"Para Tod@s, Todo. Para Nosotr@s NADA" web de solidari@s con la insurgencia chiapaneca y las luchas indigenas en Venezuela y otras partes

28 abr. 2011

El CARZCH exige la liberación de los compañeros de Bachajón y Patricio Domínguez base de apoyo del EZLN.

Comunicado del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas
Tonalá, Chiapas a 25 de Abril del 2011
A las Juntas de Buen Gobierno
A la comisión Sexta del EZLN
A la Otra Campaña Nacional e internacional
A los medios Alternativos de Comunicación
A los pueblos dignos y rebeldes de Chiapas

Para: Al Pueblo digno y rebelde de San Sebastián Bachajon
De: Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas

Compañeros y Compañeras:
Reciban nuestros saludos rebeldes desde nuestra tierra costeña, sabemos pues de su lucha que han emprendido y sabemos también de la represión que han sufrido por parte del Gobierno Federal y Gobierno del Estado de Chiapas por querer despojarlos de sus tierras para crear e imponer sus proyectos neoliberales y capitalistas, y que han ustedes resistido y siguen luchando por la defensa de la tierra y el territorio en la construcción de la autonomía de los pueblos organizados.
Desde acá hemos estado pendientes de lo que sucede en su digno y rebelde pueblo de bachajon, al igual que ustedes nosotros acá fuimos reprimidos por el gobierno de Juan Sabines el día 22 de febrero del 2011, criminalizando la protesta social y la lucha pero sobre todo causándole molestia que seamos adherentes a la otra campaña y que nuestros pueblos empiecen a organizarse desde abajo, y que nuestras luchas se entrelacen a pesar de que estamos lejos, sentimos que su lucha es nuestra y que estamos con ustedes. Y hacemos la exigencia al gobierno represor de Juan Sabines y de Felipe Calderón la libertad inmediata e incondicional de los compañeros presos políticos Juan Aguilar Guzmán, Jerónimo Guzmán Méndez, Domingo Pérez Álvaro y Domingo García Gómez, Mariano Demeza Silvano. Acusados por el mal gobierno de luchar y defender su tierra y territorio.
Mandamos todo nuestro apoyo y solidaridad a su lucha y a su resistencia, sabemos pues que el gobierno nos quiere acabar pero no podrá porque nos estamos organizando para resistir y construir otro mundo posible. Saludamos pues desde acá las acciones emprendidas por la libertad de los compañeros presos y por la defensa de su tierra.
Condenamos la detención del compañero base de apoyo del EZLN Patricio Domínguez Vázquez del Ejido Monte Redondo, del Municipio Autónomo de Tierra y Libertad y exigimos su libertad inmediata, así también el cese al hostigamiento a las Bases de Apoyo Zapatista que pertenecen al Caracol uno de la Realidad, lo cual están generando la confrontación desde los tres niveles de gobierno para justificar la represión en contra de los pueblos y comunidades zapatistas.
Desde la Costa de Chiapas
Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas
Tonalá, Chiapas a 25 de Abril del 2011

¡¡¡¡ Presos políticos Libertad¡¡¡¡
¡¡¡¡Respeto a la libre determinación de los Pueblos¡¡¡¡¡
¡¡¡¡No a los megaproyectos del mal gobierno¡¡¡¡
¡¡¡ respeto a la autonomía de los pueblos de México y del mundo¡¡¡¡
¡¡¡Viva el pueblo digno y rebelde de San Sebastian Bachajon¡¡¡¡¡
¡¡¡¡Cese a la represión y hostigamiento a los pueblos de la Otra Campaña¡¡¡
¡¡¡Cancelación de ordenes de aprehensión y cese a la persecución y hostigamiento del Estado¡¡¡
“ Si nos tocan a uno; nos tocan a todos”
NO MAS PRESOS POLITICOS: NO MAS REPRESION
POR UNA TARIFA JUSTA DE LUZ

CACTUS: A un año de la siembra de Bety Cariño, cosechemos la Esperanza.

A la sociedad civil organizada a nivel nacional e internacional,
A todas las mujeres y los hombres de abajo que luchan en sus territorios por una vida digna,
Al EZLN, la Otra Campaña y la Zezta Internacional.

Hemos vuelto sobre Ti, Hermana sobre tus dioses sobre tu tiempo

A veces, con el sabor amargo de la derrota.

Pero allá donde se mira el horizonte y las aves despliegan las alas sobre las alturas, allá tu nombre figura entre los más Los que han silenciado los que guardan tu memoria como un tesoro

Cuando vinieron por Ti se olvidaron de Nosotros. Ni llevándote al rincón más íntimo del infierno tu palabra será borrada tu corazón olvidado tu patria abandonada.


Compañeras y compañeros,

Ante la muerte cotidiana, producto de la violencia de Estado y que está marcando nuestro presente, ante el asesinato de nuestra hermana Bety Cariño, nos hacemos múltiples cuestionamientos que seguirán marcando nuestro camino. En esta confusión que se vive, difícil es encontrar respuestas si no sentimos y compartimos el dolor del otro y de la otra. Si no vemos y entendemos quién está muriendo y por qué está muriendo, no encontraremos nuevos horizontes y seguiremos preguntando la cifra y los números de esta guerra falsa contra el "crimen organizado".

¿Hacia dónde caminar con tanta rabia? ¿Hacia dónde gritar con tanto dolor? Preguntas que van retumbando en cada rincón de este país. Pero mientras el tiempo y el desprecio del arriba avancen, abajo se generan nuevas respuestas gracias a los ecos que se intercambian en cada punto cardinal. Respuestas que nos avisan que el camino es abajo y la rabia y la organización deben
estar contra el arriba.

Los políticos y su aparato estatal son el rostro público de esta guerra. No hay duda que su crisis y el desmoronamiento que se vive ahí, es síndrome de lo que nos pasa aquí abajo. Hoy más que nunca, el discurso y la palabrería de los gobiernos se convierten en algo opuesto a la necesidad de Nosotr@s, así sus planes de seguridad y sus estrategias sociales son incompatibles con lo que Nosotr@s tejemos a diario, en silencio.

Nuestras muertas, nuestros muertos, han dejado claro que en esta guerra abierta contra la población, hay quien gana y quien pierde. Tal vez se podría pensar que ellos ganan al imponer el miedo, pero no es así, ese miedo se está venciendo. Los daños colaterales no existen: son nuestras hermanas, hermanos, padres, hijos, los que día a día están siendo asesinados; en ciudad Juárez, Oaxaca, Chiapas, Monterrey, Tamaulipas, Morelos, donde el dolor y la rabia, nos llaman a gritar "Estamos hasta la Madre!". Nuestro ¡YA BASTA! crece y nuestros muertos, nuestras muertas, dejan de ser números para volverse rostro, rostros de la digna rabia.

El poder pensó ganar cuando la represión se hizo presente en el 2006, en Oaxaca, en Atenco y en Pasta de Conchos... NO, ahora vemos cómo estos sólo fueron procesos de gran aprendizaje para el pueblo, que cada día se organiza, lucha y resiste para poder construir otras formas de vida y lograr que la solidaridad se manifieste como principio.

Del proceso del 2006, nace una propuesta que verá la luz en enero del 2007, el Municipio Autónomo de San Juan Cópala, en la Región Triqui de Oaxaca. Ahí se fue desarrollando el trabajo de los compañeros Triquis ante las diferentes problemáticas que vivían en su territorio. También ahí se hizo presente la solidaridad con el Municipio: CACTUS fue partícipe de lo que ahí se generaba y fue conociendo la propuesta de los compañeros. Sin embargo, frente a esa propuesta no se hizo esperar la represión, el asesinato de Tere y Feli (locutoras de la radio comunitaria "La Voz que Rompe el Silencio"), era un inicio, una muestra de lo que venía. A pesar de intentos de paz,
hacia finales del 2009, el acoso y la represión contra la población de San Juan Copala aumentaron.

Para romper el silencio surgió una iniciativa que se llamó "Caravana Humanitaria", el 27 de abril del 2010, partió de Huajuapan de León, con la esperanza de poder visibilizar la situación tan grave que se vivía en San Juan Copala. Ahora se cumple un año de esta acción donde fueron asesinados Bety Cariño y Jyry Jaakkola.

El conflicto en la Región Triqui no es nuevo, sin embargo los gobiernos estatal y federal nunca garantizaron las condiciones para que se pudieran desarrollar diálogos que permitieran un proceso de paz, buscando sólo administrar el conflicto y mantener intacto su poder. Por eso propiciaron la estrategia paramilitar, que permite responsabilizar a los habitantes de sus propias muertes. Su política nunca buscó resolver el conflicto, sino controlar a la población. Así lo vemos en Oaxaca, así lo vemos en Chiapas.

La caravana humanitaria fue un acto de solidaridad ante la muerte, ante el desprecio por el otro, pero lo que logró, no sólo fue visibilizar el conflicto, sino que además mostró el nivel tan alto de impunidad que padecemos, la ausencia total del Estado de derecho que tanto pregonan los gobiernos federal y estatal, y su responsabilidad directa en las muertes que desde el 2009 provocó el cerco paramilitar, incluyendo las muertes de Bety y Jyri.

Matar a una luchadora social y a un compañero solidario internacionalista, se convierte en una herramienta para profundizar el miedo a quienes protestan por un mundo con dignidad y justicia.

Los malos gobiernos dicen que buscan la paz, pero ya nadie cree, ya nadie quiere seguir escuchando. Sabemos que ellos son los responsables, sabemos que ellos profundizan la impunidad y se esconden tras sus falsos argumentos. Sabemos que junto a los autores materiales de los asesinatos y atropellos, sus órdenes están presentes. ¿Así pueden administrar un conflicto? ¿No
tienen vergüenza?

*Cosecha de la Esperanza*

**
Ante este panorama, para nosotr@s el horizonte es claro. No hay duda que lo que tenemos que hacer ya se dijo y en esta época de incertidumbre lo estamos escribiendo a diario. Ante el dolor y la rabia, aparecen mujeres como tú que deciden caminar contra el opresor, mujeres que están dispuestas a permanecer protestando fuera de un palacio de gobierno y no tener miedo, porque primero están sus hijas e hijos. Hombres como ese padre poeta que nos llama a trastocar los débiles cimientos de las estructuras que promueven la muerte para seguir operando. Compañer@s que están escribiendo la historia sin quererlo y que nos guían en esta insurrección por la vida, ante ustedes nuestro más profundo respeto y solidaridad.

Para ti Pitaya Roja.

Recordamos, Bety, que nos decías que había que sembrar sueños en donde pudiéramos, que sembráramos semillas de rebeldía y que las esperanzas brotarían como flores. Su cosecha representaba el mañana, la posibilidad de construir nuestro propio camino.

Cosechamos la esperanza hermana, cosechamos con los pies descalzos para oír el vibrar de tu tierra y así avanzar contra quien nos desprecia y nos humilla. En este ciclo del sol que se cumple este 27 de abril, te decimos con la cabeza en alto, que aquí estamos, que eres raíz de nuestra rebeldía. Que tu muerte no fue en vano y que tu ejemplo da fuerza a tu pueblo Ñuu Savi y a otr@s a las que tu palabra ha llegado. Como se dijo en tu siembra, no moriste, no te fuiste, no te olvidamos, aquí más que nunca sigues presente.
Tus herman@s de lucha, tus compañer@s de vida, tus hij@s, te recordamos con el corazón ardiendo, contigo y con nuestr@s muert@s cosechamos la esperanza, fruto para la vida y la historia por venir.


Gracias Bety Cariño, gracias por la enseñanza profunda.
Gracias Bety Cariño, gracias por trotar el mundo rebelde.
Gracias Bety Cariño, gracias por luchar y defender tu pueblo.

CACTUS
MIxteca Oaxaqueña
2011

--
*"Sembrando Sueños, Cosechando Esperanzas..."*
*Mixteca Oaxaqueña*
*CACTUS*

Compañeros del ejido Tila exigen la liberación de los presos políticos y respeto al territorio.

EJIDO TILA, CHIAPAS. A 27 DE ABRIL DEL 2011


A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS DERECHOS HUMANOS INDEPENDIENTES NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL
AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA
A LA COMISION SEXTA INTERNACIONAL.
AL FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA DE ATENCO
AL MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA
A LA OTRA CAMPAÑA DEL EJIDO SAN SEBASTIÁN BACHAJÓN

Compañeros y compañeras, el ejido Tila se mantiene en pie de lucha en defensa de su autonomía y dignidad como pueblo indígena Ch´ol.

Queremos manifestar nuestra solidaridad con los compañeros y compañeras adeherentes de la otra campaña del ejido San Sebastián Bachajón que luchan y defienden dignamente la madre tierra del despojo que hace el gobierno y las empresas extranjeras para su propio beneficio.

Repudiamos el proyecto ecoturístico que el gobierno está comenzando a construir en el territorio de San Sebastián Bachajón ya que es puro interés capitalista cordinado con el estado burgués desde arriba hasta abajo, para destruir la colectividad del campesino en forma comunal y así destruir nuestras culturas indígenas, ellos no valoran nuestros usos y costumbres, solo buscan los recursos naturales tales como: el petróleo, el cobre, el otro la plata, las cascadas para sus grandes riquezas, porque son descendientes de los saqueadores españoles.

Hace más de 500 años de represión, hoy en día si defendemos nuestros derechos y el futuro de nuestros hijos, somos encarcelados, dicen que está prohibido la mutilación, la infamia, la marca, el azote y el tormento, y es lo más reciben en la cárcel de muerte y de secuestro nuestros compañeros presos políticos del ejido San Sebastián Bachajón: Domingo Pérez Álvaro, Juan Aguilar Guzmán, Jerónimo Guzmán Méndez, Domingo García Gómez y el menor de edad Mariano Demeza Silvano.

Denunciamos al mal gobierno y su administración de injusticia que violan las leyes y las aplican en contra del interés y bienestar del pueblo. Las leyes son utilizadas y torcidas por el gobierno para favorecer a los empresarios, terratenientes y latifundistas, lo vemos claramente en el ejido Tila y en San Sebastián Bachajón. No son respetados nuestros derechos, ni los documentos que amparan y protegen nuestras tierras y territorio indígena, los mismos gobiernos amenazan con nulificarlos y privatizarlas utilizando al ejército y policía para meter miedo en nuestras comunidades, porque nos desprecian, nos discriminan y nos siguen considerando como animales sin derecho como en la época de la colonia.

Exigimos la libertad inmediata de nuestros compañeros presos políticos de San Sebastián Bachajón y respeto a su territorio. No están solos compañeros y compañeras, hasta la victoria siempre!



RESPETO A LA MADRE TIERRA
TIERRA Y LIBERTAD
VIVA LA AUTONOMÍA
ZAPATA VIVE

Chak, Wützöü, Ja´al, Tyokol, I´k´, Küñ y Tziñal
7 dioses 7 palabras
Por un solo objetivo llamada TIERRA


:::::::::::::::::

Área de Sistematización e Incidencia / Denuncia Pública
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C.
Calle Brasil #14, Barrio Mexicanos,
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Código Postal: 29240
Tel +52 (967) 6787395, 6787396, 6783548
Fax +52 (967) 6783551
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26 abr. 2011

Denuncia de COMPA-Oaxaca

A LAS ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES INDÍGENAS

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

AL PUEBLO DE OAXACA

Las organizaciones indígenas-campesinas que conformamos la Coordinadora Oaxaqueña Magonista Popular Antineoliberal (COMPA): CODEDI -XANICA (Comité de Defensa de los Usos y Costumbres y Derechos Indígenas de Santiago Xanica), CODEP (Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo) y OIDHO (Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca), conjuntamente con la organización CODECI (Comité de Defensa Ciudadana), declaramos lo siguiente:

1. Consideramos que constituye una vergüenza para el gobierno del estado que el compañero Abraham Ramírez Vázquez, indígena zapoteco y primer preso político del mal gobierno de Ulises Ruiz, sigue en la cárcel de San Pedro Pochutla hasta la fecha, a seis años de su detención arbitraria y encarcelamiento injusto, y a pesar de que Gabino Cué lo reconoció como preso político durante su campaña, y ya siendo gobernador del estado prometió agilizar su liberación. A pesar de que el caso de Abraham ha sido ampliamente documentado, incluso por organismos internacionales de derechos humanos, aun no ha habido avance alguno y se siguen violando los derechos fundamentales del compañero.

2. Con indignación observamos que los asesinatos contra miembros de la organización CODECI, siendo el último caso el del compañero Catarino Torres Pereda, han quedado en la más absoluta impunidad. Cuando a él lo asesinó el régimen de URO poco tiempo antes de terminar el sexenio, declaramos públicamente que si no se esclarece el asesinato de este luchador social es por la complicidad del entonces gobierno del estado. Ahora manifestamos que si no se esclarecen estos asesinatos, es porque el nuevo gobierno estatal es complaciente ante la impunidad.

3. Tal parece que existe una consigna conjunta de los gobiernos federal y estatal para seguir persiguiendo y hostigando a las organizaciones sociales, como lo demuestran los allanamientos de las oficinas de CODEP el 11 de enero de 2011 y de CODECI en los primeros días de marzo del presente año, en abierta colaboración del ejército mexicano, la policía federal y la policía estatal, bajo el pretexto de presuntas denuncias ciudadanas anónimas. Ahora resulta que cualquiera puede inculpar a otras personas sin prueba alguna y con una simple llamada. Estos métodos fascistas son inaceptables, repudiamos que el ejército se esté paseando por las calles y cateando casas por doquier, tomando participación en actividades de las autoridades civiles; en un supuesto combate al narcotráfico. ¿Qué nos espera a las organizaciones que defendemos los derechos del pueblo?.

4. Exigimos que el actual mandatario ponga un alto a los agravios acumulados por URO contra integrantes de organizaciones sociales en lugar de seguirnos manteniendo como rehenes políticos, rechazamos tajantemente que continúe la misma estrategia de la criminalización de la lucha social.

5. Nos hemos percatado de la confabulación que existe entre la coalición gobernante y el PRI contra los que realmente impulsan cambios en nuestros municipios y agencias, tal como lo muestran los conflictos postelectorales en nuestras regiones y la complacencia del gobierno actual frente a las evidentes corruptelas en el Instituto Estatal Electoral que sigue dominado por el PRI. Tales problemas están presentes en el municipio de Santiago Xanica, en donde el Instituto Estatal Electoral de manera corrupta invalidó la elección de autoridades municipales por usos y costumbres; también en Putla de Guerrero, en donde la negativa de la presidenta municipal de respetar la integración de los regidores ha derivado en la privación ilegal de la libertad en días pasados, y no hay una resolución de fondo.

6. Rechazamos tajantemente los discursos de quienes pregonan ser respetuosos de los pueblos indígenas y en la vía de los hechos solo muestran desprecio para las luchas de nuestros pueblos. Les decimos aquí que no basta con poner unos cuantos indígenas folclóricos en los estrados, sino se tiene que cumplir con la obligación de resolver las demandas más sentidas de nuestros pueblos que exigen con legitimidad salir de la miseria y de la injusticia impuesta por el neoliberalismo y por gobernantes ladrones que han conducido el destino de Oaxaca y del país.

Todo lo demás es pura demagogia tanto de los que utilizan a los indígenas como de los indígenas que se dejan utilizar.

7. Le recordamos a Gabino Cué que en su campaña prometió castigar al gobierno criminal de URO, por todas las violaciones a los derechos humanos, hasta la fecha seguimos insistiendo en que se haga justicia a todos los agraviados del movimiento social oaxaqueño.

8. Nosotros hemos luchado durante décadas por cambios reales en el estado y hemos pagado con compañeros muertos, presos, torturados y perseguidos el hecho que nunca estuvimos dispuestos a vender nuestros principios. No nos someteremos y seguiremos luchando por los derechos inalienables de nuestros pueblos.

La Huelga de hambre que hoy iniciamos es de parte de una jornada de lucha que ira escalando al no haber voluntad política por parte del gobierno del estado para resolver las demandas planteadas.

Nos pronunciamos en contra de la desaparición del profesor Carlos René Román Salazar miembro del comité ejecutivo de la sección 22, ya que estas prácticas nefastas de hacer política son inaceptables.

POR TODO LO MENCIONADO EXIGIMOS:

1.- LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL A ABRAHAM RAMÍREZ VÁZQUEZY A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS.

2.- JUSTICIA PARA LOS COMPAÑEROS ASESINADOS DE CODECI

¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES!

¡RESPETO IRRESTRICTO A LOS DERECHOS INDÍGENAS!





COORDINADORA OAXAQUEÑA MAGONISTA POPULAR ANTINEOLIBERAL (COMPA):CODEDI - XANICA, CODEP, OIDHO.

CODECI (Comité de Defensa Ciudadana)



Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 29 de marzo del 2011

La Junta de Buen Gobierno de Oventik solicita ayuda para compañeras bases de apoyo

JUNTA DE BUEN GOBIERNO CORAZÓN CÉNTRICO DE LOS ZAPATISTAS DELANTE DEL MUNDO

SNAIL TZOBOMBAIL YU'UN LEKIL J'AMTELETIK TA O'LOLYO'ON ZAPATISTA TA STUK'IL SAT YELOB SJUNUL BALUMIL

A 21 DE ABRIL DEL 2011

A LOS ORGANISMOS INDEPENDIENTES
A LOS GRUPOS SOLIDARIOS
A LOS SIMPATIZANTES DEL EZLN

HERMANAS Y HERMANOS

Antes que nada reciban nuestro saludo fraterno y revolucionario de parte de la Junta de Buen Gobierno Corazón Céntrico de los zapatistas delante del mundo, Zona Altos de Chiapas, México, con sede en Oventik, Caracol II.

Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes para informarles los hechos lamentables que ocurrió en la comunidad de Pikote' municipio oficial de Citalá, Chiapas.

En la noche de 18 de abril del presente año, en la comunidad de Pikote' municipio de Citalá, como a las 12:00 de la noche, tres de nuestras compañeras bases de apoyo del EZLN, sufrieron una desgracia, hubo un incendio en sus domicilio, la cual provocó graves daños. Se les quemó tres
viviendas una de sus casas se utilizaba como casa de salud autónomo y se quemó con todo y medicamentos y equipamientos para vacuna; la otra de sus casas era sus cocinas, la otra de sus casas la utilizaban para un pequeño negocio de abarrotes y se quemó con todo y mercancías y era el único sustento que tenían las compañeras, además ellas viven solas en sus casas que tenían y solas buscan la forma para sobrevivir y seguir adelante en nuestra lucha zapatista, dos de sus casas tiene las medidas de 10 por 5 metros y la otra casa mide 8 por 6 metros y las tres casas estaban hechas de tabla y los techos de lámina, en este incendio apenas pudieron salvarse
las compañeras y no pudieron salvar nada de sus pertenencias, ahora se quedaron sin nada. A continuación vamos a mencionar el valor de las casas, los equipos, medicamentos y mercancías.

Casa de salud ………………………………..$43,572.50
Farmacia comunitaria………………………$20,570.00
Equipos de acupuntura…………………….$10,800.00
Equipos de vacunación…………………….$12,650.00
Tienda de abarrotes…………………………$421,122.00
Equipos de cocina……………………………$18,660.00
Materiales de la casa………………………..$53,128.00
GASTO TOTAL DE LAS PERDIDAS….$580,502.50

Nosotros y nosotras como Junta de Buen Gobierno no tenemos la posibilidad para apoyarlas económicamente ni materialmente, por la razón de que carecemos de recursos económicos porque somos gobiernos autónomos y estamos en resistencia, además nosotros y nosotras como Junta de Buen
Gobierno y nuestros bases de apoyo zapatista no dependemos del mal gobierno. Por esta razón nos atrevimos a escribirles esta carta para ver si tienen la posibilidad y la voluntad a que nos apoyen con las compañeras que ahora están sufriendo, ya sea con recursos económicos, recursos
materiales o con algo que puedan apoyar a las compañeras porque ahora nuestras compañeras tienen muchas necesidades en todo.

Nosotros y nosotras los zapatistas sabemos que en nuestro estado y en nuestro país hay personas sinceras y honestas que entienden las justas causas de nuestra lucha zapatista y que están dispuestos para apoyarnos.
Nosotros y nosotras los zapatistas a pesar de que nos topamos con muchos y diferentes obstáculos vamos a seguir adelante en nuestra lucha zapatista y en la Construcción de nuestra autonomía. Las organizaciones que tienen la voluntad de apoyar, favor de presentarse en la oficina de la esta Junta de Buen Gobierno de la Zona Altos de Chiapas.

Por el momento es toda nuestra palabra y les anticipamos nuestros mássinceros agradecimientos.

A T E N T A M E N T E

JUNTA DE BUEN GOBIERNO
CORAZON CENTRICO DE LOS ZAPATISTA DELANTE DEL MUNDO (sello)
ZONA ALTOS DE CHIAPAS, MÉXICO

ESMERALDA GÓMEZ DIAZ (firma)
ARMANDO LOPEZ DIAZ (firma)
REMIGIO SANTIZ LOPEZ (firma)
MARIA PEREZ SANTIZ (firma)

En Chiapas, inusitada violencia contra bases del EZLN: la otra campaña

Eran centros comunitarios; piden apoyo para reconstruirlos

Queman viviendas de mujeres en Pikote, denuncia JBG

La junta de buen gobierno (JBG) Corazón Céntrico de los Zapatistas delante del Mundo, desde el caracol de Oventik, en los Altos de Chiapas, solicitó ayuda a organizaciones y colectivos solidarios y de la otra campaña para tres mujeres, bases de apoyo del EZLN en la comunidad Pikote, municipio oficial de Sitalá, quienes fueron víctimas de un grave incendio el pasado
18 de abril.

Cerca de las 12 de la noche, informa la junta, en Pikote se consumieron tres viviendas, una de las cuales era la casa de salud autónoma; allí se perdieron medicamentos y equipo para aplicar vacunas. Otra construcción servía de cocina, y la otra "para un pequeño negocio de abarrotes", el
cual se quemó completamente. "Era el único sustento que tenían las compañeras, además viven solas, y solas buscan la forma para sobrevivir y seguir adelante en nuestra lucha zapatista".

Las tres construcciones eran de tabla y lámina. "Apenas pudieron salvarse las compañeras y no pudieron salvar nada de sus pertenencias." La JBG valúa las pérdidas totales en 580 mil 500 pesos, la mayor parte en mercancías de la tienda.

Llamado

"Nosotros y nosotras como junta de buen gobierno no tenemos la posibilidad para apoyarlas económicamente ni materialmente, por la razón de que carecemos de recursos económicos, porque somos gobiernos autónomos y estamos en resistencia. No dependemos del mal gobierno". Por tal razón, la junta se dirige a la sociedad civil "para ver si tiene la posibilidad y la voluntad a que nos apoyen con recursos económicos o materiales".

Los zapatistas, añade la JBG, "sabemos que en nuestro estado y en nuestro país hay personas sinceras y honestas que entienden las justas causas de nuestra lucha y que están dispuestos para apoyarnos". Y declara: "A pesar de que topamos con muchos obstáculos, vamos a seguir adelante en nuestra lucha y en la construcción de nuestra autonomía". Por último, se indica a las organizaciones con voluntad de apoyar acudir a las oficinas de la JBG en Oventik.

En otro orden, organizaciones de la otra campaña exigieron la liberación inmediata de Patricio Domínguez Vázquez, campesino base de apoyo del EZLN del ejido Monte Redondo, encarcelado en días pasados como parte de una represalia del gobierno municipal de Frontera Comalapa y el Ministerio
Público, mediante acusaciones sin sustento. Esto ya fue denunciado por la JBG de la zona selva fronteriza, con sede en el caracol de La Realidad.

Los organismos de la Red Contra la Represión y por la Solidaridad señalaron: "La escalada de violencia y estulticia que los personeros de la clase política están aplicando a lo largo y ancho de nuestra nación se aplica con inusitada fuerza en contra de los compañeros chiapanecos, bases
de apoyo del EZLN y adherentes de la otra campaña. En Monte Redondo, militantes de PRD, PVEM y PAN, encabezados por el comisariado ejidal, el Ministerio Público y el presidente municipal David Escobar, han atacado, incendiado, despojado de sus tierras y bienes a los zapatistas de esta
comunidad".

Domínguez Vázquez "sufrió una fuerte agresión física, la destrucción y quema de su hogar y además, está privado de su libertad de manera absurda; se aplica la vieja concepción corrupta del priísmo, 'al ladrón, al ladrón', cuando fueron ellos los que atacaron, golpearon, vejaron y robaron a los dignos campesinos bases de apoyo del EZLN".

Al exigir que "se detenga este horror que la derecha enquistada en los tres niveles de gobierno ha desatado en contra del pueblo de esta nación, así como la inmediata liberación de nuestro compañero, preso en el penal de Motozintla", la Red se pronunció por el cese de las agresiones a
comunidades y pueblos zapatistas.
Hermann Bellinghausen
http://www.jornada.unam.mx/2011/04/26/index.php?section=politica&article=015n1pol

Informe sobre la situación de los pueblos indígenas de Venezuela en el 2010

Venezuela es un país multicultural, que reconoce y garantiza la existencia de los pueblos y comunidades indígenas. Los pueblos indígenas en Venezuela son los akawayo, amorúa, añú, arawak, arutani, ayamán, baniva, baré, barí, caquetío, cumanagoto, chaima, e´ñepá, gayón, guanano, hoti, inga, japreria, jirajara, jivi, kari´ña, kubeo, kuiva, kurripako, mako, makushi, ñengatú, pemón, piapoko, píritu, puinave, pumé, sáliva, sánema, sapé, timoto-cuica, waikerí, wanai, wapishana, warao, warekena, wayuu, wotjuja, yanomami, yavarana, ye´kuana y yukpa. De los 26 millones de habitantes del país, un 2,2% de la población nacional es indígena. La Constitución de 1999 (CRBV) reconoció por primera vez el carácter multiétnico y pluricultural del país, incluye un capítulo especialmente dedicado a los derechos de los pueblos indígenas y abrió espacios de participación política indígena a nivel nacional, estadal y municipal. En el año 2001 entró en vigor la Ley Orgánica de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas; en el 2002 se ratificó el convenio 169 de la OIT; en el 2005 la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI) desarrolló y consolidó ampliamente este marco de derechos.
Los pueblos indígenas de Venezuela gozan del reconocimiento jurídico de un amplio marco de derechos específicos que desde 1999 ha favorecido la participación de representantes indígenas en espacios de poder y cargos de elección popular, sin precedentes en la historia nacional, así como la adaptación de las instituciones gubernamentales a la nueva normativa, para el diseño e implementación de políticas públicas dirigidas a la población indígena.
No obstante estos importantes logros, el avance en la implementación de estas normas ha sido limitado y los resultados en la práctica ambiguos, debido a las dificultades de los funcionarios públicos para crear políticas con enfoque intercultural.
El movimiento indígena se encuentra desmovilizado, sin una agenda propia de luchas concretas, con escasa independencia, dividido y en algunos casos enfrentado. Sus líderes pasaron a ocupar cargos en los poderes del Estado, asumiendo la línea que dicta el gobierno nacional. Pero luego de una década, la falta de avances concretos en la implementación de políticas públicas efectivas ha generado un notable descontento.
Durante el 2010 resaltaron las manifestaciones de comunidades indígenas, organizaciones de base y movimientos sociales aliados, quienes reclaman la falta de implementación efectiva de los derechos reconocidos. Un caso resaltante ha sido el juicio al que son sometidos el cacique Sabino Romero Izarra y otros líderes del pueblo Yukpa. Las actividades mineras ilegales en los estados Bolívar y Amazonas, también han generado situaciones conflictivas.
Haximú nuevamente amenazada
Durante el 2010, el pueblo Yanomami del Alto Orinoco (estado Amazonas) ha sido víctima de la presencia de mineros ilegales provenientes de Brasil y de epidemias de alta letalidad. La información disponible indica una alta mortalidad por malaria y presuntas muertes asociadas a conflictos con garimpeiros.
Líderes yanomami de diversas comunidades del Alto Orinoco han manifestado a las autoridades su preocupación frente a la ausencia de atención permanente y oportuna. Es el caso de la comunidad de Haximú: en los últimos meses del 2010, el personal del
1
Ministerio de Salud confirmó 7 fallecimientos (2 adultos y 5 niños). La zona se encuentra invadida por garimpeiros que tienen su base de operaciones, con una pista aérea, en el lado brasilero de la frontera.
Haximú es la comunidad yanomami víctima del ataque genocida de garimpeiros que en 1993 dejó 16 muertos y varios heridos. Precisamente a raíz de esa masacre, el Estado venezolano suscribió en 1999 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un acuerdo de solución amistosa, en el que se comprometió a diseñar, financiar y poner en funcionamiento un Programa Integral de Salud dirigido al pueblo Yanomami; así como a promover la suscripción de un acuerdo con el Gobierno de Brasil, para la vigilancia y control de la minería ilegal en el área Yanomami.
Epidemia en Maiyotheri, Awakau y Pooshitheri
Desde el 31 de julio las autoridades de salud del estado Amazonas recibieron noticias sobre una epidemia en las comunidades de Maiyotheri, Awakau y Pooshitheri, ubicadas en una zona de difícil acceso en territorio yanomami.
En septiembre se recibieron noticias de numerosos enfermos y fallecidos, pero no fue sino hasta principios de octubre que un equipo técnico (sin médico) conformado mayormente por agentes de salud yanomami, pudo llegar a Maiyotheri caminando. Retornaron con la noticia de 51 personas fallecidas y las muestras que trajeron reportaron 84% de positividad para malaria.
El 23 de octubre un helicóptero logró aterrizar dejando un equipo de salud para atender la emergencia. El informe oficial reporta 17 decesos en las tres comunidades.
Esta epidemia de malaria pudo haber sido atendida a tiempo, pero las fallas en el sistema de atención de salud demoraron la ayuda por más de dos meses, con el trágico resultado descrito.
Luego se recibieron reportes de brotes de malaria y fallecidos desde otros sectores del territorio Yanomami, como Haximú, Koyowë, Siapa y Pirisipiwei. La respuesta a estas emergencias con el envío de equipos médicos por vía aérea fue mucho más efectiva y a partir de entonces las visitas a estas zonas remotas, con el apoyo aéreo de las Fuerzas Armadas, se ha regularizado.
El Plan de Salud Yanomami
Como consecuencia del acuerdo con la CIDH, en el 2005 se inició la implementación del Plan de Salud Yanomami (PSY), coordinado por la Dirección de Salud Indígena del Ministerio de Salud. El PSY representa una muestra de la voluntad política del Gobierno Nacional para atender apropiadamente la salud de los pueblos indígenas.
El objetivo fundamental del Plan es expandir de manera sustentable y culturalmente adaptada los servicios de salud al 80% de la población Yanomami históricamente subatendida o completamente desasistida debido al difícil acceso, las limitaciones logísticas y las carencias estructurales del sistema de salud en el Alto Orinoco. Entre las estrategias implementadas resalta el fortalecimiento de la red sanitaria con personal, equipamiento e insumos; la formación de Agentes Yanomami de Salud; y el aumento de la capacidad logística del sistema, gracias al apoyo aéreo de las Fuerzas Armadas Bolivarianas.
Actualmente el PSY se encuentra en una grave crisis. Las dificultades administrativas y trabas burocráticas en el Ministerio de Salud, así como la considerable disminución del apoyo aéreo desde mediados del 2009, han tenido un importante impacto en la desatención de las comunidades remotas.
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Minería ilegal y muertes en Momoi
En abril varios líderes Yanomami denunciaron el asesinato de yanomami por garimpeiros en las comunidades de Ushishiwe y Momoi del sector Shimaraoshe. Refirieron que en el año 2007 ocurrió algo similar, que fue notificado sin recibir respuesta, y que estos mineros tienen varios años actuando en el sector. Solicitaron la intervención de las Fuerzas Armadas para evitar una masacre, y manifestaron estar preparándose para defenderse en caso de no recibir respuesta.
Este es un sector que nunca había sido visitado y no se conocía su ubicación precisa. Luego de varios días de camino una patrulla militar con guías yanomami arribó a Momoi. Allí abrieron un helipunto que permitió que un equipo médico prestara atención de salud en Momoi y varias comunidades vecinas.
No encontraron garimpeiros, pero sí las evidencias de su presencia y actividades. Sin embargo, no encontraron evidencias de yanomami muertos. Esto era de esperarse, ya que los Yanomami incineran los cuerpos de los difuntos -eliminando toda evidencia física- y no hablan de ellos.
Según la versión de los Yanomami, se estima que las muertes sucedieron en enero. En total refieren 9 muertes, una de ellas sin comprobar por los Yanomami, y posiblemente de origen violento. Los Yanomami dicen que el río que pasa por la comunidad está muy contaminado, lo que indicaría que las otras muertes pudieron ocurrir por intoxicación aguda por mercurio.
La presencia de garimpeiros no es reciente y corresponde a una re-invasión minera que desde Brasil se desborda hacia Venezuela, estimulada por los altos precios actuales del oro. En el acuerdo suscrito ante la CIDH, el Estado venezolano se compromete a promover la suscripción de un acuerdo con el Gobierno de Brasil, a los fines de establecer un plan de vigilancia y control conjunto y permanente, para monitorear y controlar la entrada de garimpeiros y la minería ilegal en el área yanomami. Hasta la fecha, esto no se ha concretado.
Aunque el Gobierno Nacional ha demostrado voluntad para abordar estos problemas, las acciones adelantadas no son suficientes. La presencia de garimpeiros se ha hecho permanente y representa un peligro potencial para las comunidades indígenas y la soberanía nacional. Es urgente que las instituciones del Estado venezolano adopten medidas para garantizar la vida y la integridad del pueblo Yanomami que vive en frontera con Brasil.
El coltán: una nueva amenaza
Luego del anuncio que hiciera el Presidente de la República, el 15 de octubre de 2009, sobre el descubrimiento de grandes yacimientos de coltán,1 Venezuela incluye en la lista de sus productos estratégicos al llamado “oro azul”.
Hace unos tres años se inició la fiebre del coltán, que está cambiando la vida de las comunidades de la zona norte del estado Amazonas y el suroccidente del estado Bolívar, en su mayoría indígenas de los pueblos Piaroa, Jivi y Curripaco, así como comunidades de pueblos arawacos (Baniva, Baré, etc.) del municipio Guainía del estado Amazonas, en frontera con Colombia.2
El aumento de la demanda mundial de tantalio, el cierre de minas en Australia y Suráfrica, y las restricciones que la Resolución 1952 del Consejo de Seguridad de la ONU impone a las empresas para evitar la comercialización de coltán ilegal proveniente del Congo,3 constituyen factores que han disparado los precios y presionan la búsqueda de fuentes productoras adicionales, como los yacimientos de Colombia y Venezuela. Esto ha desatado la proliferación de la minería ilegal y el contrabando a través de redes de comercialización que, mayormente a través de Colombia, venden a compradores
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internacionales,4 quienes utilizan a los indígenas como fuerza de trabajo y varias comunidades se han incorporado a esta actividad.5
En enero de 2010, el presidente Hugo Chávez informó que las reservas del mineral pudieran alcanzar los 100 mil millones de dólares. Aseguró que la minería ilegal cuya producción estaba siendo trasladada a Colombia, obligó a acordonar la zona con fuerzas de seguridad,6 en la llamada “Operación Oro Azul”, que cuenta con más de 15 mil efectivos de las Fuerzas Armadas.7
El Gobierno Nacional anunció que a través del Ministerio para las Industrias Básicas y Minería, impulsará un proyecto especial de aprovechamiento en los municipios Cedeño del estado Bolívar, y Atures, Autana, Atabapo y Manapiare del estado Amazonas. La región a evaluar comprende aproximadamente 176.300 Km2.8 Para ello se creará una empresa nacional de minerales estratégicos y se menciona a China y Suráfrica como posibles socios.9
Según el gobierno, dicha explotación cumplirá con un “código ambientalista”.10 Sin embargo, no se considera que la región corresponde al hábitat y territorios ancestrales de al menos 15 pueblos indígenas, ninguno de los cuales cuenta con títulos de propiedad sobre sus tierras, lo que los coloca en una situación de vulnerabilidad jurídica frente a proyectos de desarrollo promovidos por el Estado. Por otra parte, no se ha contemplado la consulta previa, libre e informada; la participación de los pueblos y comunidades indígenas en el diseño e implementación del proyecto; los estudios de impacto ambiental y sociocultural; ni el tema de la distribución de beneficios a las comunidades.
El Plan Caura
En el mes de abril de 2010, el vicepresidente de la República, Elías Jaua, anunció la activación del Plan Caura para detener la devastación ambiental generada por la minería ilegal en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.11 Según Alejandro Hitcher, Ministro del Ambiente, el Plan Caura abarca todo el territorio conformado por los ecosistemas de alto valor ecológico de la margen derecha del río Orinoco.12 Para proteger esta extensa región, se decidió incrementar la presencia militar con una operación que movilizó a 2.800 efectivos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, más de 12 aeronaves y fiscales especiales del Ministerio Público.13
Informes oficiales dan cuenta de la grave situación de contaminación ambiental por el uso del mercurio, que está afectando la salud de las comunidades que viven a las márgenes de los ríos, por consumo de pescado cuyos niveles se encuentran por encima de la media aceptada por la OMS.14
Hacia finales del mes de agosto, se había logrado desalojar a más de 20 mil personas que se dedicaban a la extracción de oro, diamantes y coltán; se había recuperado más de 30 mil hectáreas y evitado que mafias internacionales sacaran del país más de 1.200 kilos de oro15 y 4.000 quilates de diamantes, inhabilitando 299 campamentos mineros y detectando 14 pistas ilegales.16
Según Alberto Rodríguez -coordinador de la organización indígena KUYUJANI, que agrupa a 53 comunidades Ye´kuana y Sanema de la cuenca del Caura- “como pueblos indígenas hemos estado siempre defendiéndonos de la actividad minera, por ello aplaudimos el Plan Caura, impulsado por el gobierno nacional”, sin embargo “hasta ahora no hemos tenido una participación directa”.17
Lucha del pueblo Yukpa por la recuperación de su territorio ancestral
A partir de los años 30 los Yukpa fueron desplazados por hacendados ganaderos, desde el pie de monte hacia las zonas montañosas de la Sierra de Perijá en la frontera con Colombia (estado Zulia). Durante la década de los 70 los Yukpa iniciaron la
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recuperación del piedemonte mediante la ocupación de haciendas. Desde entonces han sido víctimas de permanente hostigamiento por parte de los ganaderos de la zona -con el apoyo de las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares. En 2001 reanudaron las ocupaciones de tierras y en 2004 se organizaron para exigir la suspensión de los proyectos de expansión minera, la derogación de las concesiones carboníferas y reclamar la demarcación de los territorios indígenas en la Sierra de Perijá.
Uno de los líderes fundamentales en la lucha por la recuperación de las tierras Yukpa ha sido el Cacique Sabino Romero Izarra, quien ha mantenido una posición firme en defensa del territorio Yukpa, cuya autodemarcación abarca 285.000 ha., frente a la propuesta oficial, que abarcaría un territorio mucho menor, fragmentado en sectores aislados, sin afectar las haciendas ganaderas y las concesiones mineras.
El 12 de octubre de 2009 el gobierno nacional hizo entrega de títulos de propiedad colectiva a tres sectores del pueblo Yukpa: Tinacoa, Aroy y Shirapta, beneficiando a 33 comunidades, con una superficie total de 41.630 ha. Restan cuatro sectores: Toromo, Neremü, Khasmera y Tokuko, cuyos caciques rechazan la propuesta gubernamental por considerar que les están quitando territorio, y porque defienden la autodemarcación de todo el territorio yukpa frente a la entrega de lotes por sectores.
El Estado contra Sabino Romero, Olegario Romero y Alexander Fernández
Días antes de la entrega de los títulos, emisoras de radio locales difundieron una matriz de opinión, en la que ganaderos y miembros del Frente Revolucionario Campesino acusaban a Sabino Romero de robar varios lotes de ganado.
Sabino Romero, ofendido por la participación del Cacique Olegario Romero en la campaña difamatoria, el 13 de octubre de 2009 se fue “con todos, con la familia para resolver la cosa como yukpas”. Iba desarmado y junto a él algunos de sus hijos y algunas mujeres.18 El encuentro derivó en un enfrentamiento entre las familias de los caciques Olegario Romero de la comunidad Guamo Pamocha y Sabino Romero de la comunidad Chaktapa, en el que resultaron dos muertos y cinco heridos, entre estos el propio Sabino Romero Izarra. Los Yukpas de Chaktapa señalan a Olegario Romero como autor material y cabecilla de los atentados.
El 22 de octubre de 2009 la Jueza Judith Rojas ordenó la privación preventiva de libertad de Sabino Romero Izarra, Olegario Romero y Alexander Fernández por los delitos de homicidio, agavillamiento en perjuicio del estado venezolano, robo de ganado y lesiones. Asimismo, declaró sin lugar el conflicto de competencia presentado por los abogados defensores a favor de la jurisdicción indígena, según lo establecido en el artículo 260 de la CRBV, que les da derecho a ser juzgados por autoridades legítimas de su pueblo indígena, aplicando instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales.
Desde entonces estuvieron detenidos en el Fuerte Militar Macoa en Machiques de Perijá. Se enfermaron por las precarias condiciones del lugar, sin recibir atención médica adecuada, y fueron incomunicados de su familia y sus abogados defensores por las restricciones para las visitas. Tres mujeres familiares de Sabino Romero Izarra, denunciaron haber sido víctimas de maltratos sexuales por parte de los guardias del Fuerte en varias ocasiones cuando acudieron a visitar a su pariente.
El 25 de febrero de 2010 los abogados defensores interpusieron una acción de amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), solicitando que el caso sea juzgado por la jurisdicción especial indígena.
Luego de más de cuatro meses el TSJ no había emitido un pronunciamiento. El 20 de julio más de 80 Yukpas y miembros de movimientos sociales, se trasladaron a Caracas y se apostaron a la entrada del TSJ para exigir una respuesta.
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El 22 de julio el TSJ, alegando que “la presente causa ha perturbado la tranquilidad y cotidianidad de la comunidad indígena del estado Zulia (etnia Yukpa)”,19 ordenó remitir la causa al estado Trujillo y trasladar a los detenidos a la Cárcel Nacional de Trujillo. Con esta decisión, se alejó a los detenidos cientos de kilómetros de su zona de origen, limitando el acceso de sus familiares, amigos y defensores.
Finalmente, el 30 de julio la Sala Constitucional del TSJ decidió declarar inadmisible el amparo solicitado,20 con base en los siguientes argumentos:
a) La magnitud del delito cometido. Por tratarse de una acusación por homicidio, según la decisión del TSJ, el caso debe ser juzgado por la justicia ordinaria y la jurisdicción indígena solo podría conocer en casos de delitos menores.
b) La inexistencia de un Tribunal Especial Indígena que conozca del caso. Con este argumento se desconocen las figuras tradicionales indígenas de administración de justicia reconocidas por la CRBV y la LOPCI.
c) Inexistencia de normas y procedimientos especiales que regulen este tipo de casos.
d) Incompatibilidad de la jurisdicción especial indígena con la jurisdicción ordinaria. Según el TSJ no habría tal incompatibilidad en casos de delitos menores.
e) El lugar del suceso no está delimitado como tierra indígena, se trata de tierras en litigio que el Estado no ha demarcado y titulado. Según este argumento, el Estado no reconoce las tierras indígenas como tales a menos que estén demarcadas y tituladas, desconociendo el derecho originario reconocido en la CRBV.
El 24 de agosto se constituyó el tribunal que lleva el caso en el Estado Trujillo. El cacique Olegario Romero recusó la defensa pública y aceptó como defensor al consultor jurídico de la Asociación de Ganaderos de Machiques – GADEMA, representante de los enemigos históricos de los Yukpa.
Según la Sociedad Homo et Natura, este juicio está viciado desde el inicio, y busca condenar al cacique Sabino Romero para sacarlo de la escena del proceso de demarcación del territorio Yukpa, para quebrar la resistencia y la unidad Yukpa en la defensa de su territorio original.21
Huelga de hambre del hermano Korta
La prisión y juicio de los tres Yukpas desencadenó una serie de protestas en Machiques, Maracaibo, Trujillo y Caracas. El 18 de octubre de 2010, el hermano jesuita de origen español José María Korta, de 81 años de edad –aliado histórico de la causa indígena y fundador la Universidad Indígena de Venezuela (UIV)-, inició una huelga de hambre frente a la Asamblea Nacional en Caracas, como medida de denuncia por la no implementación de los principios constitucionales en materia indígena y en demanda de la excarcelación del cacique Sabino Romero y demás presos yukpa. Participaron en la protesta un nutrido grupo de indígenas de varias regiones del país, familiares del cacique Sabino Romero, miembros de movimiento sociales y diversos aliados de la causa indígena.
En el marco de la huelga de hambre de Korta, la Fundación Causa Amerindia Kiwxi22 presentó una propuesta al gobierno nacional en la que planteaban:
a) Respeto y aplicación inmediata de la jurisdicción especial indígena en el caso de SABINO ROMERO IZARRA y demás presos yukpa recluidos en Trujillo.
b) Admisión de la propuesta de autodemarcación del hábitat y tierra Yukpa y demás pueblos y comunidades que hayan presentado propuestas.
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c) Determinar claramente los alcances de la materialización de los derechos colectivos reconocidos a los pueblos indígenas.
d) Establecer un compromiso de acción del Gobierno Nacional mediante una HOJA DE RUTA para implementar la materialización de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.23
Días después de iniciada la huelga, el hermano Korta, junto a varios indígenas y aliados, fueron recibidos por los Ministros del Ambiente y de Pueblos Indígenas, quienes prometieron reiniciar el proceso de demarcación.
Finalmente el vicepresidente de la República, recibió al hermano Korta y acordaron elaborar la hoja de ruta para viabilizar la implementación de los derechos indígenas. Asimismo se comprometió a viajar junto a Korta a los estados Apure y Zulia, para conocer directamente los problemas de las comunidades indígenas. Viendo la buena fe del Gobierno para responder a los reclamos que se estaban haciendo, Korta levantó la huelga de hambre el 25 de octubre.
La hoja de ruta
Levantada la huelga de hambre, se inició un proceso colectivo de discusión para el diseño de la hoja de ruta. En las discusiones participó un nutrido grupo de indígenas, en su mayoría estudiantes de la UIV y Yukpas vinculados a Sabino Romero, el propio hermano Korta, así como activistas y movimientos como la Sociedad Homo et Natura y otros aliados.
El 8 de noviembre se congregaron en la Plaza Bolívar de Caracas, más de cien representantes de 12 pueblos indígenas, movimientos sociales y demás aliados. La marcha encabezada por Korta recorrió el centro de la ciudad hasta la vicepresidencia de la República, donde entregaron la “hoja de ruta de los pueblos indígenas” al vicepresidente. No obstante, antes de iniciar la caminata, un grupo de indígenas del estado Zulia (Yukpa, Barí y Wayuu), así como miembros de la Sociedad Homo et Natura y otros simpatizantes, se retiraron y no acompañaron la marcha por considerar que el documento que Korta entregaría a Jaua era distinto al que se había acordado colectivamente, incorporando la aceptación explícita de la instalación de bases militares en zonas fronterizas.
La hoja de ruta plantea tres exigencias básicas:
1. Autodemarcación de los hábitat y territorios indígenas con la participación efectiva de las comunidades, saneamiento de terceros y titulación de la propiedad colectiva.
2. Liberación de Sabino Romero Izarra, Olegario Romero y Alexander Fernández, y reconocimiento de la jurisdicción especial indígena.
3. Creación del Consejo Presidencial de Pueblos Indígenas que viabilice la autodemarcación, la jurisdicción indígena y la definición de políticas específicas. 24
La falta de respuesta del gobierno nacional motivó nuevamente al hermano Korta a pronunciarse en relación al conflicto en la Sierra de Perijá, “dando voto de confianza a los pronunciamientos de la Sociedad Homo et Natura, por su acompañamiento perseverante, leal y solidario con el Pueblo Yukpa”.25
Demarcación de tierras indígenas y el caso del pueblo Barí
La CRBV y demás leyes reconocen el derecho indígena a la propiedad colectiva de sus hábitat y territorios. Sin embargo, la lentitud del proceso de demarcación entre el 2005 y el 2009, el desconocimiento de las autodemarcaciones presentadas por varias
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organizaciones indígenas y la paralización del proceso desde el 2009, han convertido el tema en uno de los principales motivos de descontento de los pueblos indígenas de Venezuela.
El 30 de noviembre de 2010 la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia publicó una sentencia a favor del pueblo indígena Barí de la Sierra de Perijá y de la Asociación Civil BOKSHIBIKA –órgano de representación de la comunidad Barí de Bokshí– que sienta un importante precedente jurídico reconociendo que la implementación del derecho a la propiedad colectiva de las tierras indígenas está en mora, y ratificando la obligación del Ejecutivo Nacional de demarcar dichos territorios. En consecuencia, ordenó al Ministerio del Ambiente que proceda a demarcar los territorios que corresponden a la etnia Barí, para lo cual dispondrá de un lapso máximo de seis meses, y ordenó a la Procuraduría General de la República que –cumplido el procedimiento previsto– emita un título protocolizable sobre dichas tierras.26
Preparado por Aimé Tillett (Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía – WATANIBA), con la colaboración de María Teresa Quispe, Tatiana Arcos, Linda Manaka Infante, José Antonio Kelly, Johanna Goncalves, Carlos Botto y Luis Jesús Bello.
1 El nombre ‘coltán’ procede de la abreviatura de columbita y tantalita, minerales que contienen niobio y tántalo, dos metales con aplicaciones en las industrias electrónica, aeroespacial, médica y metalúrgica, entre otras. La mayor parte de la producción se destina a la elaboración de teléfonos móviles, videojuegos, computadores portátiles, etc.
2 Infante, L. M. 2010. El boom del Coltán y el exterminio de los pueblos indígenas.
3 Zerpa, F. y D. González. “El país en la mira de traders y agencias de inteligencia”, en El Nacional, 15.12.2010.
4 González, D. “La fiebre por el oro azul”, en El Nacional, 15.12.2010.
5 González, D. “Denuncian explotación de indígenas en extracción de coltán”, en El Nacional, 17.12.2010.
6 Prensa MIBAM, 18.01.10.
7 Gobierno Bolivariano de Venezuela. 2010. “Coltán el oro azul”, Paréntesis. 4ta. Edición. Pág. 14.
8 Idem, 17-18.
9 González, D. “La otra historia del descubrimiento”, en El Nacional, 14.12.2010.
10 Gobierno Bolivariano de Venezuela. 2010. “Coltán el oro azul”, Paréntesis. 4ta. Edición. Pág. 18.
11 González, M. E. “Activado plan Caura para combatir la devastación ambiental”. Prensa CVG. 24.04.10.

12 Bustamante, S. “Gobierno Bolivariano detiene la minería ilegal para recuperar los ecosistemas afectados”. Prensa Minamb. 11.05.10.
13 González, M. E. “Activado plan Caura para combatir la devastación ambiental”. Prensa CVG. 24.04.10.
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14 Da Costa, Z. “La contaminación ambiental por mercurio es un hecho”, en Nueva Prensa de Guayana, 06.05.10.
15 Agencia Venezolana de Noticias. “Mayor general Rangel Silva destaca éxito del Plan Caura”. 29.08.10.
16 López, M. “Plan Caura ha evitado la salida del país de 1 tonelada de oro y 4.000 quilates de diamantes”, en El Correo del Orinoco, 28.05.10.
17 Delgado Mijares, Y. “Indígenas piden inclusión en Plan Caura”, en Ciudad CCS, 18.05.10.
18 José Korta, colectivos Causa Amerindia Kiwxi, Universidad Indígena de Venezuela. 11.02.11. Pronunciamiento en relación al conflicto en la Sierra de Perijá, territorio ancestral Yukpa.
19 TSJ – Sala de Casación Penal. 22.07.10. Decisión Nº 298. Magistrado Ponente Doctor Eladio Ramón Aponte Aponte. < http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/Julio/298-22710-2010-A10-231.html>
20 TSJ – Sala Constitucional. 30.07.10. Expediente Nº 10-0192. Magistrada ponente: Luisa Estella Morales Lamuño.
21 Sociedad Homo et Natura. 2010. Notas sobre el caso del Cacique Yukpa Sabino Romero (III).
22 Organización no gubernamental indigenista fundada en 1992 por el Hno. José María Korta para revitalizar culturalmente a los pueblos amerindios mediante procesos de autoconcientización.
23 Fundación Causa Amerindia Kiwxi. 20.10.10. Pronunciamiento de la Fundación Causa Amerindia Kiwxi ante la huelga de hambre iniciada por el Hno. José María Korta, s.j.
24 Hoja de Ruta – Versión Oficial. Declaración de los indígenas en defensa de la Revolución y de sus derechos reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 08.11.10.
25 José Korta, colectivos Causa Amerindia Kiwxi, Universidad Indígena de Venezuela. 11.02.11. Pronunciamiento en relación al conflicto en la Sierra de Perijá, territorio ancestral Yukpa.
26 TSJ – Sala Político-Administrativa. 30.11.10. Exp. Nº 2002-0500. Magistrado Ponente: Emiro García Rosas.
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22 abr. 2011

El Consejo Nacional Urbano y Campesino de Tlaxcala, denuncia hostigamiento por parte del mal gobierno. Actualizado 21 de abril.

Compañeros y compañeras, el Consejo Nacional Urbano y Campesino les hace llegar la siguiente DENUNCIA.

Que desde el día viernes 15 de abril, un vehículo nissan tsuru color blanco con placas XUK 48-51 del estado de Tlaxcala con dos sujetos a bordo se ha estacionado frente a la casa de nuestra compañera LUZ RIVERA MARTINEZ compañera adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y a la Otra Campaña e integrante de nuestra organización, dichos sujetos en todo momento realizan labor de “vigilancia” sobre la casa y este día siguieron el vehículo de la compañera y se mantuvieron en el lugar donde se quedo estacionado el carro, fuera de la casa de nuestra organización, lugar donde se han realizado reuniones y se recibió a la comisión sexta a su paso por Tlaxcala en el último recorrido que realizó el delgado zero, esto en Tlaxcala capital.

Hace unas horas, los compañeros de CNUC que se percataron de su presencia, decidieron acercarse a ellos y cuestionarlos sobre el por qué de su hostigamiento y presencia en el lugar y sobre su identidad a lo que respondieron que son policías ministeriales (uno de ellos saco de entre sus ropas un gafete el cual no nos permitió revisar) de la procuraduría del estado y que se encuentran en labor de investigación y que si teníamos más dudas fuéramos a hablar con la procuradora del estado (Lic ALICIA FRAGOSO SANCHEZ) ya que era ella quién había ordenado que desarrollaran esa labor. Después de esto ambos sujetos permanecieron en el lugar y ya después de unos minutos se alejaron unos cuantos metros a bordo del mismo vehículo. Posteriormente cuando el vehículo de nuestra compañera se dirigió a su casa en el poblado de Tepeyanco el mismo vehículo con los sujetos que se presentaron como judiciales siguieron de cerca al carro y hasta el momento se encuentra fuera de la casa.

Compañeros y compañeras, la labor de la compañera LUZ RIVERA es y ha sido en todo momento la de acompañar las dignas y justas luchas de los pueblos y su actuar en todo momento ha sido civil y pacifica sin vinculo alguno con con cualquier grupo o acción criminal o que se pueda considerar como la comisión de delito alguno.

Pensamos que el hostigamiento y persecución hacia nuestra compañera obedece a que CNUC y otras organizaciones han emprendido una lucha importante por fertilizante y en contra de una ley que recién se aprobó en el estado y que da entrada a la siembra de maíz transgénico.

Compas, le solicitamos re enviar esta denuncia y a estar atentos a cualquier llamado de solidaridad.

VIVA LA SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA
NO A LA CRIMINALIZACION DE LA ORGANIZACIÓN Y LA PROTESTA
VIVA EL EZLN

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Actualización 21 de abril
Compañeros, antes que nada les agradecemos por difundir y seguir atentos a los hechos de hostigamiento contra la compañera Luz Rivera Martínez por parte de policías judiciales del estado de Tlaxcala.

Hasta este día jueves 21 de abril de 2011 ha seguido la presencia de sujetos que siempre viajan en pareja a bordo de distintos vehículos a las afueras de la casa de la compañera Luz Rivera y cuando el vehículo de su propiedad sale de la casa, los mismos sujetos lo siguen a cualquiera que sea su destino.

Compañeros, como parte de la campaña de denuncia de estos hechos, el día de martes se dio conferencia de prensa por parte de compañeros del Consejo Nacional Urbano y Campesino. Así también como respuesta a esta situación el día de ayer una comisión integrada por compañeros de CNUC se buscaron entrevistar con la procuradora del estado para manifestarle nuestra preocupación e indignación por tales hechos y para exigir cese el hostigamiento y la persecución en contra de la compañera y cualquier otro luchador social en el estado pero no fue atendida la comisión debido según dijo el personal que atendió porque se encuentra fuera del estado.

También hemos presentado una queja formal ante la Comisión de Estatal de Derechos Humanos para su intervención ante tal violación a las garantias que protegen a los individuos y que les aseguran su participación política y social así como su derecho a organizarse y manifestarse y dedicarse a la actividad que más le convenga siempre y cuandos sea lícita sin sufrir por ello persecución y hostigamiento de parte del estado o autoridad alguna.

Hasta aquí una pequeña actualización de los hechos de hostigamiento que continuan, seguiremos pendientes y si esta situación continua los invitaremos a participar en acciones de presión al gobierno del estado a partir de la semana próxima.

Saludos combativos desde la Otra Tlaxcala.

CNUC.

Denuncia de la JBG de La Realidad contra autoridades y partidos politicos por agresiones en Monte Redondo

La Junta de Buen Gobierno "Hacia La Esperanza" zona selva fronteriza con
sede la Realidad Trinidad, perteneciente al caracol 1, Madre de los
caracoles del mar de nuestros sueños, denunciamos públicamente las
agresiones y provocaciones que están haciendo las autoridades ejidales de
Monte Redondo junto con las policías del mismo ejido, afiliados al Partido
Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el
Partido Verde Ecologista, y Ángeles Daniel Zúñiga Ballinas, que trabajan
en el ministerio publico de Frontera Comalapa, que agreden y les provocan
a nuestros compañeros bases de apoyo zapatistas del ejido Monte Redondo
municipio autónomo de Tierra y Libertad

La Realidad Chiapas México, 17 de Abril del 2011

DENUNCIA PUBLLICA

A la opinión publica,
A la prensa nacional e internacional,
A los organismos de los derechos humanos
A la sociedad civil nacional e internacional
A I@s adherentes de la otra campaña
al@s adherentes de la sexta internacional
A los Medios de Comunicación Alternativos nacional e internacional

Hermanas y Hermanos:

Por este medio hacemos la siguiente denuncia sobre las provocaciones y
perjuicios que estan haciendo en sus vienes de propiedad a nuestros
compañeros zapatistas del ejido Monte Redondo ubicado en el municipio
oficial de frontera Comalapa, Chiapas. Desde cuando estaba de Gobernador
del estado de Chiapas Absalón Castellanos Domínguez y como presidente
municipal de Comalapa Jorge Isaías Melgar, nuestros compañeros zapatistas
sufrían de encarcelamiento, golpeaban a las mujeres y los metían a la
cárcel por orden de éstas personas, y ahora las agresiones que están
teniendo son por parte de Ángeles Daniel Zúñiga Ballinas del ministerio
público de Frontera Comalapa y de las autoridades del ejido Monte Redondo
que son del partido Verde Ecologista, PAN y PRD.

Nuestros compañeros y compañeras son legítimamente dueños de sus tierras
ya que las tierras que ellos poseen fueron comprados por el sudor de sus
frente, únicamente 3 hectáreas que le pertenece a la compañera Alba de
León fue entregado desde hace 31 años por el comisariado ejidal Ramiro de
León de León. Estas tierras lo están trabajando desde ya hace muchos años.

Resulta que las autoridades del Ejido Monte Redondo, que son Emar Sánchez
Carrillo comisariado ejidal, Hermán de León Osorio agente municipal del
ejido, Miguel de León consejo de vigilancia, Oscar Méndez Robledo suplente
del agente, Filadelfo Hernández secretario del comisariado y el comandante
de policías del ejido, Ausencio Vázquez y Luís Barrios Vázquez. Estas
autoridades comienzan a decir que ellos son dueños de estas tierras por
ser ejidatarios y acusan falsamente a nuestros compañeros que están
quitando tierras de otros señores. Desde hace muchos años nuestros
compañeros bases de apoyo zapatistas han sido victimas de: desalojo,
encarcelamiento injustamente, robos de sus productos como maíz, fríjol,
café, frutas y desde hace tiempo que no les dejan trabajar en paz.

El 7 de septiembre del 2007 encarcelaron a nuestro compañero Patricio
Domínguez Vázquez por el hecho de que andaba limpiando el cafetal que le
corresponde y es propiamente de él.

El 9 de diciembre del 2009 el compañero Carmelino Felipe Pérez estaba
cortando café en su huerta, en ese momento llegaron las autoridades Emar
Sánchez Carrillo, Miguel de León, Filadelfo Hernández acompañados de otras
12 personas mas con nombres, Hernán de León Osorio, Héctor Domínguez,
Genaro Sánchez, Raúl Sánchez, Ubelter García, Horacio Robledo, Julio de
León Palacio, Samuel Domínguez, Evilio Palacios Vázquez, Evilio Palacio
López, Lenin Sánchez y Gonzalo Robledo, se acercaron ante el compañero
para quitarle los 12 bultos de café que ya tenia cortado y a demás
cortaron todo lo que quedaba en las matas.

El 12 de marzo de este año el señor Ebelio Domínguez Rodas desalambró el
potrero de la compañera Alba, nuestra compañera la volvió a componer de
nuevo y el día 15 del mismo mes este señor volvió a quitarlo y el alambre
se lo llevo a su casa; se la robo como medio rollo de alambre.

El día martes 12 de abril 2011 a las 9:00 de la mañana llegaron las
autoridades Emar Sánchez Carrillo, Hernán de León Osorio, Miguel de León,
Oscar Méndez Robledo y las policías que son Emar Vázquez Méndez, Orbe
Pérez Aguilar y Paco Vázquez y otras personas como Adulfo Méndez, Antonio
Ramírez López, Leonardo Vázquez, Hipólito Sánchez, Esteban Vázquez López y
Derli Robledo Vázquez, llegaron en el cafetal donde estaba podando sus
plantas que le iba servir para leña de su servicio, quitaron la leña del
compañero Patricio, lo agarraron a nuestro compañero, lo encarcelaron y
luego el señor Hernán de León Osorio, agente municipal, fue a traer el
señor Gilberto Vázquez Velásquez con su motosierra y estas personas se
fueron a tumbar 8 árboles en su terreno de nuestro compañero, después
llevaron la leña a la cancha publica del ejido y luego fueron a traer al
ministerio público de Frontera Comalapa, acusándole a nuestro compañero
que fue él quien tumbo los 8 árboles, tomándole fotografías, estas
acciones lo tenemos confirmado ya que la compañera Fidelina Vázquez base
de apoyo zapatista vio con sus propios ojos que estaban cortando los
árboles.

También el mismo 12 de Abril a las 3:00 de la tarde el comisariado hizo
una reunión con básicos y avecindados del ejido, solo llegaron 40 personas
e hicieron acuerdo para quemar la casa del compañero Patricio base de
apoyo zapatista. Las autoridades del ejido fueron quiénes impulsaron y
encabezaron esta reunión, elaborando un documento de acuerdo para ver
quienes están de acuerdo en quemar la casa, haciéndoles firmar, pero no
todos entraron de acuerdo porque en el ejido viven 600 familias y la
mayoría no están de acuerdo de lo que están haciendo estas personas.

A las 5:00 de la tarde lo trasladaron el compañero en la cárcel de la
presidencia municipal de Frontera Comalapa sin tener comunicación con la
familia, privándole la libertad de nuestro compañero zapatista.

El día 14 de Abril por la tarde lo trasladaron a la cárcel de Motozintla
Chiapas donde es la cárcel máxima para tenerlo preso al compañero y hasta
la fecha de hoy sigue ahí. Todas estas barbaridades que están haciendo las
autoridades del ejido Monte Redondo como son: robos de pertenencias de
nuestros compañeros como café, alambre, leña; acusaciones falsas como lo
que presentaron con el ministerio publico sobre los 8 árboles que ellos
mismos lo cortaron; amenazas como hace la licenciada Ángeles Daniel Zúñiga
Ballinas de quitar multa y arresto de nuestro compañero base de apoyo
zapatista que expresa en la citatoria que manda con nuestro compañero base
de apoyo el 14 de marzo del 2011; amenazas de quemar la casa, de desalojar
a los compañeros, esto los hacen las autoridades y la gente que lo apoyan
del mismo ejido y todas las provocaciones que ya hicimos mención están
respaldados por el presidente municipal de Frontera Comalapa: David
Escobar, como también el gobernador de Chiapas Juan Sabines Guerrero y
Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la Republica Mexicana.

Es una vergüenza de los tres niveles de gobierno juntos con las
autoridades y algunas personas de Monte Redondo además de tener
autoridades ejidales corruptos que no piensan lo que hacen que no tienen
sentido humano, no saben analizar lo que hacen, es para nosotros una
verdadera injusticia lo que están haciendo estas personas y al personal
que trabaja en el ministerio publico, Ángeles Daniel Zúñiga Ballinas, qué
lástima de su trabajo porque solo se preparan para chingar no para ayudar
alos que lo necesitan y vergüenza es para el presidente municipal David
Escobar de tener trabajadores como estas personas, estamos claro que como
así es uno así son todos.

Ante esta situación les ponemos a sus conocimiento que no vamos a tolerar
estas acciones y mucho menos que nos vamos a dejar; vamos a defender
nuestras tierras como de lugar. Nosotros amamos la tierra, porque de ella
vivimos, la cuidamos, la trabajamos y la defendemos cuando se necesita
hacerlo y por eso, ponemos a su conocimiento a Juan Sabines Guerrero que
aquí va haber muerte, pero por parte de los oficialistas provocadores no
de nuestros compañeros zapatistas, si Juan Sabines no hace nada al
respecto, será cómplice de estas acciones y queda a su responsabilidad si
algo mas grave vaya ocurrir, a demás queda en su historia como la historia
de su papá que mandó a reprimir en Wolonchán. o quiere hacer Juan Sabines
como lo hizo en Chincultik e Hidalgo, del municipio oficial de la
Trinitaria Chiapas. Por eso pedimos la inmediata solución de este problema
ya que nuestros compañeros no tienen problemas con el ejido y no hay razón
de que estén sufriendo estas agresiones. Pedimos que hagan justicia y
corrijan a las autoridades de Monte Redondo, la policía, y a esta persona
Ángeles Daniel que trabaja en el ministerio publico.

También dejamos claro y con la responsabilidad a las autoridades ejidales,
al presidente municipal, a Juan Sabines y a Calderón si esto no le dan
solución serán los culpables de lo que vaya a pasar con nuestros
compañeros.

Pedimos que de inmediato liberen a nuestro compañero Patricio Domínguez
Vázquez y dejen en paz a nuestros compañeros bases de apoyo del Ejercito
Zapatista de Liberación Nacional de este ejido para que puedan trabajar
tranquilamente sus tierras.

Estaremos al pendiente de nuestros compañeros y compañeras

ATENTAMENTE
JUNTA DE BUEN GOBIERNO
HACIA LA ESPERANZA
ZONA SELVA FRONTERIZA

MARISOL, AUGUSTO, RANGEL, FANNI

Exigen zapatistas liberacion de indigena de Monte Redondo acusado falsamente

San Cristóbal de las Casas. La junta de buen gobierno
(JBG) Hacia la esperanza, de la zona selva fronteriza, con sede en La
Realidad, denunció que Patricio Domínguez Vázquez, base de apoyo del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), fue agredido en su
propiedad ejidal en Monte Redondo (Frontera Comalapa) por autoridades
ejidales, acusado de cargos falsos, secuestrado y entregado a la agente
del Ministerio Público (MP) Ángeles Daniel Zúñiga Ballinas, quien
inmediatamente determinó encarcelarlo en el penal de Motozintla. La JBG
exige la liberación inmediata del preso zapatista.

Refiere la junta que el pasado martes 12, a las 9 horas, llegaron al
cafetal de Domínguez Vázquez las autoridades ejidales Emar Sánchez
Carrillo, Hernán de León Osorio, Miguel de León y Óscar Méndez Robledo,
así como los policías Emar Vázquez Méndez, Orbe Pérez Aguilar y Paco
Vázquez, y otras personas. El campesino zapatista "estaba podando sus
plantas para leña de su servicio.

"Las autoridades mencionadas le quitaron la leña, lo agarraron, lo
encarcelaron, y el agente municipal fue a traer a Gilberto Vázquez
Velásquez con su motosierra; tumbaron ocho árboles en el terreno de
Patricio; después llevaron la leña a la cancha, acusando a nuestro
compañero de que tumbó los árboles, y le tomaron fotografías."

La JBG asegura tener confirmados los hechos. También que horas después "el
comisariado hizo una reunión con básicos y avecindados del ejido, y sólo
llegaron 40 personas", siendo que en Monte Redondo hay 600 familias. El
pequeño grupo acordó "quemar la casa del compañero". Allí se redactó un
documento, pero la mayoría se negó a firmarlo, pues "no está de acuerdo".

Domínguez Vázquez fue encarcelado la misma tarde del día 12 en la
presidencia municipal de Frontera Comalapa, "sin tener comunicación con la
familia", y el 14 fue remitido a la cárcel de Motozintla.

La JBG cita agresiones y pillajes anteriores contra los zapatistas del
ejido. Las "barbaridades" que están haciendo las autoridades de Monte
Redondo son: "robo de pertenencias de nuestros compañeros, como café,
alambre, leña; acusaciones falsas, como los árboles que ellos mismos
cortaron; amenazas, como hace la licenciada Zúñiga Ballinas, y
advertencias (de los representantes ejidales) de quemar la casa y
desalojar a los compañeros".

Estas "provocaciones" son respaldadas por el presidente municipal David
Escobar, así como por los gobiernos estatal y municipal: “Es una vergüenza
de los tres niveles de gobierno, junto con las autoridades ejidales
corruptas y algunas personas de Monte Redondo… que no tienen sentido
humano, no saben analizar lo que hacen". La JBG lo considera "una
verdadera injusticia".

De la agente del MP en Frontera Comalapa expresa la junta: "Que lástima de
su trabajo, porque sólo se preparan para chingar, no para ayudar a los que
lo necesitan".

Durante "muchos años", las bases zapatistas han sido víctimas de desalojo,
encarcelamiento injusto, robos de maíz, frijol, café y frutas, además de
que desde hace tiempo no los dejan trabajar en paz". La JBG, ubicada en el
caracol Madre de los caracoles del mar de nuestros sueños, advierte que ya
no tolerará estas acciones. "Nosotros amamos la tierra, porque de ella
vivimos, la cuidamos, la trabajamos y la defendemos. Ponemos al
conocimiento del gobernador Juan Sabines Guerrero que aquí va haber
muerte, pero por parte de los oficialistas provocadores, no de nuestros
compañeros zapatistas. Si Sabines no hace nada al respecto, será
cómplice."

La JBG responsabiliza de las "agresiones y provocaciones" contra las bases
de apoyo zapatistas del municipio autónomo Tierra y Libertad a las
autoridades ejidales y los policías de Monte Redondo, todos afiliados a
los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Verde
Ecologista, así como a la MP Zúñiga Ballinas.

http://www.jornada.unam.mx/2011/04/20/index.php?section=politica&article=015n2pol



Comunicado completo de la JBG

http://www.jornada.unam.mx/2011/04/20/index.php?section=politica&article=015n3pol



Sicarios al servicio de Rogaciano Alba lo tirotearon, tras 30 meses de
hostigamiento: Tadeco

Matan a Javier Torres, líder ecologista en Guerrero

Sergio Ocampo Arista

Chilpancingo, Gro., 19 de abril. El campesino Javier Torres Cruz,
integrante de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de
Petatlán y Coyuca de Benítez, fue asesinado a balazos la tarde del lunes
pasado, en un ataque por el cual su hermano Felipe Torres resultó herido,
informó la organización no gubernamental Taller de Desarrollo Comunitario
(Tadeco).

El Tadeco afirmó en un comunicado que el campesino ecologista de 30 años,
"después de dos años y medio de feroz hostigamiento y persecución, fue
asesinado el lunes a las 5:30 de la tarde por sicarios al servicio de
Rogaciano Alba Álvarez".

Según el Tadeco, Torres Cruz fue emboscado "cerca de La Morena (municipio
de Petatlán). Su hermano Alejandro Torres relató que Javier se trasladaba
desde Puerto de la Mosca, ubicado entre las comunidades de La Morena y La
Barranca, en la sierra de Petatlán, cuando fue balaceado por un grupo de
hombres de apellido Arreola, al servicio de Rogaciano Alba", quien
actualmente está preso en el penal del Altiplano por delincuencia
organizada, delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso
exclusivo del Ejército.

Indicó que los hermanos de Javier intentaron ayudarlo, pero “fueron
recibidos a tiros, resultando herido Felipe. La familia Torres pidió
auxilio a la policía estatal y al cuartel militar del 19 Batallón con sede
en Petatlán, pero les fue negada la petición con el argumento de que ‘no
querían meterse en problemas’”.

El Tadeco recordó que Javier Torres, "agobiado por las frecuentes
amenazas, agresiones y el asesinato de algunos de sus familiares por
despojarlos de su tierra, interpuso demanda penal contra Rogaciano Alba,
por el asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y
Plácido. A partir de ahí su familia viene siendo amenazada, y cada vez era
más frágil, especialmente después de su secuestro e intento de
desaparición en diciembre del 2008".

Se añadió en el comunicado que "el 21 de diciembre del 2008, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos acordó otorgar medidas cautelares para
Javier; él mismo las reclamó el 7 de agosto del 2009 ante el titular del
Ministerio Público de Azueta de la Procuraduría de Justicia del Estado de
Guerrero, quien se presentó en la comunidad La Morena para tomarle
declaración ministerial sobre la averiguación previa AZUE/PETA/111/2008,
las cuales nunca le fueron otorgadas de manera dolosa".

Para el Tadeco, el asesinato de Javier Torres fue resultado "de la
estrategia de despojo y explotación de los grupos de poder económico y
político, que en contubernio con los malos gobiernos y la delincuencia
mantienen una guerra de exterminio de pueblos y comunidades en el país y
en particular en la sierra de Guerrero".

Con información de Héctor Briseño

http://www.jornada.unam.mx/2011/04/20/index.php?section=estados&article=028n2est



El académico aún puede ampararse, dice abogado de Sin Fronteras

Denuncia ONG que el INM violó derechos de Proiettis al deportarlo

Víctor Ballinas

En la deportación del periodista italiano Gianni Proiettis, quien vivía en
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y era colaborador del periódico Il
Manifiesto, "se cometieron violaciones a sus derechos humanos por parte
del Instituto Nacional de Migración (INM) y otras autoridades", sostuvo
Perceo Quiroz, de la organización no gubernamental (ONG) Sin Fronteras. El
subcoordinador de defensoría de Sin Fronteras aclaró que “hemos tenido
conocimiento indirecto del caso, ya que otras organizaciones pro derechos
humanos de Chiapas y del Distrito Federal nos pidieron opinión de cómo
ayudar a Proiettis, quien temía ser deportado.

"Desde hace mes y medio o dos meses sabíamos de este caso, y dimos
asesorías para promover el amparo, porque ya él tenía temor, y otros de
sus compañeros también temían que lo deportaran."

Además de colaborar en Il Manifiesto, Proiettis es catedrático de la
Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), en la Facultad de Ciencias
Sociales, en San Cristóbal de las Casas.

El INM lo deportó el pasado sábado, tras ser detenido por policías
federales, "pero no se supo de qué se le acusaba", denunció ese día su
esposa, Maribel Rotondo.

El abogado de Sin Fronteras refirió que la deportación de Proiettis fue
fast track, similar a la del catedrático colombiano Miguel Ángel Beltrán
Villegas. A los dos se les citó en el INM, y ahí los detuvieron. Los dos
fueron enviados en vuelos privados: Beltrán de Toluca a Colombia, y
Proiettis de Chiapas al Distrito Federal; lo enviaron en jet, para horas
después deportarlo a su país”.

Aún se puede recurrir al amparo para intentar que "el profesor vuelva al
país, pero esto lleva tiempo, porque se requiere que él dé un poder a su
representante, pero es posible el juicio de amparo", dijo el abogado.

http://www.jornada.unam.mx/2011/04/20/index.php?section=politica&article=016n2pol
Hermann Bellinghausen

Cacique Sabino y Alexander: “nos declaramos en desobediencia contra la justicia ordinaria”


Yo, Sabino Romero Izarra, Cacique Yukpa de la comunidad de Chaktapa y Alexander Fernández Fernández: “Desde hoy martes, 12 de abril de 2011, nos declaramos en desobediencia contra la justicia ordinaria”

1. Expresamos públicamente nuestra decisión de no volver a la Cárcel Nacional de Trujillo donde nos trasladaron por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al simulado juicio que se ejecuta contra nosotros en el Circuito Judicial Penal de Trujillo por considerar que de esta manera estamos aceptando la violación de nuestros propios derechos y la de todos los pueblos indígenas de Venezuela y del mundo.

2. Nosotros somos indígenas y como tales debemos ser juzgados por nuestras propias leyes, por el Derecho Consuetudinario Yukpa como siempre lo hemos hecho sin pedirle permiso a nadie. Sólo que por intereses económicos, políticos y militares de Estado y de pudientes ganaderos organizados en la Asociación de Ganaderos de Machiques (GADEMA), invasores de nuestro territorio, hoy se nos han impuesto arbitrariamente todas las violaciones posibles, negándose con esto la propia Constitución, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Convenios firmados con la OEA.

Nos dividieron e inculcaron odios entre las familias

3. El enfrentamiento entre nuestras familias se debió a la división y el odio inculcados a un sector de nuestras familias por parte del Presidente de GADEMA y su Consultor Jurídico Alfonso Chacín hoy presente en el juicio por ser desde hace unos meses el abogado privado de uno de nuestros hermanos presos y por la injerencia directa de altos personeros del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, de Pueblos Indígenas y del Ambiente en el marco del proceso de demarcación de nuestro territorio (2004-2011) y el pago de las bienhechurías de las haciendas solicitado por el Propio Presidente de la República Hugo Chávez Frías, el domingo 24 de agosto de 2009 en un Aló Presidente.

Se montó un juicio simulado para condenarnos

4. Ocurrido el enfrentamiento para frenar de esta manera el proceso de recuperación de nuestras tierras del río Yaza ocupadas a sangre y fuego por hacendados invasores, entre ellos Los Vargas y Chacín (1940-1958), el CICPC por orden ministerial monta un interrogatorio parcializado en un 99% con testigos referenciales de una sola familia en conflicto ­–la familia de Olegario Romero que defiende hoy el ganadero Chacín­­–. Mientras se montan las acusaciones en contra nuestra para levantarnos un juicio, el CICPC me tortura (Alexander) para que a través del terror culpara a Sabino de las muertes, incluida la de su yerno Ever, esposo de una de sus hijas, Guillermina. Por mi rechazo a aceptar este chantaje, yo, Alexander, quedo detenido y acusado de matar a mi esposa, Nireya, que en ese momento se encontraba embarazada, y a Ever, yerno de Sabino.

5. Sobre estas mentiras montadas se estructura por parte de 7 Fiscales del Ministerio Público un mamotreto de 90 páginas llamado Expediente Nº TP01-2010-002649 contra nosotros, donde colocan a Alexander Fernández Fernández como el que disparó contra Nireya y a Sabino Romero Izarra como el que dio la orden de matarla. A Olegario Romero Romero lo acusan de haber disparado, pero como el que disparó una sola vez al aire para salvar de una lluvia de balas (tipo Vietnam como él mismo informó al CICPC) a las familias de su comunidad Guamo Pamocha.

6. Resultando que el Fiscal coordinador Víctor Raúl Valbuena semanas antes venía siendo denunciado por nosotros y la Sociedad Homo et Natura por haber engavetado el expediente contra un miembro de la familia Vargas acusado de haberle ocasionado la muerte a mi padre (Sabino), José Manuel Romero, un anciano de 90 años, en una incursión en nuestra comunidad Chaktapa acompañado de sicarios para asesinarme (Sabino) presuntamente por haberme robado 5 vacas lecheras de la hacienda vecina Kusare, donde hoy es cacique Olegario Romero Romero. Hacienda esta negociada hoy con los Vargas y GADEMA por la familia de Olegario a cambio del servicio que le presta Alfonso Chacín como su abogado privado.

7. El único testigo presencial de la muerte de Nireya Romero, esposa de Alexander, sobrina de Olegario y de Sabino es un menor de edad llamado Eddy, quien al otro día de los sucesos el 14 de octubre de 2009 declara en la sede del CICPC Machiques que Alexander mató primero a Ever y luego a Nireya, pero un año después en el juicio oral realizado en Trujillo afirma que Alexander hirió a Nireya por orden de Sabino, y que Ever salió caminando con Sabino a la comunidad Chaktapa. Este montaje no es un caso aislado, todo lo contrario, forma parte de los testigos preparados por el abogado Chacín; obstaculizando la intervención y objeciones formuladas por nuestros abogados defensores por parte de los fiscales y el juez Antonio Moreno Matheus. El abogado hacendado Chacín se transformó en acusador.

8. El Ministerio Público me acusa, de homicidio calificado en GRADO DE DETERMINADOR, es decir por haber ordenado a Alexander disparar contra su esposa, y esto lo hace a partir de testigos referenciales familiares de Nireya, sobrina de Olegario. El único testigo presencial (Eddy) nada dijo al respecto en el interrogatorio realizada por el CICPC el 14 de octubre de 2009, este hecho de acusarme apareció en el año 2010. Los Fiscales me acusaron a partir de testimonios falsos de testigos referenciales.

9. La descripción de los hechos presentado por la Fiscalía para nada concuerda con la Planimetría levantada por el CICPC, las informaciones dadas en los interrogatorios realizados por el CICPC en octubre de 2009 no concuerdan con las emitidas por los testigos de la familia de Olegario en el 2010. Estas acusaciones de la familia de Olegario contra nosotros comienzan sólo cuando el abogado de GADEMA pasa a ser el abogado de Olegario. Antes de comenzar el juicio, las tres familias permanecíamos unidas, juntos decíamos que este juicio ordinario no lo aceptaríamos, juntos fuimos en julio de 2010 a la toma del TSJ por 10 días para que se pronunciara para comprobar si en nuestro país se respetaba o no la justicia indígena.

10. La estrategia del abogado de GADEMA era dividir las familias del Yaza involucradas en este hecho violento y sacar a Olegario acusándonos a nosotros.

Fuimos encerrados en un Fuerte del Ejército

y en la Cárcel Nacional de Trujillo

11. La jurisdicción indígena defendida por nosotros y por nuestros abogados defensores fue violada en el Juzgado de Control de la Villa del Rosario, en el Circuito Judicial Penal de Trujillo, en la Sala Constitucional del TSJ, pero no en el Juzgado Quinto de Maracaibo, donde la Jueza Erika Carroz declinó su competencia y propuso buscar otro lugar de reclusión en la Sierra de Perijá distinto al del Fuerte Macoa. De inmediato la Sala Penal del TSJ por orden de una mano peluda de la Fiscalía o del Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores y Justicia le quita el caso y nos traslada a la cárcel de Trujillo y al Circuito Judicial Penal de Trujillo.

12. Diez meses permanecimos en el Fuerte Macoa de Machiques y 7 en la Cárcel Nacional de Trujillo. En Macoa nuestras mujeres eran desnudadas por orden de inescrupulosos solados encargados de la visitas, mi hija Guillermina, viuda de Ever no fue más a verme, porque en una oportunidad un solado quiso violarla. Estas violaciones fueron denunciadas en la ciudad de Maracaibo ante la Fiscalía 23 encargada de la Mujer y la Familia, en la Defensoría del Pueblo de Maracaibo y Caracas y en los medios de comunicación. Y a hora en el CIDH de la OEA.

13. En el Fuerte Macoa por orden del General Izquierdo Torres no podíamos salir del cuarto, el agua estaba sucia y la comida muchas veces tenía mal olor y residuos de servilletas, huesos y palillos, lo que originaba que nos mantuviésemos enfermos del estómago. Una vez a la semana desde el pasillo nos decían en alta voz que nos iban a matar, que nos íbamos a pudrir en la cárcel por asesinos y ladrones de ganados. El 31 de Diciembre nos iban aplicar Ley de Fuga un soldado a media noche nos dijo que nos podíamos escapar.

14. En la cárcel nos ubicaron en el pabellón de los evangélicos que al no lograr nuestra participación activa en sus cultos, nos discriminaban y nos castigaban, me sentaban, en una silla toda la noche en el baño cerca de la letrina sin permitirme dormir.

15. Vimos cosas horribles, en más de una oportunidad trataron de apuñalearnos. Ya para el mes de marzo era insoportable nuestra permanencia en el pabellón nuevo donde nos trasladaron. Ya estaba amenazado de muerte.

16. Fueron las marchas en la ciudad de Trujillo y los plantones frente a la cárcel por los grupos sociales, las constantes denuncias de nuestros abogados y las visitas tres veces a la semana por Francisco Prada, su esposa Laura y su hijo Patricio y de nuestras familia lo que no permitían que nos asesinaran. Los internos nos consideraban sapos porque todo se lo contábamos a nuestros familiares y compañeros de los grupos sociales de Trujillo, Caracas, Mérida y Maracaibo que todas las semanas asistían a las simuladas audiencias.

17. Por violar nuestros derechos al mantenernos encerrados en recintos militares y en cárceles, nosotros exigimos la indemnización nuestra y de nuestros familiares, por habernos generado tanto dolor. Nuestra familia con nuestras mujeres y niños vivían en la calle por no tener recursos para viajar todas las semanas de la Sierra a la ciudad de Trujillo.

Un juicio amañado para condenarnos

18. Nunca se buscó la verdad, sólo condenarnos para complacer a los ministros El Aissami y Maldonado y a los ganaderos. El Juez Moreno Matheus, los acusadores fiscales Américo Rodríguez, Lenín Terán y el abogado de GADEMA Alfonso Chacín, amañaron el juicio, cercenando permanentemente los planteamientos y las observaciones de nuestros abogados defensores, preparando a los testigos para mentir en sus declaraciones orales, los expertos del CICPC lo denunciamos como torturadores de Alexander, asumiendo como verdad el ATD cuando es cosa común y del conocimiento público que nosotros los Yukpa somos cazadores y todas las semanas salimos a cazar con escopetas para comer, por eso consiguieron residuos de pólvora en nuestros cuerpos.

19. El día viernes 1 de abril se cumplieron 10 días continuos sin haberse podido concretar una audiencia, que según el artículo 335 del Código Orgánico Procesal Penal, obliga a la interrupción del juicio para que comience de nuevo, ya que uno de nosotros, (Alexander), se enfermó de Bronquitis Aguda asmática. Desde el día martes, Alexander no pudo asistir a las siguientes audiencias: 29 de marzo, viernes 1 y martes 5 de abril. Según jurisprudencia del TSJ, el día martes 5 de abril se cumplieron los 10 días hábiles para quedar interrumpido el juicio.

20. En ausencia de Alexander el Juez, por presión de fiscales y del ganadero Chacín, pretendió el día martes 5 de abril realizar la audiencia. Los abogados defensores abandonaron la sala y el abogado o Defensor Público, convocado ese mismo día por el Juez desesperadamente, no se pudo juramentar y asumir la defensa de Sabino como se esperaba, ante el rechazo formulado por nosotros. Si yo estaba, Sabino, indefenso, ¿cómo es que el Juez Moreno Matheus celebró la audiencia? Queda demostrado que se trató de una nueva trampa para condenarnos. Legalmente, esta audiencia debía quedar nula, por lo tanto, ya agotados por todos los abusos, mentiras y trampas cometidas en este proceso desde su inicio hasta el día de hoy, hemos decidido no ir más a este juicio que además de estar completamente amañado, violándose leyes fundamentales, lo que busca es condenarnos a como dé lugar. Nosotros los indígenas, no entendemos esta manera tan sucia de hacer justicia, exigimos que se respete nuestra Justicia Yukpa.

Estos son cada uno de los delitos para condenar a Sabino

21. Los tres delitos de los que me acusan no pueden sostenerse, en el mismo expediente está la mentira:

El primer delito es el de “homicidio intencional en grado de determinador” en contra de Nireya Romero, mi sobrina (cosa que nunca dijeron los fiscales que me acusan), para el momento en el que se introduce la acusación el día 04 de diciembre de 2009, ningún testigo me acusaba de haber dado esa orden a Alexander, eso salió de la imaginación de los fiscales, y con esto se pretendió llevarme a la cárcel.

El segundo delito es el de “Homicidio frustrado con complicidad correspectiva” eso es que como nadie se declara culpable, todos lo somos. Claro que nadie se va a declarar culpable porque quien disparó fue mi yerno Ever, que murió. Los fiscales y el CICPC no pueden saber quién disparó, ni con que arma, ni desde donde se hizo, es tan descarado lo que han hecho que ahora que estoy en la calle y me enseñan la planimetría del sitio y cadáver me entero que donde ellos dicen que murió Ever me senté yo herido, eso quiere decir que esa sangre es mía y no de Ever. El estudio que hizo el CICPC no puede decir además de quién es cada una de las evidencias recogidas. Montaron la versión de los hechos como mejor les convenía. Con los análisis que están en el expediente, no hay forma de saber quién hirió a quién, pero eso no importa para este juicio, ya que igual me culparon y encerraron.

El tercer delito es el de “agavillamiento”, eso es que nos pusimos de acuerdo varias personas para cometer el delito en Guamopamocha. Lo primero en este punto es que yo no fui con mi gente a cometer un delito, fui a resolver un problema como lo hacemos los Yukpa: hablando. Como cacique tenía que ir acompañado, no podía ir solo, y conmigo, entre otros, iba Cristóbal, un muchacho que habían golpeado. Pero para la Ley watía, andar en grupo es un delito, eso es como si condenaran a los hermanos indígenas de Bolivia por mascar hojas de coca. Parece que nuestros jueces no saben leer la Constitución cuando dicen que somos una nación multiétnica y pluricultural. Por ser Yukpa, por desplazarnos colectivamente para la resolución de conflictos, me quieren encerrar.

22. Me quieren encerrar por tres delitos: dos no pueden probarse y uno niega mi condición de indígena, niega mi cultura. Como si fuera poco, el abogado ganadero que no ha hecho otra cosa desde que llegó a Machiques que odiarnos, propone dividir la causa porque le conviene culminar el juicio, y el Juez lo acepta violando el debido proceso. Sería una falta de respeto con el pueblo Yukpa y con todos los pueblos indígenas del mundo, si yo permito que este juicio me encierre y con esto se silencie la lucha por el territorio Yukpa. Nosotros tenemos nuestra Ley, y la constitución lo reconoce. El camino justo es como se dice en nuestra Constitución, sobre el respeto por los derechos de los indígenas y la aplicación de la jurisdicción indígena. El otro, es la desobediencia en la que hoy nos declaramos, ante un sistema judicial que niega los derechos de los pueblos indígenas.

Petición

23. Solicitamos al presidente Chávez que se pronuncie al respecto. Tenemos ya suficientes razones para no poder confiar en la imparcialidad de este juicio watía. Le exigimos al Estado la aplicación de nuestro derecho Yukpa. Exigimos respeto a nuestras costumbres y a nuestros derechos amparados hoy por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Sabino Romero Izarra Alexander Fernández Fernández




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