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8 jun. 2014

Los pueblos originarios frente a la barbarie capitalista

Más de 45 pueblos indígenas habitaban en el territorio que hoy es la República Argentina, antes del brutal genocidio comenzado en el continente hace 522 años. Hoy, según una encuesta del INDEC1, 600.329 personas se reconocen como parte de estos pueblos o descendientes. De este total 113.680 son mapuche, 70.505 son kollas y 69.452 son qom.
Sin embargo, diversos estudios y las mismas comunidades cuestionan estos resultados ya que, entre otras cosas, subestiman a la población indígena que migra a las ciudades. La comunidad mapuce estima que su población es de 500.000 personas, e incluso estudios indican que más del 60 % de la población actual del país es descendiente de algún pueblo indígena2.
Asimismo, no son las estadísticas sino su actividad y resistencia lo que los hace ganar visibilidad. Qom, wichi, mapuce, kollas, como tantos otros, se ganaron la visibilidad con muertos, heridos y procesados por la represión a sus reclamos, a la resistencia ante el avance de la agroindustria, las petroleras y a los reclamos por tierra y territorio. Es decir, en la lucha contra el extractivismo, del cual el kirchnerismo se muestra como abanderado.
Como sostiene Javo Ferreira3, el “problema indio” tiene raíces económicas y sociales, pero no solo ligadas a la tierra, como decía Mariátegui, sino que hoy se articulan con los problemas de una sociedad más intensivamente capitalista y predominantemente urbana, donde se produce una mayor imbricación de los problemas nacionales y culturales con los de clase al interior de los pueblos indígenas, ya que muchos originarios son parte del proletariado agrícola y urbano.
 
La conquista y su legado
Con la llegada de los europeos a América en 1492 empezaba el genocidio y el despojo más grande y la más tenaz resistencia de los pueblos originarios del continente. El “nuevo mundo” abrió nuevos mercados y riquezas para una burguesía en ascenso que dio nacimiento a un capitalismo manchado de “sangre y lodo”.
Las guerras por la independencia de la Corona Española no significaron la liberación de las naciones originarias. La consolidación de los estados nacionales trajo consigo la oficialización de una identidad nacional única. Con grados desiguales, en América Latina, el plan homogeneizador a través de las instituciones estatales logró una relativa incorporación de la población indígena a la identidad nacional, invisibilizando identidades territoriales e idiosincrasias ancestrales.
En Argentina la cuestión indígena es resultado de un complejo proceso histórico. La “Campaña del Desierto” a cargo de Roca, consumada en 1879, y la incursión militar en el gran Chaco, a cargo del Gral. Victorica en 1884, provocaron un nuevo genocidio con millares de muertos y culturas devastadas. Los móviles eran diferentes: en el sur, el objetivo era avanzar sobre la frontera diezmando y desterritorializando a los mapuce que mantenía aún una organización libre e independiente. En el Chaco, el objetivo era la proletarización forzada de la población indígena para los ingenios y cosecha de algodón. Pero no terminó ahí. Desde recién arrancado el siglo XX tanto gobiernos radicales como peronistas han sido responsables directos de grandes matanzas que respondían a los intereses de la clase dominante.
Una de estas masacres fue la de Napalpí en 1924, durante el gobierno de Alvear, donde fusilaron a más de 200 qom y moqoit que se negaban a cosechar algodón, en un régimen de explotación que rozaba la esclavitud. Los mataron a fuego de ametralladoras, acuchillados y colgados, y sus cuerpos fueron exhibidos como trofeos de guerra.
En octubre de 1947, durante el primer gobierno de Perón, entre 500 y 1000 pilagá fueron fusilados por la Gendarmería Nacional en la silenciada masacre de Rincón Bomba. Se temía una rebelión luego de que centenares de pilagás marcharan desde Formosa hasta el ingenio azucarero “El Tabacal” de Patrón Costas en Salta, y volvieran estafados, enfermos y hambrientos. Los pocos sobrevivientes fueron perseguidos y fusilados.
Estas matanzas no fueron aisladas, por el contrario se trataba de prácticas recurrentes del poder político y los terratenientes para forzar a los indígenas a dejar su forma ancestral de vida, privándolos de sus condiciones materiales de existencias para introducirlos al sistema de producción capitalista, obligándolos a vender su fuerza de trabajo para subsistir, a la vez que se apropiaban de sus territorios, y muchas veces obligándolos a migrar a las grandes urbes. “¡Por fin los coyas tendrán tierra!” indicaba la revista Ahora, en referencia al Malón de la
Paz. Era agosto de 1946 y Perón recién asumía.
Las comunidades de Jujuy y Salta vieron una oportunidad inédita para sus reclamos y 174 kollas que resistían condiciones extremas de explotación y peleaban por la recuperación de sus tierras emprendieron una larga marcha hacia Buenos Aires. Luego de 81 días de caminata, recorriendo 2.000 km, fueron recibidos por Perón. Solo querían el título de propiedad de sus tierras, pero sus intereses, ayer como hoy, se contraponían con los de la burguesía que no estaba dispuesta a ceder sus beneficios. Durante un mes estuvieron alojados en el Hotel de los Inmigrantes, hasta que tropas de la Marina de Guerra golpearon y expulsaron a todo el contingente, que terminó secuestrado y subido por la fuerza a trenes que los llevaron de vuelta a sus comunidades sin ninguna solución a sus demandas.
A pesar de los amplios reconocimientos jurídicos, a más de dos siglos de desarrollo, el Estado Nacional ha reforzado y profundizado viejos mecanismos de dominación hacia los pueblos originarios, que van desde el uso de la fuerza represiva estatal (y paraestatal) a sutiles formas de imposición de la ideología dominante en contraposición con las cosmovisiones originarias. ¿Cuál es la situación de los pueblos originarios bajo el kirchnerismo? ¿Qué “modelo” promueve el gobierno nacional para las demandas históricas de la población indígena?
La década kirchnerista
Para los festejos del bicentenario, numerosas organizaciones indígenas flameando sus wiphalas llegaron a Plaza de Mayo en una larga marcha en la que confluían tres columnas que venían de distintos puntos del país. Fueron recibidos por la presidenta, hubo promesas y muchas fotos, pero ninguna respuesta a la principal demanda de los pueblos indígenas: el territorio. En esa reunión la presidenta advirtió que priorizaría la actividad petrolera sobre las comunidades, y pidió ser inteligentes para aceptar los avances de la modernidad, confirmando así que el modelo extractivo tiene prioridad sobre el territorio indígena. Nuevamente la utilización política de una marcha indígena y el regreso a sus territorios con las manos vacías. Cualquier parecido con el Malón de la Paz es pura coincidencia.
Las políticas del gobierno en estos 10 años con las que hacen bandera hacia los pueblos originarios poco se ejecutan y no terminan de resolver –ni intentan hacerlo– el problema estructural. La Ley 26.160 de emergencia en materia de posesión y propiedad de la tierra, aprobada en 2006, ordena frenar procesos judiciales de desalojos de comunidades indígenas y realizar en 3 años un relevamiento de todos los territorios indígenas. Hasta septiembre del 2013 solo se había relevado el 12.5% de las comunidades y con muchas irregularidades. El relevamiento solo se terminó en las provincias con menor peso indígena. En las provincias con mayor composición indígena y donde se desarrollan la mayor cantidad de conflictos territoriales, el relevamiento se hizo a medias o ni siquiera se empezó. El bajo nivel de cumplimiento no se aplica solamente al relevamiento, sino a que los desalojos no han sido suspendidos4.
El proyecto de reforma del código civil, impulsado por el Poder Ejecutivo, contradice la legislación nacional e internacional en materia de derechos indígenas que obliga a los Estados a consultar a los pueblos originarios toda decisión que les concierna directamente. En caso de aprobarse se reemplazaría el derecho comunitario al territorio por la concepción individual de propiedad inmueble, contra el derecho ancestral. Incorpora a las comunidades como persona jurídica de derecho privado o asociaciones civiles, es decir que quienes conquistaron ser reconocidos como sujetos colectivos de derecho público, pasan a ser considerados como “entes privados”. La posible aprobación de esta reforma es un claro retroceso en relación a la legislación indígena.
El clientelismo y la cooptación de dirigentes indígenas con prebendas por parte de los gobiernos, también son moneda corriente. Su rol consiste en minar la resistencia al modelo y desprestigiar las legítimas luchas que se llevan a cabo5. Detrás de las políticas de maquillaje, clientelismo, cooptación, pobreza, hambre, racismo, muertes evitables, falta de agua y represión es la realidad en la que viven los pueblos originarios.
El modelo extractivista
El avance del extractivismo en todas sus formas (monocultivo de soja, forestales, megaminería a cielo abierto, petroleras) durante la última década, demostró ser la base del modelo kirchnerista.
La soja pasó de ocupar 12 a 20 millones de hectáreas provocando un corrimiento de la frontera agropecuaria, al que se suma el uso de agrotóxicos. La concentración de la tierra es cada vez mayor: el 2% de las explotaciones agropecuarias utiliza el 50% de la tierra. Lo mismo sucede con el monocultivo de árboles para las madereras, que pasó de 600 mil a 1,2 millones de hectáreas en 10 años. Las consecuencias de estos monocultivos son deforestación y derrumbes6.
Al igual que ocurre con la soja, en la última década se produjo un corrimiento y expansión de la frontera hidrocarburífera. La nueva técnica desarrollada para explotar yacimientos no convencionales, elfracking o fractura hidráulica, es fuertemente cuestionada por los gravísimos problemas de contaminación que acarrea a las comunidades cercanas a los pozos. Así perdía la vida hace poco más de un año Cristina Lincopan, Lonko7 de la comunidad Gelay Ko, lugar donde se realizó el primer pozo bajo la técnica del fracking en Argentina. Como autoridad mapuce encabezó la lucha en defensa del territorio y organizó a su comunidad para enfrentar a la petrolera Apache. Gracias a su lucha se impidió la perforación de nuevos pozos en ese territorio, pero la contaminación le causó la muerte. Riqueza para pocos, contaminación para muchos.
La minería se desarrolló exponencialmente en los últimos 10 años. Según información de la Secretaría de Minería de la Nación en su informe “Minería en números” en 2002 había 18 proyectos mineros, en 2003 ya había 40, y en 2012 llegaron a 614, un aumento de 3.400 % en 10 años. Al igual que elfracking, la minería a cielo abierto utiliza grandes cantidades de agua, químicos y sustancias tóxicas que contaminan pueblos enteros. Las comunidades afectadas están organizadas en más de 50 asambleas que enfrentaron firmemente a las multinacionales obteniendo de parte del Estado solo represión.
La comunidad mapuce Huisca Antieco fue una de las primeras en denunciar la avanzada minera en 2001. La minera Meridian Gold ingresó a territorio comunitario sin respetar el derecho al consentimiento previo, libre e informado que consta en la legislación internacional8. La comunidad exigió que se respeten sus derechos, pero la empresa y el gobierno desoyeron los reclamos. Hoy, como ayer, los ataques a originarios y campesinos responden a las necesidades del sistema capitalista.
Los costos de garantizar el modelo
No se puede garantizar el modelo extractivo más que vulnerando los derechos humanos de las comunidades indígenas y campesinas, fumigando sus territorios, contaminando su agua, su suelo y su atmósfera, judicializándolos, persiguiendo y reprimiendo sus protestas. No solo a manos de fuerzas de seguridad nacionales o provinciales, sino también tercerizando la represión a manos de patotas, guardias blancas y sicarios contratados por los terratenientes y latifundistas. Las comunidades siguen resistiendo el despojo de sus territorios y los avances del imperialismo.
Según el informe de James Anaya, relator de los pueblos indígenas para las Naciones Unidas9, hay 142 conflictos en Neuquén, Río Negro, Formosa, Jujuy y Salta vinculados a la explotación minera, petrolera, al problema de tierras, latifundistas, impacto ambiental y la persecución.
Félix Díaz y 24 qom de La Primavera fueron procesados por instigación al delito y atentado a la autoridad, en el NOA hay 150 activistas socioambientales judicializados; el pueblo mapuce en Neuquén es el sector de la sociedad que más sufre la judicialización: 42 causas penales criminalizan a 241 mapuce; 500 campesinos del Mo-CaSE-VC enfrentan causas por resistir desalojos. La ley antiterrorista, que otorga impunidad para reprimir la protesta social, fue utilizada en Catamarca contra los ambientalistas que protestaban contra las mineras y en Neuquén contra comunidades que protestaban contra Chevron.
Según un informe de ODHPI en el sur del país la persecución a los indígenas está reducida a una cuestión penal, mientras en el norte del país, la situación de los pueblos originarios está más ligada a la muerte violenta, desde asesinatos directos de fuerzas de seguridad y terratenientes hasta muertes dudosas (ver recuadro). Causas, judicialización y muerte solo para los luchadores, impunidad para quienes reprimen y matan.
En los últimos 5 años, más de 20 asesinatos a miembros de comunidades indígenas o campesinas se sucedieron a manos de fuerzas policiales –en represiones o no-, guardias blancas, sicarios o dudosos “accidentes” de tránsito. Todos ellas luchaban por poner freno a la extracción intensiva de recursos naturales y/o por recuperar sus territorios. Quizás la más resonante sea la muerte de Roberto López, de la comunidad La Primavera, asesinado durante la represión de noviembre de 2010 en Formosa, pero decenas de estas muertes son silenciadas a diario. En lo que va de 2014 ya hubo 9 represiones en Neuquén, Chaco, Jujuy, Salta, Tucumán y Mendoza, sobre poblaciones rurales e indígenas que reclamaban tierra, viviendas y agua, y en Córdoba sobre organizaciones que reclamaban contra el extractivismo. Todas ellas dejaron un importante número de heridos y detenidos. Causas, judicialización y muerte solo para los luchadores, impunidad para quienes reprimen y matan.
Por su parte, el racismo y la opresión nacional juegan un rol destacado en la vida de las comunidades, la vida de muchos originarios se va a manos de criollos o bandas parapoliciales que tienen vía libre y total impunidad para actuar. Los casos de Alberto Galván, un joven qom asesinado por criollos cuyo cuerpo fue mutilado y tirado al río para que lo devoren las palometas, o de Imer Flores, un niño de 12 años asesinado a golpes por criollos, solo por el hecho de ser qom, ilustran una triste realidad. Las muertes en hospitales por falta de atención médica, falta de insumos, o enfermedades evitables, así como la falta intencional de redes de agua en las comunidades, también son moneda corriente, demostrando abandono, desprecio y discriminación.
El silencio de los medios y el manto de impunidad encubren el racismo sistemático contra las comunidades indígenas que mantiene una poderosa vigencia.
Tender lazos
En Neuquén el pueblo mapuce junto a los obreros de Zanon y la izquierda han llevado a cabo importantes procesos de lucha: en 2002 la Confederación Mapuche fue un factor fundamental en la puesta en producción de la fábrica bajo gestión obrera; en un acuerdo consulto y libre, brindaron la arcilla que antes les robaba el patrón de su territorio. Enfrentaron codo a codo la represión, en el 2006 en la movilización ante la reforma de la constitución neuquina y en el 2013 durante más de 6 horas cuando se aprobaba el acuerdo YPF-Chevron.
Las comunidades originarias, los trabajadores y el pueblo pobre enfrentamos los mismos enemigos: grandes terratenientes, empresarios, poder político y oposición patronal, que son los garantes de este sistema de explotación y muerte. Zanon es un ejemplo de pequeña magnitud pero de gran sentido estratégico de cómo los trabajadores podemos poner en pie una sólida alianza entre todos los sectores oprimidos, que será la única que ponga fin al avance capitalista.
1. INDEC. Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 2004-2005. Complementaria del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.
2. Según un estudio del CONICET de 2009, el 63,1 % de la población argentina tiene descendencia amerindia.
3. Javo Ferreira, Comunidad, indigenismo y marxismo. Un debate sobre la cuestión agraria y nacionalindígena en los Andes. La Paz, Ediciones Palabra Obrera, 2010.
4. “Tres años más para relevar los territorios indígenas”, Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Originarios (ODHPI), 2013.
5. Ejemplifica el caso de Roberto Ñancucheo, que fue invitado al programa oficialista 678 del 25/06/13, presentado como líder mapuce y ocultando que es funcionario de la Secretaría de Ambiente de la Nación, para desprestigiar la lucha que estaba llevando a cabo Félix Díaz y la comunidad La Primavera. La Confederación Mapuce aclaró públicamente que no es autoridad mapuce lamentando que cumpla ese triste papel defendiendo al gobierno ante la violencia física y cultural contra los pueblos originarios.
6. Darío Aranda, “La década extractiva”, Comunicación ambiental, 2013.
7. Autoridad mapuce.
8. Convenio 169 de la OIT, ratificado por Argentina.
9. Informe Definitivo del Relator Especial de los Pueblos Indígenas de la ONU, James Anaya, sobre la situación de los pueblos indígenas en Argentina, 2012.
Fuente: http://ideasdeizquierda.org/
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