha invasión minera se pidió la colaboración de las Fuerzas Armadas Nacionales para controlar las incursiones mineras lo cual solo se logró parcialmente entre 2006-2008. A partir de 2008 mineros nacionales y extranjeros se apersonaron en la zona sin que las Fuerzas Armadas pudieran controlarles. Antes bien, los militares se han hecho cómplices de la minería ilegal aplicando vacunas para hacer llegar bienes y combustible a las zonas mineras.


-La Organización Kuyujani rechaza la actividad minera independientemente de que algunos pobladores locales participen en ella dado que la minería ha socavado la organización social y política de las comunidades afectando la salud de las comunidades dada la creciente y demostrada contaminación mercurial.


-Los indígenas necesitamos gasolina para transportarnos y llegar a sus comunidades para lo cual tenemos cupos otorgados por PDVSA.


-Desde el mes de octubre de 2014, la Organización Kuyujani ha denunciado ante el REDI al Comandante del Puesto de Maripa Gianfranco Giordani Leal por irrespetar los cupos de combustible asignados para el transporte desde y hacia las comunidades que viven en la zona.


-El día de ayer 18 de Febrero, de forma arbitraria, dicho comandante se presentó en el sitio denominado el Playón y quemó una vivienda indígena. Luego subió al Salto Pará “Kuyuwi Sodi” y también quemó otra vivienda aparentemente en venganza por las denuncias que contra él se han hecho.


-Los indígenas del lugar, retuvieron al comandante y a nueve soldados produciéndose disparos que afortunadamente no causaron daños. En este momento el Comandante Giordani Leal, así como los soldados se encuentran custodiados por los indígenas ye’kwana y sanema que allí viven. Sin embargo, al lugar están llegando masivamente los indígenas de la zona para sumarse a la protesta por el atropello cometido por los militares.

-El día de hoy 19 de febrero se presentó el comandante del puesto de Caicara al Salto Pará pero su presencia fue rechazada por los indígenas quienes no quieren entrevistarse con subalternos.

En el momento actual, se están sumando a esta acción de protesta las comunidades no indígenas “criollas” del bajo Caura, tanto de Maripa, Jabillar y Trincheras quienes también están cansadas de los atropellos recibidos. Los indígenas queremos dialogar pero no aceptamos ni un atropello más.

EXIGIMOS:
1) La presencia de altos representantes del gobierno, liderizados por el Vicepresidente Jorge Arreaza para dialogar pues estamos cansados tanto de los atropellos de los militares, como de los mineros que están destruyendo los ecosistemas y el territorio.
2) El retiro de los militares de Pie de Salto y del Salto Pará.
3) El desalojo minero en su totalidad.
4) Respeto a las disposiciones de PDVSA en materia de combustible.
5) Respeto a las comunidades indígenas del Caura.
6) Reconocimiento de nuestros derechos sobre los hábitats que ocupamos de manera ancestral y tradicional.

Indígenas secuestran a comandante del Ejército en el Caura

La cuenca del Caura está aquejada por la minería desde el 2006, siendo las comunidades indígenas las principales afectadas Foto William Urdaneta / Archivo
Indígenas de la cuenca del Caura mantienen secuestrado al comandante del Ejército de Maripa, en el municipio Sucre, desde este miércoles. La acción resultó luego de que funcionarios castrenses quemaran, presuntamente, dos casas en la comunidad fluvial de El Playón.
Ramón Tomedes, presidente de la Fundación Medewadi que defiende el derecho de los pueblos indígenas sanema y ye’kuana en la zona, explicó que hubo incluso intercambio de disparos entre los militares y los pobladores, sin que resultase nadie herido.
“Quemaron las dos casas en El Playón y luego el comandante fue a buscar refugio en el puesto del Alto Caura en Salto Pará, la última alcabala llamada Kuyuwi, y allá las comunidades lo tienen secuestrado, el lugar fue tomado por los hermanos indígenas. La petición es que vengan a la zona representantes del Gobierno nacional y del Ministerio Indígena, sólo así lo liberarán”, explicó.
Tomedes recordó que el percance entre indígenas y militares viene dado por la falta de respuesta de las autoridades en el suministro de combustible. “Desde octubre no hay gasolina para las comunidades. Se nos limita el derecho a la salud, la educación, compra de alimentos porque no hay gasolina, pero en las minas sí hay gasolina. Un tambor puede costar entre 12  y 15 mil bolívares o más”.  
Esta es la cuarta ocasión en la que indígenas en el estado Bolívar toman represalias de este tipo en contra de militares. La más reciente fue hace dos años, en febrero de 2013 cuando nativos desarmaron a efectivos castrenses en la comunidad de Urimán, también vinculados a problemas con el suministro de combustible y la permisividad hacia la minería ilegal.
Ramón Tomedes reiteró con relación a la toma de la alcabala de Kuyuwi que no desistirán de sus reclamos hasta que haya una respuesta de parte de las autoridades nacionales. “Hemos tocado todas las puertas y no nos han respondido, ahora lo que exigimos es que nos atiendan, y sean garantizados nuestros derechos”, sentenció.
 

Diálogo entre indígenas del Corrientes y Pluspetrol avanza a paso lento

Foto: ProActivo.
Esperada reunión entre la comunidad de Jerusalén y Pluspetrol tendrá lugar el 21 de febrero en la ciudad de Andoas, informó el presidente de Feconaco.
Servindi- Ante el anuncio de nuevas protestas en Loreto, la empresa Pluspetrol informó que en los próximos días se reunirá con las comunidades achuar de Jerusalén y Pampa Hermosa, ubicadas en la cuenca del río Corrientes.
Según Carlos Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (Feconaco), la reunión con la comunidad de Jerusalén tendrá lugar el 21 de febrero en la ciudad de Andoas.
“De llegarse a un acuerdo, el encuentro con Pampa Hermosa se daría al día siguiente”, precisó el dirigente.
Como es sabido, la protesta de los nativos de Pampa Hermosa lleva ya casi un mes. Entre otras cosas, exigen el pago de una compensación justa por el uso de sus territorios ancestrales para las actividades petroleras.
Dirigentes nativos y representantes de la empresa han sostenido encuentros en más de una ocasión, aunque sin mayor avance, debido a la brecha que separa las exigencias locales de los ofrecimientos de la multinacional.
Carlos Sandi, presidente de Feconaco.
En el marco de las idas y venidas con la empresa, un nuevo actor había anunciado su participación en las protestas: Jerusalén, la comunidad que hace un año fue afectada por un derrame de petróleo.
La comunidad presentó un pliego de reclamos y amenazó con tomar el campo petrolero de Dorissa de no ser escuchados.
Luego de un encuentro con un alto funcionario de la petrolera, el presidente de Feconaco informó el nuevo cronograma de reuniones que se inicia el próximo sábado 21 de febrero.
Por lo pronto, siguen paralizados los 14 pozos que opera la empresa en la base de Jibarito. La población de la zona teme que puedan darse enfrentamientos entre los nativos y efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES).
Según Sandi, no más de cinco kilómetros separan a los manifestantes de la policía. Los efectivos se encuentran dentro de la base petrolera, mientras que los achuar en una carretera cercana.
“Pluspetrol no ha mostrado la mejor disposición frente al Estado y con las comunidades la historia no ha sido diferente”, explica Sandi.
Señaló además que el Estado es responsable de la situación que hoy enfrentan los nativos por no hacer que la empresa respete los compromisos asumidos.
Finalmente, el dirigente saludó el papel que viene cumpliendo el presidente regional de Loreto, Fernando Meléndez Celis, quien “en todo momento ha mostrado interés por resolver las diferencias existentes entre todas las partes”.

Historial de contaminación

En setiembre de 2013, la cuenca del río Corrientes fue declarada en estado de emergencia ambiental. Unos meses después, en abril de 2014, el Gobierno declaró en emergencia sanitaria a las cuencas de los ríos Pastaza, Marañón y Tigre.
Las demandas de los achuar apuntan a que desde hace tres años vienen sosteniendo reuniones con el Estado. Los nativos exigen la titulación de sus tierras, la indemnización por los daños causados por las empresas y un diagnóstico social, ambiental y de salud.
La cuenca del Corrientes, cercana a la frontera con Ecuador, abarca dos lotes petroleros. En su parte alta se ubica el lote 1AB y en su parte media y baja el lote 8, ambos concesionados a Pluspetrol, empresa que opera en la zona desde el año 2000.