"Para Tod@s, Todo. Para Nosotr@s NADA" web de solidari@s con la insurgencia chiapaneca y las luchas indigenas en Venezuela y otras partes

17 mar. 2009

Comunicado de los pueblos Indigenas del Paraguay

COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA

Los Líderes representantes de 17 etnias, participantes del Congreso Nacional Indígenas se dirige a la opinión pública nacional e internacional para:

Denunciar y Repudiar los graves hechos acontecidos desde la realización de este encuentro hasta hoy dia como ser:
.
La muerte de dos niños y una anciana pertenecientes a las etnias, Ayoreo y Toba Qom por falta de atención medica y alimentaria durante este proceso El abandono total de la logística mínima necesaria para realizar este Congreso como ser: falta de agua y alimentación, transporte ineficiente, carpas, sanitarios adecuados, atención medica básica y otros. El cierre de los baños públicos de la plaza uruguaya a cargo del Municipio de Asunción y cuya responsable es la señora, Evanhy de Gallegos. El intento de sectores ajenos al congreso indígena por desconocer la autonomía de pueblos indígenas del paraguay en la construcción de su propio proceso además.

Poner en conocimiento las uiltimas decisiones tomadas que son:

La elección del compañero Erasmo Pintos para Presidente del Instituto Nacional del Indígena (INDI). La aceptación de la sugerencia del Presidente de la República para la
conformación del Consejo del Consejo Directivo del INDI. Solicitar la liberación de los fondos asignados para este congreso. Nombrar dos portavoces: un representante por la región Occidental, la compañera Bernarda Pesoa y uno de la región Oriental, el compañero Migdonio Duarte para hablar ante la prensa.

Otras

Manifestar nuestra duda sobre la legalidad del cargo que interina el Ministro de Educación Horacio Galeano Perrone, así como responsabilizarle de las graves consecuencias denunciadas durante este proceso.

Agradecer a todas las organizaciones y personas que solidariamente nos permitieron realizar este Congreso casi de manera autogestiva.

Reafirmar nuestros principios y valores, consagrados en la Constitución Nacional en el artículo 62, que reconoce a los pueblos indígenas, definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y a la organización del Estado Paraguayo así como en Tratados y Convenios Internacionales de la OIT, y por último:

Instar a los hermanos indígenas de todos los pueblos a no prestarse a la manipulación de los enemigos de los pueblos indígenas que tratan de dividirnos y buscar el camino del diálogo, el respeto y la tolerancia .
Asunción,14 de marzo del 2009

Firman los Lìderes de las Comunidades:: Ache – Angaite – Ava Guarani – Ayoreo – Chamacoco – Enxlet – Guana – Guarani Ñandeva (Tapiete) – Guarani Occidental(Guarayo) – Maka – Manjuy – Nivacle – Sanapana – Toba Qom de Cerrito – Tomarajo – Toba Maskoy .

REDCOMUNICA
Asociación Paraguaya de Comunicación Comunitaria, COMUNICAredcomunica@gmail.com

Solidaridad y unidad en la oposicion a los Juegos Olimpicos de 2010


La Red de Resistencia a los Juegos Olímpicos es un espacio para coordinar los esfuerzos de la lucha anti-colonialista y anti-capitalista en contra de los Juegos de 2010 a realizarse en Vancouver, territorio Costa Salish. Nuestra organización se basa en el reconocimiento de que los Juegos Olímpicos se llevarán a cabo en tierra nativa que no ha sido cedida, y existe para crear un movimiento en el que todas y todos los activistas anti-capitalistas, indígenas, anti-pobrezas, obreros, de justicia al migrante, de vivienda, de justicia ambiental, civiles libertarios, anti-guerra y anti-colonialista, se unan. Nos unimos tomado como base los principios de lucha en contra la opresión y con respeto por la diversidad
de tácticas. Además de la construcción de esfuerzos constantes de educación y resistencia, estamos trabajando para lograr una convergencia entre el 10 al 15 febrero 2010, basada en la convocatoria que hubo en el Encuentro de los Pueblos Indígenas en Sonora, México, para boicotear los Juegos.

Reconocemos que lo que somos, la Red de Resistencia a los Juegos Olímpicos, representa a una parte de un movimiento más amplio que se opone a las Olimpiadas de 2010. Por lo tanto, esta declaración tiene como objetivo fomentar la solidaridad y la unidad entre los diversos grupos,
comunidades y movimientos que se oponen y/o son críticos de los Juegos Olímpicos de Invierno del 2010.

Los efectos negativos de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno del 2010 ya son bastante claros:

- Expansión del turismo deportivo y la extracción de recursos en tierras indígenas. Hay más de U$ 5 mil millones destinados para planes de hoteles de lujo desde la apuesta por las Olimpiadas, a pesar de la oposición indígena, por ejemplo la oposición a Kamloops y el Monte Currie. Tierras
indígenas han sido apropiadas para la creación de infraestructura de transporte como puentes, puertos y autopistas. Desde la apuesta por las Olimpiadas el gobierno de BC ha expedido el proceso de aplicación entre los sectores de construcción, minería, tala de árboles, gas/petróleo y
hoteles permitiendo así la venta de territorios indígenas que no habían sido cedidas a corporaciones.

- Aumento de población sin vivienda y desplazamiento económico forzado de los barrios populares (el llamado gentrificación o aburguesamiento), especialmente del Este del Centro de Vancouver. Se prevé que el número de personas sin vivienda en Vancouver se triplicará de 1000 personas desde la
apuesta Olímpica en 2003 a más de 3200 personas en 2010. Según un informe del Centro de Derechos de Vivienda y Desalojos, con sede en Ginebra, los Juegos Olímpicos han desplazado a más de dos millones de personas en todo el mundo durante los últimos 20 años.

- La destrucción sin precedentes del medio ambiente. Esto incluye la masiva deforestación del valle de Callaghan para construir el Centro Olímpico Whistler, la tala de los bosques de la Montaña de Cypress designado como lugar de eventos para 2010, las operaciones de minería
masiva de arena y piedra para los materiales de construcción y la destrucción de Eagleridge Bluffs, debido a la construcción de la autopista sobre la rivera del mar. En 2007, Harriet Nahanee, una mayor del pueblo Pacheedaht de 71 años, y Betty Krawcyzk, una ambientalista de 78 años de edad, fueron dos de las arrestadas por bloquear la construcción en Eagleridge Bluffs a la cual su oponen. Harriet Nahanee se contagió de neumonía en el Centro de Procesamiento Jurídico Surrey. Murió a los pocos días estando hospitalizada, el 24 de febrero de 2007.

- Más privatización de los servicios públicos y aumento de la deuda pública. El costo total para 2010 y las obras de construcción relacionadas serán de cerca de U$ 6 mil millones, con sitios Olímpicos por un valor de más de U$ 4,5 mil millones. Por ejemplo, los contribuyentes de Vancouver
han sido enganchados por U$ 875 millones sólo para cubrir los gastos relacionados con la construcción de la urbanización de los y las Atletas Olímpicos de 2010.

- Tácticas Anti-Sindicales impuestas a través de contratos de trabajo y condiciones de trabajo vulnerables, sobre todo para la mano de obra migrante. Se calcula que hay entre 3000 y 5000 migrantes temporales y trabajadores indocumentados en la industria de la construcción, que ha
promovido la especulación y la aceleración de los Olímpicos, propensos a la híper explotación, y que son vulnerables dada su carencia de estatus legal pleno.

- Aumento de la financiación (hasta $ 1 mil millones) para la policía, militares, y agentes de control fronterizo en el nombre de la llamada seguridad nacional. El sociólogo David Lyon ha denominado a Vancouver 2010 "los Juegos de la Vigilancia". Las operaciones de seguridad incluyen más de 13.000 RPMC, militares y otro personal de seguridad, así como el conjunto militar de Estados Unidos y Canadá y el Comando de Operaciones de Defensa del Aire y Espacio norteamericana.

- Penalización de los pobres. El ex alcalde Sam Sullivan ha escrito "Yo creo que tenemos una tremenda oportunidad de utilizar los próximos Juegos de 2010 como un catalizador para [resolver problemas de disturbios del orden público]". Los planes para "limpiar" el centro de la ciudad de
pobres incluyen el aumento de la financiación de las iniciativas de seguridad privada como el Centro de Embajadores, pasando por la ley de Calles Seguras, que prohíbe sentarse o acostarse en los andenes de la ciudad, prohibiendo basureros en el centro de la ciudad, y más.

LLAMADO DE RESPALDO:

Reconociendo esta realidad devastadora, somos conscientes que existe una amplia oposición a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010. Esto va desde los que se oponen a los efectos negativos de los Juegos a los que tratan de boicotear los Juegos; desde aquellos que desean sensibilizar a la
opinión pública acerca de los Juegos hasta aquellos que deciden participar en acciones directas en contra de los Juegos y sus patrocinadores, des los que están preocupados por cuestiones concretas que rodean el Juegos hasta los que están preocupados por el impacto global de los Juegos.

A pesar de nuestras diferencias en el análisis y las estrategias, creemos que tenemos una gran oportunidad para unirnos y expresar nuestra oposición sobre la Juegos Olímpicos de 2010. También para apoyarnos mutuamente en nuestros esfuerzos complementarios para exponer este circo de dos semanas y la opresión que representa para muchas comunidades y sectores.

Esto es especialmente cierto en la forma como la policía y las fuerzas de seguridad ya han empezado a vigilar, identificar objetivos, infiltrar, reprimir, y tratar de dividir nuestro movimiento, y lo seguirán haciendo. (http://www.no2010.com/node/614). Nos damos cuenta de que puede haber muchas diferencias en nuestros análisis y tácticas, y tales desacuerdos
son sanos. Sin embargo, creemos que estos debates deben permanecer en el interior del movimiento y debemos abstenernos de denunciarlos públicamente o marginalizarnos unos a otros, especialmente frente a los medios de comunicación convencionales y la fuerza publica. En particular, debemos
evitar caracterizaciones tales como manifestantes "malos" o "violentos".
Nosotros respetuosamente solicitamos que todos los participantes en la oposición a las Olimpiadas de 2010 mantengamos nuestro compromiso colectivo y unificado con respecto a la justicia social y a los esfuerzos de una movilización popular frente a los intentos masivos por dividirnos.

Por eso estamos haciendo un llamado de respaldo con la siguiente base de unidad:

- Expresamos nuestra crítica colectiva y oposición a los impactos negativos de las Olimpiadas 2010.
- No necesitamos estar completamente de acuerdo o apoyar las tácticas e ideas entre todos y todas porque recocemos que tenemos mucho que aprender y entender uno del otro.
- Nos abstenemos de denunciar o marginalizar públicamente otros grupos hacia los medios convencionales y la fuerza publica.

Por favor comparta esta declaración con los demás. Le pedimos que si su grupo está de acuerdo con esta declaración (lo que no implica un apoyo a grupos particulares o sus actividades, incluyendo el ORN) y los principios básicos detallados dentro de ésta, por favor envíen un correo electrónico con su firma de apoyo a olympicresistance@riseup.net.

En solidaridad,
la Red de Resistencia Olímpica

12 mar. 2009

En Venezuela se está demarcando los territorios indígenas para entregárselos a los megaproyectos mineros

Los espacios territoriales originarios autodemarcados por los pueblos o naciones indígenas Barí y Yukpa ubicados al suroeste del estado Zulia no son aceptados por la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas coordinada por la ministra del ambiente Yubirí Ortega de Carrizales, argumentando que sobre estos hoy también tienen derechos los terceros, según obliga el Código de Procedimiento Civil en su artículo 370.

En principio cabe destacarse que estos supuestos derechos de terceros no son tales, pues no son más que los derechos territoriales de los indígenas violados, o en el mejor de los casos amenazados. No puede ahora reconocérseles derechos a los hacendados porque estos despojaron de sus territorios ancestrales a los pueblos Barí y Yukpa con el asesinato y demás métodos violentos; hasta ahora éstos sólo tienen registros de las bienhechurías de sus haciendas.

Pero ante la propuesta, apoyada por el propio Presidente de la República en el Programa Aló Presidente de domingo 24 de agosto de 2008, que se pague las bienhechurías a estos supuestos terceros, la comisión tartamudea emitiendo falsas argumentaciones que van desde que no hay dinero, que si se le da una hacienda a un indio entonces hay que comprarle una hacienda a cada uno de ellos, o todos los indios bajarían de la Sierra de Perijá a ocupar las haciendas que están en el piedemonte, hasta el extremo de considerar que al pasar estas tierras a mano de los pueblos indígenas se pondrá en peligro la supuesta producción agropecuaria del país, y se limitaría la presencia de los militares en la frontera del país.

Pero detrás de estos argumentos esgrimidos por personeros de los Ministerio del Ambiente y Defensa están presentes los intereses de los megaproyectos minero portuario viales de los capitales multinacionales y empresas mixtas que mantienen un singular interés de impulsar el Eje de Desarrollo Occidental, tramo final del Eje Andino propuesto a través de la IIRSA por los organismos multilaterales. Donde la extracción de millones de toneladas de carbón y fosfato al año en los estados Táchira y Zulia y Norte de Santander, Colombia, su movilización y embargue minero a orillas del Lago de Maracaibo y Golfo de Venezuela son los elementos estructurantes y dinamizadores de este eje de integración con Colombia y demás países andinos.

En el marco de estas consideraciones, para poder reconocer el Estado gobierno las tierras autodemarcadas a los pueblos indígenas Barí, Yukpa y Wayuu debe primero derogarse o eliminarse las concesiones de carbón y fosfato otorgadas legalmente ya a Corpozulia y a los capitales norteamericanos, chilenos e irlandeses en todo el piedemonte perijanero en territorios indígenas originarios y ancestrales.

De acuerdo a la Constitución y las leyes vigentes del país el Estado venezolano a través de la Procuraduría General de la República no puede desprenderse de estas tierras y otorgárselas en títulos de propiedad colectivas inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferible a los pueblos indígenas sin que antes la Asamblea Nacional derogue estas concesiones o el Presidente de la Republica eliminarlas por un bien social y por un interés nacional.

Los supuestos derechos de terceros que en verdad está defendiendo el Ministerio del Ambiente son los derechos mineros de las transnacionales y empresas mixtas, pues el argumento que el Estado petrolero venezolano no tiene dinero es puro cuento, mas cuando con dinero de la enorme renta petrolera venezolana ha servido hasta para resolverles problemas a pueblos indígenas de otros países como las distintas ayudas económicas otorgadas por el Gobierno a Bolivia para el bienestar y desarrollo de sus pueblos indígenas, la entrega un donativo de un millón de dólares a Paraguay en noviembre de 2008 para ayudar a mitigar la pobreza entre los pueblos indígenas del Chaco Boreal, castigado por la sequía, o los pagos de 10 mil 300 millones de bolívares por tan sólo 7 mil hectáreas del fundo la Marqueseña y 17 mil millones de bolívares a la pudiente familia Banger por los fundos Paraima y la Fortuna.

El argumento de que si se le entrega una hacienda a un indio hay que darle una hacienda a cada uno de ellos, es un mal chiste racista, no se entrega o regala tierra a los indios, se le reconoce derechos territoriales como pueblos no como individuos, el derechos sobre sus territorios despojados a sangre y fuego con la anuencia del Estado venezolano. Sólo se exige justicia y cumplimiento de las leyes.

El Ministerio del Ambiente se ubica al margen de la ley al negarse a cumplir con el derecho que tienen los pueblos Barí y Yukpa de ser reubicados en parte de su territorio despojado como expresa la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas en su artículo 9, el Convenio 169 de la OIT en su artículo 16, numeral 3 y el artículo 28 de la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así mismo el Ministerio del Ambiente como ente coordinador de la comisión nacional está obligada a pagar las bienhechurías de las haciendas según reza en Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas en los artículos 43 “En caso de conflictos, la Comisión Regional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas propondrá los medios alternativos de solución de conflictos, sin menoscabo de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas” y artículo 46 “De los acuerdos alcanzados se dejará expresa constancia por escrito en el expediente firmado por las partes, sus representantes y los funcionarios que intervienen en el acto. Si se acuerda el pago de cantidades de dinero por derechos de terceros, la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas queda encargada de realizar el pago directamente”. Pero la representante del Ministerio del Ambiente y coordinadora nacional de la comisión nacional no está ganada para reconocer los derechos territoriales que los pueblos Barí y Yukpa, considera que con inversiones económicas y de infraestructuras en la zona los pueblos indígenas renunciarían a sus derechos.

El ministerio se niega a reconocer que gran parte de estas haciendas, parceleros y desplazados colombianos y los lotes de carbón y fosfato están ubicadas en Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) como la Zona Protectora del Piedemonte de la Sierra de Perijá, los Lotes Boscosos de los Ríos Tarra, Tukuko y Aricuaizá, Parque Nacional Perijá y Zona Ocupada por Indígenas “La declaración de Área Naturales Protegidas o de Uso Especial y su régimen jurídico, constituyen una limitación legal al derecho de propiedad”, artículo 133 de la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio.

Exigimos de inmediato al Ministerio del Ambiente a través de la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas: 1.- el pago de las bienhechurías de las haciendas hoy ocupadas por varias comunidades del pueblo Yukpa para evitar acciones violentas contra los indígenas por parte del sicariato ganadero y efectivos del Ejercito Venezolano de la Primera División de Infantería 12 Brigada de Caribe del Fuerte Macoa del Ejército de Machiques y el Comando 36 de la Guardia Nacional que hoy los acusan de guerrilleros, 2.- reconocer y sanear de minas, ganaderos, parceleros y desplazados colombianos las poligonales reconocida en dicha demarcación como territorios Yukpa y Barí y 3.- ampliar el territorio Barí de la parte baja adquiriendo las bienhechurías de las haciendas que limitan con cada una de las doce comunidades ubicadas a ambas márgenes de la carretera Machiques Colón desde el río Santa Rosa hasta el río Catatumbo.

Sociedad Homo et Natura

11 mar. 2009

Acuerdos y Resoluciones Encuentro por la demarcación de tierras

Acuerdos y Resoluciones

Nosotros, Comunidades Indígenas Barí y Yukpa de la Sierra de Perijá; Productores miembros de la Asociación de Ganaderos de Machiques GADEMA y las organizaciones ecologistas y ambientalistas, luego de escuchadas las distintas ponencias de cada uno de los sectores involucrados en el proceso de demarcación de las tierras y hábitats indígenas de los pueblos Yukpa y Barí del estado Zulia, hemos arribado a los siguientes acuerdos:

1.- Todos los sectores sociales y pueblos aquí presentes consideramos que la Sierra de Perijá y su piedemonte, así como las tierras planas hacia las riberas del Lago de Maracaibo no sólo es el lugar donde nuestras vidas se construyen de manera directa, sino que son el centro de origen y sustentación de la vida de toda la cuenca del lago de Maracaibo, pues, es ella el punto de nacimiento de más de la mitad de los ríos que alimentan de agua dulce el estuario Lago de Maracaibo y constituyen el reservorio de agua consumida por las principales ciudades de nuestro Estado Zulia. Asimismo, como parte del sistema andino, ella representa uno de los centros reservorios de biodiversidad más importantes de toda la República Bolivariana de Venezuela.

2.- En tal sentido, la defensa de la Sierra de Perijá, su piedemonte, y tierras planas aledañas como sustento de la vida actual y futura de todas las generaciones de zulianos en particular y, venezolanos en general, es un punto que está fuera de discusión. Dicho de otra manera, es acuerdo y decisión concertada de todos los presentes en este encuentro su defensa y protección presente y futura.

3.- En este orden, acordamos rechazar todo proyecto desarrollista basado en la explotación y/o extracción de minerales que impliquen deforestación, desvío de cursos de agua, desplazamiento de poblaciones, y cualquier otra operación que atente contra la Sierra de Perijá en tanto ecosistema único, sustento de agua y vida de todos los Zulianos. Por tanto, es nuestra palabra acordada exigir del gobierno nacional la absoluta derogación y eliminación de todas aquellas concesiones mineras otorgadas o por otorgar para proyectos de explotación de minas de cualquier naturaleza pues atentan contra la ecología y contra su vida natural y socio-cultural de la Sierra de Perijá y su gente.

4.- Es palabra acordada exigir la puesta en marcha de un Gran Plan de Trabajo hacia La Vida Buena de Todos en la región de la Sierra de Perijá lo que implica, necesariamente, la implantación de proyectos agroecológicos, agrícolas, pecuarios y de biodiversidad capaces de impulsar formas de producción que garanticen alcanzar a todos una vida buena, esto es: una vida digna de ser vivida por todos como seres humanos.

5.- Lo anterior supone, igualmente, la necesidad de delimitar de manera definitiva y en justicia, los espacios territoriales indígenas y no indígenas tanto en la Sierra de Perijá como en la parte baja. Por tanto, es decisión de los productores agropecuarios reunidos en la Asociación de Ganaderos de Machiques GADEMA, reconocer el derecho de las comunidades indígenas barí y yukpa como ocupantes originales y como pueblos preexistentes al Estado venezolano, a poseer, ejercer y desarrollar sus formas de organización, autogobierno y autodeterminación en sus espacios territoriales que, siguiendo los lineamientos de la Ley de Demarcación de Tierras y Hábitats indígenas ellos han auto demarcado y dentro de los cuales, por decisión propia o con total apoyo del Estado, se estableció un importante número de productores no indígenas hoy miembros de su organización.

6.- Por su parte, las comunidades indígenas yukpa y barí reconocen el derecho que asiste a estos productores a recibir de ese mismo Estado venezolano que les apoyó para ocupar espacios indígenas, una justa y legal indemnización por todas las bienhechurías que durante todo el tiempo de su ocupación de esos territorios indígenas, éstos hayan desarrollado en tales espacios.

7.- En este sentido, ambas partes entienden la convivencia como aquellas relaciones interculturales basadas en el mutuo respeto territorial, esto es: en la justa delimitación de los espacios indígenas y los espacios ocupados por pobladores no indígenas igualmente venezolanos. Por ello, una vez reconocida la auto demarcación realizada por cada una de las comunidades indígenas como la única y legítima para la demarcación territorial, ambas partes se comprometen a delinear la poligonal respectiva como limitación territorial que establece el espacio que servirá de sustento a las nuevas relaciones basadas en la convivencia intercultural.

8.- Esta delimitación supone igualmente, el reconocimiento y necesidad del reordenamiento político-territorial de los municipios implicados. Ello en función de hacer posible el autogobierno y autodeterminación indígena, de tal manera que a partir de ese momento sea borrada cualquier acción paternalista, populista, mesiánica y minimizadora de las fuerzas y poderes creadores indígenas y, por el contrario, haga posible la verdadera interculturalidad o diálogo de culturas pertenecientes al mismo gentilicio venezolano.

9.- Las comunidades yukpas reconocen y están dispuestas a abandonar cualquier solicitud de la Hacienda San Pedro hoy en manos de la Universidad del Zulia, en función de que esta institución pueda continuar realizando su labor académica con sus estudiantes y, están dispuestos a firmar un convenio en el que se garantice esta posición de la Universidad pero también, la necesidad de que la Universidad se aboque al desarrollo de planes de formación agrícola, pecuaria, de salud, educación intercultural y bilingüe destinados a las poblaciones indígenas yukpa y barí en esos mismos predios.


Por todo lo antes expuesto, resolvemos:

Todos los presentes: Comunidades indígenas barí representados en ASOCBARIVEN y BOGSIBAKAE y Comunidades yukpa de Río Yaza, Río Apón, Río Tukuko, Río Negro; ganaderos organizados en GADEMA; organizaciones sociales, ecologistas y de medios comunitarios.

1.- Exigir al Gobierno Nacional:

a.- Reconocer la Auto demarcación Indígena como base y fundamento para la total delimitación de los espacios indígenas en el estado Zulia.

b.- Establecer un Cronograma de Pagos de las bienhechurías a todos aquellos hacendados, parceleros, campesinos, desplazados y cualquiera otro ocupante de espacios indígenas ya autodelimitados, comenzando de manera urgente por todas aquellas fincas actualmente ocupadas por poblaciones y comunidades indígenas yukpa, así como de aquellas solicitadas por los barí en la que los ganaderos presentes ya han adelantado acuerdos bilaterales con estas comunidades.

c.- Derogar o eliminar de manera oficial y pública (Decreto con rango de Ley publicado en Gaceta) de todas las concesiones mineras y de cualquier proyecto desarrollista basado en la explotación y/o extracción de minerales.

d.- Reconocer el derecho a la auto-demarcación, autogobierno y autodeterminación de los pueblos indígenas y, en consecuencia, proceder a la disolución de la Comisión Nacional y Regional de Demarcación de Hábitat y Tierras indígenas para avanzar en la convocatoria de un nuevo proceso intercultural de delimitación territorial que permita, de manera definitiva, la conformación de verdaderos espacios de convivencia intercultural entre todos los pueblos y culturas que hacen vida en la Sierra de Perijá y en el país.

e.- Conformar un Equipo de Trabajo constituido por: representación indígena designada por las propias comunidades; Universidad del Zulia en la persona de aquellos profesionales que por más de dos décadas han estado vinculados a las comunidades yukpa y barí de la Sierra de Perijá, así como de aquellos que coordinan proyectos académicos dentro de los espacios indígenas en función de que la Universidad adecue sus programas académicos a la atención de las comunidades indígenas en proyectos hacia la “Vida Buena”. Finalmente, representación de sectores ganaderos y del propio gobierno nacional para la elaboración e implantación de proyectos económicos, educativos, de salud pública, culturales y todo cuanto favorezca y apoye el proceso de autogobierno y autodeterminación indígena así como de las relaciones interculturales en la Sierra de Perijá.

2.- Publicar estos acuerdos en un diario de circulación nacional.

3.- Convocar a la Gran Marcha:

* Por el reconocimiento de la autodemarcación como principio del reconocimiento de los territorios indígenas

* Por el pago por parte del gobierno nacional de las bienhechurías de las haciendas y parcelas ubicadas dentro de las tierras indígenas auto demarcadas.

* Por la derogación y eliminación de todas las concesiones mineras en la Sierra de Perijá.

Son estos aspectos esenciales para que la república pueda avanzar hacia un Estado Plurinacional e Intercultural en función de una Vida Buena para Todos.

La misma habrá de realizarse en el mes de mayo, desde la ciudad de Maracaibo y haciendo escalas en las principales ciudades de todo el eje centro-occidental del país hacia el Palacio de Miraflores, para exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento de este que consideramos un mandato de los pueblos y sectores sociales hoy aquí reunidos.

Caracas: Encuentro de mujeres indígenas

5 mar. 2009

Jambaló: seguimos en Asamblea Permanente defendiéndo nuestro territorio

Reafirmamos nuestra posición de autonomía frente a todos los actores armados legales e ilegales, rechazamos la ocupación territorial que desarmoniza la convivencia pacífica de la comunidad y responsabilizamos a los actores armados y simpatizantes de los mismos, de cualquier situación de amenazas o muerte, abusos y atropellos a los líderes, autoridades y comunidad en general. Por lo tanto continuamos con la Minga Comunitaria en defensa del territorio, la vida y la autonomía de los pueblos indígenas.

EN EL MARCO DE LA ASAMBALEA PERMANENTE DEL TERRITORIO DE SAT TAMA KIWE JAMBALÓ CAUCA COLOMBIA Y EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO 002 DEL 26 DE FEBRERO DE 2009.

Comunicamos a la comunidad y a los organismos de derechos humanos nacional e internacional que:

1) Que a raíz de la ocupación militar que padecemos al interior de los territorios y las comunidades indígenas, los ataques y señalamientos por parte de grupos armados llamase miembros del ejército nacional, guerrilla, paramilitares o grupos privados de narcotraficantes, continuamos en Asamblea Permanente por la defensa de la vida y el territorio y la autonomía de los pueblos indígenas.

2) Proseguiremos con la Minga de verificación y evaluación en cumplimiento de la Resolución 002 emitida por las autoridades y comunidad de Jambaló, fortalecido en la Declaración de la segunda Minga de Pensamiento de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN.

3) Reiteramos a los dueños de las cocinas o laboratorios instalados dentro del territorio, para que en el término de tres días, contado a partir de la firma y publicación de la presente resolución desalojen voluntariamente del territorio.

4) La Minga reitera que las actividades autonómicas de las comunidades se irán ampliando a todo lo que signifique desarmonía territorial y comunitaria por parte de cualquier actor armado que haga presencia en el territorio.

5) Que se mantienen los sitios de control en las vías de acceso al Resguardo y Municipio de Jambaló, encabezados por la guardia indígena, los alguaciles y la comunidad en general.

6) Que el día 2 de marzo primer día de la asamblea permanente los y las participantes de la asamblea comunitaria se distribuyeron en 11 comisiones, con el fin de verificar y evaluar los sitios donde estaban instaladas las cocinas, laboratorios, minas antipersona, caletas y grupos armados. En el recorrido se encontraron artefactos explosivos ubicados en algunas viviendas de los comuneros, material de fabricación de explosivos, uniformes camuflados y un laboratorio grande de procesamiento de alcaloide sin desalojar.

7) En el momento que las comisiones se acercaban al lugar fueron hostigados con disparos por la guerrilla y por aire sobrevoló una avioneta de la Fuerza Área colombiana. También intentaron quemar la chiva del Cabildo indígena de Jambaló supuestos miembros del ejército del pueblo – EP, acción que fue impedida por la comunidad.

8) Una comisión de verificación de la Defensoría del Pueblo, acompañada por la personera de Jambaló y unos periodistas fueron retenidos por un grupo armado de las FARC en el sitio La Despensa, resguardo de San Francisco municipio de Toribío, a quienes les revisaron la información que llevaban acerca de la Asamblea Permanente, después de revisar la información los dejaron seguir.

En el ejercicio de la autonomía territorial, continúan las amenazas a las autoridades, a la guardia indígena y a líderes de la comunidad.

8) El 3 de marzo, segundo día de la minga, la asamblea decidió continuar con la verificación del territorio, el personal se distribuyó en tres comisiones y se dirigió hacia los sitios de la vereda Vitoyó, Loma Gruesa y La Esperanza. En este recorrido se encontraron artefactos explosivos, tubos de aluminio, laboratorios pequeños ubicados en una vivienda alquilada y una cocina de procesamiento de alcaloide, que en parte fue desalojada por la comunidad.

9) En el ejercicio de la Asamblea Permanente se siguen presentando sabotajes, por parte de personas inconformes y apáticas al proceso.

10) Frente a la continuidad de la Asamblea Permanente, la autoridad tradicional del Cabildo Indígena de Jambaló y la consejería de la ACIN, convocan para el día 4 de marzo a una junta directiva de carácter extraordinario en la vereda La Esperanza del resguardo de Jambaló.

Reafirmamos nuestra posición de autonomía frente a todos los actores armados legales e ilegales, rechazamos la ocupación territorial que desarmoniza la convivencia pacífica de la comunidad y responsabilizamos a los actores armados y simpatizantes de los mismos, de cualquier situación de amenazas o muerte, abusos y atropellos a los líderes, autoridades y comunidad en general. Por lo tanto continuamos con la Minga Comunitaria en defensa del territorio, la vida y la autonomía de los pueblos indígenas.

Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca - ACIN
Telefax: 0928 - 290958 - 293999
Email: acincauca@yahoo.es
Web: www.nasaacin.org
Dirección: Calle 3 No. 7A-20
Santander de Quilichao Cauca -Colombia

4 mar. 2009

Acusamos a los Ministerios del Ambiente y Defensa y al INTI

Acusamos a los Ministerios del Ambiente y Defensa y al INTI de posibles agresiones o la muerte de dirigentes Yukpa o activistas de derechos humanos y ambientales


Para el Ejército ahora son guerrilleros

Cuarenta efectivos del Ejército de la Primera División de Infantería 12 Brigada de Caribe del Fuerte Macoa del Ejército de Machiques a cargo de los capitanes de apellidos Flores y Ramírez tomaron militarmente a las 8 de la mañana el día lunes 19 de enero de 2008 la comunidad Yukpa Chaktapa apuntando con sus armas reglamentarias al Cacique Sabinos Romero Izarra y a su familia acusándolos de inmediato de estar involucrados con grupos guerrilleros colombianos que operan en la Sierra de Perijá.

Al día siguiente, el martes 20, a eso de las doce de la noche dos efectivos de la Guardia Nacional -del Comando 36 de Machiques a cargo del Capitán Bastida- en dos motos y otros tantos en un rustico marca Toyota con emblemas de la institución interceptaron en el portón al llegar a su casa en la ciudad de Machiques a Orlando Medina activista de derechos humanos, ecologista, realizador de videos y estudiante de Gestión Ambiental de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), y en actitud amenazante le dijeron que dejara de subir a la Sierra de Perijá, y sin pronunciar más palabra de inmediato se retiraron del frente de su casa.

La agresividad con que abordaron los soldados dirigidos por el capitán Flores que entraron a la comunidad Chaktapa desde la comunidad Tukuko a dos horas de camino y los otros dirigidos por Ramírez que entraron en camiones convoy por la Cuesta del Padre fue parada en seco cuando se percataron del uso de las cámaras de video que manejaban los jóvenes de la comunidad, haciendo referencia que dichas cámaras era la labor de los periodistas que visitaban la comunidad.

Revisaron sus ranchos de palma llevándose la cédula de identidad de Sabino Romero Martínez y cosas personales, sin que estos se dieran cuenta. La nueva toma militar exprés duró como cuatro horas, afirmando que dicha operación era ordenes del General Gerardo José Izquierdo Torres, militar este implicado en la violación de los derechos humanos a indígenas, periodistas y activistas sociales durante los acontecimientos represivos del viernes 22 de agosto de 2008 en la Cuesta del Padre, punto de entrada a las comunidades Yukpa del Yaza en la carretera vía el Tukuko. Estas violaciones de repercusiones nacional e internacional se ventilan hoy en la Fiscalía 41 del Ministerio Público en la ciudad de Maracaibo.

Hacendados engañados por el Gobierno

El domingo 24 de agosto del 2008 el Presidente Chávez antes los acontecimientos del viernes 22 de agosto de 2008 ordenó al Ministerio del Ambiente el pago de las bienhechurías de las haciendas retomadas por los Yukpa. Hasta la fecha a pesar de las presiones y denuncias ante el Ministerio del Ambiente y el INTI no existe manera para obligar a cancelar el dinero a los ganaderos de las haciendas ocupadas Tizina, Kusare, Brasil, Paja Chiquita y Medellín. Desobedeciendo de esta manera una orden presidencial.

Esta negativa del Ministerio del Ambiente genera una tensión permanente en las familias de las comunidades indígenas Chaktapa, Guamo-Pamocha, Shirayi, Río Yaza y Jararamü, debido a las amenazas continuas emitidas por parte de los ganaderos de recuperar a la fuerza las instalaciones de dicha haciendas ocupadas por el pueblo Yukpa.

Amenazas que se traducen en represión selectiva por hombres armados contra los conductores que hacen viajes de la ciudad de Machiques a las comunidades asentadas en la cuenca del río Yaza. Luego de las amenazas y torturas sufridas por conductores que viajan a la zona nadie quiere entrar a llevar pasajero alguno. Pero estas amenazas y torturas selectivas también la sufren algunos dirigentes Yukpa de las comunidades del Yaza. Situación que conoce la Fiscalía 40 y 41 del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

Estos acontecimientos represivos violadores a los derechos humanos del 22 de agosto del año pasado bajo las ordenes del General Izquierdo Torres ocurrieron después de la recuperación de haciendas por parte de las comunidades Yukpa de los ríos Yaza y Negro entre enero y agosto del año de 2008. Y una semana antes contra ciudadanos ambientalistas y periodistas de medios comunitarios cuando un grupo de efectivos del Ejército trataron de llevárselos detenidos al Fuerte Macoa por orden del mismo General Izquierdo Torres en la misma buseta en donde se trasladaban a la ciudad de Maracaibo.

Bajo el silencio cómplice del INTI y del Ministerio del Ambiente a través de la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas, hoy la nueva estrategia represiva de Izquierdo, Bastidas y ganaderos del Yaza es acusar y privar de libertad a los lideres Yukpa, a los defensores de los derechos humanos, ecologistas y comunicadores de los medios comunitarios de guerrilleros, para así criminalizar la lucha y obligar a los lideres Yukpa a entregar las tierras recuperadas. Los funcionarios de ambiente y tierra prefieren que se desate de nuevo la muerte y la represión contra las comunidades de la Sierra de Perijá que doblegar el brazo y pagar las bienhechurías que por ley y por orden del mismo presidente de la república están obligados a realizar.

En los artículos 23 y 46 de la Ley Orgánica de los Pueblos y comunidades Indígenas obliga a esta comisión de demarcación de tierras a pagarle a los terceros las bienhechurías de sus fundos: “Dentro del lapso previsto para elaboración del informe de demarcación, serán analizados los alegatos, defensas y pruebas presentadas por los interesados. En caso de conflictos, la Comisión Regional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas propondrá los medios alternativos de solución de conflictos, sin menoscabo de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas” (Art. 23), así mismo “Los conflictos inherentes al procedimiento de demarcación, que se presenten entre el pueblo o pueblos y comunidad o comunidades indígenas con cualquier persona natural o jurídica, sea de carácter público, privado o mixto, podrán ser resueltos por la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas dentro del lapso de discusión del informe de demarcación, a través de acuerdos empleando medios alternativos de solución de conflictos. De los acuerdos alcanzados se dejará expresa constancia por escrito en el expediente firmado por las partes, sus representantes y los funcionarios que intervienen en el acto. Si se acuerda el pago de cantidades de dinero por derechos de terceros, la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas queda encargada de realizar el pago directamente” (Art. 46).

Así mismo esta ley en su artículo 41 obliga al Estado gobierno a no realizar ni permitir desalojo alguno de sus tierras en disputas mientras dure el proceso de demarcación de las tierras indígenas: “En los procedimientos judiciales o administrativos que pretendan el desalojo de pueblos y comunidades indígenas, el juez o la autoridad competente deberá, desde la declaratoria del inicio del procedimiento de demarcación, hasta el acto definitivo de demarcación, paralizar el procedimiento y abstenerse de decretar y ejecutar medidas de desalojo en contra de estos pueblos y comunidades que, ancestral y tradicionalmente se encuentren dentro de los espacios geográficos sujetos al procedimiento de demarcación del hábitat y tierras indígenas”

Pero la Ministra del ambiente Yubirí Ortega de Carrizales sigue empantanada en la interpretación de los derechos territoriales indígenas a la luz del artículo 370 del cuarto republicano y rígido Código de Procedimiento Civil, pretendiendo reconocer aspiraciones de terceros como derechos en los territorios indígenas, pues estos supuestos derechos de terceros no son otra cosa que los derechos de los pueblos indígenas violados, pues valiéndose de la dictadura de Pérez Jiménez la familia Vargas y otros despojaron a los Yukpa del Yaza de sus tierras planas a sangre y fuego. ¿Qué derecho pretende ahora reconocer la ministra Ortega? de allí la obligada pregunta ¿está o no está el Gobierno Socialista con los Yukpa y los Barí?, mas cuando hoy jueves 22 de enero se le está presentando, no en las comunidades indígenas sino en el fuerte Macoa al General Izquierdo Torres y funcionarios públicos los resultados y avance de la demarcación de las tierras Barí y Yukpa.

Sociedad Homo et Natura