"Para Tod@s, Todo. Para Nosotr@s NADA" web de solidari@s con la insurgencia chiapaneca y las luchas indigenas en Venezuela y otras partes

23 mar. 2017

Piden detener etnocidio de pueblos indígenas amazónicos

Servindi.- La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) efectuó un pedido para detener el etnocidio de los pueblos indígenas amazónicos del Perú provocado por la afectación de sus territorios ancestrales, la desprotección de los pueblos en aislamiento y el abandono de la salud indígena.
Mediante un comunicado público la organización nacional representativa de aproximadamente 1800 comunidades indígenas denunció una serie de medidas políticas que afectan gravemente la integridad y la sobreviviencia de los pueblos indígenas.

Rechazo a la Ley del Despojo, DL 1333

Una de las principales medidas cuestionadas es el Decreto Legislativo 1333 que autoriza a "una nueva tecnocracia insensible (APIP) del Ministerio de Economía y Finanzas" para acelerar inversiones y "alterar los derechos territoriales".
AIDESEP exige la derogatoria de dicha norma detrás de la cual están los proyectos y negociados de la carretera hacia Iquitos, la ferrovía, la carretera Puerto Esperanza•lñapari, la hidrovía amazónica y cualquier otro negocio "privado" o de APP con fondos públicos.
También demandan modificar la absurda Resolución Ministerial 355-MINAGRI.del Ministerio de Agricultura y Riego a fin de exceptuar a la titulación comunal de los análisis "fisico-mecánico" y "químico" de suelos.
Indican que esta especificación técnica solo favorece altos pagos a un grupo de "expertos" vinculados a la Dirección General de Asuntos Ambientales del Minagri.
En su lugar se debe establecer la clasificación de suelos en base a la inspección ocular durante los trabajos de georreferenciación.

Estado desprotege a los más vulnerables

La AIDESEP reitera la urgente necesidad de crear la Reserva Indígena Yavarí Tapíche, proceso que lleva más de 14 años de gestión, y que el Estado peruano de una manera insensible pretende dejar de lado para favorecer a la petrolera canadiense Pacific Stratus.
De igual modo pide modificar el proyecto de ley del fuimorista Carlos Tubino a fin que se excluya de manera explícita la construcción de cualquier "vía o tramo terrestre" en la propuesta de "conexión multimodal" para la provincia de Purús.
La organización amazónica considerable inaceptable "confiar" en "interpretaciones" supuestamente "favorables" de una ley, cuando hav grandes intereses madereros que provocarán el etnocidio de pueblos en aislamiento en la región.

Abandono a la salud de los pueblos indígenas

El comunicado de AIDESEP efectua un dramático llamado a detener el VIH.SIDA en el pueblo Awajun y convocar a una Cumbre por la Vida Awajun a fin de enfrentar una tragedia 1000 por ciento más grave que en el resto del país.
Piden evitar el despilfarro de millones de dólares "con acciones débiles y burocráticas, estatales y de ONG" e involucrar el liderazgo awajún para abordar de manera profunda "este drama social y cultural".
Otra demanda es que se esclarezcan las causas de la contaminación por mercurio en la población Nahua y Machiguenga que vive cerca de las operaciones del Gas de Camisea, en la selva del Cusco.
También que se publique el Análisis de la Situación de Salud (ASIS) del pueblo Nahua que sospechosamente se sigue ocultando.
Por último, AIDESEP exige que se restituya la Dirección de Salud Indígena en el Ministerio de Salud (MINSA) y se le asigne un presupuesto adecuado, pues de no ser así se agravará la desatención en materia de salud de la población indígena, que ya de por sí era deficiente.

Respaldo institucional

El pronunciamiento de AIDESEP lleva la firma de los representantes de las nueve organizaciones regionales en que se estructura la organización amazónica que articula a su vez a 109 federaciones indígenas.
Advierten a las diversas instituciones públicas que estpan obligadas a intervenir y solucionar las demandas señaladas que se encuentran debidamente amparadas en instrumentos legales de derechos humanos.
También llaman a los artistas, comunicadores, especialistas, académicos, organizaciones populares y opinión pública solidaria y sensible a la lucha amazónica, a pronunciarse sobre las demandas y propuestas señaladas.
Acceda al pronunciamiento completo a partir del siguiente enlace:
- No al etnocidio de los pueblos indígenas amaz+onicos (PDF, 3 páginas)

Continúa la resistencia Sioux contra Trump y sus oleoductos

Pese a que la empresa constructora afirma que el oleoducto Dakota Access se encuentra casi terminado y listo para operar, los opositores a esta polémica obra apelan ante la Corte Federal de EE.UU. su funcionamiento. Al tiempo que las protestas en Washington se hace cada vez más fuertes frente a la Casa Blanca.
Por José Carlos Díaz Zanelli
Servindi, 17 de marzo, 2017.- Una de las primeras decisiones adoptadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue dar luz verde a la construcción del polémico oleoducto de Dakota Access. Sin embargo, las movilizaciones y la resistencia legal contra esta obra continúan tanto a nivel judicial como en las calles.
En el ámbito legal, los representantes de las tribus que habitan en las reservas Standing Rock y Cheyenne River Sioux han apelado la decisión adoptada por la Corte Federal de los EE.UU. de dar viabilidad al proyecto. El pedido puntual es que se evite el flujo de combustible a través del oleoducto.
Mientras la resolución de esta apelación aún se mantiene en espera, la empresa constructora y operaria del oleoducto, Energy Transfer Partners, ha señalado que la construcción de la obra se encuentra casi concluida. Es más, afirmaron mediante un comunicado que en los próximos días se podría iniciar el transporte de crudo a través del oleoducto. 
Como se recuerda, una de las principales preocupaciones es el hecho de que el oleoducto pase por debajo del río Misisipi. Esto pondría en riesgo la principal fuente de agua de las poblaciones originarias de Norteamérica asentadas en las reservas Standing Rock y Cheyenne River Sioux.

Protestas en Washington

Ante esta situación, las movilizaciones en Washington no han cesado contra la política extractiva encabezada por Donald Trump. Esta semana se reactivó frente a la Casa Blanca la denominada “Marcha de las Naciones Indígenas” que rechaza la ejecución del proyecto Dakota Access
Las movilizaciones son desarrolladas tanto por activistas como por ciudadanos de los pueblos originarios de Norteamérica. La carta de protesta incluye el rechazo no solo al oleoducto de Dakota Access –siendo este el más polémico–, sino también al Keystone XL.
De momento, y aunque la construcción y ejecución de los oleoductos es inminente, la resistencia a ellos continuará en Washington. Y es que tanto los colectivos de nativos norteamericanos como activistas han montado un campamento frente a la Casa Blanca desde donde esperar seguir resistiendo a la poco dialogante política extractiva de Donald Trump.

21 mar. 2017

Minería asecha a los pueblos indígenas de la Amazonía venezolana


Hace muchos años, la vasta riqueza de la Amazonía atrajo a grandes empresas extractivistas para explotar la misma. Entre los que se sienten llamados a esta actividad están los mineros que, como focos de infección en lugares calientes, se irradian en distinos puntos de esta región. La amazonía venezolana no es la excepción de este mal y actualmente sufre las consecuencias de la extracción minera que atenta los derechos de la madre tierra y de los indígenas que la habitan, quienes muchos de ellos perdieron la vida por su causa.
Pasaron 24 años de la “Masacre de Haximú”, en la que fueron asesinados 16 indígenas Yanomami por mineros ilegales brasileros, llamados garimpeiros, en el extremo sur-este del estado Amazonas, Venezuela. Ese asesinato develó la presencia violenta e incontrolada de cientos de mineros ilegales provenientes de Brasil, presencia que pese a ese hecho no fue controlado por el Estado venezolano, pues en la actualidad hay evidencias de garimpo en toda la zona del Alto Ocamo, en el Siapa y en otras zonas del extremo sur-este de Venezuela, tal como relata el libro “Minería en la Amazonía Venezolana” de Luis Jesús Bello y Aimé Tillett [accesible en http://laboratoriosdepaz.org/wp-content/uploads/2016/08/Mineri%CC%81a-en-la-Amazoni%CC%81a-Venezolana.pdf].
Esa investigación, promovida por el Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía (Wataniba) junto con la Red Jurídica Amazónica (RAMA), no solo habla de la minería ilegal sino también muestra la ejecución de la nueva política minera del Estado venezolano, promovida desde 2011 por el Gobierno de Hugo Chávez y ratificado por Nicolás Maduro. Dicha política incluye exploración y explotación de minerales como oro, diamante u otros meales preciosos al sur del Orinoco, con el megaproyecto del Arco Minero del Orinoco.
Megaminería desde el Estado
El Arco Minero del Orinoco abarca una zona de 114 mil kilómetros cuadrados en el sureste de Venezuela, en el estado Bolívar, convirtiéndola en el complejo minero más grande del país caribeño. Llega a algunas comunidades de los estados de Amazonas y Delta Amacuro. Atraviesa selvas como Imataca, La Paragua y El Caura, que en conjunto hacen más de ocho millones de hectáreas, además de las cuencas de los ríos Orinoco y Caroní, de acuerdo con el texto "El Arco Minero del Orinoco: ambiente, rentismo y violencia al sur de Venezuela" por Carlos Egaña.
Este proyecto fue activado en febrero de 2016 por el Gobierno de Nicolás Maduro y forma parte de las 15 propuestas impulsadas parasa salir de la crisis económica. En éste está contemplada la participación de diferentes países, entre ellos China, y de 150 empresas trasnacionales. Asimismo, es parte del Plan de la Patria 2013 - 2019, propuesta de Gobierno de Maduro, acorde con las metas establecidas en el Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Si bien, dicho Plan habla de “salvar el Planeta y a la Humanidad”, la mayor parte de su contenido revela una profundización superlativa del modelo económico-político primario, extractivista y rentista basado en el petróleo y la minería, explica el prólogo del libro “Minería en la Amazonía Venezolana”, escrito por el antopólogo y rector de la Universidad Experimental Indígena del Tauca, Esteban Emilio Mosonyi. Allí se señala que el Plan de la Patria casi no habla de los pueblos indígenas y menos todavía de sus derechos constitucionales. “Sus tierras, partiendo de la nueva lógica extractivista y ultradesarrollista, ya no podrían ser demarcadas ni tituladas”, asevera. De ese modo, con el proyecto de Orinoco “se intenta ampliar el espectro del anclado rentismo petrolero, pasando a un extractivismo minero generalizado, y esto no sólo a costa de las graves consecuencias ambientales, sino de las amenazas a la vida colectiva de los pueblos indígenas”, señala la presentación del libro.
La exploración de los territorios del Arco Minero incidirá de manera directa en los territorios indígenas de 12 pueblos como los yekuanas, piaroas, pemón, arawak, piapoco, entre otros, a quienes no se hicieron consulta previa tal como establece a Constitución de Venezuela según denunció la ex ministra de Ambiente del gobierno de Hugo Chávez, Ana Elisa Osorio, en su ponencia en el Seminario "Claves para la Reconstrucción del Proyecto Nacional". Asimismo, Osorio explicó que este proyecto no cuenta con un estudio de impacto ambiental, y que además de afectar a las cuencas y a los bosques provocará el desplazamiento de los indígenas. Por ese motivo, en noviembre de 2016, activistas señalaron en una AUDIENCIA de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su preocupación por las consecuencias y la afectación a los derechos humanos.
Similar experiencia se dio con la explotación ilegal de coltán, al suroeste del estado Bolívar y norte del estado Amazonas, que según denuncias tuvo un fuerte impacto ambiental -al igual que en otras partes del mundo- en toda la cuenca del río Parhuaza, habitado por Piaroas y otros puebos indigenas. De ahí, el temor de los críticos del proyecto del Orinoco., quienes señalan que si la minería artesanal trajo consecuencias catastróficas para esas comunidades, “la amenaza megaminera se impone como una sentencia de muerte” de los indígenas de la Amazonía venezolana.
¡Agua sí, mina no!
¡Vida sí, mina no!

 Movimiento Regional por la Tierra y Territorios

19 mar. 2017

La primera de varias

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.
MÉXICO
Marzo del 2017.
A la Sexta en el mundo:
Compas:
  Pues como les habíamos dicho que íbamos a ver el modo de apoyarles a ustedes para que, a su vez, apoyen la resistencia y la rebeldía de quienes son perseguidos y separados por muros, pues ya tenemos un pequeño avance.
  Ya está lista la primera tonelada de café zapatista para la campaña “Frente a los muros del Capital: la resistencia, la rebeldía, la solidaridad y el apoyo de abajo y a la izquierda”.
  Es café 100 % zapatista.  Cultivado en tierras zapatistas por manos zapatistas; cosechado por zapatistas; secado bajo el sol zapatista; molido en máquina zapatista; el molino zapatista se descompuso por culpa de zapatistas; fue arreglado por zapatistas (era un balero no zapatista); luego empaquetado por zapatistas, etiquetado por zapatistas y transportado por zapatistas.
  Esta primera tonelada se consiguió con la participación de los 5 caracoles, con sus Juntas de Buen Gobierno, sus MAREZ y los colectivos de las comunidades, y ya se encuentra en el CIDECI-UniTierra de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México rebelde.
  Este café zapatista sabe más sabroso si se toma luchando.  Aquí les ponemos un pequeño video que hicieron los Tercios Compas donde se mira el proceso: desde el cafetal, hasta la bodega.
  También ya estamos clasificando y empacando las obras con las que participaron l@s zapatistas en el pasado CompArte, mismas que también les mandaremos para apoyar sus actividades.
  Esperamos que podremos entregar en el evento de abril para que ya se vaya moviendo todo eso a los diferentes rincones del mundo donde hay Sexta, es decir, donde hay resistencia y rebeldía.
  Esperamos que con este primer apoyo puedan iniciar o continuar su trabajo de apoyo a tod@s l@s perseguid@s y discriminad@s del mundo.
  Tal vez ustedes se pregunten cómo es que va a llegar eso hasta sus rincones.  Pues de la misma forma en que se produjo, es decir, organizándose.
  O sea que se les pide que se organicen no sólo para eso, también y sobre todo para hacer actividades de apoyo a toda esa gente que hoy se encuentra perseguida simplemente por tener un color de piel, una cultura, una creencia, un origen, una historia, una vida.
  Y no es todo por ahora: recuerden siempre que hay que resistir, hay que rebelarse, hay que luchar, hay que organizarse.
  Ah, y preguntamos cómo se dice esto que queremos decir, pero de modo que lo entienda ése:
¡Fuck Trump!
(y de una vez los demás también –o sea los Peña Nieto, Macri, Temer, Rajoy, Putin, Merkel, May, Le Pen, Berlusconi, Jinping, Netanyahu, al-Ásad, y ahí agréguenle como se llame o se vaya a llamar el muro que haya que derribar, de modo que todos los muros reciban el mensaje-).
(O sea que es la primera de varias toneladas y la primera de varias mentadas -que no son de menta-).
Desde las montañas del Sureste Mexicano.

Subcomandante Insurgente Moisés.             Subcomandante Insurgente Galeano.
México, marzo del 2017.

El video de los tercios compas que acompaña el comunicado. Con la canción “Somos sur”, letra y música de Ana Tijoux, acompaña Shadia Mansour




10 mar. 2017

Con cantos y ceremonia, indígenas protectores del agua abandonaron el campamento de Standing Rock antes de la entrada de la policía

Redacción Desinformémonos

foto: Josué Rivas

foto de portada: Josué Rivas 
Dakota del Norte I La fecha límite anunciada por el gobierno para abandonar el campamento Oceti Sakowin fue el miércoles 22 de febrero a las 2 de la tarde.  Antes de salir, los últimos vestigios y viviendas  improvisadas fueron incendiados como parte de la ceremonia  con la que los indígenas lakota y los activistas que los acompañaron durante casi un año, se despidieron del lugar que fue su hogar en el intento por detener la construcción del oleoducto Dakota Access.
Decenas de personas marcharon del brazo para salir del campamento cantando y batiendo tambores mientras caminaban por la carretera. Antes,  el fuego, las oraciones, las mujeres preguntándose a dónde ir. Aún así, la sensación es de victoria, pues marcaron un cambio en la forma en que la población de Estados Unidos los percibe e hicieron que el mundo tomara conciencia de su movimiento: “debemos sentirnos orgullosos, logramos que el mundo volteara a ver a nuestro movimiento”.
Sin saber a dónde dirigirse exactamente, la mayoría salió desde temprano. Las autoridades enviaron autobuses que los llevaron a Bismarck, donde les ofrecieron comida y hospedaje.
A las 14 horas arribaron los militares, la policía, los ingenieros y las máquinas.  Algunos manifestantes que decidieron permanecer fueron arrestados. Se reportan 46 personas detenidas, entre ellas la “abuela Regina” de 80 años. 
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video: Shaun King 
Charles Whalen, de 50 años, asesor de alcohol y drogas de Mille Lacs, Minnesota, dijo que él y varias personas no saldrían del campamento para mantener una resistencia pacífica: ”No vamos a hacer nada negativo, solo vamos a orar” dijo Whalen. Personas que salieron manifestaron sentimientos encontrados por tener que abandonar el sitio donde permanecieron por varios meses.  En el apogeo de las protestas, el campamento, conocido como Oceti Sakowin acogió a miles de personas, aunque su población disminuyó cuando la batalla del oleoducto se trasladó a los tribunales.
El campamento Oceti Sakowin en Standing Rock reunió a integrantes de 200 tribus de los pueblos nativos ubicados en el espacio geográfico donde, desde hace algunos siglos, se han poblado los Estados Unidos de América. La unión de estos pueblos en este momento histórico ocurre debido a la inconformidad de los oceti sakowin, el grupo que vive en este territorio, en relación al proyecto de construcción del oleoducto  “Dakota Access Pipeline”, que atravesaría su territorio promoviendo despojo y contaminación del agua sagrada de donde proviene la vida. El proyecto es propiedad de la corporación texana Energy Transfer Partner y tiene previsto cruzar el país de norte a sur, atravesar el río Missouri y el subsuelo del lago Oahe, en la reserva Sioux de Standing Rock.
“Los campamentos continuarán y la lucha también” dijo Phyllis Young, uno de los líderes del campamento. Matthew Bishop, de Ketchikan, Alaska, ha estado en el campamento de Dakota del Norte desde octubre. Ahora decidió mudarse a otro campamento.
Los protectores del agua argumentan que el campamento de resistencia está ubicado en territorio sioux no cedido en el marco del Tratado de Fort Laramie, de 1851, y que tienen derecho a permanecer en sus tierras ancestrales.
Un manifestante expresó: “Tengo miedo porque es posible que me arresten y por las consecuencias que pueda tener, pero creo con todo mi corazón en este movimiento y me arriesgo a permanecer”.
A comienzos de este mes, los equipos de construcción retomaron las obras en el último tramo del oleoducto, luego de que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgara una servidumbre de paso para permitirle a la empresa encargada de los trabajos, Energy Transfer Partners, perforar por debajo del río Missouri.
Con información de Honor the Earth 
foto: Stephen Getty Images
foto: Getty Images
foto: Stephen Yang / Getty Images

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Comunicado del Congreso Nacional Indígena

9 de marzo 2017
A la sexta nacional e internacional
A los medios libres de comunicación
A la sociedad civil en general
Compañeros, compañeras, mientras nuestros pueblos cada uno a sus modos y formas seguimos organizándonos, analizando y tomando acuerdos colectivos para la conformación de un Concejo Indígena de Gobierno, la guerra en contra de nuestros pueblos no cesa, el despojo y la represión desde los malos gobiernos en sus tres niveles sigue actuando en contra de nuestra madre tierra, de nuestros pueblos y nuestras organizaciones autónomas.
En el estado de Oaxaca
Con indignación denunciamos y condenamos lo acontecido en la comunidad de San Francisco del Mar, región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, donde se suscitaron actos de violencia, incluso el uso de armas de fuego, para imponer la aprobación de proyectos eólicos que despojarían de una parte importante de tierras de uso común de esta comunidad y afectarían gravemente a su rico y delicado ecosistema.
Los hechos se desarrollaron durante la asamblea del comisariado de bienes comunales de San Francisco del Mar, la cual fue convocada para tratar la autorización del uso de más de 15 mil hectáreas para proyectos camaroniferos de Pueblo Viejo en la zona denominada la bocabarra. Varios oradores expusieron su rechazo a la entrega de tierras, evidenciaron que en realidad es para proyectos eólicos; se dijo que la bocabarra se trata de un lugar vital para miles de pescadores y de ser aprobado el proyecto significaría quitarles el derecho a su fuente de vida y sustento; además que una decisión tan importante requiere la participación y decisión de toda la población.
La bocabarra forma parte del sistema lagunar del Istmo y es un lugar de suma importancia por ser la principal zona de pesca y encontrarse lugares sagrados y de alto valor espiritual. En esta parte de la región, la pesca brinda el mayor sustento económico y es la fuente de alimentación para toda la población. También es un lugar muy codiciado por las empresas eólicas por sus potentes vientos, ya hubo un intento de construir el parque eólico de Mareña Renovables en la Barra de Santa Teresa, el cual generó grandes movilizaciones de rechazo por todos los pueblos circundantes.
Es necesario evidenciar que lo que pasó en San Francisco del Mar no es un hecho aislado, se trata de un plan integral de despojo de los territorios de las comunidades del Istmo para cumplir con los megaproyectos que pretenden imponer en la región con la llamada Zona Económica Especial del Istmo de Tehuantepec (ZEE), que viene sustentando la segunda fase de desarrollo eólico.
En el estado de Michoacán
En la comunidad de Calzonzin, el pasado viernes 24 de febrero el mal Gobierno del Estado de Michoacán, en contubernio con el Gobierno Federal, reprimieron salvajemente al pueblo p´urhépecha de Caltzontzin que se manifestaban por defender su legítimo derecho a la restitución del territorio comunal.
Ese día, las fuerzas represivas del Estado mexicano sitiaron toda la comunidad Caltzontzin, sin permitir el acceso o salida de ninguna persona, acto seguido arrojaron bombas de gas lacrimógeno desde un helicóptero sobre toda la comunidad, ingresando al territorio de la comunidad y deteniendo arbitrariamente a 17 comuneros, de los cuales 13 aún continúan detenidos y uno padece de sus facultades mentales, paralelamente ingresaron a diversos hogares en la comunidad sin orden de cateo causando destrozos, violando los derechos humanos por defender los privilegios de la empresa trasnacional ferrocarrilera Kansas City Southern.
Nos pronunciamos por la libertad inmediata de los presos políticos de los pueblos originarios de Michoacán, en particular de los 13 comuneros detenidos en Caltzontzin, cuyo único delito ha sido la defensa de tierra comunal, de la dignidad y de la vida para sus pueblos y las futuras generaciones.
En la Costa, la comunidad nahua de Santa María Ostula es agredida por grupos de la delincuencia organizada que penetraron el territorio al sureste del municipio de Aquila, con muerte y el saqueo miras a desarticular la organización autónoma y la seguridad comunitaria para que regrese el terror y el saqueo de recursos naturales y tierras comunales.
El 5 de febrero de este año 5 policías comunitarios de San Pedro Naranjestil, al sur del municipio de Aquila adscritos a la policía municipal, el pasado 5 de febrero fueron secuestrados por e elementos de la Secretaría de Marina, quienes después los entregaron a los grupos delictivos encabezados por Jesús Cruz Virrueta (alias Chuy Playas), Fernando Cruz Mendoza (alias El Tena), José María Cruz (alias el Tunco), Federico González Medina (alias Lico) y Mario Álvarez López (alias El Chacal), a lo que ha seguido la obstaculización de los operativos emprendidos por los grupos de autodefensa de los municipios de Aquila, Chinicuila y Coahuayana para detener a los grupos delincuenciales.
Lo anterior se suma a los muchos episodios en que las fuerzas armadas del mal gobierno han actuado al unisono con las bandas delincuenciales y en contra de la comunidad indígena de Santa María Ostula, lo que ha contribuido al luto colectivo y la exigencia de justicia por los 34 comuneros que han sido asesinados y por los 5 que se están desaparecidos.
En el estado de Querétaro.
El mal gobierno mantiene injustamente preso al compañero indígena ñhañhú Raymundo Pascual García originario de San Ildefonso, Amealco, Qro. Quien fue detenido por participar junto con su comunidad en las movilizaciones en contra del gasolinazo, junto con otros compañeros. Asi mismo denunciamos que persiste el despojo de las tierras del Fundo Legal de las comunidades de Galeras y La Peñuela del municipio de Colón, a través de las acciones corruptas de los malos gobiernos y sus partidos políticos
En consecuencia, los pueblos, naciones y tribus que somos el Congreso Nacional Indígena, declaramos:
  1. Que responsabilizamos de los actos violentos en el territorio Ikoot y el intento de despojo de tierras, al presidente municipal y el comisariado de bienes comunales de San Francisco del Mar y denunciamos la complicidad de conocidos políticos y autoridades estales y federales que trabajan para, exigimos que se esclarezcan los hechos y el castigo a los responsables de los disparos que se realizaron durante la asamblea y que se respete el legítimo derecho del pueblo de San Francisco del Mar a decidir sobre el destino de sus tierras y bienes naturales
  2. Que nos pronunciamos por el pleno respeto a la organización comunitaria y autonomía de Santa María Ostula, por la detención de los l Jesús Cruz Virrueta (alias Chuy Playas), Fernando Cruz Mendoza (alias El Tena), José María Cruz (alias el Tunco), Federico González Medina (alias Lico) y Mario Álvarez López (alias El Chacal), la desarticulación de la estructura económica y política que los sostiene, por el castigo a los militares y políticos responsables por el asesinato del niño Hidelberto Reyes García y todos los comuneros asesinados, por la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de comandantes de Ostula y la región Sierra Costa, la presentación con vida de los desaparecidos y el respeto absoluto al territorio comunal de Ostula.
  3. Que exigimos inmediata liberación absoluta del compañero Raymundo Pascual García originario de San Ildefonso, Amealco, Qro. Quien fue detenido por participar junto con su comunidad contra el gasolinazo impuesto por el mal gobierno, porque cese el despojo de tierras de las comunidades de Galeras y La Peñuela del municipio de Colón, Querétaro y el castigo a los responsables por el injusto encarcelamiento de más de 3 años de las compañeras indígenas Ñhañhu de Amealco, Querétaro Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González.
A nuestros hermanos y hermanas de los pueblos Ikoot, P´urhépecha, Nahua y Ñhañu en estas regiones y en el resto del país donde sostienen cada día con su lucha nuestra esperanza, rebeldía y dignidad, les decimos que no están solos, que los colores, lenguas y geografías que hacemos el CNI somos ustedes, que su anhelo de justicia es nuestro, que su dolor nos lastima y que su exigencia que hace florecer el nacimiento de un nuevo mundo es nuestro corazón y nuestra certeza irrenunciable.
Hasta que la dignidad se haga costumbre
Libertad a todos los presos políticos
Presentación con vida los desparecidos
Justicia para San Francisco del Mar
Justicia para Calzonzin
Justicia para Santa María Ostula
Justicia para el pueblo Ñhañu de Querétaro
Atentamente
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Mas un México sin Nosotros
Marzo de 2017
Congreso Nacional Indígena

23 feb. 2017

Trump desaloja campamento sioux para reabrir oleoducto de Dakota

Hoy venció el plazo otorgado por la gestión de Trump para desalojar los campamentos sioux que protestan contra los oleoductos Dakota Access y Keystone XL. Gobierno Federal amenaza con multas y detenciones para quienes se resistan. ¿Será el primer gran episodio de represión de la actual administración de los Estados Unidos?
Por José Carlos Díaz Zanelli
- Como era de esperar, pese a la serie de protestas que ha generado la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de dar luz verde a los oleoductos Dakota Access y Keystone XL, no habrá marcha atrás.
De esta manera, el Gobierno Federal de EE.UU. alista para las próximas horas el desalojo –muy probablemente violento– de un campamento de manifestantes sioux y activistas ubicado en las afueras de la paralizada obra Dakota Access.

 
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La fecha límite otorgada por el Gobierno Federal para el cierre del campamento había sido precisamente hoy miércoles 22 de febrero. Los empleados de la compañía encargada de la construcción del oleoducto, Energy Transfer Partners, ya se encuentran en la planta esperando el reinicio de la obra.

La resistencia continuará

Aunque gran parte de los manifestantes optaron por marcharse, muchos afirman que permanecerán en el campamento. Un grupo de activistas se despidió de la zona realizando una ceremonia de quema en señal de protesta contra la decisión adoptada por el Gobierno Federal.


Las autoridades locales han advertido que quienes se resistan a abandonar el campamento serán detenidos. Asimismo, en lo que ha sido interpretado como una amenza, se señaló que quienes sean detenidos en las inmediaciones de la obra tendrían que pagar US$ 5 mil de multa o pasar seis meses en prisión.
Preferimos manejar esto de manera más diplomática y comprensiva, declaró Maxine Herr, vocera de la comisaría de Morton.
Nativos sioux han anunciado una manifestación pacífica en caso de que se dé inicio al desalojo. Según el líder sioux, Cheese Iron Eyes, los miembros de su comunidad permanecerán en el lugar tomados de las manos y rezando. ¿Los reprimirá la administración Trump?

Waramasen | Comunidades indígenas expresamos descontento ante el incumplimiento del gobierno.


DECLARACIÓN DE ASAMBLEA DE WARAMASEN

Comunidades Indígenas del Pueblo Pemón, Akawaio, Arawako, Kariña   pertenecientes a los sectores III, IV, V, VI, VII, y VIII, manifestamos nuestro descontento ante la falta de palabra por parte de los funcionarios de los diversos ministerios, en virtud de su burla sistemática ante las solicitudes elevadas a las instancias correspondientes para abordar el Título de Propiedad Colectiva de nuestras tierras y hábitats, según lo consagran los artículos 119 de nuestra Carta Magna, Art. 20 y 28 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.La reunión fue acordada con la Ministra Aloha Núñez, quien menciono la ida de los funcionarios con competencia en las diversas materias planteadas más los funcionarios delegados por los Ministerios han demostrado su falta de conocimiento en el tema. A excepción de los funcionarios del Ministerio de Petróleo que buscaron solución conjunta a las situaciones planteadas, irrespetando los esfuerzos de las autoridades legítimas en los costos realizados para trasladarse a la reunión, especialmente las comunidades que se trasladan en avión, más los costos de alimentos y logística en general.
Por otro lado, nos preocupa sobre manera el intenso lobby que algunos funcionarios de MINPPPI y Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico han estado realizando en comunidades indígenas entre diciembre 2016 y enero 2017 para buscar la aceptación de ciertas empresas encargadas de procesamiento de oro con cianuro, interés que no se ve reflejado en la búsqueda de soluciones para resolver la deuda asociada a la titularidad así como la atención hacia temas relacionados con la salud, educación, seguridad, turismo y el buen vivir del pueblo Pemón. Los protocolos de consulta libre previa e informada, que forman parte de las leyes de vanguardia de la Revolución Bolivariana en materia cultural y ambiental no han sido asumidos por el ente rector de la materia.
Expresamos nuestro carácter de pueblo de paz, chavista y revolucionario, lo cual no puede ser usado más como chantaje para encubrir la omisión de los Ministerios del Poder Popular de nuestro gobierno, como garante del cumplimiento de los derechos indígenas han incursionado.
Se plasma en esta situación un mecanismo de doble moral. Por una parte, los pemones somos acusados de mineros y que por esa razón, el MINPPPI y otros entes argumentan que de allí surge nuestro interés de la titularidad, y por otro lado, vemos en la acción, una exagerada atención hacia buscar entre algunos sectores indígenas, proyectos para el desarrollo minero.
Estamos cansados de ser utilizados, del vilipendio al que hemos sido objeto de forma reiterada ante las autoridades. Y sobre todo estamos cansados de que no se busque una solución estructural al tema de Titularidad de Propiedad Colectiva.
Hemos hecho entrega de proyectos en el área de turismo y agro productivo para contribuir a la diversificación económica, pero el apoyo ha sido muy poco para no decir nulo.
Denunciamos además que pese a las innumerables solicitudes para abordar la situación de violencia producto de bandas armadas que han cobrado la vida de indígenas, además de instaurar espacios donde solo la ley del pran manda, los esfuerzos para garantizar la paz han sido insuficientes.
Reconocemos como ningún otro actor lo ha hecho, la participación de algunos sectores del Pueblo Pemón en la actividad minera. Hemos sido nosotros los que hemos tomado la iniciativa ante las autoridades para denunciar de forma categórica la situación actual, sin embargo, esto parece no ser relevante a la hora de buscar soluciones.
La minería no permisada al sur del Estado Bolívar, ha estado siendo ejercida por años por parte de personas no indígenas. Hasta permisos ambientales fueron otorgados para vulnerar espacios indígenas. Han pasado los años y la migración del Pueblo Pemón hacia la minería es multifactorial, con esto queremos decir, que no obedece a un patrón espontáneo de unos indígenas a los que no les duele su tierra. Hemos sido testigos de la impunidad ante el contrabando de combustible, mercurio, alimentos y otros, hemos sufrido la ausencia de políticas sociales garantes de nuestro desarrollo como pueblo indígena venezolano, nos indigna que en la coyuntura actual seamos acusados de responsables de la actividad minera no permisada, quedando invisibilizado las mafias armadas, los mineros no indígenas de diferentes nacionalidades entre otros sujetos.
Deploramos las amenazas por grupos armados a los hermanos indígenas en el Municipio Sifontes, al Capitán General del Sector 7 y sus comunidades a lo largo del rio Ikabaru, también la omisión de las Fuerzas Armadas para el desalojo de mineros en tierras y habitas indígenas y la no consulta en elaborar políticas conjuntas en materia de Seguridad y Defensa en todo lo que afecte a los Pueblos y Comunidades indígenas según el art 11 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.
Exigimos la presencia del Presidente Nicolás Maduro Moros o en su defecto del Vicepresidente ejecutivo, igualmente al Ministro del Poder Popular para la Defensa o alguien que designe para abordar los temas expuestos y pedimos que se realice un llamado de atención para los Ministerios competentes, sobre su actuación ambigua ante las comunidades indígenas y de una vez por todas, sincerar y socializar toda la información sobre los planes y proyectos que el Estado venezolano pretende ejecutar en territorio del Pueblo Pemón. Y damos un plazo de 15 días continuos, a partir de hoy para que se instale:
1.- La Comisión de Demarcación y Titularidad de Tierras y Habitas Indígenas
2.- La Comisión de la Seguridad para combatir la inseguridad en Territorios Indígenas, y el seguimiento para el desalojo de los mineros no indígenas en territorio indígena.
3.- El Sector 7, en conjunto con los demás Sectores van a intervenir a lo largo del Rio Ikabaru ya que las Fuerzas Armadas omiten su función de protección y resguardo a las áreas indígenas.
4.- Designación de una comisión conjunta entre el Pueblo Pemón, Akawaio, Arawako y Kariña con el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas para la evaluación de las Políticas Públicas en materia indígena que afecte nuestras áreas.
Declaración emitida en Waramasen a los Diecisiete días del mes de febrero del Año Dos Mil Diecisiete.
Asamblea de Waramasen

22 feb. 2017

Pueblo Awajún rechaza decretos lesivos a derechos indígenas

Foto: Diario VocesFoto: Diario Voces
Servindi.- El pueblo indígena Awajún a través de la Organización Regional de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P) expresó su rechazo a los decretos legislativos 1292, 1333 y 1334, por considerarlos lesivos a los derechos colectivos de los pueblos originarios.
"Hemos comprobado que algunos de ellos [decretos legislativos] representan una amenaza evidente", en alusión al paquete de 112 decretos legislativos expedidos por el gobierno en uso de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso de la República al poder Ejecutivo.
Así, en el caso de estos tres decretos, estos impactan directamente en aspectos como el territorio o las facultades autónomas de las comunidades.

Oleoducto Norperuano 

El Decreto Legislativo 1292 declara la necesidad pública e interés nacional la operación del Oleoducto Norperuano y faculta al Estado a "adquirir" los terrenos necesarios para operar a través de contratos de compra-venta.
Así, el Estado peruano podría expropiar tierras de comunidades nativas que se encuentren aledañas al ducto, siendo esta una práctica actualmente condenada por el derecho internacional.
Cabe destacar que la medida se promulgó pese a los conflictos sociales ocasionados durante el 2016 por los derrames de petróleo del Oleoducto Norperuano, que afectaron las regiones de Amazonas y Loreto.

Reubicación de pobladores para obras de gran infraestructura

El Decreto Legislativo 1333, con miras a facilitar las obras de infraestructura de interés nacional y de gran envergadura, crea el Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP).
Dependiente de PROINVERSION, durante tres años el APIP buscará sanear los predios requeridos para la ejecución de proyectos priorizados. Sin embargo, muchos de estos territorios pertenecientes a pueblos indígenas no cuentan con las formalidades oficiales de propiedad, a pesar de estar ocupados ancestralmente por estos pueblos, por lo que no se encuentran reconocidos frente al Estado.
De otro lado, este proyecto también tiene entre sus facultades “definir la necesidad de la reubicación de pobladores, coordinando con las entidades respectivas y convocar a las asambleas”, lo cual resulta inconstitucional.
Asimismo, se toma la potestad de convocar a asambleas cuando ello es una facultad autónoma de las comunidades. 

Adelanto social sin MINCU ni MINAM

El Decreto Legislativo 1334 introduce la figura del “adelanto social” y persigue como fin “Financiar Programas, Proyectos y/o actividades orientadas a cerrar o reducir brechas sociales en espacios geográficos donde se desarrollarán diversas actividades económicas”.
Sin embargo, al aplicarse en contextos de actividades extractivas,  podría condicionar la voluntad y el actuar de las comunidades involucradas en estas actividades.
Asimismo, llama la atención que dentro del concejo directivo de este fondo de asistencia social no estén incluidos ministerios como Cultura y Ambiente, los cuales juegan un rol fundamental en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
Para leer el pronunciamiento puede ingresar aquí.

Otra vez Yanacocha destruye cultivos y choza de Máxima Acuña

Foto: Referencial (Daniel Chaupe).Foto: Referencial (Daniel Chaupe).
Servindi.- Una llamada de Daniel Chaupe reporta que el lunes 13 de febrero, personal de la empresa Minera Yanacocha ingresó nuevamente a su predio “Tragadero Grande”, para destruir cultivos de papa, oca y mashua que llevaban tres meses de sembrados.
La agresión fue difundida por el portal de la asociación Grufides que brinda asesoría legal a Maxima Acuña.
El personal no solo dañó el cultivo que es sustento de la familia Chaupe-Acuña; sino que además destruyó una pequeña choza antigua que la familia tenía en el lugar.
El ingreso se produjo en dos oportunidades, primero a las seis de la mañana cuando ingresaron seis personas identificándose como ¨ingenieros¨ de la minera, y después a las nueve llegó más personal para proceder a las destrucción antes indicada.
Otros personas permanecieron en el límite de la propiedad rodeándola, algunos en varios vehículos (camionetas o combis) y otros filmando la escena.
Es importante mencionar que en el terreno solo se encontraba Máxima Acuña, quien al observar la destrucción de los cultivos intentó defenderlos, infructuosamente enfrentándose a los trabajadores mineros.
Por la falta de cobertura telefónica en el lugar aún no se ha podido entablar comunicación para saber su estado, indica Grufides, quién reporta que en este momento sus hijos y esposo están tratando de volver al predio para verificar lo sucedido.
Cabe destacar que la agresión se produce luego de expedirse el Decreto Legislativo 1333 que favorece el acceso a predios a favor de proyectos de inversión y que viene siendo denunciado por organismos de derechos humanos y pueblos indígenas como inconstitucional.
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Fuente: Con información de la asociación GRUFIDES: http://www.grufides.org/content/nuevamente-trabajadores-de-minera-yanacocha-ingresan-terrenos-de-m-xima-acu-y-destruyen-su

Pueblos aislados de Bolivia en riesgo por proyecto petrolero

Fuente: G.Miranda/FUNAI/SurvivalFuente: G.Miranda/FUNAI/Survival
Un proyecto de hidrocarburos en Bolivia está a punto de acabar con el estilo de vida de comunidades en aislamiento. Pese a las advertencias de la CIDH, las labores de exploración continúan por parte de la petrolera YPFB. ¿Y la plurinacionalidad?
Por José Carlos Díaz Zanelli
Un nuevo atentado contra la autonomía de los pueblos indígenas y en aislamiento voluntario está a punto de cometerse en Bolivia. Esto debido a que la compañía china de petróleo BNG estaría realizando labores de exploraciones en territorio reservados para pueblos en aislamiento. Lo que agravaría todo es que la obra se da por encargo de la petrolera estatal YPFB.
Pese a que a mediados del 2016 el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) había alertado la presencia de pueblos indígenas y en aislamiento (tacanas y toromonas), las labores de exploración continuaron. 
Ante esta situación se presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), invocando el cumplimiento del Convenio 169° de la OIT. Lo que se solicitaba puntualmente, era el cese de las operaciones.
Desde enero de este año, la CIDH notificó al Estado de Bolivia que es el propietario de YPFB (titular del proyecto) una serie de medidas cautelares. Entre ellas se encontraba el cese de cualquier operación que ponga en peligro a los pueblos indígenas en aislamiento. 

¿Y la plurinacionalidad?

Cabe recordar que no solo el Convenio 169° de la OIT exige al Estado de Bolivia la protección sobre los pueblos en aislamiento. Sino que su propia constitución, la misma que define a este país como plurinacional lo dictamina:
Art. 31 – 1. Las naciones y pueblos indígena originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados, serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva.
A lo largo del 2016 los monitores socioambientales detectaron una serie de incidentes que afectaban a territorios destinados a los pueblos en aislamiento. Uno de ellos, el más grabo, ocurrió en setiembre del año pasado cuando una serie de trabajadores de la petrolera estuvieron a punto de tener un encuentro con pobladores no contactados.
La respuesta inmediata de parte de YPFB fue asegurar que se desmontaría el campamento en la zona del incidente. Sin embargo, pocos días después el presidente de esta institución, Guillermo Achá, “no tener confirmación de ningún pueblo no contactado”.
Así las cosas, en Bolivia podría darse la nefasta situación de que un proyecto petrolero destruya el estilo de vida de una nación en aislamiento como la Toromona. ¿Dónde quedó el proyecto de república plurinacional que liderara Evo Morales?


34 idiomas indígenas venezolanos en peligro de extinción

34 idiomas indígenas venezolanos en peligro de extinción
La lengua materna es una garantía de supervivencia de la identidad nacional que nos vincula con los saberes y conocimientos de nuestra historia y espiritualidad. Ante el contacto avasallante con la cultura criolla, los pueblos indígenas del país han ido perdiendo su autenticidad.
En Venezuela se hablan al menos 20 idiomas indígenas conservados puros hasta la actualidad, de los 40 pueblos indígenas existentes en todo el territorio. Según la Unesco, la mitad de las lenguas existentes en el mundo podría perderse dentro de pocas generaciones.
Venezuela no escapa a este riesgo por una multiplicidad de factores, entre ellos la falta de un modelo educativo acorde con la cultura indígena, la no aplicación de los instrumentos jurídicos aprobados, la falta de seguimiento y evaluación de programas de educación intercultural bilingüe, la influencia de otras culturas a través de la música, bailes, formas de vestir y la discriminación racial, dando como resultado que los indígenas vayan desplazando sus idiomas ancestrales y utilicen mayormente el castellano, hasta convertirlo en su primera lengua, mientras que el originario se usa sólo en conversaciones familiares.
Un ejemplo de esto lo encontramos en el Amazonas, donde los idiomas baré y baniva se encuentran en peligro de desaparecer.
Los resultados de los censos indígenas que se han realizado desde 1982 dan cuenta de que estas etnias han ido bajando drásticamente en número de población, lo que, como es de esperarse ha tenido un impacto crucial en sus idiomas.
Es así como según los datos del último Censo Nacional Indígena de 2001, había 2.271 indígenas Baniva, de los cuales sólo 1.627 declararon hablar su lengua.
En peor condición se encuentra la etnia baré, que a la fecha registraba 2.673, de los cuales sólo 239 hablaban su idioma.
La Unesco estima que en Venezuela hay al menos 34 idiomas en peligro de extinción, y con ellas está en riesgo también su cultura, forma de vida y manera de ver y entender el mundo.
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, es propicia la ocasión para solicitar al Estado que impulse a través de sus instituciones, iniciativas que ayuden a promover el uso de los idiomas indígenas como factor esencial para la preservación de las culturas de los pueblos originarios de nuestro país.
Se requiere entonces de una legislación que proteja el uso de una lengua y lo promueva, el apoyo gubernamental para impulsar un proceso de revitalización y aprovechar el impacto de la tecnología en las nuevas generaciones para alentar a los jóvenes en pequeñas comunidades a seguir usando el idioma que encierra la esencia de su cultura.
Kapé-Kapé

“No habrá muro:” Sioux, Yaquis y Tohono O’odham. Las luchas indígenas se unen desde Standing Rock hasta la Sierra Norte de Puebla

foto: Diógenes Rabello / Hijos de la Tierra 
Desinformémonos I La política “xenófoba y agresiva contra México” de Trump ha puesto en alerta a los pueblos originarios de Estados Unidos y México, quienes declararon que “no habrá muro”. La lucha de los pueblos indígenas se suma de ambos lados de la frontera, y en Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla,  con la presencia de representantes de los pueblos indígenas de Nuevo México y Dakota, ratifican la defensa de sus tierras y territorios. 
Tohono O’odham, Sioux y diversas tribus indígenas están en contra de las políticas de Donald Trump y prometen llegar hasta las últimas consecuencias en defensa de su territorio.
La tribu Sioux de Standing Rock y sus defensores han hecho la promesa de resistir la orden ejecutiva de Donald Trump que autoriza la construcción de un oleoducto en Dakota y piensan impulsar medidas legales, llamar a la desobediencia civil e instalar un campamento de resistencia para proteger el agua del río.
“El presidente Trump tiene la obligación legal de respetar los derechos que nos reconocen los tratados y garantizar que todo el proceso para la construcción del o leoducto sea justo y razonable”, explica el jefe de la tribu Sioux de Standing Rock, Dave Archambault.
Otros han prometido que expresarán su solidaridad con protestas a lo largo y ancho del país. “Necesitamos un movimiento masivo de desobediencia civil y que los ciudadanos expresen su solidaridad con Standing Rock”, explica Kandi Mossett, miembro de las tribus Mandan, Hidatsa y Arikara.
cuetzalan 6
“La administración Trump está provocando una revolución que nos hará más fuertes que nunca”.
Los pueblos Sioux ya enfrentaron a la administración demócrata de Barack Obama, al que calificaban como “el señor de los drones y las guerras”. Los Sioux junto a los pueblos Mdewakanton Dakota y Dine lograron una victoria en 2016 cuando consiguieron cancelar el decreto de Obama para construir un oleoducto en Dakota. Sin embargo, Trump decidió revivir el mes pasado el decreto con el que se aprueba la construcción de esta obra que consideran depredadora del medio ambiente y destructiva para su hábitat milenario.
Ahora, los Sioux rechazan nuevamente la medida e hicieron un llamado a la movilización, no sólo contra este oleoducto sino también contra el “muro fronteriz” que Donald Trump pretende construir.
La tribu Tohono O’odham, de Arizona que controla más de un millón de hectáreas colindantes en parte con México, expresó su rechazo absoluto al muro que pretende construir Trump porque va contra sus costumbres ancestrales.
Esta “nación” tiene actualmente 28 mil nativos y antes del Tratado Guadalupe-Hidalgo que en el siglo XIX provocó la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano a manos estadounidenses, los Tohono O’odham se desplazaban libremente entre los estados de Sonora y Arizona. Ahora, denunciaron que la policía migratoria estadounidense ha desatado una guerra en contra suya, por lo que advirtieron que se movilizarán contra el muro que quiere construirse en la frontera.
La Tribu Yaqui comparte territorio en el estado de Sonora en México y en Arizona, en Estados Unidos. En 1978 también fue reconocida como nación y han manifestado su respaldo al movimiento “antimuro”. “Sobre mi cadáver”, es una de las consignas de las tribus de la frontera que comparten territorio con México. ”Divide nuestra tierra ancestral y a las familias que han transitado libremente desde antes de que se dibujara la línea fronteriza”.
“Nosotros llegamos antes que las naciones y las fronteras nos dividen”, señaló un dirigente indígena luego de que Trump insultó a miembros de la tribu Hopi con el título de “Pocahontas”.
Contra el gobierno de Donald Trump, el muro, las deportaciones forzosas y más políticas xenófobas los trabajadores mexicanos y de los Estados Unidos deben unificar sus reclamos a los de los pueblos Sioux y Tohono O’odham. Abajo el muro construir la resistencia con los trabajadores, los pueblos indígenas, las mujeres en ambos lados de la frontera.
foto: Diógenes Rabello
De Standing Rock a la Sierra Norte de Puebla: pueblos indígenas se unen en la defensa del territorio
Los pueblos campesinos, indígenas y mestizos de la Sierra Nororiente de Puebla han demostrado, una vez más, su capacidad de organización y autodeterminación.
Como ya es costumbre en esta región, cada dos meses, y ahora fue el día 18 de febrero, cientos de personas que llegaron de 173 pueblos y 16 municipios se reunieron en la 18ª Asamblea en Defensa del Territorio para reafirmar el poder  decidir sobre sus vidas y el destino de sus territorios.
El encuentro se desarrolló en la cabecera municipal de Cuetzalan, donde sus habitantes llevan a cabo una importante lucha contra la imposición de una subestación eléctrica y líneas de alta tensión, cuya instalación están destinadas a favorecer a los megaproyectos mineros, el fracking y las hidroeléctricas en la región según lo ha informado el portal Hijos de la Tierra.
En la suma de luchas de los movimientos sociales estuvieron presentes representantes del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, la comunidad maya de Hopelchén, Campeche que lucha contra la siembra de transgénicos, estudiantes de las escuelas normales rurales, madres de Ayotzinapa y dos representantes de los pueblos nativos de Nuevo México y Dakota del Sur, en Estados Unidos, quienes se organizan y defienden su territorio y los ríos de Standing Rock contra el oleoducto “Dakota Acces” impulsado nuevamente por Donald Trump.
Al encuentro estaban invitados la presidencia municipal de Cuetzalan y representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que dieran información acerca del motivo  y objetivos del proyecto eléctrico que pretenden desarrollar en el lugar. Sin embargo, no se presentaron por lo que la asamblea decidió seguir deteniendo las obras y mantener el campamento instalado desde el mes de noviembre.
foto: Diógenes Rabello
foto: Diógenes Rabello
foto: Diógenes Rabello
con información de Hijos de la Tierra y Agencias.

VIH sigue extendiéndose entre los warao

VIH sigue extendiéndose entre los warao
Una situación sumamente grave está ocurriendo en la comunidad indígena de San Francisco de Guayo, parroquia Padre Barral, municipio Antonio Díaz del estado Delta Amacuro.
27 aborígenes de la localidad sería el número de fallecidos hasta los momentos por diferentes causas, donde la constante es la falta de atención médica oportuna.
El médico y activista de los derechos indígenas, Jesús Jiménez denunció que esta cifra cuenta tan sólo las muertes  ocurridas desde finales de mes de diciembre del año 2016 hasta el 31 de enero de 2017.
Hasta los momentos no se saben con exactitud las causas de los decesos, pero Jiménez fue enfático al señalar que el hospital de la comunidad de San Francisco de Guayo no cuenta con insumos médicos, ambulancia fluvial que sirva de transporte  a los pacientes, ni con energía eléctrica.
También reseñó que la población del bajo Delta en la actualidad está siendo atacada por enfermedades como la diarrea, vómitos y VIH SIDA que en los últimos tiempos se ha propagado en las comunidades warao, en una problemática que incluso ha sido reconocida por las autoridades sanitarias locales.
El año pasado, la jefe del Departamento de Virología Molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Flor Pujol, advirtió que la alta incidencia del VIH en los waraos en el Delta del Orinoco podría diezmar a esta población.
Importante recalcar también que en días recientes, residentes de la comunidad de Guayo realizaron un llamado de atención a las autoridades de salud del estado, señalando que existe comunidad indígena que desapareció en su totalidad por causa del VIH SIDA, y que en la actualidad existe otra comunidad cercana a Guayo que está corriendo el  mismo riesgo.
“Por favor hermanos, el Sida está acabando con otra comunidad, ayer murió un muchacho y ahora mismo está  grave, y lo más triste de este problema es que son jóvenes” exclamó uno de los protestantes.
Las autoridades de salud de la región siguen sin dar cifras oficiales, ni se han pronunciado; sin embargo, varios médicos residentes que trabajan en estos pueblos indígenas han realizado informes alarmantes sobre los casos de Sida, pidiendo a sus superiores mayor atención para contrarrestar la propagación de la enfermedad, pero tampoco han sido tomados en cuenta.
La comunidad  San Francisco de Guayo es una las comunidades más grandes del municipio Antonio Díaz del estado Delta Amacuro y cuenta con una población de aproximadamente 4 mil habitantes.
Kapé-Kapé

Estados corporativos y pranización de la política: Políticas de contrainsurgencia y lucha territorial indígena en Venezuela.

Caminemos solos
A veces pienso que los indígenas esperamos a un hombre
que todo lo pueda, que todo lo sepa,
que ayude a resolver todos nuestros problemas.
Pero ese hombre, que todo lo puede y que todo lo sabe,
nunca llegará:
porque vive en nosotros,
se encuentra en nosotros, camina con nosotros,
empieza a despertar, empieza a caminar.
Natalio Hernández, Poeta Nahua.
“Para l@s de arriba, el calendario está hecho de pasado, para mantenerlo ahí, el Poder lo llena de estatuas, festejos, museos, homenajes, desfiles. Todo con el objetivo de exorcizar ese pasado, es decir, de mantenerlo en el espacio de lo que ya fue y no será.
Para l@s de abajo, el calendario es algo por venir. No es un montón de hojas desprendidas por el hastío y la desesperanza. Es algo para lo que hay que prepararse. En el calendario de arriba se celebra, en el de abajo se construye. En el calendario de arriba se festeja, en el de abajo se lucha. En el calendario de arriba se manipula la historia, en el de abajo se hace (…) Así será, hasta que otro calendario se escriba donde debe de escribirse, es decir, abajo”.
Esto, en alguna oportunidad, dijo al Sub-Marcos Don Durito de La Lacandona.

I. A manera de Introducción.
aüri wakuwaipa weiran mmokarü
(Desde nuestra forma de ver el mundo)
Es posible decir que, dentro de la filosofía del pueblo añú, existen dos principios que definen su forma de ver y relacionarse con el mundo. Tales principios expresan la perspectiva desde la cual, milenariamente, configuraron su territorialidad al tiempo que territorializaron las aguas del Lago de Maracaibo, las riberas de sus ríos aledaños y la Laguna de Sinamaica donde, hasta el presente, resisten y re-existen como pueblo. Se trata pues, de dos de los fundamentos de su cosmovisión que, cotidianamente, los añú ejercen y manifiestan en una cosmovivencia que le es correspondiente. Estos principios son:
a.- Todo lo que está presente en el mundo es porque ha realizado la acción de emerger a nuestra presencia. El emerger implica, por tanto, que aquello que se hace presente en el mundo se muestra vivo. Dicho de otra manera, para los añú: todo vive.
b.- La vida de todo lo presente en el mundo se expresa mediante un su hacer particular y es con este hacer con el que nos relacionamos; por tanto, plantas, animales, ríos, selvas, personas y todos los seres visibles e invisibles tienen un hacer que les es propio; todo vive en y por su hacer y este, su hacer, siempre será complementario al hacer de los otros; es por ello que sólo a partir de nuestra relación con esos haceres, podemos conocer y decir que conocemos aquello que emerge vivo frente a nosotros, podemos decir que conocemos y re-conocemos el mundo.
En este sentido, todo acontecimiento que frente a nosotros ocurre es el resultado de un emerger que lo ha puesto de manifiesto mediante un su hacer que se ha incubado en un fondo no visible y que, igualmente, forma parte de la historia del acontecimiento mismo. Así, para comprender la historia en su acontecer es necesario un diálogo con el hacer de todo lo que emerge como manifestación de su presencia frente a nosotros. Esto quiere decir que los hechos poseen su propia palabra y es con ella con la que nos hablan; de esta forma, sólo comprendemos la historia en su hacer cuando somos capaces de entender la palabra de los hechos, es decir, dialogar con el hacer emergido. Por esta vía, la historia no es en modo alguno la de los personajes que participan de los hechos (la de los héroes que tanto gusta de destacar el pensamiento occidental), sino el hacer del acontecimiento con respecto a los pueblos. Por el contrario, para los añú (pensamos que para la mayoría de los pueblos indígenas del continente), los héroes como centros de la historia no existen, esto es, la historia poco tiene que ver con la persona o la palabra de los “protagonistas” sino con la palabra propia del hacer de los hechos en su acontecer, pues, sólo la palabra del hacer de los hechos hace visible ante nosotros el fondo no evidente que los ha incubado.
Será entonces desde esta perspectiva que trataremos de exponer (y exponernos) lo que para nosotros está diciendo el hacer de la realidad política por boca de los Estados-gobiernos a todos los pueblos indígenas de Venezuela y América Latina, especialmente, en cuanto a sus luchas territoriales y por la defensa de sus territorialidades. En este sentido, en una primera parte analizaremos lo que dicen las palabras del hacer de los más recientes acontecimientos en los que esta lucha ha emergido con mayor fuerza y contundencia. En una segunda parte intentaremos demostrar lo que se encuentra en el fondo y que explica el hacer verdadero de los hechos emergidos para, finalmente, tratar de precisar lo que comienza a fecundarse en el fondo y que, estamos convencidos, desde hace un buen rato aquí y allá a lo largo del continente, viene pugnando por emerger de manera definitiva como palabra y acción de los pueblos.
II.- aeintikarü apüreeruwa we. Ani aye eiñawa.
(Lo que frente a nosotros está. He aquí los hechos)
Recientemente tuvimos la oportunidad de escuchar en la ciudad de México al hermano Oscar Olivera, uno de los principales líderes de la llamada Guerra del Agua y reconocido vocero de las luchas sociales de Bolivia. En su exposición, Olivera narró con precisión todo lo acontecido durante la marcha de las comunidades del TIPNIS hacia La Paz: la cruenta represión de la que fueron víctimas por parte de la gendarmería oficial a la que se sumaron grupos de choque financiados y atizados por el gobierno; pero también, describió no sin alegría el multitudinario y popular recibimiento de los marchantes en la capital lo que, sin lugar a dudas, obligó al Presidente Evo Morales dar marcha atrás en su propósito y decretar una Ley que aseguraba la protección y defensa del TIPNIS. Todos celebraron.
Sin embargo, muy poco duró la celebración de la que fue una verdadera victoria popular, pues, atizado por los cocaleros del MAS (su base de apoyo político), guiado por la “razonable” palabra de su vicepresidente; pero sobre todo, presionado por la corporación brasilera impulsora del proyecto, el presidente “entró en razón” y, mediante un nuevo Decreto-Ley echó por tierra al primero y, ahora sí, haciendo uso de todos los recursos del poder del Estado-gobierno (compra de conciencias mediante obsequios en dinero o especies, división de las comunidades, acciones violentas ejecutadas por sus grupos de choque, etc.), Evo Morales “derrota” a los alzados indios del TIPNIS en una “consulta” totalmente controlada por el gobierno. En este punto, necesario es decirlo, al hermano Olivera se le quebró la voz y unas incontenibles lágrimas nos hablaron de su dolor y de su rabia.
A buena parte del público asistente les sonó increíble el relato de Olivera, pues, a su paramétrica mentalidad de “izquierda razonable” resultaba inconcebible que Evo Morales, primer “indígena” presidente de un Estado latinoamericano pudiera valerse (igual que el PRI) del acarreo, la compra de conciencias para dividir a las comunidades y, mucho menos, al uso de fuerzas de choque prestas a violentar y contener la lucha de las comunidades. Tal incredulidad, ciertamente, resulta del todo comprensible dado que tales acciones, se supone, no corresponden al deber ser de un gobierno de “izquierda” y, mucho menos, a un gobierno “indígena”. Sin embargo, las acciones del Presidente Morales deben ser comprendidas como la continuidad de la originaria forma de acción política de los Estados poseídos frente a la insurgencia de los desposeídos; es decir, lo que el Presidente “indígena” hizo no fue otra cosa que aplicar parte de un muy antiguo manual de contrainsurgencia del que, si a ver vamos, ningún Estado-gobierno en América Latina es ajeno y, por el contrario, es posible observar su aplicación con la misma regularidad y contundencia tanto en los países cuyos gobiernos son designados o declaradamente de “derecha” como en los países donde los gobiernos se estiman “progresistas”, “de izquierda” y, aún, “revolucionarios”.
Así por ejemplo, el Presidente Rafael Correa de Ecuador, ha logrado diseñar y ejecutar sistemáticamente toda una política de contrainsurgencia dirigida contra los pueblos indígenas y sus principales organizaciones: la CONAIE y la ECUARUNARI. Esto ha sido posible no sólo por los errores políticos cometidos por la dirigencia de algunas de estas organizaciones, sino sobre todo, mediante la ejecución de acciones que van desde la división provocada a través de la incorporación de elementos de las organizaciones indígenas a la órbita del gobierno al tiempo que persigue, criminaliza y encarcela a los líderes rebeldes de las mismas organizaciones indígenas, sindicales y campesinas, pues, está decidido a acabar con ellas; de hecho, es posible decir que a diferencia de los anteriores gobiernos de derecha que pretendieron contener a los pueblos indígenas y sus organizaciones, para beneplácito de las corporaciones y del mercado mundial, en el campo de la contrainsurgencia el gobierno de Correa ha alcanzado un éxito notable en el Ecuador.
Lo anterior pudiera ser una afirmación igualmente aplicable al caso del Brasil de Lula Da Silva y de su continuidad: Dilma Rouseff. Allí, a las acciones etnocidas ejecutadas de manera directa por el Estado-gobierno hay que sumar su silencio ante las acciones genocidas ejercidas por otros para liquidar de manera definitiva a los pueblos indígenas. Así, no es sólo el Estado-gobierno quien de manera directa les hace la guerra sino que, éste sabe guardar silencio cuando los otros: hacendados y corporaciones transnacionales “fastidiados” de la incómoda presencia y re-existencia de indios en zonas explotables, han sido capaces de declarar públicamente su guerra contra las comunidades y, tanto Lula (antes) como la Ruseff (hoy por hoy) como representantes del Estado-gobierno, lapidariamente han sabido guardar silencio y, por lo mismo, nada hacen por detenerlos. Fue por ello que los hermanos Guarani-Kaiowás acordaron pedir al Tribunal del Estado Federal que decidió expulsarlos de su territorio en beneficio de una Corporación, que junto al Tribunal de Desalojo enviara a los pelotones militares de fusilamiento, pues, estaban decididos a morir y ser enterrados en sus tierras, tal como ellos han enterrado milenariamente a sus antepasados en ese: su territorio.
Por nuestra parte, en Venezuela, podemos decir que desde 1999, año en que emerge en Venezuela el gobierno del Teniente Coronel Hugo Chávez, proceso al que se ha dado en llamar “socialismo del siglo XXI”, hemos sufrido las mismas violaciones a los derechos de los pueblos y los mismos silencios ante los mismos crímenes. En su aplicación del manual de contrainsurgencia, ha sabido combinar el uso de los llamados programas sociales (Misiones) que han casi liquidado al movimiento social insurgente (indígena, campesino, obrero, pobladores de barriadas urbanas, etc.), pues, la mayoría de ellos han sido cooptados a las estructuras burocráticas controladas por el Estado-Gobierno, con la persecución, criminalización y represión selectiva de los rebeldes insurgentes de esos mismos sectores y movimientos.
Así, desde el inicial sometimiento de los indios pemones que en la Gran Sabana se enfrentaron a la construcción del tendido eléctrico del estado Bolívar (Venezuela) hasta Boa Vista en Brasil, para lo que el gobierno de la naciente “revolución” utilizó desde la persuasiva acción de la “justicia” aplicada por el Tribunal Supremo, la división provocada de las comunidades en lucha mediante el aporte de recursos económicos a los no deliberantes, hasta el uso de la represión militar en contra de las comunidades rebeldes que se atrevían a cortar, segueta en mano, las grandes estructuras de hierro del tendido eléctrico, lo que produjo un saldo de líderes indígenas presos, un par de muertos y la definitiva derrota de las comunidades pemonas alzadas y la definitiva inauguración del tendido eléctrico por el Presidente Chávez en acto solemne para el que se supo acompañar, nada menos que del presidente del Brasil Fernando Henrique Cardoso y del padre de la única revolución “victoriosa” de América Latina: Fidel Castro.
Sin embargo, a este ejemplo debemos necesariamente sumar el asesinato (vía sicariato) de dirigentes sindicales y campesinos como los del líder obrero Argenis Vásquez, Secretario General del Sindicato Obrero de la Mitsubishi en el oriente del país, quien fuera asesinado por “desconocidos” sicarios en el contexto de la discusión del contrato colectivo de trabajo y las exigencias de la empresa al Estado-gobierno de condiciones favorables para poder seguir operando en el país. Demás está decir que el asesinato de Argenis sigue siendo un “misterio” policial, tal como el de unos 140 líderes obreros y campesinos por los que, hasta ahora, no se ha señalado a ningún sospechoso y, mucho menos, se ha producido algún arresto puesto que jamás el gobierno de la “revolución” ha sentido la necesidad de pronunciarse siquiera.
Finalmente, hemos venido siendo testigos de la persecución del líder indígena Yukpa Sabino Romero a quien, dicho sea de paso, le han venido sistemáticamente asesinando a su familia y su gente (hasta ahora le han asesinado a su padre, uno de sus yernos, dos de sus sobrinos y a por lo menos tres de sus compañeros de lucha), pues, para nadie es un secreto que Sabino se ha convertido en la piedra en el zapato tanto para los hacendados de Machiques de Perijá, como para el Estado-gobierno en su política de minimizar y silenciar la lucha territorial de todos los pueblos indígenas del país toda vez que, de acuerdo al mandato constitucional de 1999 el Estado estaba obligado a demarcar los territorios indígenas en un lapso no mayor a dos años luego de aprobada la Constitución. A más de una década de esta resolución constitucional, las tierras demarcadas no llegan al 10% del total estimado y, aún, las ya demarcadas y entregadas han sido objetadas judicialmente por algunas comunidades.
Ante esta flagrante violación constitucional por parte del Estado, de toda la dirigencia indígena ha sido Sabino y su comunidad yukpa de Chaktapa el único que ha insistido en establecer, de hecho, la demarcación territorial para su pueblo; es por ello que, tanto los hacendados (como enemigos directos) pero también el Estado-gobierno, han intentado por diferentes vías contener su rebeldía.
Así, luego del asesinato de su anciano padre (José Romero) por el que Sabino responsabiliza a un hacendado pero sobre el que, hasta donde sepamos, no pesa ninguna averiguación, se intentó liquidarlo físicamente a manos de sus propios hermanos yukpa mediante una provocación montada que terminó con varios heridos y un par de muertos del mismo pueblo. Posteriormente, le son asesinados familiares y compañeros de lucha por elementos “desconocidos” en lo que sin duda fueron verdaderas ejecuciones que la prensa local (especialmente el diario “La Verdad”) que citando fuentes gubernamentales estableció como “ajuste de cuentas por diferencias en el reparto de un ganado robado por la gente de Sabino”.
En fin, a pesar de las calumnias, el sicariato y la violencia del Estado en su contra, Sabino no desmaya y recientemente se lazó junto a su comunidad a la recuperación de sus tierras, esta vez, fue recibido a tiros por los hacendados pero también del Ejército bolivariano resultando algunos heridos, entre ellos, su propia hija, y a partir de ese momento hasta el día de hoy, Sabino así lo ha denunciado, se ha convertido en un perseguido político en las montañas de Perijá.
Políticas de contrainsurgencia hoy en América Latina: Estados corporativos y pranización de la política.
a. De los Estados corporativos
Ahora bien, muy bien sabemos que tal como acertadamente señala Raúl Zibechi:
“las clases dominantes no cuentan con un abanico ilimitado de opciones para derrotar a los rebeldes, a tal punto que una y otra vez acuden a los mismos lugares comunes: esa mezcla de negociación con concesiones y represión o genocidio, para ablandar y desorientar a sus enemigos de clase hasta asestar la estocada final. Desde el fondo de los tiempos, los de arriba han acudido a formas diversas de esas dos tácticas complementarias, con resultados ventajosos para sus intereses” (Zibechi, 2010: 19).
De esta manera, a pesar de las supuestas diferencias ideológicas que pudieran distinguir las acciones políticas de los Estados-gobierno de derecha o de izquierda o progresistas de América Latina, es posible observar desde México a Chile la aplicación de estas tácticas con incesante y pasmosa regularidad por parte de los gobiernos en sus relaciones con las comunidades.
Así, por ejemplo, en Chile el gobierno crea la Corporación Nacional para el Desarrollo Indígena (CONADI) para, supuestamente, dar una respuesta adecuada y definitiva a la lucha territorial del pueblo Mapuche; sin embargo, la acción real de la Corporación está dirigida a producir división al interior de la lucha mapuche comenzando por imponer la obligación de constituir las llamadas “comunidades legales” , es decir, comunidades que aceptan someterse a la institucionalidad que el Estado establece para que puedan ser acogidas sus demandas territoriales, pero además, estas comunidades legales pueden ser conformadas hasta por un mínimo de diez (10) miembros y recibir tierras tituladas individualmente. Por otro lado, la Conadi puede hacer entrega de tierras fuera de los territorios tradicionales, lo que ha provocado obligados desplazamientos impidiendo con ello, además, la reconstrucción territorial pero, sobre todo, liberando espacios inmediatamente dispuestos para la explotación por parte de corporaciones. Así, por un lado el Estado convierte la tierra en moneda clientelar con la que doblega insurgencias y utiliza a los dominados (ha sucedido) como testigos en contra de las comunidades mapuches rebeldes que, en cambio, reciben todo el peso de la represión, la aplicación de la ley antiterrorista y el genocidio sobre sus mujeres, ancianos y niños.
En Colombia, a pesar de las conversaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, las operaciones militares y paramilitares en regiones como los territorios del pueblo Embera y las comunidades afrocolombianas del Chocó continúan provocando desplazamientos, hambre y muerte. Lo mismo puede decirse de la región del Cauca afectando a pueblos como los Nasa y los Awa; hasta las operaciones paramilitares y del Estado colombiano en la Guajira de los wayuu generando el desplazamiento de las comunidades indígenas al tiempo que libera espacios para la explotación de recursos y la construcción de las infraestructuras necesarias para tales explotaciones.
En México, el gobierno de Felipe Calderón está decidido a confiscar unas 200 mil hectáreas del territorio de los indígenas M’phaa en el estado de Guerrero precisamente, en la región de la CRAC y su rebelde Policía Autónoma Comunitaria. Tal confiscación se pretende hacer en nombre de la defensa de la biósfera y su militarización a partir de la supuesta guerra contra el narcotráfico. La misma militarización se ejecuta en Chiapas, donde, dicho sea de paso, el gobierno federal (en manos del PAN) une fuerzas con el gobierno estadal (en manos del PRD) para otorgar espacios a comunidades indígenas no zapatistas en tierras liberadas por los zapatistas luego del levantamiento de 1994 y ocupadas por sus propias comunidades. La intención es evidente, se pretende provocar una confrontación entre las comunidades indígenas para así justificar la intervención militar directa del Estado-gobierno mexicano en contra de las comunidades autónomas zapatistas.
Finalmente, en la Venezuela de la “revolución” bolivariana el panorama no es diferente; por el contrario, parece idéntico en sus acciones y propósitos. Así, para contener el grito de las comunidades indígenas, sindicatos obreros, campesinos, mineros artesanales y poblaciones pobres urbanas el gobierno pasa, una y otra vez, de las llamadas “Misiones” usadas como verdaderos “caramelos de cianuro”, al uso del garrote represivo de las fuerzas policiales y militares, acción siempre sustentada en el manido discurso de que cualquier protesta contra el Presidente Chávez puede abrir la puerta del retorno al poder a la derecha fascista y pitiyanqui.
Algo así fue lo que funcionarios del gobierno y algunos de sus allegados dijeron a la comunidad barí de Boksi para contener su protesta, pues, éstos habían bloqueado el paso de la carretera Machiques-Colón exigiendo la libertad de uno de sus hermanos que fue hecho preso en un falso positivo antidrogas orquestado por algunos elementos de las Fuerzas Armadas: No protesten, les dijeron, no digan que no van a votar, pues, si Chávez pierde no habrá más misiones para ustedes y su hermano jamás saldrá de la cárcel, sólo esperen a que Chávez vuelva a ganar. En efecto, los barí abandonaron su protesta, Chávez volvió a ganar pero el hermano barí sigue preso, sólo que ahora fue condenado a 15 años de prisión mientras que los efectivos militares involucrados en el falso positivo están libremente impunes.
Por su parte, los yukpas que han venido demostrando su disposición a morir por sus tierras el gobierno les responde de primeras con represión, tal como en la última confrontación de la comunidad de Chaktapa pero; por otro lado, inmediatamente ofrece alguna peculiar concesión. En este sentido, Sabino denuncia que desde el Ministerio de Pueblos Indígenas le han ofrecido dinero y, más recientemente, la construcción de una Casa de Saberes para su comunidad. Dicho de otra forma: Demarcación territorial no. Territorio, no. Si quieren, les hacemos una Casa de la Cultura, eso sí, diseñada nada menos que por Fruto Vivas, el mejor arquitecto de Venezuela quien, consciente o inconscientemente se presta para la jugada . En todo caso, la no demarcación territorial indígena permite dejar libres todos esos espacios a efectos de los intereses corporativos que, más adelante, descifraremos.
En conclusión, esta breve revista de los hechos nos muestra que los Estados-gobiernos (no importa su impronta ideológica), actúan como verdaderas corporaciones al lado de las grandes corporaciones en contra de comunidades y pueblos indígenas, campesinos, negras y desposeídos urbanos, mediante políticas de contrainsurgencia que a toda costa buscan contener, paralizar, someter y eliminar la insurgencia anti-sistémica. Para este estratégico propósito va desde el halago, la compra de conciencias, la cooptación de líderes comunitarios, sindicales y campesinos; pero también, de intelectuales de prestigio; hasta el uso de la violencia represiva que empieza por invisibilizar luchas y luchadores comunitarios en los medios (que el Estado-gobierno controla en un 90 % y que, para el caso de la lucha territorial indígena, logra el apoyo del 10 % restante con el apoyo de medios que, por supuesto, son igualmente anti-indígenas), la criminalización, la judicialización y, finalmente, la acción represiva directa con las Fuerzas Armadas policiales, militares y, como veremos en el siguiente aparte, paramilitares.
En todo caso, nuestros Estados nacionales latinoamericanos no pueden seguir siendo interpretados en la acepción clásica de su definición de origen luego de la Segunda Guerra Mundial sino que, deben ser considerados desde la palabra de su hacer que, hasta donde vemos, es la de aparatos corporativos nacionales asociados a corporaciones transnacionales en el contexto de un proceso de re-colonización del mundo que implica para nosotros en primera instancia, el re-ordenamiento territorial del continente. Vale decir, la idea de la toma del poder del Estado para la transformación social no puede seguir orientando la lucha revolucionaria de las comunidades; por cuanto, el nuevo modelo de dominación ha desplazado su eje del dominio desde un centro político al eje del dominio económico, particularmente financiero; de tal manera que, en esta etapa de recolonización los llamados gobiernos progresistas o de izquierda han sido necesarios para sostener la gobernabilidad mediante el uso de: 1) Una falsa permanencia del discurso de la guerra fría que ha hecho posible la aplicación de todos los conceptos, planes y programas contrainsurgentes ideados por el Banco Mundial naturalizados por el supuesto discurso anti-imperialista de los nuevos detentadores del poder latinoamericanos; 2) Contener la insurgencia de todos los movimientos anti-sistémicos que siempre resultan peligrosos en el contexto de cambios paradigmáticos e históricos, esto es: pocos creerán la palabra de Obama refiriéndose al cambio (para no cambiar) del nuevo curso de la colonialidad pero, de seguro, todos creerán a Daniel Ortega y sobre todo a Chávez, pues, en el contexto de la recolonización en el ejercicio del gobierno de los Estados-gobiernos latinoamericanos está permitido hablar de anti-imperialismo ya que, a fin de cuentas, el sustento económico para la permanencia de tales gobiernos está basada en su estrecha relación financiera con las corporaciones transnacionales que, finalmente son las que orientan y dirigen el curso de actuación de los Estados-gobiernos-corporaciones-nacionales.
b.- De la Pranización de la política
Por otro lado, es un hecho más que evidente en todo el continente la vinculación entre elementos de los Estados-gobiernos y el hampa común fuertemente organizada. Ésta ha cobrado un poder tal que, en algunos casos, sus fuerzas parecen llegar a sustituir a las fuerzas regulares en el ejercicio de la violencia del Estado. Así, los casos de México, Colombia y Venezuela son emblemáticos.
En el caso venezolano creemos que es posible armar un listado de casos que permiten ver este fenómeno en su gradual desarrollo y en su intensidad de acción y sus implicaciones para el movimiento social en general y para la lucha indígena en particular, puesto que se trata de la utilización de fuerzas no regulares para la acción contrainsurgente; pero nos conformaremos con mencionar dos que nos parecen suficientemente contundentes para explicar eso que estamos denominando: la pranización de la política.
El primero ocurrió en el estado Bolívar, al sur del país. Allí el gobierno impulsó la llamada Misión Piar, la cual consistía en un programa de formación para la conversión de los mineros artesanales en productores agropecuarios, así como el apoyo financiero y la dotación de espacios para la producción que harían posible finalmente, el abandono de sus explotaciones de oro en la región de La Paragua, logrando, por esta vía, proteger el ecosistema de los efectos de la minería. Sin embargo, el programa de conversión no se llegó a ejecutar según lo planeado, los recursos asignados para tales efectos terminaron extraviados en el enjambre burocrático del gobierno (para no hablar de corrupción), pero además, el gobierno cede a una corporación rusa concesiones para la explotación de oro en la misma región que antes explotaban artesanalmente los mineros muchos de los cuales pertenecen a los pueblos pemón y ye’kuana.
Una vez que la Misión Piar expone su farsa los mineros artesanales regresan a espacios que ya la corporación rusa está presta a ocupar y explotar; por supuesto, la confrontación es inmediata. Es cuando indígenas pemones y mineros artesanales sorprenden y detienen a un grupo de efectivos militares explotando oro ilegalmente en sus tierras y exigen la presencia del Ministro de la Defensa para entregarlos. Casi inmediatamente superado este impase jamás explicado públicamente por las autoridades, los mineros son atacados por una decena de sicarios llegados a la región desde la capital. En estos hechos muere un dirigente minero pero igualmente perecen todos o casi todos los sicarios. El Ministro de Interior y Justicia declara que se trata de un enfrentamiento interno entre mineros pero éstos le desmienten de inmediato y denuncian que se trató de un enfrentamiento entre ellos y fuerzas irregulares enviadas “por quien sabe quién” para asesinar a su dirigencia y aterrorizar a los rebeldes.
El segundo hecho fue el motín de los presos de la Cárcel de La Planta en la ciudad de Caracas, donde, por varios días los presos dirigidos por los llamados pranes se enfrentaron a la Guardia Nacional para impedir su traslado a otras prisiones. Con esta acción los pranes no sólo demostraron el poder de fuego que poseen y el control que ejercen sobre las prisiones, sino el poder político que han logrado desarrollar mediante vinculaciones a elementos de las estructuras del Estado. Desde la cárcel no sólo dirigen las operaciones de distribución y tráfico de drogas en los barrios de las ciudades, el cobro de vacuna o extorsión por protección especialmente a comerciantes y hasta taxistas, operaciones de secuestro, pero también de sicariato y hasta de aportar efectivos armados para la acción política de intimidación.
En fin, los pranes de la Cárcel de La Planta no sólo obligaron a la ministra de prisiones a encontrar un eufemismo para dirigirse a ellos: líderes negativos, les llama la ministra, sino que, en esa oportunidad lograron la libertad para una cantidad indeterminada de sus “luceros” , ser trasladados a las prisiones que ellos determinaron con sus arcas y armamento intactos, pero lo más importante fue que esta negociación fue realizada de manera directa, dicho por él mismo en cadena televisiva nacional, por el propio Presidente Chávez quien, dijo, llamó personalmente al teléfono del Pran de la cárcel para pactar el acuerdo. Esta concesión presidencial jamás ha sido lograda por ningún sindicato obrero, gremio profesional y, mucho menos, por ningún pueblo indígena, ni por su fuerza social ni por la justicia de sus reclamos.
III.- aeinta wanapüi: Lo que está en el fondo
Como es posible observar en este breve repaso, las políticas de contrainsurgencia en contra de los pueblos son las mismas, las diferencias pueden ubicarse en que algunos gobiernos sean más descarados que otros pero, a fin de cuentas, los propósitos son los mismos. Pero, ¿qué es lo que está en el fondo?; ¿por qué no ejecutar de una buena vez la demarcación territorial de los pueblos indígenas en Venezuela? Para comprender las respuestas a estas interrogantes es necesario hacer un breve recuento histórico. Veamos:
A comienzos de los años 70 la etapa del capitalismo industrial había sido sobrepasada. Esto se expresaba en la convergencia entre capital industrial y capital financiero a escala mundial. Así, la división territorial del trabajo traspasaba los linderos de los Estados nacionales que, hasta ese momento, habían sido necesarios para cumplir un importante papel en la recomposición del capitalismo luego de la Segunda Guerra Mundial, a través del Plan Marshall y la política del llamado Estado de bienestar que establecieron; por un lado, un reordenamiento territorial mundial a través de una “descolonización” dirigida que obligó a la creación de nuevos Estados reconocidos como tales pero dependientes política y económicamente de los centros de poder político y económico. Así, los Estados nacionales se encargarían de impulsar políticas públicas e inversiones de desarrollo económico interno, que permitiera a sus poblaciones obtener el ingreso necesario para la adquisición de mercancías. De allí surge la política de sustitución de importaciones que, permitió instalar parques industriales, especialmente de ensamblaje, que al tiempo que concedía a los países dependientes la ficción de entrar en el camino del “desarrollo”, generaba en todos estos países un desplazamiento de la población rural hacia los centros urbanos, generando un “ejército de reserva” de mano de obra muy barato, pero engordando de manera sostenida las ciudades al tiempo que dejaba grandes espacios rurales en poder de la agroindustria. Esto, a su vez, hacía posible el objetivo de incorporar al “libre mercado” grandes territorios y poblaciones (consumidores) para la adquisición de las mercancías que el capitalismo industrial, particularmente de los Estados Unidos, estaba en capacidad de producir.
Sin embargo, a comienzos de los años 70 la realidad del capitalismo mostraba superada esta etapa de posguerra y, con ella, se llegaba al fin del Estado de bienestar. Dicho de otra manera, la etapa del Estado de bienestar de la posguerra implicó una división territorial del trabajo y su consustancial división social del trabajo; una vez superada esta etapa y ante la nueva etapa de desarrollo del capitalismo mundial, una nueva división territorial del trabajo se comenzaba a establecer a través de lo que se conoce como la etapa Neoliberal.
Es necesario señalar, que la ficción de soberanía y autonomía de los Estados nacionales, hizo posible el surgimiento de movimientos sociales y políticos que, en los términos políticos establecidos por el mismo Estado, consiguieron alcanzar triunfos políticos que, en casos extraordinarios como el de Chile, habían logrado hacerse del poder del gobierno. Sin embargo, la nueva etapa neoliberal implicaba una sustancial pérdida de importancia de la industria y la consustancial pérdida de relevancia de la clase obrera, y cobraba relevancia el capital financiero para el cual, las soberanías relativas de los Estados nacionales debían flexibilizarse a tal punto que, las relaciones sociales de producción se enmarcaban ahora en el contexto de una igualmente flexibilizada relación laboral.
Precisamente, la llamada etapa neoliberal se instaura en América Latina con el derrocamiento de Salvador Allende en Chile y la aplicación de ajustes económicos en todos los países del continente. Estos ajustes económicos implicaban, entre otras cosas, un nuevo marco constitucional y jurídico, así como un nuevo reordenamiento territorial para todos los países, que hiciera posible la intervención y libre control del capital financiero y de las corporaciones, de espacios territoriales hasta entonces no tocados, poco intervenidos y, en algunos casos, protegidos por leyes y reglamentos generados durante la etapa del capitalismo industrial y la sustitución de importaciones en todo el continente.
Se trata, entre otras cosas, de liberar territorios en beneficio de la intervención y dominio del capital financiero mundial y sus corporaciones. Esto, a su vez, ha implicado una nueva relación entre los Estados nacionales y las corporaciones y, por supuesto, entre los Estados gobiernos y las poblaciones habitantes de los territorios requeridos en el contexto de una nueva división territorial del trabajo en América Latina.
De allí, pues, se explica el proceso de cambios y reformas constitucionales impulsados en todo el continente durante los años 80 y 90, la última de las cuales fue la Constitución bolivariana de Venezuela de 1999. Nuevos marcos jurídicos para la nueva etapa del capitalismo en el que conceptos como el de soberanía, debían ser relativizados a tal punto, que su significación se hace insignificante.
Sin embargo, la nueva división territorial del trabajo no puede ser establecida sin entrar en fuerte contradicción con las poblaciones originarias de los territorios a intervenir que, en la mayoría de los países de Suramérica, está conformada por pueblos indígenas, campesinos, negros y demás poblaciones rurales que, hasta entonces, habían sido consideradas como desaparecidas o totalmente integradas a las llamadas culturas nacionales. Así, el reordenamiento territorial a la medida de las exigencias del capital financiero y las corporaciones se ha visto confrontado en todo el continente por la férrea resistencia de pueblos y comunidades que, con sus luchas en defensa de sus territorios, se constituyen en nuevos sujetos sociales que, obligadamente, han de ser considerados como protagonistas en el nuevo contexto político económico latinoamericano.
Es este, pues, el contexto que obliga a la conversión de los Estados nacionales en Estados corporativos; pero también, la obligatoriedad de reconocer la existencia de pueblos y comunidades hasta ese momento negadas como tales en la etapa anterior. Así, el reordenamiento territorial, es decir, la nueva división territorial del trabajo en América Latina, pasa por el reconocimiento “formal” de la existencia de los pueblos indígenas, negros y campesinos. Esto lo han hecho todas las nuevas constituciones, desde Bolivia a Venezuela; desde Brasil a Chile. No importa, pues, la supuesta impronta ideológica de los que detentan el poder del gobierno en cada uno de los Estados, pues, en todo caso, de lo que se trata es de ofrecer el piso jurídico político a la nueva etapa de la colonialidad nunca desaparecida y a producir nuevas relaciones de colonialidad entre los Estados-gobiernos y las poblaciones destinadas a ser desplazadas y despojadas de sus territorios.
En fin, el nuevo orden jurídico político sobre el que se sustentan actualmente todos los Estados corporativos en América Latina, responde a los programas económicos y a la nueva división territorial del trabajo correspondiente a tales programas de las grandes corporaciones y el capital financiero mundial. Para el logro de este propósito con el menor trauma social posible, esto es, sin riesgo de un verdadero quiebre social siempre presente en toda crisis, el capital transnacional ha debido liquidar antiguas relaciones y establecer algunas nuevas; así, por ejemplo, la salida negociada de Pinochet (en Chile), o la defenestración de Carlos Andrés Pérez (en Venezuela) o de Alan García (en Perú), forman parte del proceso de reajuste que, entre otras salidas, tuvo la aparición de un Fujimori en el Perú o de un Hugo Chávez en Venezuela, como parte del nuevo entramado político para la nueva colonialidad. En todo caso, quedaba claro a las corporaciones que el viejo discurso de la guerra fría, de una supuesta confrontación ideológica entre socialismo y capitalismo, seguía siendo conveniente a la instauración de la continuidad de la colonialidad en América Latina que, en el terreno económico se expresa en los grandes programas de integración económica transnacional contenidos en el llamado Plan Puebla-Panamá y las Infraestructuras de Integración de la Región Suramericana (IIRSA).
a.- ¿Qué es la IIRSA?
La etapa neoliberal del capitalismo se dirige; por un lado, al control energético mundial por parte de las corporaciones pero también, de las fuentes de agua y biodiversidad, fuentes esenciales a los nuevos procesos científico-tecnológicos que, suponen, un hasta ahora retenido cambio energético paradigmático.
Así, si en la etapa de la ficción desarrollista de la sustitución de importaciones el imperialismo permitía y aún estimulaba las iniciativas de integración comercial desde los Estados nacionales como, por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), entre otras, en todo el continente, la nueva etapa de predominio del capital financiero impone una nueva visión de los procesos de integración comercial. En este sentido, el capital financiero jugó a las cartas mostrando a los movimientos sociales y políticos del continente solamente el as representado por los Tratados de Libre Comercio que, de inmediato fueron rechazados por todas las comunidades y movimientos de izquierda de los diferentes países; sin embargo, bajo la manga, las corporaciones, el gran capital financiero y el imperialismo, supieron siempre jugar con los nuevos Estados gobiernos del continente el as de programas de integración mediante infraestructuras regionales que les permitía; por un lado, esquivar su confrontación directa con las poblaciones en tanto que, los proyectos de infraestructuras son impulsados directamente por los Estados gobiernos nacionales, y, por el otro, controlar e intervenir de manera directa los espacios territoriales plenos de los recursos energéticos y de biodiversidad que aseguran el futuro del crecimiento capitalista y, por supuesto, el control político futuro de la nueva etapa imperialista y colonial en todo el continente latinoamericano.
De tal manera, pues, por vía de las reformas constitucionales se naturalizaba la nueva etapa imperialista y la nueva colonialidad en cada uno de los países latinoamericanos, al tiempo que las corporaciones y el imperialismo se garantizaban las fuentes materiales de plusvalía y de poder evitando, hasta donde es posible, su confrontación directa con las comunidades.
En este sentido, los Estados gobiernos en poder de las llamadas fuerzas de “izquierda” o “progresistas” (especialmente en Venezuela), no sólo sirvieron de matarifes a la etapa de la ficción desarrollista y sus representantes políticos, sino que en su configuración como Estados corporativos, han conducido diestramente el proceso de contrainsurgencia en contra de los movimientos sociales antisistémicos, ya sea por la vía de la cooptación (mediante programas de integración a nuevas estructuras de gobierno creadas con ese propósito y que, muchas veces, son encargados para su promoción e imposición al interior de los movimientos sociales en lucha elementos en los que las comunidades han depositado su confianza); pero también, provocando su invisibilidad mediante el uso de los medios de comunicación (casi totalmente en su poder), o, finalmente, liquidándolos físicamente (etno-genocidio), cuando su rebeldía se hace incontrolable, para lo cual, hace preciso uso de la pranización de la política y del poder de fuego de sus fuerzas irregulares con las que negocia de manera pragmática y operativa.
Dicho de otra manera, al capital financiero mundial (verdadero dueño de la economía y determinante de la nueva coyuntura de poder político mundial), no le representa ningún inconveniente entregar el control político local de los Estados gobiernos a fuerzas políticas supuestamente anti-imperialistas, y, mucho menos, en el método que éstos empleen para garantizar la flexibilización de la soberanía siempre y cuando tales fuerzas en el control de sus respectivos Estados, entren en el proceso de conversión corporativo de sus Estados y de sus gobiernos puesto que, en todo caso, su interés está totalmente dirigido al control y dominio económico de espacios territoriales específicos, dejando el control político sobre el restante territorio a las fuerzas políticas en control del Estado gobierno, se autodenominen estas como de “izquierda” (caso Venezuela) o de derecha (caso Colombia, por ejemplo), pues, en definitiva, el objetivo económico estratégico del capital financiero y la nueva fase imperialista, termina uniendo en el mismo propósito a los supuestos, ideológicamente confrontados, gobiernos de “izquierda” y gobiernos de derecha en América Latina.
Es en este marco que debe entenderse la significación política de programas como el Plan Puebla-Panamá (para Centroamérica) y el programa de la IIRSA (para Suramérica) es decir, se trata de programas en los que el énfasis de dominación y control político está determinado a espacios territoriales concretos y no al control y dominio de los Estados nacionales, esto es, al capital financiero no le interesa ya, el dominio total de los Estados sino el control y dominio de aquellos espacios territoriales particulares dentro del territorio de los Estados nacionales. Dicho de otra manera, las corporaciones imperialistas asumen la explotación y la plusvalía generada por la explotación de esos territorios específicos; mientras que al nuevo Estado corporativo y su gobierno (ya sea de derecha o de “izquierda”), le corresponde asumir las políticas de contención social de las comunidades en resistencia y, por eso y, para eso mismo, recibir parte de la utilidad de la explotación para su perpetuación en el poder del Estado-gobierno dentro de los términos de la nueva colonialidad.
En este sentido, el programa IIRSA (como el Plan Puebla-Panamá para Centroamérica), debe ser entendido, no sólo como un programa correspondiente a la nueva etapa económica del capitalismo mundial, esto es, como la concentración del capital financiero actuando como dominación político-económica en espacios territoriales concretos, sino como base material de sustentación del capital imperialista y la adecuación política de los Estados nacionales a esta sustentación.
Es por ello que, a pesar de los discursos anti-imperialistas de los líderes de los Estados gobiernos latinoamericanos de “izquierda” o progresistas (llámense Rafael Correa, Evo Morales, Lula Da Silva o Hugo Chávez), todos encajan su acción política interna en el contexto de un mismo programa: el de las corporaciones, que para Suramérica ha sido definido mediante la IIRSA.
Pero, ¿qué es, en definitiva, la IIRSA?
Tal como su nombre lo indica, se trata de un programa para la construcción de infraestructuras que hagan posible la integración material de todos los países de América del Sur, mediante la cimentación de grandes carreteras internacionales, enormes hidro-vías a lo largo de los principales ríos suramericanos que hagan posible su navegación por barcos de mediano y gran calado; grandes represas para la generación de energía; importantes tendidos eléctricos y de fibra óptica para garantizar las telecomunicaciones; vías férreas y puertos de aguas profundas; en fin, todas aquellas obras de infraestructura necesarias para la explotación, extracción y transporte de los recursos naturales, energéticos y de biodiversidad presentes en espacios territoriales concretos en el continente suramericano.
El Programa se estructura en base a Ejes en los que se logra la interconexión de regiones a través de vías de comunicación que hagan posible la movilización de las inversiones y el traslado de las mercancías y productos. Así, por ejemplo, el Eje Andino es la interconexión vial de Caracas a Bolivia a través de dos grandes carreteras extendidas a lo largo de los países andinos, tal como lo muestra el Mapa Nº 1.
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En este sentido se han definido los siguientes Ejes: Eje Andino, Eje del Escudo Guyanés, Eje Amazonas, Eje Perú-Brasil-Bolivia, Eje Interoceánico Central, Eje Capricornio, Eje Mercosur-Chile, Eje Andino-Sur, Eje Hidrovía Paraná-Paraguay, Eje del Sur (Ver Mapa Nº 2). La definición de tales no es en modo alguno azarosa, sino que responde a la prospección de los recursos naturales, energéticos, minerales, agua, biodiversidad, etc., presentes en los mismos; así como las posibilidades ciertas de ser interconectados a través de las debidas infraestructuras.
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Mapa Nº 2. IIRSA: Ejes de Integración y Desarrollo
El Programa de la IIRSA ha sido definido a partir de lo que sus promotores establecen como siete principios básicos; a saber:
1) Regionalismo abierto: se considera a Suramérica como un espacio geo-económico integrado en tanto se reducen las barreras internas al comercio y los cuellos de botella en la infraestructura y en los sistemas de regulación y operación regionales, para lo cual se ha de establecer una Apertura comercial total, que haga posible no sólo identificar los sectores productivos de alta competitividad global sino su extracción, explotación y comercialización en el mercado mundial. El regionalismo abierto es, pues, el principio que sustenta la intervención de espacios territoriales a los que, hasta hace muy poco, las políticas públicas de los Estados nacionales no alcanzaban.
2) Ejes de Integración y Desarrollo: En concordancia con la visión geo-económica de la región, debe establecerse un estándar mínimo de servicios de infraestructura de transportes, energía y telecomunicaciones a fin de apoyar las actividades productivas específicas de cada franja o Eje de Integración y Desarrollo. Esto implica el desarrollo de negocios y cadenas productivas con grandes economías de escala. La infraestructura debe facilitar el acceso a zonas de alto potencial productivo que se encuentran actualmente aisladas o subutilizadas. Se trata de una redefinición de un viejo concepto colonial: el concepto de vacío, que permitió justificar la invasión europea de los territorios indígenas en todo el continente, en tanto que los mismos se encontraban aislados, vacíos u ocupados por entes sin conocimiento de las armas, la palabra escrita, sin religión, en fin, vacíos de cultura.
3) Sostenibilidad económica, social, ambiental y político-institucional: La sostenibilidad en el tiempo se establece de acuerdo a cuatro elementos: (i) por la eficiencia y la competitividad en los procesos productivos; (ii) por el impacto visible del crecimiento económico que se supone impactará sobre la calidad de vida de las poblaciones; (iii) por el supuesto uso racional de los recursos naturales y la conservación del patrimonio ecológico; y, (iv) para que los diversos agentes públicos (los Estados) y privados (las Corporaciones) de la sociedad puedan y quieran contribuir al proceso de desarrollo e integración.
4) Aumento del Valor Agregado de la Producción: El desarrollo y la integración regional no deben ser simplemente para producir más de lo que tradicionalmente hemos producido, sino mejorar con innovación y generación de conocimiento; por tanto, nuestras economías deben reorientarse para conformar cadenas productivas en sectores de alta competitividad global (el mercado mundial), capitalizando las diversas ventajas comparativas. Se trata, pues, de grandes proyectos de escala mundial en el que las economías locales de los pueblos habitantes de los territorios a intervenir, no tienen cabida por su condición mínima y tradicional.
5) Tecnologías de la Información: supone la transformación total de los conceptos de distancia y espacio (y, por supuesto, de territorio y soberanía), a fin de superar barreras geográficas y operativas; transformación que debe aplicarse no sólo a los sistemas productivos de la región sino también, al funcionamiento general de la sociedad, incluyendo los sistemas educativos, la provisión de servicios públicos y de gobierno, y la organización misma de la sociedad civil; esto es, nuevos marcos jurídicos e institucionales que naturalicen la intervención de los territorios y obliguen a los pueblos a aceptar tal intervención y despojo.
6) Convergencia Normativa: todos los países deben con los requisitos jurídico-políticos que permitan viabilizar las inversiones en infraestructura regional, esto implica una necesaria convergencia de visiones y programas entre los países más allá de lo específicamente relacionado con la infraestructura. Vale decir, el programa se supone está por encima de cualquier interés geopolítico particular, o las diferencias de visiones ideológicas de los Estados gobiernos nacionales lo que los homogeniza, es decir, los hace converger en un mismo plan de explotación de lo que se considera el territorio global de la IIRSA.
7) Coordinación Público-Privada: finalmente, todo esto impone una coordinación precisa y un liderazgo compartido entre los Estados gobiernos y el sector empresarial privado (las corporaciones), lo que incluye la promoción de asociaciones estratégicas público-privadas (empresas mixtas) en un ambiente regulatorio adecuado para la participación significativa del sector privado. Se entiende por liderazgo compartido, el desarrollo como una responsabilidad compartida entre Estados gobiernos y los empresarios nacionales y transnacionales.
Como es de apreciar, la IIRSA se configura como el Programa concreto para la ejecución de un proyecto de recolonización continental, ya no por parte del imperio de un país determinado, tal como la primera colonización europea en el territorio de Abya Yala, sino de grandes corporaciones sin lugar, es decir, del gran capital financiero transnacional que opera sin rostro ni lugar, planetariamente.
Por otro lado, a partir de la aceptación e impulso del Programa IIRSA por parte de todos los Estados y gobiernos en todo el continente suramericano, la visión y misión de los mismos, sin lugar a dudas, pasa a otro plano y por tanto, deben ser entendidos desde esa perspectiva. Esto es, el fin de la ficción del periodo desarrollista y el inicio de la globalización neoliberal en América Latina, convierte a los Estados nacionales en aparatos al servicio de la nueva colonización o recolonización del continente.
En fin de cuentas, la aceptación e impulso de la IIRSA en todo el continente resulta ser una contundente victoria imperialista en tanto que ella no es más que la concreción en el espacio, del Tratado de Libre Comercio con el que nos enfrentamos todos los pueblos y hasta celebramos su derrota, mientras nuestros Estados gobiernos (de derecha o de “izquierda”) acordaban su ejecución directa a través de la IIRSA. Si quieres derrotar a alguien, muéstrale un falso enemigo para que se desgaste en una lucha que, le impedirá verte como su enemigo real y terriblemente verdadero.
b. IIRSA y lucha territorial en Suramérica.
Si bien es cierto que la primera gran sublevación popular en contra del establecimiento de las políticas neoliberales en el continente fue la rebelión de Caracas, el 27 de febrero de 1989, no menos cierto es que tal rebelión se produjo; por un lado, sin la conciencia política del pueblo acerca del enemigo verdadero al que, con su vida, estaba enfrentando, y, por el otro, por la ausencia de una dirigencia que tuviera claridad política acerca de la coyuntura histórica y, mucho menos, de la necesidad de organizar con visión estratégica esa batalla. En este sentido, lo primero se explica por cuanto, apenas un par de meses atrás la población había votado masivamente por el ahora presidente enfrentado con rabia, y, lo segundo, porque los movimientos revolucionarios (léase, la guerrilla de los años 60 y 70), estaba totalmente desarticulada (por no decir derrotada).
Esta rebelión fue seguida por la Marcha por la tierra y la dignidad de Bolivia y también en Ecuador pero, como verdadero parte-aguas, por el levantamiento zapatista del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de los indios mayas de Chiapas, México, 1994. La significación de este levantamiento no sólo venía dado por tratarse de un levantamiento armado, porque se trataba de una guerrilla totalmente indígena, ni siquiera porque proclamaba una palabra jamás escuchada en las luchas revolucionarias del continente: ¡Para todos todo, nada para nosotros!, sino que su enorme significación continental presente hasta hoy, viene dada por el hecho de que el levantamiento se produce exactamente en el momento en que el Presidente Salinas de Gortari firma el Tratado de Libre Comercio de los países de Norteamérica (NAFTA, en sus siglas en inglés); pero también, porque ante el acuerdo de la colonialidad los zapatistas respondieron con la reterritorialización de sus espacios, construyendo, no sin costo de vidas, persecución y férrea resistencia, un gobierno propio y verdadero en el más amplio sentido, es decir, de las comunidades.
Asimismo, la lucha de los pemones en contra del tendido eléctrico Venezuela-Brasil, es la primera confrontación de los pueblos indígenas venezolanos en contra de un proyecto de la IIRSA y en defensa de sus territorios. Lamentablemente, fueron derrotados, no sólo por ser una minoría enfrentada a un monstruo imperialista, sino sobre todo, porque en el contexto de la lucha contra el tendido surgió la figura de Chávez como posibilidad de producir un cambio en las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas que condujera a la eliminación (tal fue su promesa electoral del momento) del proyecto de tendido. Como hemos visto, no pudieron estar más equivocados los pemones y las fuerzas políticas que confiaron en el proyecto chavista. Chávez supo desviar la lucha territorial pemona y la de todos los pueblos indígenas a cambio de pequeñas atenciones a necesidades inmediatas de las comunidades, al mismo tiempo que ha venido naturalizando nacionalmente la IIRSA como su programa de gobierno “revolucionario y socialista”.
Posteriormente, abril del año 2000, se produce en Bolivia la llamada Guerra del agua en Cochabamba. Esta, junto a la previa Marcha por la tierra y la dignidad de los pueblos indígenas del Ecuador, representaron en su momento las dos más grandes movilizaciones que terminaron con la defenestración de varios presidentes en el Ecuador y en Bolivia, e impulsaron la carrera política de Rafael Correa y Evo Morales en los respectivos países, al punto de alcanzar la presidencia aupados por la esperanza de transformación social que los pueblos indígenas, sobre todo, pusieron en sus manos. Hoy, las políticas pro IIRSA de Correa con sus nuevas leyes que abren los espacios territoriales amazónicos indígenas para la explotación minera en el Ecuador, o la defensa de Evo Morales del proyecto de la carretera del TIPNIS, pone en evidencia una vez más, la imposibilidad de una reterritorialización de los pueblos en contra del proyecto imperialista desde las estructuras de los Estados gobiernos y, mucho menos, dejando su lucha en manos de algún elegido.
Así, tanto a los pueblos indígenas bolivianos como ecuatorianos, les toca regresar al camino que ellos mismos comenzaron a trazar con la Guerra del agua y la Marcha por la Tierra y la dignidad; puesto que, en ese momento de la lucha pusieron en evidencia al verdadero enemigo: las grandes corporaciones que unidas al Estado gobierno nacional pretenden alcanzar un nuevo modelo de colonialidad que haga posible la continuidad de su existencia en contra de la existencia de los pueblos.
En Venezuela, la IIRSA ha logrado adquirir carta de naturalización, incluso con Cédula de Identidad “socialista” y “revolucionaria”. Ya en el comienzo del primer periodo presidencial de Chávez, su ministro de economía Jorge Giordani presentó la ruta de desarrollo económico del proyecto bolivariano sintetizado en lo que él denominó como de su autoría: Los Ejes de Desarrollo de la revolución bolivariana; a saber, el Eje Oriental, constituido por proyectos de explotación petrolera, gasífera y un puerto de aguas profundas ubicado al extremo del estado Sucre en función del traslado de los recursos (mineros y petroleros) extraídos de la región que constituye el segundo de sus ejes: el Eje Apure-Orinoco, el cual supone la construcción de hidrovías, líneas férreas y puertos fluviales que permitan interconectar las explotaciones de recursos mineros, petroleros y de biodiversidad de la Amazonia del norte del Brasil, los llanos orientales de Colombia y la región del Amazonas venezolano. Finalmente, está el Eje Occidental, conformada por la totalidad de la Sierra de Perijá y la cuenca del Lago de Maracaibo, y, cuyos proyectos esenciales los representan la explotación minera-carbonífera, pero también de coltan presentes en la Sierra, así como la transportación de gas, petróleo y carbón de los dos costados de la Sierra (Venezuela y Colombia), a través del mejoramiento de los puertos ya existentes en el Lago de Maracaibo y la construcción de un nuevo Puerto de aguas profundas en la península de la Guajira.
Todo esto es lo que se nos ha ofrecido como el camino a seguir, para convertirnos en una “gran potencia energética” que es el “corazón del Plan Patria”. Este singular plan “patriótico” ha supuesto la conformación de empresas mixtas entre el Estado gobierno nacional y las más grandes corporaciones para la explotación de esos espacios en el oriente, sur y occidente del país. En otros casos, la cesión de concesiones directas a transnacionales mineras para la explotación de carbón, coltán y oro en el estado Bolívar en el sur y en la Sierra de Perijá en occidente. Pero, sobre todo, dado que el desarrollo de este “gran Plan Patria” se localiza en espacios territoriales fundamentalmente indígenas, el reordenamiento territorial que suponía la demarcación de los espacios territoriales indígenas ha sido totalmente redefinido por la “revolución bolivariana” en función de los intereses de estos proyectos de explotación.
De tal manera que, la demarcación de “tierras y hábitats” indígenas establecida constitucionalmente desde 1999, no ha sido más que un sueño de opio para los pueblos indígenas, y una justificación para el Estado gobierno chavista para la liquidación de la lucha territorial indígena en Venezuela.
Es importante observar, además, que el “gran Plan Patria” y sus Ejes de desarrollo representan la continuidad del modelo colonial impuesto por los europeos en el siglo XVI, en el cual, la idea de vacío es determinante. Así, en su justificación del programa, el ministro “socialista” Giordani establece que (palabras más, palabras menos), Venezuela es un país cuya distribución poblacional es totalmente anómala, pues, en su franja norte-costera se ubica el 60% de la población cuando en su lugar sólo se registra el 10% de los recursos hídricos y naturales como para garantizar la existencia a tan elevada población. Por el contrario, es en la región de la franja sur fronteriza donde se concentra el 60% de los recursos mientras en ella sólo habitan cerca del 10% de la población total del país. En definitiva, se trata de espacios geográficos vacíos o, cuya población puede ser sujeta de desplazamiento en virtud de su escasa o nula contribución al crecimiento económico nacional en tanto que, se trata de economías tradicionales de auto-sustentación comunitaria que, por eso mismo, no pueden ser colocadas por encima de los intereses del Estado que representa a la mayoría de la población (Ver Mapas 3, 4 y 5).
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Mapa Nº 3. Distribución demográfica en Venezuela.
No de balde, en declaración hecha a través de cadena televisiva nacional, precisamente, desde el territorio indígena del estado Bolívar y, especialmente dirigida a los pueblos indígenas, el presidente Chávez sentenció como imposible la demarcación territorial de los pueblos indígenas fuera del contexto del “gran Plan Patria”, esto es, fuera de la IIRSA, sus proyectos e intereses estrechamente asociados al futuro del Estado gobierno “socialista” en Venezuela.
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Mapa Nº 4. Distribución de los recursos naturales en Venezuela.
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Mapa Nº 5. Distribución de la biodiversidad en Venezuela.
Es por ello que, luego de más de una década de haber sido promulgada la Constitución bolivariana que, en una de sus más inmediatas disposiciones establecía la obligatoriedad del reordenamiento territorial venezolano que suponía la demarcación de los espacios territoriales correspondientes a los pueblos indígenas, este proceso puede ser catalogado sin temor, como un despojo territorial que nada tiene que envidiar al realizado por la corona española durante la conquista y colonización del siglo XVI, pues, como quiera que sea, se trata no sólo del desconocimiento y la invisibilidad de los pueblos indígenas a partir del concepto de vacío, sino la adecuación del Estado nacional a la nueva configuración del capitalismo mundial que lo requiere como Estado corporativo. Así, los pueblos indígenas de Venezuela se encuentran en el disparadero: o se deciden, a todo riesgo, iniciar la reterritorialización autónoma de sus espacios (lo que implica la generación de autogobiernos con agenda política y calendario propios), o caerán en la rampa creada por el imperialismo, el capital financiero mundial pero concretamente aplicada por los Estados nacionales representados por quienes ejercen su gobierno, que prometen una salvación que sólo alcanzarán con su muerte y desaparición, algo así, como el paraíso después de la muerte.
Todos los pueblos indígenas venezolanos han venido sufriendo a lo largo de la historia colonial europea y de la colonialidad interna republicana, una paulatina e incesante pérdida de territorios; de tal manera que, cuando la Constitución bolivariana estableció su reconocimiento como comunidades con lengua, tradiciones, religión y espacio propio, no podían menos que celebrar el sueño de opio que se les proponía. Sin embargo, en el fondo, de lo que se trataba era de la nueva etapa del despojo territorial y de la definitiva condena de su desaparición cultural, esta vez, aupada aún por buena parte de sus propios integrantes, ahora convertidos en Ministros, Diputados, o dirigentes de Consejos Comunales establecidos por el partido de Gobierno y que sustituían sus autónomas formas de organización política, pues, en esta etapa y en todo caso, el reordenamiento territorial sólo tiene que ver con la determinación de espacios para la explotación de recursos, en estratégico negociado entre el Estado gobierno y las imperialistas corporaciones; mientras que, los pueblos indígenas (algunos de ellos para ser más precisos), de acuerdo al concepto colonial de vacío revitalizado por el “gran Plan Patria” de la “revolución bolivariana”, deben conformarse con la demarcación de pequeñas parcelas que terminarán por enclaustrarlos en pequeños “hábitats” que habrán de condenarlos a una segura desaparición cultural y física. (Ver Mapas Nº 6 y 7).
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Mapa N° 6. Pueblos Indígenas y sus territorios en Venezuela.
Así, luego de 12 años el gobierno de la “gran Patria” sólo ha demarcado (según sus propias cifras), unas 905.582 hectáreas, “beneficiando” apenas a unas 34 comunidades indígenas pertenecientes a unos 6 de los 34 pueblos indígenas originarios en Venezuela. Dicho de otra manera, se trata de una demarcación territorial conscientemente ejecutada como política de contrainsurgencia en contra de los pueblos indígenas y como política entreguista y en contra de la soberanía de Venezuela como república.
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Mapa Nº 7. Tierras otorgadas a pueblos indígenas. Informe 2005-2007 .
En definitiva, la lucha territorial indígena en Venezuela y todo el continente, no sólo es una lucha de resistencia por el espacio que les hace ser lo que son, sino que constituye la verdadera confrontación civilizatoria entre la nueva colonialidad y la posibilidad de reconstituir nuestras naciones latinoamericanas desde otra perspectiva, es decir, desde otra filosofía, otro pensamiento y, por tanto, desde otra forma de organización y funcionamiento social. Tal perspectiva, no sólo es difícil de comprender por los propios pueblos sometidos, sino también, por las fuerzas críticas que, en su reflexión, se resisten a abandonar un estadocéntrismo de profunda raíz colonial que les impide aceptar la posibilidad de un papel protagónico de las filosofías indígenas, negras y campesinas, pues, siempre han sido consideradas “incapaces” de proveer de pensamiento propio a un proyecto societario que englobe a todos los que somos hacia una vida mejor.
IV. Aeinta jara atta eirawa: Lo que está por verse.
Cuento:
En una oportunidad, viajamos a la Sierra de Perijá para visitar a la comunidad barí de Karañakaëg y, muy particularmente a Benito Askerayá. Nos parecía importante esta visita pues, teníamos la información de la posibilidad de inicio de trabajos para la explotación de un lote de carbón ubicado exactamente en el territorio de la comunidad. Sabíamos que la empresa MAICCA había vendido su concesión a un consorcio chileno que, de inmediato pretendía hacer efectiva la explotación.
Así, con estas inquietantes noticias llegamos a la comunidad que, como siempre, se encontraba apacible y dedicada a sus labores cotidianas. De inmediato, comentamos a Benito y sus compañeros las informaciones, el riesgo que ellas suponían y la necesidad de preparar un curso de acciones para enfrentarlas.
Pero, para nuestra sorpresa, Benito y los otros barí a pesar de escuchar con atención nuestra alarma, sin embargo, no mostraron inquietud alguna, por el contrario, con pasmosa tranquilidad sólo asentían a nuestras palabras sin referirse a nuestras propuestas de acciones. En un momento de descanso de la reunión, me acerqué a Benito para decirle que no entendía cómo al enterarse de lo que se sobrevenía ellos se mostraban tan tranquilos; entonces, Benito me respondió:
– Cuando venías por el camino, ¿viste bien el río?
– Si.
– Te fijaste que hay partes de las orillas que las hojas lo tapan.
– Si, el río casi ni se ve.
– Bueno, así somos los barí. Cuando todos creen que estamos tranquilos, es porque andamos como el río debajo de las hojas.
Ciertamente, un par de meses después, los barí de Karañakaëg y de otras comunidades vecinas, detuvieron a los hombres de la minera, apresaron a su jefe, capturaron sus herramientas y enseres, antena de radio-transmisión, GPS, y terminaron expulsándolos de su territorio en una acción tan contundente, que la compañía chilena se retiró del lugar de manera definitiva abandonando para siempre la concesión.
Para la lucha indígena en contra de los planes de la “gran Patria” como “potencia energética”, esta experiencia barí es singularmente importante, pues, de cierto los pueblos indígenas saben que lo que está sobre la mesa es su definitiva permanencia y su existencia como pueblos culturalmente diferentes. Sin embargo, es necesario señalar, que una cosa es la consciencia acerca de la circunstancia histórica y otra muy diferente convertir la consciencia en acciones correspondientes. Esto es, una cosa es lo que se incuba y otra muy diferente lo que está por verse.
Tal vez, uno de los falsos teoremas que más daño ha hecho al pensamiento de la izquierda es aquel que, esquemáticamente, señala el devenir histórico al socialismo como una especie de flecha que avanza inexorable hacia el cambio de la sociedad. Nada más falso, pues, una cosa es lo que se cocina en el horno de la historia y otra lo que está por verse fuera del horno. De allí que, pensar que la actual coyuntura de crisis del capitalismo señala su fin puede ser, no sólo ingenuo, sino mortal para los pueblos en lucha. De hecho, estamos convencidos que lo correcto es pensar que la crisis actual del capitalismo forma parte del proceso de su pase a una nueva configuración de sí mismo, lo que ciertamente no deja de ser traumático y riesgoso para su permanencia. En este sentido, el gran capital tiene consciencia de ese riesgo y, por eso mismo, se dedica a cambiar la fisonomía de sus políticas de contrainsurgencia, toda vez que la crisis genera el surgimiento de sujetos que pudieran en un momento determinado profundizar la lucha hacia un camino verdaderamente antisistémico.
Dicho en palabras de Raúl Zibechi:
“Aunque atraviesa una profunda crisis estructural, el capitalismo durará tanto tiempo como los de abajo demoremos en encontrar alternativas sostenibles, o sea capaces de auto-reproducirse. Ningún sistema desaparece hasta tanto nazca otro capaz de sustituirlo; uno que esté capacitado para cumplir de modo más eficiente, las funciones que no puede seguir realizando el sistema en decadencia. Por esta sencilla razón, avalada por todas las transiciones en la historia, es que las elites se empeñan en impedir que nazcan, crezcan y se expandan formas de vida no capitalistas, capaces de superar el inevitable aislamiento inicial para crecer, hasta convertirse algún día en sistema. En esa función, las políticas sociales juegan un papel relevante, insustituible. Con la excusa de aliviar la pobreza, buscan la disolución de las prácticas no capitalistas y de los espacios en los que ellas suceden, para someterlas a las prácticas estatales. El mejor camino es no hacerlo por la violencia, que suele mutarlas en organismos resistentes, sino someterlas suavemente, administrándoles –como antídotos- relaciones sociales similares a las que dieron vida a esas prácticas no capitalistas”. (Zibechi, 2010:11)
En este sentido, podemos decir sin temor, que luego de los grandes levantamientos en contra de las políticas neoliberales en toda América Latina, que fue capaz de derribar gobiernos y obligar a reformas políticas en todos los Estados nacionales, solamente el movimiento zapatista de los mayas de Chiapas, ha seguido la ruta de la consolidación del autogobierno en espacios autónomamente re-territorializados. Como los zapatistas, pocos son los movimientos indígenas, campesinos, negros o de comunidades rurales o urbanas que hayan resistido con éxito a ese “inevitable aislamiento inicial”, y, por el contrario, la mayoría de ellos ha sucumbido a los espejismos creados (como políticas sociales ejecutadas exactamente por “gobiernos populares”), por el propio capitalismo en su etapa de globalización, y, hay que ver los esfuerzos que política y militarmente, las elites mexicanas (desde el PAN, el PRI y el PRD) han realizado a lo largo de los últimos 18 años en función de quebrar la lucha por la autonomía de los mayas zapatistas de Chiapas, su dirección política reunida en el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, y su EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), y obligarlos a mediatizar su lucha a través de los mecanismos del Estado-gobierno.
Cuento:
Nos encontrábamos en una comunidad zapatista un grupo de compañeros mexicanos y de otros países trabajando en el proceso de formación de maestros autónomos para la educación autónoma de las comunidades.
Esa mañana fuimos despertados por un singular llamado a todos los miembros de la comunidad a participar en una asamblea general que se realizaría en el espacio destinado a ese tipo de reunión. Nosotros, por supuesto, sólo éramos testigos de una situación que no lográbamos comprender puesto que, todos los discursos se daban en lengua Tzeltal que no dominábamos.
El hecho es que la asamblea de personas se organizó en un gran círculo en cuyo centro se encontraba un compañero que, sabíamos, ocupaba un cargo como autoridad dentro de la comunidad. Por el tono y los gestos de los participantes, entendimos que, por alguna razón que desconocíamos, el compañero estaba siendo sometido a un verdadero juicio por su comunidad.
Luego de una enorme algarabía en la que todos hablaban casi al mismo tiempo, sin cesión parlamentaria del derecho de palabra, la asamblea fue quedando en silencio. Luego de un breve instante de mutismo, un miembro de la asamblea dijo un breve discurso y, de inmediato, el personaje que había permanecido en el centro de la asamblea, sacó de su bolsa un pequeño fajo de billetes que ante todos, comenzó a despedazar uno a uno. Posteriormente, fue llevado a un camión en el que se colocaron varias bolsas de comida y acompañado por varios hombres de la comunidad, el juzgado partió hacia el pueblo más cercano.
En la noche, un compa nos llegó a informar y aclarar lo que habíamos presenciado todos sin llegar a comprender: el compañero, miembro de las autoridades de la comunidad, había sido juzgado por haber aceptado del gobierno oficial municipal (una alcaldía en manos del PRD), bolsas de comida y dinero en efectivo que la municipalidad otorgaba en supuesta solidaridad para favorecer a los indígenas zapatistas que, ciertamente, padecían de muchas necesidades. Sin embargo, su decisión colectiva de reiniciar su originario y guerrero camino autónomo, les llevó a condenar a uno de sus miembros, por demás elegido por ellos como autoridad, aún por encima de sus buenas intenciones para con la comunidad. Se trataba, pues, de sostener, aún en el peor de los aislamientos y necesidades, un camino propio y diferente al que el Estado gobierno pretende establecer como único y natural camino posible.
El espíritu y las consecuencias que supone esta rebelde decisión, lamentablemente, no se encuentra en la mayor parte de las organizaciones indígenas del continente, y, mucho menos, en las organizaciones indígenas de Venezuela. Por el contrario, sobran los que buscan justificar el sometimiento de las organizaciones indígenas a las políticas sociales del Estado gobierno (siempre lo hicieron en tiempos de la llamada 4ª República, pero también ahora en la 5ª de Chávez). Se trata de las elites políticas (de derecha e “izquierda”) que buscan reencauzar los movimientos antisistémicos hacia la razón del sistema.
En los últimos años, exactamente en lo que va del periodo de la llamada “revolución bolivariana” hemos sido señalados, casi en despectivo tono acusatorio, de anarquistas. Este señalamiento se nos hace como si hubiera que avergonzarse de lo que se nos endilga como infamante apelativo. No obstante, estos señalamientos los hemos entendido cuando la acusación proviene de sectores que, realmente desconocen los aportes de los anarquistas al impulso de las luchas sociales en el mundo; pero, esto mismo resulta inaceptable cuando proviene de intelectuales que, conociendo la historia del anarquismo la usan para descalificar la lucha por la autonomía de los pueblos. Estas acusaciones no son gratuitas ni fortuitas, responden en lo esencial, a la política de contrainsurgencia desarrollada por el Estado gobierno chavista y sus elites, en función de contener cualquier proceso de construcción autónomo o no apegado a las políticas del gobierno cuya pretensión no ha sido otra que el hacer de una adecuación a la reconfiguración de la colonialidad imperialista en Venezuela y el continente.
Así, pues, no resultará nada fácil generar las condiciones para que emerja a la superficie de la lucha política lo que, ciertamente, se está incubando en todo el continente pero que, aún está por verse. Esto es a lo que Hugo Zemelman denomina “lo dándose” al interior de una realidad pero que, no necesariamente, termina por darse, ya que en una misma coyuntura pueden converger condiciones diversas que ciertamente pueden lograr desviar a los movimientos y reencauzarlos hacia la corriente de su antigua dominación, es por lo que muchos miembros de esas elites que ahora nos acusan, terminan generalmente del lado contrario, pues, llegan a naturalizar en sí mismos las políticas de contrainsurgencia que desde su estado-centrismo y de manera consciente o inconsciente, han contribuido a desarrollar en contra de las iniciativas autónomas de las comunidades.
En todo caso, debemos tener claro que el actual momento histórico es trascendental, no sólo para el movimiento indígena continental, sino también, para los campesinos, los negros, los sin tierra, los sin techo, los desplazados rurales y urbanos, los desempleados, los tercerizados, en fin, para todos los necesariamente excluidos de la nueva etapa de la globalización capitalista y la recolonización y su correspondiente colonialidad interna en América Latina.
Sin embargo, estos riesgos pueden ser perfectamente interpretados en su más amplia dimensión a partir de tres principios que las elites estado-céntricas no se cansan de promover; a saber:
a.- La separación del espacio y el tiempo como categorías distanciadas.
Para el pensamiento y la ciencia occidental, la separación conceptual entre espacio y tiempo es una herencia del filósofo Inmanuel Kant. De esta separación conceptual surgen como disciplinas, igualmente separadas, la Geografía, dedicada a dar cuenta de los fenómenos del espacio y la naturaleza, y, la historia, como relato narrativo de los acontecimientos. Por esa vía, los acontecimientos históricos vinculados a la lucha entre las diferentes clases sociales en función de alcanzar su propio bienestar, quedan separadas de los espacios territoriales ocupados por las mismas clases en lucha. Esto quiere decir, que para el pensamiento occidental (incluida su versión más crítica del marxismo-leninismo), la lucha de clases como motor de la historia no debe implicar, necesariamente, el espacio donde ciertamente ocurre. Vale decir, la lucha por el poder no es necesaria y kantianamente, territorial.
Esta separación conceptual entre espacio y tiempo no sólo es abstracta, sino que tiene su sentido de aplicación política práctica, especialmente, para las elites intelectuales estado-céntricas actuales en cuanto a la periodización de los procesos políticos de lucha de clases; esto es, la relativización temporal de los procesos de transformación, lo que equivale a decir y, a exigir a los movimientos sociales, paciencia, no exigir más allá de lo que temporalmente el nuevo Estado gobierno pueda realmente dar en el contexto de su “juego de poder” con las fuerzas imperialistas; de lo contrario, pudiera estarse obligando a una ruptura radical, “anárquica”, del tiempo del proceso “revolucionario”.
Espero que la ironía sea entendida, pues, ciertamente, no existen verdaderos procesos de transformación cuyo origen resulten de una periodización calculada. Esto lo saben muy bien las elites intelectuales del gobierno chavista; sin embargo, insisten en ello cubriendo su falacia, extrayendo, no precisamente de Marx al que juran lealtad, sino del fondo de la filosofía kantiana la justificación de una supuesta periodicidad de los procesos de transformación revolucionaria.
“Esperen. Todo llegará a su tiempo”, dicen las elites asesoras, y dice Chávez continuamente a la población esperanzada. Por esta vía, no sólo logra asentarse en el poder el nuevo Estado gobierno, sino que desde la supuesta naturalidad del tiempo separado del espacio, las comunidades entran en la ruta marcada por el capitalismo como sistema natural en el tiempo. Así, a pesar del “chulo” Dietrich (Diosdado dixit), más que marxista, el gobierno de Chávez y su elite intelectual es kantiana, lo que resulta a la luz de su discurso, toda una aberración.
Pero la separación de tiempo y espacio, además, ha permitido a la elite intelectual del nuevo Estado gobierno trasladar la lucha territorial de los pueblos indígenas hacia otras instancias; por ejemplo, la racial. Por esta vía, la lucha de Sabino por los territorios yukpas en la Sierra de Perijá, por ejemplo, no constituye, según ellos, un enfrentamiento entre comunidades indígenas en contra de los planes imperialistas contenidos en la IIRSA, sino que se trata de una singular confrontación entre unos “hacendados racistas” en contra de los indios exclusivamente por su raza. En modo alguno pretendemos negar la condición racista de buena parte de los hacendados y aún de la población no indígena de la región de Perijá; sin embargo, adjudicar la confrontación yukpa por sus territorios a una cuestión racial deja intencionalmente por fuera al Estado gobierno que, por demás, constitucionalmente (aceptado aún por los hacendados racistas), está obligado a demarcar los territorios indígenas en todo el país, tal como ha ocurrido en todos los países del continente. De tal manera que, esta no es más que una manera kantiana de sacar al Estado gobierno de sus innegables vinculaciones con la propuesta imperialista de dominación territorial a través de la IIRSA.
Por otro lado, separar el tiempo del espacio permite construir agendas y calendarios totalmente fuera del contexto de la lucha territorial. Así, las luchas y aspiraciones de las comunidades concretas por sus espacios territoriales locales concretos, generalmente quedan fuera de la agenda y su calendario de realización es siempre postergado. Esto, lamentablemente, ha venido ocurriendo a lo largo de la historia del movimiento social latinoamericano hasta ahora, donde, salvo el movimiento zapatista de Chiapas ha logrado establecer su propia agenda y calendario de lucha. Pero el movimiento zapatista es una excepción y no la regla; por tanto, de lo que se trata es de convertir la experiencia zapatista en regla del movimiento social latinoamericano en general, y venezolano en particular, en el sentido de entender que la agenda de lucha de los de abajo debe corresponder a su propia y autónoma interpretación del tiempo en su espacio concreto, y, de esa interpretación autónoma imponer a los de arriba el calendario y la agenda de confrontación.
El hecho de desandar a partir del calendario y la agenda que imponen los de arriba (los del Estado gobierno y sus opositores), no sólo distrae a las comunidades en luchas de poder propias de los que están en el poder. Ahora mismo, ante la coyuntura de la desaparición de Chávez del poder del Estado gobierno, más de un movimiento social comienza a transitar la agenda y el calendario que los de arriba (adeptos y contrarios al chavismo) imponen, haciendo especial uso de los medios de comunicación, como un destino marcado y por el que todos debemos obligatoriamente transitar.
Con esto no queremos decir que se desconozca la coyuntura, sino que nuestra acción en la misma debe darse a partir de nuestra propia agenda y nuestro propio calendario de lucha. Así, ante el muy probable retiro de Chávez del gobierno (anunciado por él mismo en testamento televisado), la cuestión no está en quien lo sustituye, ni cuando, sino que desde nuestra agenda y nuestro propio calendario debemos profundizar la lucha por los territorios indígenas asumiendo el gobierno de nuestros propios territorios; tal como los obreros de las Salinas en Sucre han tomado el gobierno de la empresa, el que además, debe extenderse territorialmente hacia el espacio donde el Estado gobierno de Chávez ha negociado la construcción de un Puerto de Aguas profundas como parte de la IIRSA.
En fin, se trata de que de una vez por todas, asumamos de manera autónoma la soberanía de nuestras luchas en nuestros espacios. Dicho de otra manera, de lo que se trata es de territorializar nuestro tiempo histórico, lo que no significa otra cosa que tomar la decisión de ser autónomos en nuestro pensar y en nuestro hacer como único camino posible a nuestra liberación como comunidades, como pueblo, como nación.
b.- La filosofía del mal menor.
Encadenada a la intencionada separación de tiempo y espacio, la “filosofía” del mal menor es aquella a través de la cual se concede carta de naturalización a lo que, desde el poder, las elites imponen al resto de la sociedad; de tal manera que, los explotados: indígenas, campesinos, obreros, desempleados y demás han de conformarse con lo otorgado, en tanto que, su realidad es en sí un mal menor.
Este principio de conformidad (y de conformismo), ha llegado a convertirse en teoría política que nuestras elites han diseminado en el corazón y el pensamiento del pueblo dominado, a tal punto, que siempre terminamos aceptando lo que en realidad es inaceptable a cuenta de que se trata de un mal menor a riesgo de entrar en un tobogán de confrontación y de inestabilidad, es decir, se nos amenaza con la posibilidad de un mal mayor.
Así, por ejemplo, desde la “filosofía” del mal menor se nos dice comúnmente: entre Arias Cárdenas y Pablo Pérez, voten por Arias, porque él es un traidor capaz de pactar con hacendados y sectores vinculados a las transnacionales carboneras y al proyecto de Puerto de Aguas profundas en la Guajira, pero él es el mal menor, frente al mal mayor que representa Pablo Pérez, representante de Manuel Rosales y la derecha imperialista. Y, para colmo, publican toda una justificación que une con saliva de loro, nada menos que a Sabino Romero con Chávez y Arias Cárdenas en un mismo proyecto de paz mundial. Sólo que en la realidad de los hechos de ese peculiar proyecto de paz, a Sabino y su comunidad le ha tocado poner los muertos, Chávez no ha tenido problemas en poner los territorios indígenas y las trasnacionales la explotación de los mismos, a Arias sólo le tocará gerenciar la renta correspondiente al Estado gobierno, eso sí, con lealtad al líder de nuestra singular revolución.
Pero todo esto es posible porque, sabemos, desde la óptica del Estado gobierno y sus elites, el territorio como espacio, nada tiene que ver con el tiempo; pero además, esta relación convertida en agenda económica y política es naturalizada a partir de que buena parte del movimiento social (por no decir que todo) entra en esa agenda y cede una y otra vez bajo la interpretación de su lucha desde la entronizada “filosofía” del mal menor.
Por esta vía, hemos venido no sólo actuando dentro de la agenda y calendario impuesto por los de arriba, sino aceptando como natural el mal menor que nos otorgan con una condescendencia tal, que le borra incluso su condición de derecho, lo que convierte al mal menor en una dádiva por la que tenemos que pagar y, además, debemos agradecer al comandante presidente y a sus acólitos del Estado gobierno, pues, se supone que ante la inexistencia de otro camino al establecido por el capitalismo mundial, todo lo que el comandante presidente hace desde el gobierno del Estado, permite perdonarnos la vida y darnos un poquito más de tiempo de existencia. Esta especie de sentimiento de culpa con la que se ha inoculado al movimiento social venezolano durante la última década ha sido, además, edulcorada por la explotación de una religiosidad que ciertamente asimila la “filosofía” del mal menor con la frase del sentido común: “No hay mal que por bien no venga”.
En última instancia, la separación del tiempo y el espacio y su consecuente “filosofía” del mal menor, como nunca antes ha formado parte de las acciones de sustentación y ejecución de la política de contrainsurgencia del Estado gobierno para el sometimiento de las comunidades. En este sentido, la lucha por los territorios requiere un movimiento indígena capaz de asumir su autonomía como expresión del ejercicio del autogobierno en sus espacios; para lo cual debe ser igualmente capaz de impulsar la alianza entre iguales, con los otros explotados: campesinos, obreros, desempleados, marginados urbanos, etc., con ellos ha de territorializar la lucha en la construcción de otra sociedad, una basada en la filosofía de la vida buena que nunca será un mal menor, sino el ejercicio de la plenitud de la existencia humana.
c.- El destino manifiesto.
Este tercer principio es un viejo argumento utilizado por el imperialismo para la justificación de su imposición colonial y su aceptación, por una supuesta imposibilidad de luchar contra la corriente de la historia, por parte de las poblaciones sometidas. Este principio siempre fue asumido por los Estados nacionales en su etapa desarrollista en contra de las poblaciones rurales (indígenas y campesinas) para su aceptación del despojo territorial a favor del capital industrial y la agroindustria. Fue el tiempo de la lucha del Estado en contra del Latifundio y el Minifundio y su concreción en una Reforma Agraria continental que, al tiempo que liberaba espacios a la nueva distribución territorial del trabajo, paralizaba la lucha continental por la tierra en el contexto de una generalizada guerra revolucionaria en los años 60. Se trataba de lo que la administración de John F. Kennedy denominó como la “revolución permitida” instrumentada y llevada adelante por un aparato creado ad hoc conocido como la Alianza para el Progreso.
No es de extrañar que fuerzas políticas de izquierda asuman principios y conceptos provenientes de los centros imperiales de poder, pues, ciertamente, en América Latina la historia de la colonialidad del poder no es posible ser separada de la historia de la colonialidad del saber, ya que la colonialidad del poder requiere del sustento de una subjetividad creada por la colonialidad del saber; esto es, todos los conceptos que sustentan el poder colonial y la colonialidad, son construcciones teóricas elaboradas en instituciones creadas (especialmente las educativas universitarias) o encauzadas a tales fines, que se proponen además, como expresiones de un inapelable método científico como orientador del rumbo a seguir de manera inexorable.
Sin embargo, es realmente interesante ver cómo la idea del destino manifiesto, combatido por los movimientos de izquierda con particular fuerza en los años 60, se convierte hoy, en el más importante principio sobre el que se fundamenta el accionar de los Estados gobiernos en manos de la “izquierda” en América Latina. Es por ello que podemos escuchar a los más importantes intelectuales del llamado “pensamiento crítico”, frases como: “es imposible construir el socialismo desconociendo la presencia y fortaleza del capitalismo mundial”; o, “nuestra revolución debe avanzar por etapas en las que la negociación con el imperialismo forma parte del proceso”. En fin, aún en el supuesto proceso de construcción del socialismo, el destino de las comunidades ya está escrito.
Personajes como Rafael Correa (formado en una Universidad norteamericana) llegan aún más lejos, y catalogan como un infantilismo las pretensiones del movimiento indígena de negarse a la explotación minera de sus territorios; o la de Chávez cuando les comunica a los pueblos indígenas de Bolívar y Amazonas, que “él no puede darles las tierras del Amazonas (como si en verdad fueran de él y estuvieran en su bolsillo para ser repartidas), pues, eso negaba la posibilidad al desarrollo indetenible de Venezuela como una potencia energética. Sólo le faltó decir, como destino manifiesto e impuesto por las corporaciones.
Para no abundar más en este punto, la separación del tiempo y el espacio (de la filosofía kantiana) no sólo conduce al movimiento social a la religiosa aceptación del mal menor como alternativa, sino como el destino manifiesto escrito por los dioses de las corporaciones y aplicados por sus “Papas” al frente de los Estados gobiernos como verdaderos representantes del Dios del capital en la tierra.
V. Ama eiña oota Aeinta jara atta eirawa (¿Cómo hacer brotar lo que está por verse?)
Para explicar este, nuestro último punto, esperamos nos sirva esta relación:
Entre los añú, al salir de pesca, la tripulación de sus pequeñas embarcaciones debe ser conformada de manera hermanada como los dedos de una mano. Así, el dedo pulgar es el aeinkai (el conductor), es decir, el que tiene el espíritu, el corazón de la embarcación y la lleva hacia el lugar señalado por el dedo índice que, en su condición de Kacheekai (el que escucha), es el encargado de sumergirse en las aguas del Lago, y detectar con su fino oído la voz de los cardúmenes para señalar su especie, posición y distancia para que, finalmente, los tres restantes: medio, anular y meñique actúen como red en el momento de ookotiwin jou’üyükan (cortar las aguas para emerger los peces). Como vemos, se trata de todo un esfuerzo colectivo en el que cada miembro de la tripulación actúa en conjunto, y, por tanto, imposibilitado de cualquier acción individual que lo separe de la mano social de la que forma parte. De esta forma, la pesca será siempre exitosa y benefactora; por tanto, no hay posibilidad a que cualquiera actúe por cuenta propia ya que cada acción requiere de la participación coordinada de cada uno de sus miembros.
Con esto queremos establecer como principio fundamental para lograr hacer brotar lo que está por verse, la necesidad de una visión colectiva de todos y todas nuestras acciones, de tal manera que, de manera definitiva, la consideración de personajes iluminados o predestinados los enviemos definitivamente a la dimensión a la que corresponden: el campo del destino manifiesto imperialista al que representan.
Así, en contraposición de los principios de la colonialidad del poder y del saber, anteriormente descritos, la construcción autónoma de nuestro camino de liberación exige que entendamos y ejerzamos los siguientes principios:
a. Cuando un dedo de nuestra mano es golpeado, toda nuestra mano sufre.
Una de las condiciones que la colonialidad del poder y la colonialidad del saber han establecido como cuestión inobjetable para alcanzar el conocer la realidad y la acción sobre la misma es, la separación de las partes del todo. Así, el hecho de dividir una totalidad en sus elementos garantiza, según su percepción, su conocimiento y, por tanto, su manipulación. Sin embargo, sabemos, que desde la perspectiva y experiencia de los pueblos y comunidades indígenas, campesinas y negras, esta separación es imposible, a riesgo de desarraigar y alienar a toda la cultura de su espacio y de su tiempo histórico.
Con esto queremos establecer como punto de partida para un hacer que haga posible la emergencia de lo que el actual momento histórico plantea a todos los pueblos indígenas, la necesidad de enlazar todas nuestras luchas en una sola: la re-territorialización y la defensa de nuestras particulares y enlazadas territorialidades.
De tal manera que, la lucha de los Mapuches, por ejemplo, aunque histórica y geográficamente particular, en nada se diferencia de la lucha de los barí o yukpas de Venezuela. Pero también, no es en nada diferente ni puede ser separada de la lucha de los obreros de las Salinas de Sucre en el oriente venezolano, ni de los Nasa, Awa y Embera en Colombia; en fin, que todos estamos siendo atacados por un mismo y único enemigo: el capital financiero internacional y sus corporaciones, en alianza directa con los Estados gobiernos nacionales y sus representantes políticos circunstanciales (ya de “izquierda” o de derecha).
En este sentido, es urgente la creación de mecanismos que permitan a nuestras manos actuar de manera inmediata cuando alguno de nuestros dedos está siendo golpeado por estos enemigos.
b. Cuando un dedo de nuestra mano se mueve toda nuestra mano se moviliza.
En este orden, debemos ser capaces de atender de manera inmediata al señalamiento de nuestro Kacheekai, en el momento y lugar en que se produzca. Es decir, toda comunidad que se decide a territorializar su lucha se constituye en ese particular momento, en nuestro Kacheekai y, por tanto, nos moviliza a todos en su defensa, ya que ella es, al mismo tiempo, la defensa de la territorialización de todas y cada una de nuestras luchas.
Esto es así, por cuanto, debemos entender que a pesar de la particularidad espacio-temporal que cada lucha posee, ninguna de ellas, en el contexto de la globalización imperialista, podrá sostenerse sin el concurso de una lucha de todos.
c. Cuando nuestra mano pesca, comparte todo con las otras manos.
Todo lo anterior no se refiere a otra cosa que a la decisión política de construir nuestra autonomía. Sin embargo, la autonomía es una construcción que no sólo está vinculada a decisiones políticas sino, igualmente, económicas; esto es, la necesidad de construir desde y por nosotros mismos la resistencia, por tanto, es para nosotros fundamental construir la alianza entre iguales y, sobre estas bases establecer el rumbo de nuestras alianzas con todos los posibles aliados, y no a la inversa.
Así, pues, la alianza entre iguales comienza por todos aquellos lazos que se establecen desde las propias luchas y en acuerdo a nuestra propia interpretación de la coyuntura histórica. Vale decir, nos unimos en principio a todos aquellos que forman parte de la mano que somos: indígenas, campesinos, negros, campesinos sin tierra, desempleados, sin techo y todos los despojados y tercerizados locales, nacionales y continentales, es decir, con todos nuestros iguales, y, es con ellos que debemos, en primer término, ser capaces de tejer las redes de nuestra autonomía.
d. Nuestra mano es para construir y acariciar sueños, pero también para abofetear pesadillas.
Al tiempo que territorializamos nuestras luchas, esto es, nuestra resistencia, a partir de la decisión autónoma de establecer en nuestros espacios el tiempo de nuestro propio gobierno, debemos prepararnos para defender tal decisión y acciones, lo que equivale a decir, que debemos construir todas aquellas formas de organización posibles y necesarias para defender nuestra autonomía.
Dicen los más viejos añú (araurakan, paraa añunkan) que en el momento en que el cacique Nigalee organizaba los contingentes para lucha en contra de los españoles que les habían arrebatado a los añú su más apreciado producto: la sal, dijo a la asamblea, algo como esto:
Api wookota Nükü enemigakarü, wakaanipeichi keeta aeini jaña ama wannü
Esto es: Para nosotros decir la palabra enemigo tuvimos que nombrarlos a ellos como a nuestra enfermedad.
Para los añú, al igual que para muchos pueblos indígenas, la existencia de todo lo que está presente en el mundo se define por su complementariedad con los otros, por tanto, las relaciones entre todas las cosas se enmarcan en una armonía que sólo brinda la paz. Vale decir, jamás se busca la guerra sino el acuerdo, tal es el sueño que se acaricia mientras se construye la vida; sin embargo, tal como sucedió con Nigalee, en el momento en que la pesadilla llega con la imposición del sometimiento al dolor, la humillación o la negación, el soñador está obligado a sacudir su sueño, despertar y borrar violentamente las imágenes perturbadoras de la pesadilla.
Lo que pretendemos decir es que, todo pueblo tiene el derecho a construir su sueño de sociedad en paz, pero asimismo, debe estar preparado para defender con la vida esa paz que con sus manos colectivas ha diseñado y construido.
VI. Coda final.
Para concluir, lo que hemos pretendido establecer con esta, ya larga exposición, son algunos elementos que consideramos imprescindibles para el impulso del movimiento indígena y social en Venezuela a partir de otra perspectiva de visión e interpretación de nuestra realidad nacional en el contexto continental. Por tanto, todo lo aquí expuesto es totalmente discutible. Sin embargo, los acontecimientos que generalmente van a una velocidad mayor que nuestras interpretaciones, aunque parecieran imponernos un ritmo de decisiones, no deben en modo alguno separarnos del propósito de alcanzar esta perspectiva que proponemos y sobre la que hemos estado argumentando.
Así, a pesar de y, precisamente, por encontrarnos en la coyuntura de una casi indetenible confrontación entre las fuerzas del gobierno y sus opositores tradicionales por el control del Estado, nosotros debemos pensar desde nuestra perspectiva del tercer excluido en esa contienda. Por ello, en vez de entrar en el torbellino que más temprano que tarde terminará en un pacto que asegure la gobernabilidad para la continuidad de los programas fundamentalmente económicos en Venezuela y el continente, el movimiento indígena debe profundizar su organización al tiempo que debe tomar la iniciativa en la lucha por sus territorios.
Para ello, debemos ser capaces de unir esa lucha con la de todos los movimientos sociales que se decidan a actuar desde la perspectiva del tercer excluido: campesinos sin tierra, obreros mercerizados, desempleados, sin techo, en fin, todos aquellos dispuestos a construir su autonomía en sus espacios de lucha. De tal manera que, ante la ingobernabilidad que se sobreviene para el Estado gobierno, nuestra respuesta debe ser la de movilizarnos no en función de ninguno de los dos bandos en pugna, sino en función de establecer, de hecho, nuestra propia gobernabilidad, en nuestros propios territorios. Es a esta decisión, no libre de alto riesgo, a la que hemos venido llamando desde hace algún tiempo el camino de las comunidades. Es este el camino al que, de manera hermanada como los dedos de una mano, estamos convocando a transitar, pues, una mano nunca es sola si su hacer es verdadero, necesita de la otra, de todas las otras para construir ese camino.
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Notas:
[1]El presente es un texto expresamente elaborado para ser presentado en el Simposio: Unasur: crisis y perspectivas. Organizado por la Cátedra Colonialidad del Poder, coordinada por el maestro Aníbal Quijano en la Universidad Ricardo Palma en Lima del 21 al 23 de Noviembre de 2012.
[2] Llamamos “izquierda razonable” a todos aquellos (agrupaciones, partidos y personalidades) que se declaran críticos pero siempre dispuestos a “razonar” o a “entrar o hacer entrar en razón”, pues, siempre se definen como alejados de cualquier radicalización de las expectativas y de las luchas de los desposeídos ya que, para ellos, toda radicalización invoca al des-orden.
[3] En Venezuela se trata de los llamados Consejos Comunales que el gobierno ha impuesto a los pueblos indígenas como interlocutores obligando a las comunidades a sustituir sus propias formas de organización y de representación política.
[4] Justo es decir, en honor a la verdad, que el arquitecto Fruto Vivas echó por tierra el mencionado proyecto luego de reunirse con Sabino, pues, éste planteó la posibilidad de que en vez de gastar ese dinero en construir una Casa de Cultura que, dicho sea de paso, jamás ha existido como parte de la cultura yukpa, el gobierno destinara ese dinero a pagar las bienhechurías a los hacendados y les entregara de una vez por todas sus tierras ya saneadas. No obstante, otro proyecto arquitectónico parece haber sustituido al primero rechazado.
[5] La “liberación” negociada de colonias permitió constituir nuevos Estados como expresión de la apertura de nuevos mercados desde las pequeñas islas del Caribe como Trinidad-Tobago hasta grandes territorios y enormes poblaciones como la India. Se zanjaba así, finalmente, la gran disputa territorial que habían llevado a las potencias a dos grandes guerras y a millones de muertos.
[6] Decimos esto, a contrapelo del actual discurso oficial (del Estado-gobierno), que pretende asimilar y endilgar el acontecimiento, a Chávez como “revolucionario” y a su movimiento como generador de esa rebelión, con más interés en el significado heroico de un pueblo que se lanzó a morir en las calles de Caracas, que en los muertos que se produjeron; no de balde, a pesar de que la Corte Interamericana de Justicia condenó al Estado venezolano por esas muertes, el gobierno de Chávez jamás cumplió con el dictamen de la Corte, lo que es como decir: “me interesan tus muertos sólo para levantarme sobre ellos”.
[7] Este es el  verbo utilizado en el informe del gobierno “revolucionario” para referirse a lo que consideran un “gran” logro de justicia social, sin embargo, justo es decir que el mismo verbo: “beneficiar”, es también aplicado para referirse al sacrificio del ganado para el consumo humano.
[8] Las áreas marcadas en rojo constituyen las tierras indígenas demarcadas y sobre las que sus comunidades recibieron títulos. Si comparamos vis a vis los Mapas 4, 5, 6 y 7 puede apreciarse que, lo hasta ahora demarcado y “otorgado” no representa ni siquiera el 5% de lo que los pueblos indígenas de Venezuela consideran sus territorios; pero además, podrá apreciarse que el gobierno “revolucionario” ha sido cirujanamente cuidadoso en demarcar sólo aquellas parcelas que están fuera del radio de acción de los proyectos de la IIRSA.
[9] H. Zemelman, Conocimiento y ciencias sociales. Algunas lecciones sobre problemas epistemológicos. Colección Reflexiones. Universidad de la Ciudad de México, México, 2003.

José Quintero Weir