"Para Tod@s, Todo. Para Nosotr@s NADA" web de solidari@s con la insurgencia chiapaneca y las luchas indigenas en Venezuela y otras partes

28 jul. 2009

Denuncia Pública de los wenteche de Victoria.



Frente a las últimas informaciones que han circulado en medios de comunicación regional y comunal (ciudad de Victoria), respecto a un supuesto conflicto entre la benciera COPEC y las Comunidades Mapuche de victoria en torno a la instalación e inauguración (el 18 de julio) de dos mal denominados “chemamüll“ a un costado de la carretera cinco sur, queremos aclarar a la opinión pública lo siguiente:

1. Comunidades Mapuche no están participando ni se han prestado para una actividad folklórica de esa naturaleza, independientemente de la existencia de personas de origen mapuche y algunos intereses económicos y políticos particulares de personas. Llamamos a los medios a informar adecuadamente de la situación y chequear la participación de representantes reales de las comunidades. Particularmente, la comunidad Antonio Milla de Tokiwe no se hace cargo de este show, que transgrede grave y abiertamente nuestra cultura, cosmovisión y respeto por lo propio. Por cuanto un “Chel-mamüll” no puede constituir una atracción turística ni objeto de manipulación ni de juego de gente que desconoce absolutamente nuestras creencias, como es el caso.

2. Denunciamos que en este acto hay recursos públicos y del propio municipio, y que sería muy bueno y saludable para la ciudadanía, publicar los montos de los recursos comprometidos y cuánto dinero están recibiendo los promotores de esta “iniciativa”, y quienes son los responsables de promover otra de las tantas barbaridades sobre nuestra cultura.

3. Por su parte, la CONADI –como instancia legal del Estado, creada por la presión y movilización del pueblo mapuche- debe explicar el papel y rol de su componente “cultural” que reiteradamente se ha visto involucrada en acciones de tergiversación de nuestra cultura mapuche, que, como se ha informado públicamente estará "inaugurando" otra transgresión cultural, contraria a su propia legislación. Sobre lo cual, su encargada nacional Eliana Huitraqueo Mena deberá dar explicaciones de acuerdo a la gravedad y tenor del tema y de su propio conocimiento sociocultural mapuche, lingüístico y ético, que imaginamos que tiene para estar en ese cargo.

4. Estaremos atentos a los nuevos acontecimientos sobre distintos atropellos en nuestros territorios, y al mismo tiempo solidarizamos y brindamos nuestro apoyo al hermano Lleitul recientemente víctima de nuevo montaje estatal.

VICTORIANO POLO QUEIPUL

WERKEN Y PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD ANTONIO MILLA

LOF MAPU TOKIWE

Comunicado Agrupación Kilapan



1. Los últimos sucesos ocurridos en el Wallmapu: lunes 13 de Julio allanamiento en Temucuicui, detención del dirigente Mapuche e integrante de la CAM, Héctor Llaitul el miércoles 15 de julio y los allanamientos en Chequenko y Yeupeko el día 17 de julio, dan cuenta de que no son hechos aislados, sino que estamos ante una nueva oleada represiva en contra del Movimiento Mapuche en lucha y de su expresión organizativa más consecuente con el proceso de Liberación Nacional.

2. El objetivo de esta nueva represión contra nuestro pueblo es clara: demostrar a las transnacionales la voluntad de los gobiernos de la concertación de reprimir a los Mapuche, así, brindarle seguridad a las inversiones transnacionales en el Wallmapu. Todo, bajo un escenario electoral, en donde la gobernabilidad ante el empresariado es la prioridad para que estos concreticen sus proyectos mineros, hidroeléctricos y forestales en nuestro territorio. Creemos, que esta oleada represiva se mantendrá para contener nuestras legitimas demandas como Pueblo.

3. Denunciamos además que la persecución en contra de las expresiones de lucha mapuche, no responden a proceso judicial alguno, sino mas bien, es la agudización de la persecución de las comunidades y sus organizaciones más consecuentes. El objetivo es aislar y criminalizar las demandas como también el proyecto político estratégico Mapuche. Esto quedo de manifiesto, cuando hermanos de la comunidad de Temucuicui, intentaron retirar una encomienda con víveres y ropa enviada por nuestra organización, encontrándose con la negativa de parte de la empresa, ya que “debía ser revisada por la Policía de Investigaciones”, por lo que nos preguntamos, ¿en que contexto se procede de esta forma?, y ¿a que investigación responde este procedimiento? Esto ya que de no existir proceso alguno, por el cual se este investigando esta situación, estaríamos frente a la persecución descarada del mundo mapuche organizado, que incluye interceptaciones telefónicas, vigilancia entre otros, y hasta donde sabemos, la solidaridad no constituye delito.

4.En este escenario, la prensa continua desarrollando un papel funcional a los intereses de las trasnacionales y el Gobierno, por un lado satanizando a los dirigente y las comunidades, y por otro bajando el perfil al accionar represivo del Estado, ejemplo de ello, es lo sucedido en la comuna de Padre las Casas, con el choque de dos vehículos policiales blindados, en medio de un gigantesco despliegue policial que allanó a la comunidad de Yeupeko en busca de dos dirigentes clandestinos. Sin embargo, la prensa solo se refirió al hecho como un procedimiento de rutina, y situando el lugar del accidente en el fundo Santa Margarita.

5. Dejamos de manifiesto que aun cuando militantes de nuestra organización han sido citados a declarar, dentro de un posible proceso investigativo, tenemos la certeza y claridad de que las demandas de las comunidades por tierra, son legitimas y justas, siendo deber de cada miembro de esta Nación Mapuche, solidarizar con quienes recobran lo usurpado por el Estado. Por último, recordamos que sobre nuestro pueblo existió ya una guerra de exterminio por casi 30 años, en donde se usurpó nuestro territorio y es allí donde se fundan las legítimas demandas de nuestra Nación, por tierra, territorio y Autonomía, para mantener y proyectar la existencia de nuestro Pueblo.

6. Por ultimo hacemos un llamado a nuestro Pueblo, sus comunidades, así como también a los hermanos, hermanas y organizaciones solidarias a mantenerse atentos antes nuevos hechos que seguramente seguirán sucediendo, ya que creemos que la oleada represiva recién comienza.

LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE

FIN A LA CRIMINALIZACION DE LAS DEMANDAS MAPUCHE

MARICHIWEU!

Agrupación Mapuche Kilapan

23 jul. 2009

Ostula, punto de referrencia

La recuperación de parte del territorio nahua en Ostula, Michoacán, además de convocar la solidaridad de los pueblos, tribus y naciones indígenas del resto del país, promueve la reflexión sobre el momento actual de la resistencia y el derecho a la autodefensa de los pueblos originarios, convirtiéndose en una referencia necesaria para la construcción de la autonomía en los hechos.

No puede soslayarse que fue precisamente en Santa María Ostula donde a mediados de junio pasado se llevó a cabo la reunión más reciente del Congreso Nacional Indígena (CNI), espacio que los pueblos indígenas de México construyeron en 1996 para comunicarse y caminar unidos "en la lucha por su reconstitución integral y libre determinación". De este encuentro se desprendió el Manifiesto de Ostula, que se hizo realidad en esta misma comunidad el pasado 29 de junio, con la recuperación y resguardo de cerca de mil hectáreas arrebatadas por supuestos pequeños propietarios durante más de 40 años.

Ahora, sobre el territorio recuperado en el que se levanta el nuevo poblado de Xayacalan, se celebrará los días 7, 8 y 9 de agosto una asamblea nacional extraordinaria del CNI, convocada con carácter de "urgente", debido a "que en nuestro país hoy la violencia e impunidad se han instituido como política de Estado en complicidad con los intereses de las grandes empresas trasnacionales, promoviendo el despojo, el asesinato, la represión y el encarcelamiento de los hermanos que se oponen a ellas en defensa de los territorios indígenas".

La próxima asamblea del CNI tendrá una relevancia mayor en el contexto de los sucesos de Ostula, pues la recuperación del territorio, junto con la proclamación y el ejercicio del derecho a la autodefensa indígena, "invitan a todos nuestros pueblos a fortalecer las luchas que tienen como fin detener la guerra de destrucción desatada en nuestra contra y de la madre tierra".

En Xayacalan se realizará un balance de la lucha indígena, un diagnóstico de la devastación neoliberal en contra de los pueblos indios y una discusión del ejercicio de la autonomía indígena, la protección de sus territorios y el derecho a la autodefensa de los pueblos. Convocan pueblos indígenas de Michoacán, Sonora, Oaxaca, Baja California, Jalisco, Durango, Guerrero, estado de México y Distrito Federal.

Por otra parte, como parte de la solidaridad con los nahuas de Ostula, se conforma ya el campamento de observación en Xayacalan, con el fin de "verificar el cumplimiento de los derechos humanos en la región, presionar la solución pacífica del problema de tierras y ejercer presión para que los gobiernos federal y estatal den cumplimiento a las demandas de nuestros compañeros".
Gloria Muñoz Ramírez (La jornada)
losylasdeabajo@yahoo.com.mx.

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Las bases militares son una violación a los derechos territoriales del pueblo Yukpa

Gracias a la nueva constitución los pueblos indígenas existen, pero ahora se les violan los derechos; en la práctica siguen igual que en la cuarta república simplemente no existen para el Estado Nacional, están incluidos y gozan de toda forma de “identificaciones” como “identidades individualizadas” pero sus “bases comunitarias” son atacadas cotidianamente (Díaz-Polanco, 2006: 157).

La Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas prohíbe en el artículo 30 expresamente en las tierras, hábitat o territorios indígenas el desarrollo de actividades militares al menos que las justifique “una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado” y hasta donde tenemos información esto nunca ha sucedido, es más si los pueblos o naciones indígenas así lo hayan solicitado, como podría decir el Ministro Tareck El Aissami, el Estado está obligado a “celebrar consultas eficaces con los pueblos indígenas (…) antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares”. Y nada de esto ha ocurrido hasta la fecha.

Cada día más crece el descontento entre el pueblo o nación Yukpa por estar construyendo inconsultamente unas infraestructuras para crear dos Bases Militares en su territorio, muy en especial en el sector Tukuko donde se encuentran más de la mitad de las comunidades del pueblo Yukpa, de igual manera ocurre tal descontento entre las comunidades ubicadas en la cuenca del río Negro, aunque con mayor silencio ya que en este sector vive la representante del Estado Gobierno, la Viceministra Indígena del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, exactamente donde este ministerio construyó un Centro Chamánico sin poseer este pueblo amerindio Chamán alguno.

Desde los tiempos de la cuarta república se hablaba de construir estas bases militares, en territorios de los pueblos indígenas ubicados en la Sierra de Perijá, los intereses mineros y militares de las trasnacionales presente en el Plan Colombia, o como lo denominamos en nuestro país Plan Venezuela, fueron expuestos sutilmente en reunión realizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores el día 23 de mayo de 1996 por empresarios norteamericanos del carbón que tienen concesiones mineras otorgadas en la línea fronteriza tanto del lado colombiano como del lado venezolano como son las empresas Minera MAICCA, la ISKE A.V.V., Tomen y TransMar Coal Inc. Estos empresario propusieron al alto gobierno de Rafael Caldera la construcción de dichas Bases Militares para cuidar el carbón y traslado, entre otros planes: “El propósito de ISKE A.V.V. es construir una infraestructura de carreteras y puentes en Colombia, así como en Venezuela para abrir la región carbonífera ubicada alrededor del pueblo La Gabarra, Colombia con el fin de transportar ese carbón colombiano al muelle carbonífero de TCSV. Un puente será construido sobre el Río de Oro, con cinta transportadora montada por encima de ello, con el propósito de transportar el carbón colombiano al lado venezolano. Una vez acopiado, el carbón será transportado por vía terrestre hasta el muelle carbonífero de TCSV (...) Más de 5 (cinco) kilómetros de carretera serán construidos, incluyendo reparación a los diez y nueve (19) kilómetros existentes (...) El proyecto “Río de Oro” obligará la presencia de una oficina aduanal y un destacamento de la Guardia Nacional o Base Militar para aumentar la seguridad en la zona fronteriza, con todos los gastos pagos por las empresas mineras ubicadas en dicha zona (...) Esa presencia militar, conjunta con el proyecto de MAICCA servirá para mejorar la calidad de vida y eliminar actividades ilegales en la zona. El proyecto debe de fortalecer la relación entre Colombia y Venezuela en luz de que el proyecto no puede ser cumplido sin el apoyo y cooperación de los dos países” (TCSV, Transporte Coal-Sea de Venezuela C.A. "Informe: Reunión Especial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Proyectos Carboníferos". Caracas, 25 de mayo de 1996. pp 6 + 1 mapa: 4).

Todo este proyecto fue cuestionado en aquel entonces ante los organismos competentes y ante la opinión pública por la Senadora por el Zulia Lucía Antillano, el Diputado al Congreso por el estado Zulia Economista Antonio Boza, por el Diputado a la Asamblea Legislativa del Zulia Ydelfonso Finol y por la ONG Sociedad Homo et Natura, y el proyecto no pasó; lamentablemente hoy en todas sus partes ha sido asumido por el Gobierno Nacional en sus relaciones bilaterales carbonífera viales con Uribe Vélez, Presidente de Colombia, sólo que las Bases Militares o como hoy se le denomina Base de Seguridad Territorial, la construye, como debe ser, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa según reza en la Gaceta Oficial Nº 39.046 de fecha 26/10/98 con un costo de inversión de 7.500.000 BF incluido en el cuestionado Plan Integral para la Defensa, Desarrollo y Consolidación de los Municipios Fronterizos Machiques de Perijá, Rosario de Perijá y Jesús María Semprúm del Estado Zulia. Comunidades Indígenas Yukpa.

Todavía el imperio o los países imperiales, o mejor dicho las empresas multinacionales con su megaproyecto carbonífero portuario vial tienen las manos metidas en la Sierra de Perijá desde río de Oro hasta el río Guasare y Socuy, en el Sur del Lago, así como en el Lago de Maracaibo y Golfo de Venezuela.

Es tal el grado de invisibilidad a que se le ha sometido a los pueblos o naciones indígenas en Venezuela, en espacial sus derechos territoriales, que ya se da por sentado que éstos no tendrán territorios sino parcelas o títulos agrarios de propiedad colectiva de la tierra a la vieja usanza de la Ley de Reforma Agraria de 1960 del Instituto Agrario Nacional (IAN). Por esta razón en medio del proceso de demarcación de sus tierras y hábitat se construirán Bases Militares sin permiso alguno, irrespetando así la Zona Indígenas Reservada, Decreto del Ministerio de Agricultura y Cría y Ministerio de Justicia publicado en la Gaceta Oficial Nº 26.520 del 5 de Abril de 1961.

El desconocimiento jurídico indígena y la ignorancia de la realidad y estudios socio antropológicos del pueblo o nación indígena Yukpa ha llevado al los diez ministerios involucrados en el impulso de este Plan Integral a crear a lo ciego Bases Militares donde nunca se han debido construir. En estos dos espacios concretos las operaciones a realizar y la cotidiana convivencia de hombres solos los llevará a entrar en permanente contradicciones con las costumbres del pueblo Yukpa, a la larga tendrán que salir como una vez salieron con las tablas en la cabeza de la comunidad Saimadoyi del pueblo Barí, muy cerca donde hoy está la base en construcción en territorio Yukpa entre las comunidades Marewa y Tukuko.

Es oportuna la ocasión para denunciar la próxima Base Militar a construir entre los río Maché y Socuy del Teatro de Operaciones Nº 4 para garantizar, como en la Guajira colombiana, el buen funcionamiento de las minas y de la vía ferroviaria que trasladara carbón desde Colombia, entrando por La Fría recorriendo todo el piedemonte perijanero (por territorio Barí, Yukpa y Wayuu) para sacar carbón al océano Atlántico a través del Puerto Simón Bolívar a construir en aguas del Golfo de Venezuela.

Exigimos respeto a los derechos territoriales y culturales de los pueblos Yukpa, Barí y Wayuu.
Homo et Natura

Todo el poder para Corpozulia y las transnacionales mineras

Ante la crisis mundial financiera y la modernización del aparato productivo del país
Para darle paso a la revolución siderúrgica industrial a través del Plan Estratégico Siderúrgico Nacional, el Gobierno de Chávez necesitará para el año 2018 producir 40 millones de toneladas de mineral ferroso, de los cuales 25 millones serán convertidos en hierro prerreducido, y 15 millones de toneladas en acero líquido. Es decir, en nueve años Venezuela incrementará 300% producción de acero.



La energía a utilizar en los hornos para fundir este hierro será del carbón zuliano existente aguas arribas de los embalses Manuelote y Tulé, es decir en la cuenca media de los ríos Socuy, Maché y Cachirí, tierra tradicional del pueblo Wayuu que hasta ahora sus protestas y movilizaciones realizadas con los ecologistas han hecho posible el paro de aperturas de estas minas por orden del Presidente Chávez.

Dadas las continúas movilizaciones, desde mayo de 2006 se pararon las exploraciones de carbón, auque bajo cuerda los Ministerios del Poder Popular para el Ambiente e Industria Básicas y Minería les permitían a los colombianos de la empresa SDM Suramérica de Minas C.A. y a los venezolanos de la empresa Venezolana de Minas VEMINCA vinculados a militares las exploraciones de la mina La Carpa ubicada en la cuenca media del río Maché cuyas concesiones están en manos de Corpozulia.

En ocho oportunidades Chávez se pronuncio contra las nuevas minas de carbón

Sólo nuestra organización posee cuatro grabaciones de su discurso, y unas otras tantas de la Ministra del Poder Popular para el Ambiente, en aquel entonces Yaqueline Faría, hoy Jefa del Gobierno del Distrito Capital, y de la actual ministra Ortega de Carrizalez:

1.- Caracas, miércoles 24 de mayo 2006. En el Salón Ayacucho Palacio de Miraflores.

2.- Maracaibo, sábado 10 de junio en la Plaza de Toro.

3.- Nueva Esparta, viernes 17 de noviembre de 2006 la Misión Revolución Energética.

4.- Anzoátegui 1 de Mayo de 2007 en el acto con motivo de la Recuperación de la Plena Soberanía Petrolera desde el Complejo Industrial G/D José A. Anzoátegui:

“(…) Entonces, resulta que van quedando subproductos, uno de ellos: carbón. ¡Carbón de gran calidad! Además un carbón, fíjense en la importancia de este carbón, porque yo, cuando me puse a estudiar y fui allá a verlo con mis propios ojos el tema del carbón de la Guajira, yo mandé a parar eso, ¿por qué? porque para sacar ese carbón hay que tumbar no sé cuantas hectáreas… miles… de bosques ¡¡¡no, no, no, no!. Entre el bosque y el carbón, me quedo con el bosque, con el río, el ambiente [Aplausos] ¡que se quede ese carbón allá abajo!. Ahora, si algún día se desarrolla una tecnología (¿no?) para sacar ese carbón sin romper el bosque… ah bueno ya será una reserva para el futuro, es posible. Ah? [Comentarios inaudibles]… contamina el agua, contamina el aire (¿no?) hay un polvillo allí de ese carbón que lo va.. Además lo va dejando por la carretera los camiones y se les mete a los pulmones a los niños, a todos pero sobre todo a los niños. Allá en el Zulia hay un alto grado de enfermedades pulmonares en todos esos pueblos que son cruzados por las gandolas y gandolas de carbón. Ahora, entonces, en cambio para este carbón [en referencia al que se encuentra en Anzoátegui en la zona del complejo industrial G/D José A. Anzoátegui, estado Anzoátegui, desde donde se da el discurso] no hace falta tumbar ni una mata. Este carbón sale de aquí mismo, no sé de qué lugar saldrá… ya me enteraré con más detalle, pero sale aquí mismo en el procesamiento. ¿Ustedes si saben? Ahora, ¿qué ha pasado con ese carbón hasta hoy? Como no era de PDVSA [Petróleos de Venezuela S.A.] sino que era de las trasnacionales, se lo llevaron todiiiito, a venderlo en el exterior, a buen precio en dólares y nos quedaba a nosotros ¡nanay nanay! Como decía mi papá cuando llegaba en bicicleta y uno llegaba corriendo, bendición papá, ¿qué me trajiste? Decía mi padre: “naiboa con queso”, nada, no era nada... A veces traía otras cosas. Pero nos quedó miren [gesto con la mano sobre los labios] miren… Decía mi abuelo, “naiboa con queso”. Se lo llevaron todito (…)”.

¿El Gobierno cambió de idea?

Ahora resulta que se necesita carbón para impulsar la transformación de Venezuela de país pobre mono productor e independiente a país desarrollado, y desde allí a una potencia mundial.

En verdad el Presidente Chávez no engaño a nadie, él estaba claro que tarde o temprano se buscaría la fórmula para explotar más carbón en el Zulia, fuimos muchos de nosotros que nos auto engañamos por no entender cabalmente las limitaciones de su discurso; su compromiso contraído entre la naturaleza/territorios indígenas, por una parte, y las riquezas económicas mineras, por otro, el presidente escogió la segunda opción. Entre la naturaleza y el compromiso socioeconómico, se inclinó por lo social. Se necesita mucho dinero en época de crisis para continuar impulsando el proceso revolucionario.

Desde un principio su posición fue muy clara, pues fijémonos en su primera alocución del miércoles 24 de mayo 2006, en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, lo que en verdad dijo fue que hasta que el General presidente de Corpozulia Martínez Mendoza no encontrara un método para sacar carbón que no dañara la naturaleza ese carbón no se explotaría: “Yo, por ejemplo, le dije al general Martínez Mendoza en Corpozulia, donde había un proyecto allá de explotación del carbón en grandes dimensiones y entonces me trajeron unas críticas, y yo dije mire, si no hay un método que asegure el respeto a las selvas y a las montañas que tardaron millones de años en formarse por allá por la Sierra de Perijá, donde está ese carbón, entonces, si no hay un método que me demuestre de verdad verdad que no vamos a destruir la selva, ni a contaminar el ambiente en esos pueblos, si no me lo demuestran, ese carbón se queda bajo la tierra, no lo sacamos de ahí, que se quede bajo tierra, digo esto como un hecho pero que marca una línea, un concepto y que cada día debe ser más realidad, debe concretarse en nuestro modelo de construcción del socialismo (…)”.

Y en el discurso en Jose, Anzoátegui, lo que expresó el Presidente Chávez fue el impacto de la manera como en el Zulia el carbón se explota actualmente: con el método de mina a cielo abierto y como se realiza su traslado en gandolas por carreteras, pero volvió a repetir la idea de buscar el método maravilloso de extraer carbón sin dañar la naturaleza: “Ahora, si algún día se desarrolla una tecnología (¿no?) para sacar ese carbón sin romper el bosque… ah bueno ya será una reserva para el futuro, es posible (…)”



Pero, ningún país potencia puede ser tal sino a costa de la naturaleza, no hay otra experiencia conocida mundialmente ni discurso al respecto verdadero, más cuando en ese mismo país como Venezuela en su subsuelo yacen riquezas estratégicas energéticas mineras que le llevara a tan elevado destino, y ésta es la realidad dual para países capitalistas o socialistas conocidos. Ante esta cruel realidad ningún principio de derecho ambiental o de pueblos indígenas vale, en especial si este país pretende saltar aceleradamente de pobre e independiente a potencia enarbolando antes los ojos del mundo un discurso socialista basado en megaproyectos agroindustriales alimentarios o macroproyectos extractivos minero energéticos, industriales, portuario viales endógenos y regionales para América del Sur ensamblados mundialmente con otras potencias y con capitales mundiales trasnacionales.

Con el discurso tecnopolítico y la maquina de dios se eliminará la contaminación

Luego de intensa búsqueda, luego de tres años de estudios y lobby en Miraflores , al fin los testaferros criollos de las empresas multinacionales del carbón y el General Martínez Mendoza de Corpozulia dicen tener el método científico que el presidente Chávez les exigía por VTV aquel miércoles 24 de mayo 2006, éste es el mismo General que el 8 de diciembre de 2004 en la Mesa Nº 2 del Segundo Congreso Bolivariano de los Pueblos, celebrada en el Hotel Maruma de Maracaibo manifestaba ante los ecologistas y el publico internacional presente que “con Kyoto o sin Kyoto el carbón va”.

Resulta ahora la situación a través de un montaje discursivo político mediático y una estrategia de dádivas a otorgar a los moradores de la zona las empresas mineras trasnacionales y Corpozulia se preparan para abrir antes del 2018 las minas de carbón Socuy, la Carpa y Casa Blanca, aguas arribas de los embalses Manuelota y Tulé y posteriormente las Carmelitas, cerca de la Represa Los Tres Ríos, o el Diluvio.

Carbozulia/Corpozulia se dispone a crear una empresa mixta con empresarios hermanos argentinos para potabilizar las agua contaminada de la mina Paso Diablo a través de la compra de tres maquinas, para así tumbarle a los ecologistas la denuncia que la explotación de carbón dejará para siempre a Maracaibo y otras ciudades del estado Zulia sin agua.

Este método maravilloso exigido por Chávez consiste en que al pasar el agua contaminada de azufre con todos los metales pasado que conlleva la explotación del carbón al interior de esta singular maquina argentina el agua saldrá apta para el consumo humano, repitiéndose así cada vez que se requiera en un acto creador divino propio del socialismo científico la transformación de agua de mina en el agua más pura conocida en la historia humana.

Al fin el método presidencial tan solicitado llegó al Zulia. Ya Maracaibo y las otras ciudades zulianas no se quedarán sin agua, ahora si se podrá explotar el carbón necesario para exportar a países amigos y crear hierro prerreducido y acero líquido para uso endógeno o para ser vendido a la China.

Este apto creador será respaldado por los Ministerios del Poder Popular para el Ambiente e Industria Básicas y Minería, la Subcomisión de Minas de la Asamblea Nacional, y desde luego por todos los disputados zulianos sean indígenas o criollos afectos al Gobierno o de la oposición.

Ya en los pasillos de Corpozulia y de la Asamblea Nacional se escucha que se abrirá una nueva empresa mixta para vender agua embotellada de las minas Paso Diablo y Norte, y a partir del 2018 de las minas Socuy, la Carpa, Casa Blanca, las Carmelitas y de todas las minas que se abrirán en el futuro en los antiguos territorios de los pueblos indígenas Barí y Yukpa reservados para los megaproyectos extractivos mineros, portuarios viales luego de la violación de sus derechos territoriales a materializarse con la entrega de títulos chimbos de propiedad colectiva de la tierra en un acto presidencial a realizar en el Fuerte Macoa o en la comunidad Shirapta este próximo 12 de Octubre con la presencia del General Izquierdo Tores.

Ya el lunes 6 de este mes se hizo la primera prueba de “saneamiento” en las aguas contaminadas en la mina Paso Diablo con un costo de 300 millones de dólares, el General Martínez Mendoza espera repetir dicho acto creador nuevamente para científicamente anunciarlo en un próximo Aló Presidente (ecologista-técnico-científico) desde las instalaciones de la mina Paso Diablo con la asistencia de la presidenta de Argentina, como ayer se hizo con la invitación a nuestro Comandante Fidel en la regia inauguración del Tendido Eléctrico hacia Brasil.

Este discurso político tecnocientífico elaborado por el General Martínez Mendoza a petición del Comandante Chávez quedará blindado con la propuesta comparativa entre los métodos viejos extractivo/portuario/vial de las empresas mixtas en Guasare y el nuevo método ecológico científico venidero para la apertura de las nuevas minas en todo el piedemonte de la Sierra de Perijá desde el río Socuy hasta Río de Oro, y Casigua El Cubo.

Se le dará todo el respaldo político económico publicitario del Estado gobierno, sin percatarse que ya sabemos de que todo es una trampa montada por el capital energético minero trasnacional; esta propuesta la trajeron en verdad verdad los irlandeses de la Compañía Carbonífera Caño Seco del empresario Brendan Hynes, copiada de la tecnología alemana ya fracasada en la ciudad de Essen, en el este de Alemania, donde el pueblo salió a las calles para exigir al gobierno que detenga la actividad minera en los pozos de hulla del Sarre, después de que un temblor de magnitud 4 en la escala de Richter el pasado 23 de febrero de 2008 graves daños a numerosas casas de la región. Los manifestantes culpan a las minas de la inestabilidad del terreno y temen nuevos terremotos en una comarca fronteriza con Francia que cuenta 150.000 habitantes, los sismos ocasionando grietas en las fachadas, tejas caídas y partes de torres de iglesias de St. Blasius, en el Sarre. 30 sismos en el año. En el Sarre lleva a derrumbes de socavones a 1500 metros de profundidad, que a su vez se transmiten al entorno en forma de movimientos sísmicos. La velocidad de las oscilaciones, determinantes para la estimación de los efectos, fue entonces de 42,3 milímetros por segundo. El último sismo alcanzó un valor de 93,5 milímetros por segundo (http://www.prague-apartments-hotels.com/, http://www.euronews.net/).

Los operadores de Caño Seco copiaron directamente las láminas de páginas web de empresas alemanas presentándolas como suyas, y sin más realizan una supuesta comparación entre la manera de operar inadecuadamente las minas a cielo abierto de las empresas mixtas Carbones del Guasare, S.A. y Carbones de La Guajira, S.A. y las minas en Alemania: los camiones que trasladan carbón tapado con tela de fique desde las minas Norte y Paso Diablo a los puertos de Santa Cruz de Mara, Trans Coal de Venezuela en el Bajo/San Francisco y al muelle de Corpozulia en la Cañada de Urdaneta esparcen polvo y partículas de carbón a lo largo de toda la carretera, ahora en las minas por abrir el carbón será trasladado como en Alemania en camiones cuyas cargas van herméticamente cerradas (cavas térmicas), la trituración de los bloques de carbón no será al aire libre como en Guasare, sino, como en Alemania, en el interior de unas enormes cúpulas cerradas herméticamente, los techos de los socavones serán sostenidos por unos fuerte y agigantados brazos mecánicos, las paredes de carbón serán comidas no por trabajadores individualmente que podrían enfermarse de neumoconiosis sino por un solo operador de una maquina que con un mazo con dientes metálicos va desprendiendo el carbón y guardándolo de inmediato en una bandeja ubicada en unos de los lados de la misma máquina. Los escasos trabajadores bajarán y subirán a los socavones por ascensores eléctricos, allí permanecerán las horas de trabajo y en esos socavones comerán (www.cañoseco.com).

No se dañará los bosques que tanto le preocupaban al Presidente Chávez ni las aguas superficiales porque ahora las minas serán subterráneas como en Alemania, pero si alguna agua por descuido logra contaminarse nada importa ya el General Martínez Mendoza posé la tecnología celestial verde traída de Argentina. Que viva el socialismo científico.

Al informe de Jacqueline Faría ni Chávez, ni ministros, ni mucho menos los políticos le hacen caso

Lo que nunca contarán los políticos de la Asamblea Nacional ni los ministros involucrados es que las vetas de carbón están ubicadas en zona de producción, escorrentía y pases de agua superficiales y subterráneas existentes en las cuencas de los ríos Socuy, Maché y Cachirí ubicados aguas arriba de los embalses Manuelote y Tulé, ni mucho menos dirán que los socavones a 1500 metros de profundidad como en Alemania se vendrán abajo por la humedad de la zona, las sostenidas lluvias anuales y el enorme volumen de aguas subterráneas.

Quizás ya tarde entenderán que tenía razón el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente en tiempo de la Ministra Jacqueline Faría cuando anunciaba en el Informe Ejecutivo. Situación Actual de la Explotación de Carbón en el Estado Zulia. Julio 2005, en su aparte titulado: el impacto negativo a abrir más minas de carbón en esta zona: “Afectación general de la Calidad de Aire en la región. Descarga de aguas contaminadas con concentración de sulfatos a todos los ríos y embalses de la zona. Mayor afectación de los recursos naturales. Disminuyen la calidad y cantidad de aguas superficiales, los niveles freáticos y sedimenta los Embalses. Pérdida de Biodiversidad. Poblaciones Desplazadas y pérdida de identidad cultural” (Lámina 22).

Nada dirá estos operadores del alerta anunciado por la ex Ministra Faría cundo afirmaba en el aparte titulado: Basados en el artículo 128 de la Constitución, sobre el modelo de desarrollo sustentable del país y considerando: “Que el Carbón y el petróleo son recursos naturales no renovables. Que ambas actividades son de alto impacto ambiental. Que el país no demanda consumo de carbón como fuente energética y se exporta la mayor parte de la producción a E.E. U.U. Que en el país se viene desarrollando toda una infraestructura para la explotación de gas natural como fuente alternativa de energía. Que al comparar el aporte al P.I.B. de ambas actividades, la petrolera supera ampliamente al generado por la explotación de carbón. Que nuestra fuente de energía está basada en Petróleo.

Vale la pena preguntarse: ¿Sobre qué base se sustenta la expansión de la explotación carbonífera en el estado Zulia?” (Lámina 25) y en la Lámina 26 afirma valientemente “La Tierra nos está enviando señales...cuidemos el Agua y la Biodiversidad. Cambiemos el modelo de desarrollo”.

La ministra Faría para ilustrar su informe le anunciaba al Presidente Chávez que en la relación del ingreso por carbón entre el P.I.B. nacional a pena alcanza el 0,34% y que por una tonelada de carbón extraído se destruye 5 toneladas de suelo (Lámina 19).

Qué pasará con la resistencia social activa

El General Martínez Mendoza controla y financia casi todos los Consejos Comunales del municipio Mara, así como una buena parte de los diputados y militantes del PSUVE Zulia, por otra parte, es el representante de Chávez en el Zulia para impulsar el modelo económico socialista y por último ya se dispuso a nivel del Gabinete Presidencial la estrategia de estado de crear en cada Alcaldía Bolivariana una Oficina de Corpozulia para coordinar, financiar y controlar todo proyecto económico.

Millones de bolívares se invertirán para financiar proyectos económicos productivos a todos los campesinos e indígenas wayuu ubicados en la zona, toda la población será censada y se le entregará un crédito para controlarlos, obligándolos luego en la medida que se acerque el 2018 a la reubicación en tierras de no interés minero.

Todo aquel Wayuu o campesino que no reciba el crédito o que rehúse a aceptarlo entrará de inmediato en la lista de expropiación por causa de utilidad pública e interés social según reza en el artículo 11 de la Ley de Minas.

¿Y con los ecologistas?

Como diría una vez el celebre Ministro Luis Miquilena ¿Cómo se come eso?, ya años atrás el General Martínez Mendoza también en el marco del Segundo Congreso Bolivariano de los Pueblos balbuceó algo parecido, ya no refiriéndose a la llamada Sociedad Civil, sino al Movimiento Social Ecologista “como existía en Venezuela una "mafia de los derechos humanos", los ambientalistas forman una "MAFIA VERDE" (sic), y además que, detrás de esta "mafia verde" contra la explotación del carbón de la Sierra de Perijá, estaba la CONTRA-REVOLUCION, Y LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES, y que esta campaña contra el carbón "ESTABA DIRIGIDA POR LA CIA"”. http://www.aporrea.org/tiburon/n53743.html.

El General Presidente de Corpozulia en varias reuniones ha manifestado al preguntársele sobre la resistencia histórica del movimiento ecologista zuliano ante la explotación de más minas de carbón en la Sierra de Perijá, desde el río Guasare hasta el río Catatumbo, que él (Martínez Mendoza) nunca hablará con este grupo de gente. Pues nunca han buscado reunirse con Corpozulia, ni con él. Pues este grupo de gente son unos soñadores, anarquistas, hippy. Que estos son proyectos de Estado y nadie puede oponerse.

Al movimiento social autónomo defensor de la tierra y de la permanencia de la vida en el planta nos tocará momentos difíciles hasta el 2018, como ayer lo hicimos contra el Tendido Eléctrico a Brasil; es nuestro firme deber como movimiento ecologista mundial no permitirle a Gobierno alguno la destrucción de la vida en la Sierra de Perijá y en seguir profundizando un modelo excluyente de desarrollo, antidemocrático, extractivo de enclave minero exportador. Continuaremos, como hoy solidariamente lo hacemos, con la defensa y por una justa demarcación de los territorios de los pueblos o naciones indígenas Yukpa y Barí.



Al Presidente Chávez. Nuestra propuesta ante el país

1. Nuestra propuesta la tomamos del Informe Ejecutivo. Situación Actual de la Explotación de Carbón en el Estado Zulia. Julio 2005 del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, Lámina 8: Si la mina Paso Diablo hay una concesión otorgada a Corpozulia para explotar carbón de 5.750 hectáreas y hasta el año 2004 sólo se ha ocupado 1.443 y si el área de Mina Norte es de 320 hectáreas ocupadas de 1.500 en concesiones, es decir aún tienen sendas minas 5.487 hectáreas para ser ampliadas, la pregunta obligada es entonces ¿para que el Gobierno va abrir nuevas minas de carbón?

Para aquel entonces la Ministra Faría le informaba y a la vez le preguntaba a Chávez en el informe del 11 de julio de 2005 “Sí con 1763 ha. se están produciendo 8 MTM/año y restando 5487 ha. sin explotar... ¿Qué justifica la explotación de 6500 nuevas ha.?” (Lámina 8). Y en la última lámina le decía “La Tierra nos está enviando señales... cuidemos el Agua y la Biodiversidad. Cambiemos el modelo de desarrollo”.

2. Si se exporta 8 millones de toneladas de carbón anuales, y el 51% de ese carbón es del Estado gobierno y el 49% de los capitales imperiales ingles, arubanos, holandeses y estadounidense, entonces porque no usar estos millones de toneladas para el desarrollo endógeno que llevará al país a convertirse en una potencia mundial, y no seguirlo regalando en el mercado internacional para que otros se enriquezcan.

3. Si la Ministra Ortega de Carrizalez el 19 de marzo de 2007 frente a una muchedumbre pagada exigente a las puertas del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente de la apertura de más minas de carbón traída desde el municipio Mara del estado Zulia en diez buses por Corpozulia y las empresas trasnacionales mineras le informaba que estaba prohibido la apertura de nuevas minas de carbón en el Zulia por orden presidencial, pero a cambio de dicha actividad minera el Gobierno y el ministerio se comprometían a impulsar con ellos en la zona otro modelo de desarrollo alterno a la minería a partir de la pequeña y la mediana industria, de actividades agropecuarias sustentables, cooperativas pesqueras, de sal, turísticas, artesanal Wayuu, entre otras propuestas.

Los operadores de Corpozulia y los directivos sindicales nada pudieron hacer ante los aplausos de gente que en verdad lo que quiere es trabajar para vivir con sus familias en paz. Esa propuesta de la Ministra Ortega de Carrizalez fue incumplida luego de dos reuniones con estas personas realizadas en el Zulia por la ingeniera Merly García, Viceministra de Ordenación Territorial del Ministerio del Ambiente, y Yul Lobo.

Nosotros también estuvimos presentes a sendas reuniones al ser invitados el día martes 20 de marzo de 2007 cuando también fuimos acompañados con dirigentes Yukpa y Wayuu a protestar la apertura de más minas de carbón en Perijá y el Socuy. En la reunión realizada el 29 de marzo de 2007 por la Viceministra García en el Destacamento 36 de la Guardia Nacional de Machiques el compañero Jorge Montiel de la Organización Wayuu MAIKIRAALASALII quedó en la directiva para elaborar e impulsar la propuesta de desarrollo alterno al carbón.

http://www.aporrea.org/ddhh/n92799.html.

En aquel entonces tanto la Ministra Ortega de Carrizalez como la Viceministra García afirmaban: “Por una orden presidencial, la ministra del ambiente Yubiri Ortega de Carrizalez anunció ayer ante los pueblos indígenas Yukpa y Wayúu de la Sierra de Perijá la prohibición de abrir nuevas minas de carbón en el estado Zulia, quedando impedidas además, por el mismo mandato presidencial, indicó, las ampliaciones de las minas Guasare y Paso Diablo proyectadas por Corpozulia y su filial Carbozulia”.

(http://www.aporrea.org/desalambrar/n92227.html).

“Anunciado Merly García, viceministra de Ordenación Territorial del Ministerio del Ambiente, informó a las comunidades indígenas de la sierra de Perijá, que no existe la menor posibilidad de explotación carbonífera en la cordillera perijanera”. “Están totalmente suspendidas las concesiones de explotación de carbón en la sierra de Perijá, no somos quienes para acabar con las reservas de agua, ni con la biodiversidad de este pulmón vegetal. Como organismo conservacionista hemos decidido no otorgar permisos que atenten con el desarrollo natural de las comunidades y los pueblos”. Acotó García: “Existe un compromiso del Gobierno nacional para otorgarle una mejor calidad de vida a los pueblos indígenas, por lo que se ha hecho indispensable la conformación de mesas de trabajo que permitan el diagnóstico de las realidades comunitarias autóctonos, desde la óptica de los mismos pueblos étnicos”. (Panorama. Maracaibo, viernes 29 de marzo de 2007). “La decisión del Gobierno nacional de no otorgar nuevos permisos para la explotación carbonífera en el país fue ratificada ayer por la ministra de ambiente, Yuvirí Ortega, durante su estadía en el Zulia. “Ya se sabe la decisión del Presidente de la República, pues el ministerio sigue avalando que no se abran nuevas concesiones de minas de carbón en el país”, subrayó. La viceministra de administración y ordenación territorial, Merli García, aseguró que las ganancias dejadas al país por la explotación de carbón no se corresponden con los daños ambientales generados por algunas de estas minas. “Las únicas dos concesiones legales de carbón que existen son las que están en el Zulia: Carbones de Guasare y Carbones de la Guajira”, aclaró. Un estudio abordado por el Minamb, reveló que el 92% del carbón que se explota No se queda en el país "y lo que le queda a Venezuela no compensa el daño ecológico que ocasiona” (Panorama. Maracaibo, viernes 20 de julio de 2007. Página 1-14).



Ante las presiones encabezadas por el General Martínez Mendoza y operadores políticos de las empresas imperiales del carbón se suspendieron las reuniones propuestas por la Ministra Ortega de Carrizalez; desde ese momento se comienza a entretejer la estrategia de lograr un pronunciamiento favorable por parte del Presidente Chávez a la apertura de más minas de carbón.

Por esta razón no son tan ciertas las afirmaciones del nuevo Viceministro del Poder Popular para el Ambiente, ingeniero Sergio Rodríguez de que así como hay gente que dice no al carbón, así mismo hay gente que pide abrir nuevas minas de carbón. El 19 de marzo de 2007 quedó demostrado que la gente en verdad verdad lo que exige es comer, la apertura de fuente de trabajo.

Pero como ahora el Gobierno ha decidido elevar la producción de acero en un 300% para vendérselo a la China entonces la Ministra del Ambiente Ortega de Carrizalez nada dice con respecto al cambio del modelo extractivo minero, todo lo contrario ya aceptó comenzar por aumentar la explotación de carbón a 12 millones las toneladas anualmente, para luego ir su aumento a 16, 20, 36 y 46 millones de toneladas, tal como se programó en los tiempo de sociedad en el Guasare con la Shell y la alemana Ruhr Kohle.

Exigimos al Gobierno Nacional reconsiderar la inviable e innecesaria propuesta de abrir las minas de carbón en las cuencas de los ríos Socuy, Maché y Cachirí, y posteriormente a lo largo de todo el piedemonte de Sierra de Perijá.
Homo et Natura

17 jul. 2009

Asamblea Nacional Indígena Extraordinaria los días 7, 8 y 9 de agosto de 2009 , en Xayakalan, municipio de Aquila, Michoacán

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

CONVOCATORIA

CONSIDERANDO que 516 años de historia han significado para los nuestros, pueblos primeros, explotación, discriminación, despojo y exterminio, y que la Nación Mexicana, nacida de nuestra sangre, de nuestra semilla y de nuestros corazones, ha sido edificada por los poderosos negando nuestra existencia y negando nuestro supremo derecho a caminar nuestro propio camino;

CONSIDERANDO que la traición de los Acuerdos de San Andrés por parte de la clase política mexicana intensificó la guerra de explotación, despojo y desprecio desatada por los grandes intereses económicos en contra de nuestros pueblos y sus territorios, pero también nuestra resistencia y el fortalecimiento de las autonomías indígenas a lo largo de todo el territorio nacional;

CONSIDERANDO que en nuestro país hoy la violencia e impunidad se han instituido como política de Estado en complicidad con los intereses de grandes empresas transnacionales, ajenos a cualquier interés patrio por salvaguardar la soberanía nacional, promoviendo el despojo, el asesinato, la represión y el encarcelamiento de l@s herman@s que se oponen a ellas en defensa de los territorios indígenas y de nuestros modos y maneras de ser, vivir y resistir como pueblos indios;

CONSIDERANDO que la recuperación de una importante franja de tierras colindantes con el Océano Pacífico pertenecientes al pueblo nahua de la Costa de Michoacán, junto con la proclamación y el ejercicio del derecho a la autodefensa indígena, realizados a partir del día 29 de junio del año
en curso por la comunidad nahua de Santa María Ostula, en alianza con las comunidades nahuas de El Coire y Pómaro, invitan a todos nuestros pueblos a fortalecer las luchas que tienen como fin detener la guerra de destrucción desatada en nuestra contra y de la madre tierra; hemos acordado CONVOCAR URGENTEMENTE a las autoridades y representantes de los pueblos, naciones y tribus indígenas a la celebración de una:

ASAMBLEA NACIONAL INDÍGENA EXTRAORDINARIA

Que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de agosto de 2009 en el nuevo poblado de XAYAKALAN, campamento en resistencia de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, de acuerdo al siguiente programa:

DÍA 7 DE AGOSTO

10:00-20:00 HORAS.- REGISTRO DE DELEGADOS, INVITADOS Y OBSERVADORES.

DÍA 8 DE AGOSTO

11:00-12:00 HORAS.- INAUGARACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL INDÍGENA.
12:00-15:00 HORAS.- INSTALACIÓN DE CUATRO MESAS QUE TRABAJARAN SIMULTANEAMENTE EL SIGUIENTE TEMARIO:

A) BALANCE DE LA LUCHA INDÍGENA A PARTIR DEL CUARTO CONGRESO NACIONAL INDÍGENA REALIZADO EN LA COMUNIDAD NAHÑU DE ATLAPULCO EN EL MES DE MAYO DE 2006.
B) DIAGNOSTICO Y EVALUACÍÓN DE LA GUERRA DE CONQUISTA Y DEVASTACIÓN NEOLIBERAL EN CONTRA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, DE LA NACIÓN Y DE LA MADRE TIERRA.
C) EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA INDÍGENA, LA PROTECCIÓN DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS Y EL DERECHO A LA AUTODEFENSA INDÍGENA.

15:00-16:00 HORAS.- COMIDA.
16:00-20:00 HORAS.- CONTINUACIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO.

DÍA 9 DE AGOSTO

10:00-14:00 HORAS.- PLENARIA RESOLUTIVA.
14:00-15:00 HORAS.- CLAUSURA.
15:00-16:00 HORAS.- COMIDA.

Dada en el territorio de la Costa Nahua de Michoacán, comunidad indígena de Santa María Ostula, a los quince días del mes de agosto de 2009.

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

POR EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

MICHOACÁN
COMUNIDAD NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA, COMUNIDAD NAHUA DE EL COIRE, COMUNIDAD NAHUA DE POMARO, COMUNIDAD PURHÉPECHA DE NURÍO, COMUNIDAD PURHÉPECHA DE CHERÁN, COMUNIDAD PURHÉPECHA DE COMACHUÉN, COMUNIDAD PURHÉPECHA DE ARANTEPACUA, COMUNIDAD PURHÉPECHA DE SANTA FE DE LA LAGUNA, UNIÓN DE COMUNEROS EMILIANO ZAPATA

OAXACA
CONSEJO INDÍGENA POPULAR DE OAXACA-RICARDO FLORES MAGÓN, CONSEJO CIUDADANO UNIDALGUENSE, GUBIÑA XXI, MOVIMIENTO DE UNIFICACIÓN Y LUCHA TRIQUI, UNIÓN DE ORGANIZACIONES DE LA SIERRA JUÁREZ DE OAXACA, SERVICIOS DEL PUEBLO MIXE

SONORA
GUARDIA TRADICIONAL DEL PUEBLO DE VICAM, PRIMERA CABECERA DE LA TRIBU YAQUI

BAJA CALIFORNIA
COMUNIDAD INDÍGENA DEL MAYOR CUCAPÁ, KUMIAI INTEGRANTES DEL CNI EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTA, KUMIAI INTEGRANTES DEL CNI EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS DE NEJÍ

JALISCO
COMUNIDAD WIXÁRIKA DE SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN, COMUNIDAD NAHUA DE AYOTITLÁN, ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS Y CAMPESINAS DE TUXPAN

DURANGO
COMUNIDAD AUTÓNOMA WIXÁRIKA DE BANCOS DE SAN HIPÓLITO

GUERRERO
COMUNIDAD AMUZGA DE SULJAA’, COMITÉ DIRECTIVO DE LA RADIO ÑOMNDAA, SULJAA’

ESTADO DE MÉXICO
COMUNIDAD ÑAHÑU DE SAN PEDRO ATLAPULCO

DISTRITO FEDERAL
COMUNEROS DE MILPA ALTA

11 jul. 2009

Pueblos indígenas, autonomía y indigenismo en México

Autonomías indígenas en México

Las políticas de la Colonia y del México actual sobre los pueblos indígenas han sido no un conjunto ordenado y etiquetado de planes y programas para beneficiar a los pueblos, sino parte de un proceso político y social conflictivo a lo largo de cinco siglos. Este proceso ha tenido
como eje recurrente el cuestionamiento de la condición política de los pueblos indígenas y de sus derechos agrarios. Cinco siglos no han logrado destruir totalmente los fundamentos de la vida colectiva indígena. El levantamiento armado ha sido a menudo la respuesta a los reiterados intentos de desaparecer los valores de sus comunidades. La propiedad comunal de la tierra aparece como más compleja e importante que la individual: se trata de un ordenamiento cultural en que el trabajo, la economía y la integración política de los individuos y las familias se asumen como un sistema de valores también colectivo.

El surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional propició, entre otras cosas, el debate sobre ciertas cuestiones fundamentales en torno a los derechos de los pueblos indígenas: el reconocimiento de los pueblos indios como sujetos de derecho público y no como entidades de
interés público, el reconocimiento de territorios y gobiernos autónomos indígenas, así como la recomposición de los municipios de acuerdo con los pueblos indios que los habiten.

Gran parte de la vida de las comunidades indígenas desde hace siglos se desenvuelve por una toma de decisiones autónomas. Los ámbitos de estas decisiones son muy vastos. Un ejemplo básico es el ordenamiento laboral solidario, no remunerado, conocido como "fajina", "tequio" o "trabajo comunitario". Una institución social como ésta ha sido esencial para la subsistencia de numerosas comunidades incapaces de contratar mano de obra.

Las autoridades comunitarias constituyen otro ejemplo destacado de las instituciones políticas autónomas de muchos pueblos indígenas. Las funciones civiles y las religiosas van comprobando la capacidad de cada uno de los miembros de la comunidad y ayudan a resolver los ascensos en
función de la capacidad demostrada. Los cargos no son remunerados ni representan beneficios económicos. La asamblea comunitaria o los concejos van determinando los procedimientos y nombramientos que den continuidad y seguridad a la comunidad. Este procedimiento de designación de autoridades tradicionales ha sido ya reconocido por la Constitución del estado de Oaxaca y es homologable a los procesos electorales de partidos políticos en municipios no indígenas.

Día con día los pueblos toman decisiones de manera autónoma en otras áreas civiles, penales y administrativas. Esta realidad política y social existe de hecho, pero sin reconocimiento constitucional.

El libro Otras geografías. Experiencias de autonomías indígenas en México, de Giovanna Gasparello y Jaime Quintana Guerrero, de próxima aparición, es un valioso encuentro y recuento con aspectos viejos y novísimos de realidades que están en proceso de cambio y de afirmación en varias regiones de México y en varios pueblos indígenas de Guerrero, Oaxaca y Sonora. Se trata de proyectos, programas y procesos variados de seguridad y justicia comunitaria, comunicación comunitaria, así como diversos retos de organización y administración del ejercicio autónomo.

Es una obra que ilustra múltiples aspectos. Por ejemplo, que la realidad de los procesos autónomos va más allá de los moldes teóricos o jurídicos con que se les ha querido frenar en las reformas constitucionales recientes. También, que esa fuerza de procesos sociales reales, no
teóricos, van más allá de las zonas de Chiapas, donde se asientan las juntas de buen gobierno. Igualmente, que estudiar, analizar o comprender estos procesos no puede separarse del compromiso con esos pueblos. Los científicos sociales que participan en esta obra lo demuestran persuasivamente. Conocimiento y compromiso van unidos en este proceso de México.

Ahora bien, no está por demás repetir que los estados libres y soberanos no ponen en riesgo a la Federación, no son separatistas, aunque tengan sus propias leyes, sus propios tribunales y su propia administración de recursos. Los municipios libres no constituyen un Estado dentro de otro
Estado aunque tengan sus propias autoridades y administración de recursos. En un viejo lenguaje jurídico, podríamos hablar de diferentes jurisdicciones o de diversas competencias forales: además del municipio libre y del fuero común, que es lo propio de cada estado, y además del
fuero federal, que es lo propio de la Federación, faltaría reconocer el fuero de los pueblos indígenas. La tradición constitucionalista de México frena esta posibilidad porque las raíces políticas de las constituciones mexicanas, que no llegan aún a 200 años, cancelan la opción de reconocer y respetar una realidad cultural e histórica de más de cinco siglos, una realidad quizás de milenios.

Carlos Montemayor.

http://www.jornada.unam.mx/2009/07/10/index.php?section=opinion&article=017a1pol



El indigenismo siempre será política de Estado

Una de las conquistas del movimiento indígena, encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI), ha sido identificar en el debate nacional la naturaleza paternalista, autoritaria y enajenante del indigenismo del Estado mexicano.

Antagónico a los autogobiernos de pueblos y comunidades, el indigenismo se desarrolla a partir de contradictorias y complementarias perspectivas desde los aparatos estatales y grupos dominantes nacionales y regionales que –de acuerdo a necesidades y coyunturas económicas y políticas– afirman
un integracionismo asimilacionista de las entidades étnicas diferenciadas de la nacionalidad mayoritaria "mexicana", o establecen un diferencialismo segregacionista que las mantiene en sus "regiones de refugio", siendo ambas políticas, en esencia, negadoras de las culturas indígenas y
causantes del clientelismo y el corporativismo impuestos durante el régimen priísta.

La constatación de esta tesis en el movimiento indígena y el incumplimiento por los tres poderes de la Unión de los acuerdos de San Andrés provocan una ruptura con el Estado mexicano que da cauce a procesos autonómicos de profundidad histórica, como los municipios rebeldes-juntas de buen gobierno zapatistas, y experiencias muy diversas en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Chihuahua, entre otras entidades.

Por ello, no es sorpresa que desde hace más de un mes, indígenas nahuas, mixtecos, tlapanecos y amuzgos de la Coordinadora Estatal Indígena del Alto Balsas y la Convención Estatal Indígena y Afroamericana de Guerrero estén denunciando ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI) –continuación panista del Instituto Nacional Indigenista (INI)– el nombramiento unilateral de Gonzalo Solís Cervantes como delegado estatal.

Con toda razón los integrantes de esas organizaciones indígenas, cuyos orígenes se remontan al Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena, aducen que el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) otorga el derecho de consulta a los pueblos indígenas para todo aquello que les concierne. Su ejercicio incluso había sido pactado con la representación de la CDI en Guerrero desde 2007. No obstante, después de realizado ese proceso consultivo mediante el que resultó electo Guillermo Álvarez Nicanor, indígena nahua de ese estado, las autoridades de la CDI, encabezadas por Luis H. Álvarez, cuyo acercamiento a la problemática indígena se fundamenta únicamente en haber sido miembro de la Cocopa, pasaron sobre esos acuerdos, imponiendo al delegado de su conveniencia. Esto provocó la ocupación de la sede
estatal de la comisión en Chilpancingo, Guerrero, por más de un mes, pero ante el fracaso de la protesta en ese ámbito, centenares de indígenas guerrerenses arribaron a sus oficinas centrales en la ciudad de México.

Ni el titular de la CDI ni el encargado de la Unidad de Coordinación y Enlace ("operador político" vacacionando en España) recibieron a los manifestantes, quienes, por el contrario, sufrieron intimidaciones y provocaciones de la policía federal los días que permanecieron protestando e incluso fue arrestado Bruno Plácido Valerio, activo participante en la construcción del sistema de justicia comunitaria en Guerrero, a quien se acusa por los delitos de motín, ocupación de instituciones federales y lesiones. El dirigente fue liberado tras el pago de una fianza, mientras el plantón se levantó el 26 de junio pasado. Nuevamente, las organizaciones indígenas sufren en carne propia la estrategia de criminalización que los gobiernos panistas han impuesto como contención a los movimientos sociales.

Ante la negativa de las autoridades de la CDI de recibir a los manifestantes, las organizaciones participantes recurrieron a diversas acciones: huelga de hambre, demanda de mediación de la Organización de Naciones Unidas por conducto de su representación en México, exigencia de
intervención de las cámaras de diputados y senadores, y comunicación con promotores de derechos humanos y activistas de la sociedad civil organizada, recibiendo apoyo de estos actores políticos y sociales.

La Comisión Permanente de la 60 Legislatura, por su parte, mediante un punto de acuerdo, respaldó al Congreso de Guerrero –que se inclinó por la consulta previa a pueblos y comunidades indígenas– e hizo suyo "el criterio de que la selección de nuevos delegados de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Guerrero y de otras entidades federativas del país, en igualdad de condiciones, deberán tener prioridad los candidatos de origen indígena que cuenten con experiencia de trabajo con sus pueblos y tengan la suficiente capacidad en la administración pública federal, estatal y/o municipal".

Semejante resolutivo, sin embargo, aunque apoya el derecho a la consult de los pueblos indígenas, enfatiza de nuevo la relación paternalista de un organismo indigenista del Estado mexicano que decide en última instancia quién será su representante y qué políticas aplica en las regiones
étnicas. Este acto legislativo, así como la insistencia en buscar cargos públicos que no logran una articulación real con los pueblos y sus autonomías refuerzan esa perspectiva estatista que tanto daño hizo al movimiento indígena en el pasado.

Un camino fructífero que abrió el movimiento indígena nacional a partir de 1994 es continuar fortaleciendo sus instituciones colectivas, redes comunitarias, regionales y estatales horizontales que reconstituyan a los pueblos y desarrollen los procesos autonómicos que establecen el poder de mandar obedeciendo. También es necesario no olvidar que el indigenismo
siempre será política de Estado.

Gilberto López y Rivas.

http://www.jornada.unam.mx/2009/07/10/index.php?section=opinion&article=018a2pol

8 jul. 2009

Ostula: la autodefensa indígena

Algunas poblaciones ocupan un lugar privilegiado en la historia de las luchas emancipadoras en México. Tienen ese espacio porque allí se han lanzado proclamas, planes o manifiestos libertarios o porque han sido el territorio en el que se han escenificado grandes combates sociales. Entre los primeros se encuentran, por citar algunos, Ayutla, San Luis Potosí o Ayala. Entre los segundos están localidades como Veracruz, Cananea y Río Blanco.

Probablemente, con el paso de los años, la comunidad indígena de Ostula, perteneciente al municipio de Aquila, en Michoacán, formará parte de la nomenclatura histórica que alimenta el imaginario de la gleba. Otras pequeñas comunidades, como La Realidad y Guadalupe Tepeyac, en Chiapas, o El Charco y Aguas Blancas, en Guerrero, ocupan ya un lugar central en el relato que da cuenta de las modernas luchas de liberación.

Santa María de Ostula se convertirá en referencia por dos razones distintas. La primera, porque allí se promulgó el pasado 13 y 14 de junio el Manifiesto de Ostula, que reivindica el derecho a la autodefensa indígena. La segunda, porque dos semanas después centenares de comuneros nahuas de esa localidad recuperaron más de 700 hectáreas de propiedad comunal ilegalmente ocupadas por poderosos caciques mestizos, en una época en la que se ha izado "la bandera blanca" en el campo.

El Manifiesto de Ostula es un documento de enorme trascendencia histórica, pues reivindica el derecho a la autodefensa indígena. Está redactado en el mismo tono y aliento con que fueron escritas las grandes proclamas contra la servidumbre del siglo XIX. No es una declaración de una organización político-militar clandestina. Fue aprobado por pueblos y comunidades indígenas de nueve estados de la República que asistieron como delegados a la 25 asamblea del Congreso Nacional Indígena en la región centro Pacífico del país.

La proclama advierte que los pueblos originarios padecen una guerra de exterminio neoliberal que pone en riesgo su seguridad, existencia y sobrevivencia. Denuncia la represión gubernamental y paramilitar en su contra, que ha provocado el asesinato y encarcelamiento de cientos de
dirigentes indígenas y la ocupación militar de sus territorios. Compara la situación que actualmente padecen los indígenas con la que se vivió durante la fase última de la dictadura de Porfirio Díaz.

El manifiesto explica cómo a lo largo de la historia, los pueblos indios han creado formas legítimas y legales para su autodefensa. Reivindica que, frente a la guerra de exterminio neoliberal que sufren, los indígenas tienen el inalienable derecho, derivado del artículo 39 constitucional, a "organizarse y realizar la defensa de su vida, de su seguridad, de sus
libertades y derechos fundamentales y de su cultura y sus territorios".

Este derecho a la autodefensa cobra vida con la formación de policías comunitarias, guardias comunales u otras formas de organización comunales, en tanto no violen los derechos humanos. Estas fuerzas son necesarias porque las instancias encargadas de impartir justicia son corruptas.

Escasos días después de su firma, la letra del Manifiesto de Ostula se hizo realidad en el mismo sitio de su proclamación. Ante la ausencia de autoridades estatales que defiendan su integridad, las comunidades de Ostula, Coire y Pómaro activaron su policía comunitaria, institución
responsable de resguardar las tierras y la seguridad de 23 localidades de la comunidad indígena.

La comunidad indígena de Ostula posee un territorio de más de 19 mil hectáreas, que se extiende del asentamiento costero de La Ticla a las sierras. Está integrada por 49 asentamientos diferentes. La comunidad fue reconocida en su personalidad y en sus propiedades ancestrales mediante la resolución presidencial del 27 de abril de 1964. Aunque es la legítima poseedora del paraje costero de La Canahuancera y cuenta con títulos de propiedad que datan de 1802 y 1803, los supuestos pequeños propietario de La Placita se lo habían arrebatado desde hace 45 años.

El 29 de junio pasado pistoleros al servicio de los caciques agredieron a tiros a un grupo de mil pobladores de Ostula que habían recuperado, pacíficamente y por la vía de los hechos, el paraje. El campesino Manuel Serrano resultó herido de bala. La policía comunitaria detuvo a cinco
agresores que posteriormente dejó en libertad. Otros tres fueron condenados moralmente y entregados al gobierno del estado. Los indígenas recuperaron la posesión de La Canahuancera.

Pero, más allá del hostigamiento de los caciques, las tierras comunales se encuentran amenazadas por dos proyectos sobre los que no han sido consultados: el Plan Regional para el Desarrollo Turístico Integral de la Costa de Michoacán y la carretera Coahuayana-Lázaro Cárdenas. Ambos buscan meter al mercado las tierras de las comunidades indígenas y campesinas de la región.

Una vez que recuperó la tierra, la comunidad de Ostula comenzó a trabajar en la edificación de un nuevo poblado, que será bautizado como Xayacalan, su nombre original. En cinco días construyeron 25 casas. Este terreno es el límite de la comunidad hacia el norte y la puerta de entrada a toda la región nahua.

En Ostula, El Coire y Pómaro no se instalaron casillas electorales. Los comuneros exigen el inmediato castigo de los responsables del ataque sufrido el pasado 29 de junio, y el respeto irrestricto a la posesión que la comunidad tiene sobre La Canahuancera y sobre todas las tierras
comunales que le pertenecen en forma inmemorial, así como el respeto y reconocimiento de su policía comunitaria.

La reivindicación de la autodefensa indígena sistematizada en El Manifiesto de Ostula es, simultáneamente, un viejo y profundo anhelo de los pueblos originarios de nuestro país, y una indicación del rumbo que su lucha ha tomado: la construcción de la autonomía de facto.

Luis Hernández Navarro.

"La Jornada", martes 7 de julio de 2009.

http://www.jornada.unam.mx/2009/07/07/index.php?section=opinion&article=017a2pol

2 jul. 2009

Detienen a lamwen Mireya Figueroa tras cinco años de clandestinidad


La lamwen Mireya Figueroa de la Comunidad de Tricauco fue detenida ayer en la comuna de Pedro Aguirre Cerda en Santiago, tras permanecer cinco años en clandestinidad. Se le acusa de participar en el incendio del Fundo Poluco Pidenco de Mininco en diciembre del 2001.

Hasta el momento se sabe que está en la cárcel de Santiago, sin poder ser trasladada por una arritmia cardiaca provocada por los tratos impropios en su detención, sabiendo que padece de un cáncer de mama terminal.

Mireya Figueroa fue aprehendida por efectivos de inteligencia de Carabineros de Malleco que viajaron a Santiago luego de saber que frecuentaba la casa de su hija ubicada en 2 de abril con Ranquil, en Pedro Aguirre Cerda.

Gendarmería prepara su traslado al penal de Angol, allí la madre de cuatro hijos tendrá que enfrentar un juicio oral en el tribunal de la ciudad el próximo 8 de julio -el sexto sobre el mismo caso-, que se suma a los efectuados hasta ahora contra otros diez mapuche.

Ella decidió no presentarse al juicio oral por el caso en agosto del 2004. “Quizás me detengan, pero lucharé para que ello no ocurra. Me voy a presentar a la justicia. No quiero evadirla, pero sólo lo haré cuando el Estado me dé las garantías de un justo proceso. Cuando no haya testigos sin rostros ni pagados”, declaró Mireya Figueroa a “El Mercurio” en esos días.

La detenida será trasladada hoy a Angol, y lo más probable, según se informó, es que su defensa pida la aplicación de la media prescripción; es decir, la rebaja de la pena por el tiempo transcurrido desde la comisión del supuesto delito.

Pluco Pidenco

Por el incendio de los fundos Poluco y Pidenco fueron acusados bajo ley antiterrorista 11 comuneros mapuche, la mayoría dirigentes provenientes de todo Wallmapu, configurando un golpe represivo contra la Coordinadora Arauco Malleco, donde se esgrimieron las figuras jurídicas de “incendio terrorista” y “asociación ilícita terrorista”.

Estos predios en manos de forestal Mininco vienen siendo reivindicados por las comunidades del sector, principalmente Tricauco, desde la década de 1960, donde solo el control territorial en estos últimos años ha logrado reales avances.

Todos los acusados han sido procesados desde el 2003, quedando hoy resistiendo en la clandestinidad solo el Lonko de Chequenco Juan Millacheo Ñanco.

Delicada salud

Numerosas adversidades debió enfrentar la lamwen desde que asumió la clandestinidad, más allá de la traición y la manipulación de grupos políticos ajenos a nuestro Pueblo, su integridad física se vio en todo momento amenazada por las precarias condiciones habitacionales que sin embargo resistió.

El cáncer de mama se le fue agravando y expandiendo por todo el cuerpo. Actualmente recibe tratamiento quimioterápico que solamente se puede dar en Santiago, debiendo tomar además una gran cantidad de medicamentos para los dolores.

Llamamos a solidarizar con nuestra lamien que pudo permanecer mas de 5 años clandestina y que hoy afrenta una enfermedad que la deja entre la vida y la muerte y que seguramente buscaban los aparatos de inteligencia del estado fascista de bachellet terminar con ella en una celda.

Estaremos confirmando su traslado a Angol sabemos que familiares y amigos se encuentran con ella en las afuera de la cárcel y que pronto se pronunciaran al respecto.

Fuente: Pais Mapuche

Peticiones de solidaridad

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, a 27 de Junio de 2009.

A LOS ORGANISMOS CIVILES NACIONALES E INTERNACIONALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS.
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, CIVILES Y POLÍTICAS.
A LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES.
AL FRENTE NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN (FNCR).
A LA OPINIÓN PÚBLICA.

ACCIÓN URGENTE POR EL CESE AL HOSTIGAMIENTO Y CRIMINALIZACIÓN DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE CHIAPAS, YOLANDA CASTRO APREZA Y DANIEL ALFONSO LUNA ALCÁNTARA.

Preocupados por el clima de vulnerabilidad que padecen diversos defensores de los derechos humanos en México, y particularmente por la situación de acoso que enfrentan integrantes de diversos organismos civiles de derechos humanos y personas de organizaciones sociales en el estado de Chiapas, cuya integridad física, emocional, psicológica y moral está siendo puesta
en riesgo, nos dirigimos a ustedes solicitando su apoyo solidario para que cese esta situación.

Como ha sido público a través de los medios de comunicación, en fechas recientes se ha intensificado una situación de hostigamiento hacia personas del Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", de la organización Maderas del Pueblo del Sureste y de diversas
organizaciones sociales en el estado de Chiapas.

Dentro de éstas últimas está el caso de los defensores de los Derechos Humanos Yolanda Castro Apreza y Daniel Alfonso Luna Alcántara, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), quienes además de padecer constantemente de hostigamiento y vigilancia por parte de cuerpos policíacos y agentes vestidos de civil, hoy pesa sobre ellos la intención
gubernamental de integrar expedientes y averiguaciones previas en su contra bajo la consigna de vincularles a "células armadas". Este acto tendiente a criminalizar la actividad política legal que desempeñan como defensores de derechos humanos, atenta contra su seguridad e integridad
personal, así como la de sus familiares y personas con que colaboran.

Trayectorias de Yolanda Castro Apreza y Daniel Alfonso Luna Alcántara en la defensa y promoción de los Derechos Humanos en Chiapas.

Yolanda Castro Apreza tiene una larga trayectoria en el acompañamiento y defensa de los derechos de las mujeres en Chiapas: fue cofundadora del movimiento feminista desde 1986; ha sido asesora de cooperativas de mujeres indígenas artesanas desde 1991, principalmente en la cooperativa
Jolom Mayaetik (Tejedoras Mayas); en el contexto del conflicto armado surgido en 1994, impulsó y formó parte de la Convención Estatal de Mujeres Chiapanecas, así como de las Brigadas de Observación Civil en comunidades indígenas; en 1995 fue cofundadora de la asociación civil K'inal Antsetik (Tierra de Mujeres), espacio desde el cual ha impulsado la lucha contra la violencia hacia las mujeres y los feminicidios.

Más recientemente, como integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), Yolanda Castro ha sido responsable de promover e impulsar la participación política de las mujeres, así como la defensa de sus derechos; en congruencia con lo cual, públicamente se sumó al
acompañamiento de la lucha de las mujeres familiares de Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Francisco Paredes Ruiz, víctimas de desaparición forzada desde 2007.

Por su parte Daniel Alfonso Luna Alcántara llegó a Chiapas en 1995, a convocatoria del Presidente del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, Monseñor Samuel Ruiz García, para integrarse como voluntario en los Campamentos Civiles por la Paz, en las Brigadas Civiles
de Observación de los Derechos Humanos, y en los Cinturones de Paz de los Diálogos de San Andrés. En 1998 organizó y formó parte de la Misión Civil de Observación de los Derechos Humanos, que monitoreó todas las comunidades indígenas afectadas por operativos policíaco-militares entre
abril y junio de ése año.

En el marco de la defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la población chiapaneca, ha participado a través de la Coordinadora de la Sociedad Civil en Resistencia (CSCR) y del Movimiento de Resistencia Popular del Sureste (MRPS-FNLS), en la asesoría
organizativa, acompañamiento y defensa de los derechos de comunidades indígenas y campesinas en reivindicaciones sociales como: la resistencia a las altas tarifas de la energía eléctrica; contra el Plan Puebla-Panamá y sus megaproyectos asociados; en la defensa de la Tierra y el Territorio mediante la salvaguarda de los derechos agrarios, así como contra los programas privatizadores de la propiedad ejidal y comunal llamados PROCEDE y PROCECOM; contra la privatización de fuentes de agua comunitarias; contra la minería metálica.

Igualmente, en el ámbito de otras reivindicaciones y derechos legítimos de las comunidades y pueblos indígenas y campesinos de Chiapas, ambos, Yolanda Castro Apreza y Daniel A. Luna Alcántara, participaron a nivel estatal en la organización de la Consulta Nacional por el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indios y por el Fin de la Guerra de Exterminio, realizada en marzo de 1999. Así, ese año fueron cofundadores de las Coordinadoras Regionales de Chiapas por la Consulta Zapatista, que en 2001 se conformaron como Coordinadoras Regionales de Chiapas de la Sociedad Civil en Resistencia (CSCR), para finalmente convertirse en 2005 en el Movimiento de Resistencia Popular del Sureste (MRPS-FNLS). Entre 1999 y 2000 fueron impulsores y participantes de la llamada Red Civil de Observación (RECIO), que se avocó a la tarea de recorrer cada comunidad del estado afectada por operativos policíaco-militares para documentar las violaciones sufridas en sus derechos humanos y civiles.

Entre agosto de 2001 y febrero de 2004, Yolanda y Daniel junto a otros miembros de la CSCR, organizaron cinco Foros Estatales de la Resistencia Contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica, a través de los cuales se articuló un importante movimiento plural con diferentes organizaciones del estado. Por otro lado, en colaboración con otras organizaciones sociales y civiles, entre las que destacaron como promotores el Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas" y el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), organizaron en febrero de 2003 en Chiapas el Primer Encuentro Nacional Contra PROCEDE-PROCECOM, que contó con participantes de nueve estados del país; y en marzo de 2006, en la comunidad de Petalcingo integrada al MRPS-FNLS, el Primer Encuentro Estatal Contra PROCEDE-PROCECOM, en el cual participaron 36 organizaciones
y 6 ejidos/bienes comunales de diferentes municipios de Chiapas.

En octubre y noviembre de 2005 se integraron a la Red de Organismos Civiles y Sociales para la Emergencia en Chiapas, que se conformó para dar respuesta solidaria y humanitaria a la población afectada por el huracán Stan, tanto en la parte asistencial inmediata como en la posterior etapa
de organización autogestiva de las comunidades para superar la contingencia.

En algunos de los procesos de defensa de derechos humanos antes mencionados, hubo casos graves de represión policíaca dentro de los que destacaron treinta y seis indígenas zoques de la CSCR detenidos arbitrariamente el 27 de julio de 2001, así como otros nueve indígenas choles el 15 de febrero de 2005; en cuya pronta liberación Yolanda Castro y Daniel Luna tuvieron un papel central, apoyándose en diversas organizaciones de derechos humanos y sociales. Así mismo, desde 1999 a través de la CSCR y posteriormente del MRPS-FNLS, ambos se han distinguido por la defensa de un sinnúmero de personas y comunidades afectadas por distintos actos arbitrarios y violatorios de sus derechos fundamentales.
También durante estos años han realizado numerosas colaboraciones escritas para publicaciones tanto internas como externas a sus espacios organizativos; resaltando entre las primeras una nutrida elaboración de materiales informativos y educativo-formativos.

Un hecho importante de señalar es que Yolanda Castro ha recibido numerosas amenazas de diferente tipo desde 1994 por su activismo en pro de la paz en Chiapas, en tanto que Daniel Luna ha sufrido lo mismo a partir de 1999.

Hechos Recientes.

Uno de los principios adoptados como MRPS-FNLS es el de reivindicar la libertad de todos los presos políticos y de conciencia, así como posicionarse contra toda forma de represión y crímenes de lesa humanidad como lo son la tortura y la desaparición forzada entre otros. En congruencia con ello, como FNLS se impulsó una campaña nacional e internacional contra la Desaparición Forzada de luchadores sociales en general, iniciándola con el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes son reclamados como militantes suyos por el Ejército Popular Revolucionario (EPR). Esto generó para Yolanda Castro y Daniel Luna, así como a otros integrantes del FNLS, una serie de amenazas vía correo electrónico y diversos señalamientos vinculatorios hacia dicho grupo insurgente.

Posteriormente Yolanda Castro asume solidariamente el compromiso de acompañar a Nadín Reyes Maldonado, hija del primero de dichos desaparecidos, durante una gira de denuncia por varios países de Europa que se llevó a cabo del 22 de octubre al 27 de diciembre de 2007. Durante
el recorrido fueron insistentemente presionadas por funcionarios del gobierno mexicano que las localizaban telefónicamente por donde iban pasando, con el fin de que no prosiguieran la gira; persuasión que no logró su objetivo.

Durante esa campaña de denuncia internacional, el Parlamento de Navarra, España, emitió una Declaración Institucional en la que condena la desaparición forzada de ambos miembros del EPR. Poco después se tuvo conocimiento de que el gobierno mexicano hacía gestiones diplomáticas de
muy alto nivel, instando al Estado español para que éste persuadiera al Parlamento de Navarra en el sentido de que se desistiera del mencionado pronunciamiento.

Luego de diversos señalamientos incriminatorios y hostigamientos hacia el FNLS en general, tanto en Chiapas como en otros estados, el 12 de noviembre de 2008 es allanado el domicilio de Yolanda Castro Apreza, de donde le fueron sustraídos únicamente una memoria USB y archivos de su computadora personal; lo cual descarta el móvil de robo común. A esto siguió un seguimiento permanente por parte de agentes de inteligencia del Estado vestidos de civil, de complexión robusta y corte de pelo tipo militar, que culminó el 9 de diciembre con el intento de éstos por obtener información sobre Yolanda a través de querer corromper a una persona que colabora con ella.

Por su parte, desde principios de mayo de 2009 Daniel Luna ha sido hostigado permanentemente en su domicilio por policías municipales y estatales, así como por sujetos vestidos de civil; mientras que Yolanda Castro continua teniendo seguimiento constante.

A lo anterior se añade que, por diversos medios, se ha obtenido información de que el gobierno del estado de Chiapas por instrucciones del gobierno federal mexicano, está integrando expedientes y averiguaciones previas en contra de Yolanda Castro Apreza y Daniel Alfonso Luna
Alcántara, con el objeto de señalarlos como integrantes de células de grupos armados; lo cual además de ser completamente falso dada su conocida trayectoria, revela la intención del Estado Mexicano por criminalizar su trabajo como defensores de derechos humanos en particular y el del FNLS en lo general.

Peticiones de Solidaridad.

Dado el historial público del quehacer realizado por Yolanda Castro y Daniel Luna, es evidente que la actividad política que han desarrollado como integrantes del FNLS es y ha sido civil, abierta, pública y fundamentada en el libre derecho de asociación y manifestación garantizado
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por diversos instrumentos y convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano. Por ello solicitamos a ustedes las siguientes acciones solidarias:

· Hacer un llamado a las organizaciones sociales y civiles, así como a los organismos defensores de los Derechos Humanos y personalidades progresistas, tanto de México como de todo el mundo, para condenar enérgicamente y denunciar este tipo de prácticas del Estado Mexicano que
buscan criminalizar a toda persona que lucha por la defensa de los derechos humanos.

· Exigir al Presidente de la República Mexicana, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, y al Gobernador de Chiapas, C. Juan Sabines Guerrero, que se conduzcan dentro del marco de respeto irrestricto a los acuerdos signados por el Estado Mexicano en materia de Derechos Humanos, y que en apego y congruencia a ello cesen de instrumentar acciones que pongan en riesgo la integridad física, emocional, moral y psicológica de las y los defensores de derechos humanos, así como de luchadoras y luchadores sociales; particularmente de Yolanda Castro Apreza y Daniel Alfonso Luna
Alcántara, integrantes del FNLS, al igual que de sus familiares y personas con quienes colaboran.

· Exigir al C. Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas, que se pronuncie públicamente y deslinde de estos actos intimidatorios que lo hagan cómplice de violaciones graves a los derechos humanos de los Defensores de Derechos Humanos antes citados, y que por lo tanto garantice su integridad física, emocional, psicológica y moral.

Les agradecemos de antemano su apoyo y solidaridad política para que cesen en México este tipo de acciones de Estado, que agreden y criminalizan a quienes velan por el respeto a los derechos humanos. Anexamos a la presente una carta modelo y las direcciones electrónicas para hacer las
exigencias correspondientes al Presidente de la República Mexicana, al Gobernador del Estado de Chiapas y demás instancias gubernamentales.

A T E N T A M E N T E

Comisión de Derechos Humanos del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
dh_fnls@yahoo.com.mx

Organizaciones, colectivos y personas que se adhieren solidariamente:
K'inal Antsetik, A.C.; Cooperativa Jolom Mayaetik, A.C.;


c.c.p. Sr. Alberto Brunori, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, y Lic. Luisa Pérez del Área Jurídica respectiva, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Wolfgang Grenz, Grupo de Coordinación de Amnistía Internacional para América Central y México, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Senadora Rosario Ibarra de Piedra, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Obispo Emérito Don Samuel Ruiz García, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Diego Cadenas Gordillo, Director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba), para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Sr. Edgar Cortez, Secretario Ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos” (Red TDT), para su conocimiento e intervención.
c.c.p. P. Miguel Concha Malo, Presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y Licenciados Alfonso García Castillo y Amanda Ramos García, responsables del área jurídica, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Dolores González Saravia, Directora de Servicios y asesoría por la Paz (SERAPAZ), y señores Miguel Álvarez Gándara y Pablo Romo, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Luis Arriaga, Presidente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRO), para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Mario Solórzano, Presidente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Dra. Gloria Ramírez, Directora de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) y Coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Dr. Adrián Ramírez López, Presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Israel Sampedro Morales, Coordinador de la Red de Defensa de los Derechos Humanos, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Dra. Blanca Hernández, Directora de la Fundación Diego Lucero por los Derechos Humanos, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Sr. Francisco Cerezo Contreras, Coordinador del Comité Cerezo por los Derechos Humanos, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Sr. Felipe de Jesús Toussaint Loera, Director de la Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (CORECO), para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Marina Pagés, Coordinadora de Servicio Internacional por la Paz (SIPAZ), para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Patricia Miller, Directora de PROPAZ-Suiza, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Emilio Álvarez Icaza, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Dip. Omeheira López Reyna, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión , para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Profra. María del Socorro Ceseñas Chapa, titular de la Secretaría de Derechos Humanos del CEN del PRD, Sr. Enrique Fernández Valdéz, titular de la Subsecretaría respectiva, y Lic. Patricia Martínez y Aurelia Lozano, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Juan Sabines Guerrero, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Noé Castañón León, Secretario de Gobierno del estado de Chiapas, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Nemecio Ponce, Subsecretario de Gobierno del Estado de Chiapas, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Blanca Ruth Esponda, Coordinadora de Gabinete y Secretarías Técnicas del C. Gobernador del Estado de Chiapas, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Marcos Shilón Gómez, Secretario de Pueblos Indios del Gobierno de Chiapas, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Juan Carlos Moreno Guillén, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. José Luis Hernández Alabat, Subsecretario de Relaciones Políticas de la Secretaría de Gobierno de Chiapas, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. A las organizaciones que conforman el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), para su conocimiento e intervención.

Concejales RN y UDI de Ercilla se confabulan con la Fiscalía para encarcelar a comunero de Temucuicui Autónomo.


La Comunidad Mapuche Autónoma TEMUCUICUI, estructurada bajo la Organización Ancestral de nuestro Pueblo-Nación Mapuche, mediante la presente viene nuevamente a denunciar a la opinión pública local, nacional e Internacional otro viciado juicio en contra de uno de nuestros jóvenes Integrantes.

Después de permanecer 10 meses en prisión preventiva en la cárcel de la ciudad de Victoria, el peñy Pablo Millanao Palacio, será llevado a juicio oral, en la ciudad de Angol, juicio que comenzzó hoy 1 de Julio a las 08:00 horas, donde el fiscal del Ministerio Publico de Collipulli, Cesar Chibar, ha solicitado una pena de 10 años de cárcel por el supuesto delito de robo con intimidación.

El supuesto hecho por el cual se encuentra encarcelado nuestro peñy, habría ocurrido el año 2008, al supermercado El Colono, de propiedad del concejal de Renovación Nacional, Alejandro Arevalo, ex integrante de Patria y Libertad, colaborador e informante de la dictadura militar de Pinochet. Este sujeto sin tener mayor antecedentes y después de un reconocimiento fotográfico, sindicó a nuestro hermano Pablo Millanao como uno de los 4 sujetos que habrían participado en este supuesto robo, donde le habrían sustraído una suma de $ 80.000, entre otras cosas menores.

De acuerdo a los expediente de investigación, llama poderosamente la atención que los testigos que presentará el Ministerio Publico, sean concejales de los partidos políticos Renovación Nacional y la UDI, como Alejandro Arevalo, Jorge Sougarret, así como también la presidente provincial de la UDI Bárbara Rebolledo, particulares colonos que se encuentran inserto en el Territorio ancestral Mapuche. Con todos estos testigos, el Ministerio Público busca condenar a nuestro Integrante.

Nuestra Comunidad Mapuche Autónoma TEMUCUICUI, es una Comunidad que ha venido trabando fuertemente en Demanda, Promoción y Defensa de nuestros Derechos Políticos y Territoriales, por lo que desde un principio hemos sostenido de manera categórica que estas imputaciones solo corresponde a la practica de persecución política judicial permanente que existe hacías nuestra gente, especialmente a nuestros jóvenes, a quienes han intentado responsabilizar en prácticamente todo lo que sucede en la zona.

La comunidad Mapuche Autónoma TEMUCUICUI, como es de costumbre concurrirá al tribunal para brindarle nuestro absoluto apoyo a nuestro hermano, a la vez hacemos un llamado a las comunidades Mapuche de la comuna de Ercilla, ha presenciar como sus autoridades que han elegidos se prestan para configurar un grave montaje, traicionando a las comunidades que en algún momento le han brindado su apoyo.

Fin a los montajes Judiciales

Comunidad Mapuche Autónoma TEMUCUICUI

Wallmapuche TEMUCUICUI, 30 de junio de 2009

Comuneros de Pantano se enfrentan con Carabineros de Traiguén en predio en conflicto: 9 policias heridos y cinco peñis detenidos.


Cinco mapuche fueron detenidos en un operativo policial que dejó 13 personas heridas, nueve carabineros y cuatro mapuche, ocurrido este lunes en el sector de Pantano, a unos 24 kilómetros al surponiente de Traiguén.

Según confirmó el prefecto de Carabineros de Malleco, coronel Iván Bezmalinovic, el hecho ocurrió al interior del fundo El Maitén, tierras usurpadas por la empresa Forestal Mininco.

Según informó "El Austral" una llamada telefónica alertó a Carabineros de la Tercera Comisaría de Traiguén, por lo que el jefe de la unidad, mayor Armando Zepeda, junto a un teniente, salió en dirección al lugar acompañado de un piquete de 17 policías.

Al llegar al sitio del suceso,encontraron a unos 20 comuneros, quienes se encontraban trabajando un bosque de unos 20 años de antigüedad, unos 30 de cuyos árboles ya habían sido trozados.

Mientras un grupo de mapuche debió huir del sector, otro grupo se quedó para defenderse de los carabineros, utilizando para ello sus herramientas.

“El mayor –ex oficial del Gope- y en vista a que la gente estaba muy cercana a los carabineros, dispuso que no se utlizaran las escopetas antimotines que portaba él y otros dos suboficiales por el riesgo que ello implicaba a esa cortísima distancia, ya que pueden resultar bastante dañinas”, agregó el prefecto.

Los detenidos son: Luis Cayuqueo Huentelao (17), Eladio Huenchunao Cayuqueo (31), Rodrigo Antonio Sanhueza Miranda (44), Carmen Nahuelpi Millapán (38) y Cristián Cañucura Nahuelpi (19).

Tras el ataque policial, los uniformados incautaron seis hachas, una motosierra, un yugo y una carreta de bueyes, elementos indispensables para el sustento de las comunidades mapuche.

Todos los comuneros detenidos pasaron a disposición de la Fiscalía Militar por "maltrato de obra a carabineros y robo de madera". Mientras el supuesto atacante del comisario, Rodrigo Sanhueza, será acusado de homicidio frustrado contra el oficial.

Las comunidades de Pantano han sido parte del proceso de reconstrucción territorial mapuche desde hace más de una década, junto a las comunidades vecinas de Didaico y Temulemu.

El Fundo El Maitén forma parte de una demanda territorial mapuche en la zona de más de 5000 hectáreas usurpadas principalmente por Forestal Mininco, particulares y latifundistas. Una importante parte de este territoro ya ha sido recuperado.

Fuentes: El Mercurio, Canal de Noticias de Malleco, El Austral y País Mapuche