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24 nov. 2010

El juicio contra Sabino es montado por el Ministerio del Interior y Justicia


1. Desde el proceso de demarcación del hábitat y tierras de los pueblos Amerindios Barí y Yukpa (2004-2010) profundiza el Estado gobierno y los ganaderos de GADEMA la criminalización contra los defensores de los derechos de ambientales y de los pueblos indígenas Sabino Romero Izarra y Lusbi Portillo, coordinador de la ONG Sociedad Homo et Natura, aliado desde Mayo de 1985 de los pueblos indígenas en sus luchas por sus derechos territoriales.

2. El día 14/10/09 ganaderos de Machiques obstaculizaban el acceso a Chaktapa pese a que Sabino se desangraba productos del impacto de balas en el brazo y en la espalda. Denuncia formulada por nosotros mismo día, y ahora por el CICPC en la Audiencia realizada en la Sala 2 del Circuito Judicial de Trujillo de fecha miércoles 22/09/1010.

3. Desde el 13/10/02 se inicia la posición parcializada por parte del CICPC Machiques, cuando por vía telefónica nos anuncia el comisario Víctor Vivas que era Sabino el que estaba disparando e hiriendo a la gente.

4. El imputado Alexander Fernández Fernández fue detenido y torturado en la sede del CICPC de Machiques para que culpara a Sabino y se autoculpara de la muerte de su esposa Nireya Romero y los heridos de los hechos violentos acaecidos en la Comunidad Guamo Pamaocha el martes 13 de octubre de 2009.

5. En medio de la protesta de activistas sociales, se efectuó la ilegal y arbitraria detención y traslado de Sabino del Hospital Coromoto de Maracaibo al Hospital Militar, por parte funcionarios del CICPC Maracaibo y más de 20 efectivos de la Guardia Nacional orientados desde Caracas.

6. El secuestro a Sabino (no se le permitía visitas de los abogados, prensa y familiares) por varios días en el Hospital Militar de Maracaibo, nunca hubo orden de captura ni documento alguno que manifestara la causa de su detención y retención.

7. Nunca se la ha reconocido su condición de víctima, como herido antes y durante el juicio realizado en la Villa del Rosario, Maracaibo y Trujillo.

8. El desequilibrio jurídico en siete abogados/Fiscales acusadores asignado por el Estado gobierno durante la estadía del juicio en el Zulia; al radicarse el juicio en Trujillo se redujo a tres en número de Fiscales.

9. Al asignar el Gobierno a un Fiscal predispuesto contra Sabino, Víctor Raúl Valbuena (hoy recusado), con fuerte inclinación a favorecer a los ganaderos de GADEMA y militares agresivos del Fuerte Macoa contra Sabino y su familia.

10. El Fiscal 40, Víctor Raúl Valbuena, nunca permitió que Sabino tuviese copia del informe del caso que llevaba dicha Fiscalía relacionado con la muerte de su anciano padre José Manuel Romero donde se acusaba de actor intelectual y material al presunto propietario de la hacienda Kusare, Alejandro Chávez Vargas. El Fiscal Valbuena tiene engavetado el caso.

11. La Jueza de Control del Circuito Judicial Penal de la Villa abogada Judith Esperanza Rojas, que negó la justicia indígena, la reconstrucción de los hechos y la presencia durante la fase del juicio en calidad de testigo referenciales a académicos expertos en la cultura y jurisdicción Yukpa, está vinculada al sector ganadero, y esposa de Rudecindo Rodríguez comisario del CICPC.

12. Sabino y Alexander durante la estadía de 10 meses en instalaciones del Fuerte Macoa de Machiques fue torturado sicológicamente, nunca se les permitió del lugar recluido salir y ver el sol, no se le prestaba oportunamente los servicios de salud al enfermarse, se tenía que formular la denuncia en el Ministerio Público de Maracaibo o Caracas, le servía agua sucia y comida en pésimas condiciones.

13. A su esposa, hijas y hermanas de Sabino fueron obligadas a desnudarse en presencia de los soldados, y su hija Guillermina Romero Martínez en el mes de diciembre del año pasado casi fue violada por uno de los soldados que controlan las visitas. Las denuncias duermen en la Fiscalía 2 Violencia contra la Mujer y la Familia y la Fiscalía, Fiscal Auxiliar Freddy Reyes Fuenmayor y Fiscalía 3 de Maracaibo. El caso está engavetado.

14. Diez meses de retraso (10/02/ al 30/07/10) por parte de la Magistrada Ponente y Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Dra. Luisa Estella Morales Lamuño para responder al Amparo Constitucional relacionado a la competencia de la jurisdicción indígena u ordinaria que debe conocer de este juicio introducido ante la Sala Constitucional el 10 de marzo del presente año por los abogados privados de Sabino y Alexander.

15. Nunca la Magistrada Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia Dra. Luisa Estella Morales Lamuño dio la audiencia solicitada, pese a las cartas introducidas ante el TSJ por los familiares de los tres imputados indígenas. Luego de cuatro meses de ser introducido el Recurso de Amparo Constitucional, o a los once días de la toma de una de las puertas de las instalaciones del TSJ por más de 90 indígenas Yukpa y dirigentes sociales de todo el país, se conoció la respuesta a través de la página Web del máximo tribunal a los diez.

16. El cuestionado y denunciado Magistrado Eladio Ramón Aponte Aponte utiliza la Sala Penal del TSJ para radicar el juicio en el estado Trujillo valiéndose de dos mentiras: una supuesta conmoción pública en las comunidades Yukpa de la Sierra de Perijá y porque las actividades de calle de los grupos sociales solidarios con los Yukpa (hoy igual presentes en Trujillo) estábamos socavando la neutralidad del juicio realizado en la ciudad de Maracaibo.

17. Esta tramposa decisión del TSJ en verdad sirvió para quitarle el juicio a la Jueza Quinto Erika Carroz del Circuito Judicial del Zulia por manifestar verbalmente y por escrito que ese juicio debería realizarse en la jurisdicción especial indígena Yukpa de acuerdo a los criterios de los abogados defensores y a la Constitución, así como el traslado de los imputados a un lugar de reclusión más consonó a su condición de indígenas, conforme a la ley y a los convenios internacionales que ha suscrito Venezuela.

18. El Juez de la Sala 2 del Circuito Judicial de estado Trujillo Antonio Moreno Matheus violando la LOPCI y el Convenio 169 de la OIT suscrito por Venezuela enviando a los tres imputados indígenas a la Cárcel Nacional de Trujillo.

19. El Juez Moreno Mathus niega la jurisdicción especial indígena, tal como hizo en su momento la Jueza de Control Judith Esperanza Rojas de Rodríguez. Ya se introdujo un Recurso de Apelación a esta decisión ante el Tribunal de Apelación de Trujillo, y seguro que de allí volveremos de nuevo al TSJ, a la Sala Constitucional, para cerrarse el caso a nivel interno para poder tener opción a acudir a instancias jurídicas internacionales.

20. Identificados y Denunciados durante las audiencias de los días miércoles 22 septiembre y viernes 1 de octubre del presente año a los dos torturadores de Alexander Fernández Fernández, al día siguiente se le trató de apuñalear durante la cola en horas de la comida en la Cárcel Nacional de Trujillo, donde ilegalmente lo mantienen recluido el Estado por orden del Juez Segundo de Trujillo Antonio Moreno Matheus.

21. En el pabellón donde está recluido, es el Pabellón de los Evangélicos. Pastor y comitiva pretende evangelizar por las buenas o por las malas a Sabino, lo cual le produce un gran malestar porque se le pretende desconocer su particularidad cultural como pueblo diferenciado, poseedor de una cosmovisión y espiritualidad propia y única.

22. El Fiscal Nacional Américo Rodríguez vienen haciendo en las audiencias causa común con los testigos expertos del CICPC y los dos abogados de GADEMA “defensores” de Olegario Romero para liberar a su cliente a costa criminalizar a Sabino.

23. Fiscalía y CICPC aseguran en pruebas orales y escritas que las heridas ocasionadas a Sabino y al occiso Evert Romero fueron producidas por balas de revolver o pistola, cuando aún hoy en la espalda Sabino tiene incrustado los perdigones o balines de escopeta, y las fotografías del yerno de Sabino Evert Romero tomadas en la Morgue se perdieron, nunca llegaron en el expediente consignado en el Circuito Judicial de Trujillo. Los balines disparados fueron de un diámetro mayor los que se usan para matar animales mamíferos de gran tamaño, como tigres, o dantas. Fueron estos balines los que ocasionaron la muerte al caballo donde iba montada Marilis la hija menor de Sabino. La estrategia montada por los abogados de GADEMA (CICPC y Américo Rodríguez) esta descubierta, asegurar que Sabino y Evert fueron heridos por balas para excluir de culpa a Olegario quien disparó con escopeta, liberar a Olegario y condenar 30 años a Sabino y Alexander por matar a Nireya (esposa de Alexander, hermana de Olegario).
Sociedad Homo et Natura
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