"Para Tod@s, Todo. Para Nosotr@s NADA" web de solidari@s con la insurgencia chiapaneca y las luchas indigenas en Venezuela y otras partes

30 may. 2009

Los indios como tal quedarán excluidos


Estamos en la última etapa de esta larga lucha solidaria con los pueblos amerindios Yukpa y Barí por sus territorios y contra los megaproyectos minero portuario viales carboníferos apadrinados hoy por la llamada Geometría del Poder que amenazan la existencia de todo ser vivo en el piedemonte de la Sierra de Perijá.

No es un problema de la demagogia de un ministro o ministra amiga, es un problema del poder, es una rivalidad contra el Estado Gobierno y, más allá, es un problema con el modelo de desarrollo impuesto para América Latina por las multinacionales energéticas, mineras, financieras, o agropecuarias. Es al reacomodo socio económico de América Latina en tiempo de globalización, para en nombre del bienestar y progreso o de convertirse alguno de sus países en una potencia mundial sacrifica a los débiles; y los indios quedan excluidos como tales, deben vivir en parcelas productivas como campesinos o granjeros, no pueden ser pueblos originarios poseedores de amplios territorios regidos al fin por los derechos conquistados en las Naciones Unidas a la Libre Determinación, a la Autonomía o Autogobierno, a la participación y uso de los recursos naturales existentes en dichos territorios, a leyes propias, a culturas y cosmovisiones distintas o opuestas al pensamiento único judaico cristiano y a su lógica colonial del bienestar y progreso.

No hay territorios, sólo parcelas productivas, no hay leyes indígenas derivadas de los nuevos derechos defendidos y conquistados en la ONU, pero que son tan viejos como el indio mismo. Estos derechos territoriales fueron teñidos, ocultados o negados otros en la llamada LOPCI (ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas), o en lo que fue peor en la ley de demarcación y garantía del hábitat y tierras de los pueblos indígenas, ninguna sirve de mucho antes los artículos energético minero 12 de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 11 de Ley de Minas (tan viejo como la constitución) o militarista 56 y 57 de la Ley Orgánica de Frontera (Fecha de aprobación de la 1º Discusión: 03/08/2004).

Donde hay hidrocarburos, minas y fronteras no puede existir territorios indígenas pues estos son de exclusividad del Estado o de sus empresas mixtas, y los espacios fronterizos de los militares. Para el estamento cívico/militar bolivariano en la línea fronteriza debe existir una Franja Productiva Fronteriza (Art. 56) de exclusiva presencia y administración militar “con el objeto de contribuir a la seguridad nacional, poblar y desarrollar nuestra frontera y generar trabajo productivo posterior al servicio militar, “dentro de la Franja de Seguridad Fronteriza, el Ejecutivo Nacional por medio de la Fuerza Armada Nacional creará Unidades de Producción y Seguridad, integradas por la reserva” (Art. 57).

El Estado cívico/militar productivo no permite a través de su excluyente Geometría del Poder territorios indígenas, cuando mucho parcelas sometidas a las leyes agrarias, más no a las conquistas en las Naciones Unidas después de más de 20 años de movilización permanente; si en Venezuela quieren tierras tendrán que movilizarse, y la alta dirigencia indígena no anda en esto, como nunca lo ha estado en suelo patrio o en las Naciones Unidas, como lo atestigua la historia, al contrario están ahora aupando la nueva geometría.
Solo una gran participación y movilización nacional e internacional podría obligar al Estado gobierno a reconsiderar la medida de entregarle este próximo 12 de Octubre Títulos de Propiedad Colectiva de sus Tierras a los Yukpa y Barí que ellos no quieren, deben ser tierras saneadas a través del pago de las bienhechurías de las haciendas y parcelas auto demarcadas como sus territorios originales, la cancelación por parte del presidente de la república de todas las concesiones de carbón, fosfato y caliza entregadas por el Ministerio de Industrias Básicas y Minería en sus territorios a Corpozulia y a los capitales mineros, así como la movilización de los refugiados y desplazados colombianos a otros espacios hoy asentados en sus territorio con la anuencia de ASNUR y el Estado venezolano.
Sociedad Homo et Natura
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